Francisco Marcos Zurita Castillo
Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 32/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Marcos Zurita Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, resulta innecesario conservar el disco de videograbación que remitió la licenciada*** Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión son conservables y deberán transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, resulta innecesario conservar el disco de videograbación que remitió la licenciada*** Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la promoción presentada con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que ya se dictó la sentencia correspondiente. Cúmplase.
- Principal
Vistos para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 32/2023, promovido por*** contra un acto de la*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Licenciada Janet Pérez Caro, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado. La certeza de la resolución combatida, se corrobora con el disco versátil digital que contiene copia de la audiencia inicial y de vinculación a proceso, remitida por la juzgadora responsable en apoyo a su informe justificado. El contenido de dicho disco versátil digital tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que cuenta con valor probatorio pleno. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque la resolución reclamada se notificó personalmente a la parte quejosa el tres de enero de dos mil veintitrés, por lo que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el cuatro; de modo que el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del cinco al veinticinco de enero del referido año. Ello, sin contar en dicho lapso los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés; entonces, resulta oportuna. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SÉPTIMO. CUESTIÓN PREVIA. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues la resolución reclamada es relativa a la materia penal y el quejoso es el imputado. Asimismo, es pertinente indicar que el análisis de constitucionalidad del acto reclamado debe realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en razón de que aquél fue dictado aplicando el sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son por una parte infundados, y por otra ineficaces, los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que este Juzgado advierta queja deficiente qué suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los motivos de disenso serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo, y algunos de ellos de forma conjunta dada su estrecha vinculación. Ello, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo. En tal contexto, en principio, resulta ineficaz el motivo de disenso en el que el peticionario de amparo refiere, en esencia, que la responsable, en el acto reclamado, tomó en consideración "una imputación ilegalmente formulada", ya que el fiscal omitió exponer los datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para demostrar su imputación. La ineficacia de dicho motivo de disenso radica en que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se dicte un auto de vinculación a proceso es necesario que se satisfagan, entre otros requisitos, el relativo a que*** se haya formulado la imputación; también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las diferencias entre los actos de imputación y de solicitud de vinculación a proceso, precisó que el primero de los actos (imputación) consiste en una comunicación formal que el representante social efectúa al imputado en presencia del juez de control, en el sentido de que realiza una investigación en su contra en torno a uno o más hechos que la ley señala como delito, precisa el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar y el modo de comisión, así como la forma de intervención que estima se actualiza y el nombre de sus acusadores; en cambio, la solicitud de vinculación a proceso exige un ejercicio de motivación acerca de cómo es que los datos de prueba recabados que se contienen en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado haya intervenido en su comisión. En ese entendido, resulta inconcuso que al formular la imputación en contra del investigado, la representación social únicamente debe comunicar a este último que se realiza una investigación en su contra en torno a uno o más hechos que la ley señala como delito, precisar el hecho concreto que le atribuye, su clasificación jurídica preliminar, la fecha, el lugar y el modo de comisión, así como la forma de intervención que estima se actualiza y el nombre de sus acusadores; empero, no exponer los datos de prueba que obren dentro de la carpeta de investigación, ya que tal aspecto queda reservado hasta el momento de la solicitud de vinculación respectiva. De ahí la ineficacia del concepto de violación en análisis. Por otra parte, resultan infundados los motivos de disenso en los que el inconforme sostiene esencialmente lo siguiente*** Para justificar dicha afirmación, es pertinente indicar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone*** Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen*** De la interpretación armónica de los preceptos transcritos deriva que los elementos de forma que debe contener el auto de vinculación a proceso son*** En ese orden, del primer precepto transcrito se obtiene que los elementos de fondo del auto de vinculación a proceso son los siguientes*** Así es, pues en la misma, el Fiscal (Ministerio Público) comunicó a la Juez responsable y al imputado, que desarrollaba una investigación contra éste respecto de hechos determinados y que consideraba constitutivos de delitos, los cuales indicó se encontraban previstos y sancionados en los artículos 190 quater y 190 undecies, del Código Penal del