Francisco Manuel Jasso Montiel

Expediente 1648/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1648/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Francisco Manuel Jasso Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    I. Toluca, Estado de México; veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el seis de febrero de la presente anualidad, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y tercero). 4. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). Finalmente, de los autos del incidente de suspensión se advierte que obra el billete de depósito N 818159 por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos moneda nacional), con el objeto de dar cumplimiento a la garantía fijada en proveído de once de octubre de dos mil diecisiete, con la finalidad de que surtiera efectos la suspensión provisional concedida, documento que se guardó en la caja de seguridad bajo el número de registro 67/2017-B. En consecuencia, una vez que trascurra el plazo a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, a partir de la notificación del presente auto, se dejará su disposición el billete referido en las oficinas de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que en caso de no presentarse a recogerlo, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    I. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1648/2017-I, promovido por Francisco Manuel Jasso Montiel, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de el Oro, Estado de México y otras autoridades y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Francisco Manuel Jasso Montiel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "AUTORIDADES RESPONSABLES: - JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO. (AUTORIDAD RESPONSABLE - FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO - FISCAL REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO --FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SEDE EN ATLACOMULCO.(AUTORIDAD RESPONSABLE) ACTOS RECLAMADOS: LA ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA, O PRESENTACIÓN, GIRADA EN SU CONTRA." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 1,14,16,17,20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 7 a 9), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y IV, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II y V, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que el acto reclamado lo constituye una orden aprehensión que podría tener ejecución dentro del territorio en que este órgano jurisdiccional ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de aprehensión, comparecencia, o presentación, girada en su contra. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, Fiscal General de Justicia del Estado de México, Fiscal Regional de Justicia del Estado de México y Fiscal General de Justicia del Estado de México con sede en Atlacomulco, en sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto al acto y autoridades antes indicadas. Sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado con prueba en contrario, tales negativas. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado dichas autoridades que no existen los actos reclamados referidos, al no haber aportado el propio quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar las negativas de las autoridades responsables, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, por los actos que el quejoso les reclama. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Manuel Jasso Montiel, contra los actos, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    I.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el informe justificado rendido por el Fiscal Regional de Atlacomulco, Estado de México, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    I.- Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se advierte que la autoridad responsable Fiscal Regional de Atlacomulco, México, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio 30692/2017, que acredite que fue notificada para tal efecto, motivo por el cual no es posible llevar a cabo la audiencia incidental señalada para el día de hoy; por tanto, a fin de no violar las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, se ordena diferirla y, en su lugar, se señalan las diez horas con quince minutos del seis de febrero de dos mil dieciocho, para su verificativo. Máxime a lo anterior, que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se ordenó reenviar el oficio de referencia con la denominación correcta de la autoridad responsable. Notifíquese.

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