Estado de Veracruz, por lo que estimó oportuno formalizar el procedimiento mediante la intervención judicial, con lo que se satisface el elemento precisado en el inciso*** Asimismo, al inicio de la referida diligencia se puede apreciar que el imputado proporcionó sus generales con lo que se cumple el inciso*** también consta que se dio al inculpado la oportunidad de rendir declaración, con lo que se acató el requisito previsto en el inciso*** Por su parte, del contenido del auto de vinculación que se reclama, se pueden advertir con claridad las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, mismas que se expondrán más adelante, con lo que se colma el inciso d). En cuanto a lo exigido en el inciso e), la autoridad responsable expuso los fundamentos y motivos por los que estimó satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tal como también se evidenciará en líneas subsecuentes a lo largo de esta sentencia. Por otro lado, se encuentran colmados los requisitos de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso, como acertadamente lo consideró la juez responsable, consistentes en la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la posibilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en él*** En efecto, los delitos por los que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del inconforme, son los de: I) pederastia y II) abuso sexual a menores, los cuales se encuentran previstos y sancionados en los artículos 190 quater y 190 undecies, del Código Penal del Estado de Veracruz, los cuales establecen*** Luego, tal como precisó la juez responsable, los principales datos de prueba relatados por la fiscalía son los siguientes*** Por lo que hace a la probable intervención de*** en la comisión de los referidos hechos delictivos, es legal que se haya tenido por acreditado, principalmente, con el señalamiento puntual y directo que deriva de la entrevista realizada a la persona de identidad reservada bajo el número*** de la que se desprende que probablemente el inculpado, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar indicadas, participó en la comisión de los antisociales que se le atribuyen. Es así, pues dicho dato de prueba resulta pertinente para justificar el extremo en análisis, en la medida que por la naturaleza del hecho ilícito, constituye un indicio fundamental sobre éste, precisamente porque la sujeto pasivo fue quien resintió en su persona los efectos de tales conductas antisociales, de ahí que por el momento su dicho no pueda reputarse inhabilitado de forma absoluta, pues lejos de carecer de valor tiene relevancia y eficacia. Asimismo, como lo señaló la responsable, en el caso no se advierte la existencia de alguna causa de extinción penal, excluyente del delito o causa de justificación, previstas en el Código Penal de la Entidad. De ahí lo infundado del motivo de disenso en análisis. En el mismo sentido, resulta infundado el concepto de violación en el que el quejoso refiere literalmente que la juez responsable, en la resolución reclamada . pasó por alto las manifestaciones aportadas por su defensa. Lo infundado de dicho planteamiento deriva de que, contrario a lo afirmado por el impetrante de amparo, la juez responsable al momento de resolver su situación jurídica sí tomo en consideración las manifestaciones formuladas por la defensa del inculpado (aquí quejoso). En efecto, del registro de audio y video que contiene la audiencia de vinculación a proceso, se advierte, en lo que trasciende, que la juzgadora responsable, al momento de emitir la resolución que ahora se impugna, indicó lo siguiente*** En ese entendido, se reitera, queda evidenciado que, contrario a lo afirmado por el inconforme, la juez responsable sí tomó en consideración las manifestaciones formuladas por su defensa al momento de contestar la solicitud de vinculación expuesta por la Fiscalía, pero determinó que resultaban ineficaces para desvirtuar el señalamiento firme y categórico que de los datos de prueba se desprende en contra del inculpado. Finalmente, resultan ineficaces los motivos de inconformidad en los que el quejoso sostiene toralmente que la responsable viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20, apartado a, 1°, 5°, 7°, 8°, 24 y 25, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 14 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los numerales 131, 132, 128 y 129, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ineficacia de dichos motivos de disenso radica en que resulta ser una mera afirmación, puesto que el impetrante únicamente cita los artículos que, en su opinión, fueron violentados, sin exponer argumentos jurídicos concretos para demostrar por qué la autoridad responsable conculcó precisamente tales disposiciones, las aplicó en forma incorrecta, por interpretarlas en forma distinta o por alguna otra causa en específico, es decir, el motivo de ese argumento. Lo que era necesario, si se toma en cuenta que la sola cita genérica de los preceptos presuntamente vulnerados y su contenido, no puede ser considerada como verdaderos conceptos de violación, dado que para que ello sea así, es menester expresar el razonamiento que permita establecer que el acto impugnado es contrario a lo dispuesto en tales disposiciones normativas y que, por ello, deben ser tomados en consideración para resolver de la manera pretendida. En atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado; por tanto, resulta innecesario el análisis oficioso de toda la resolución reclamada. En tales condiciones, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a*** contra el acto que reclama de la autoridad responsable*** Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, y por oficio a las autoridades con el carácter de terceros interesados
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