Francisco Manuel Covarrubias Martínez

Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1117/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Francisco Manuel Covarrubias Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    ".... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por *****, el cual se notificó a la parte quejosa el tres de octubre pasado; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "... Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Juzgado, en donde se establece la imposibilidad para notificar al quejoso ******, el auto de veintidós de septiembre del presente año, por las razones ahí expuestas. En consecuencia, hasta en tanto no señale nuevo domicilio, .... hágase la correspondiente notificación a la parte quejosa, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos..."

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y otra autoridad, Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1117/2022. Improcedencia Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Conviene indicar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama esencialmente: "Se reclama de los responsables la omisión o falta de contestación a mi derecho de petición formulada mediante escrito de fecha once de julio de dos mil veintidós y por recibido como consta en su sello de recepción por parte de la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca a las 12:52 horas de la misma fecha de su suscripción por parte del suscrito." En efecto, en sus antecedentes, se insiste, narrados bajo protesta de decir verdad precisó: "Es el caso que con fecha once de julio de dos mil veintidós, presente un escrito fundamentado en el 8vo. Constitucional y algunos articulados de la ley federal de trabajo, solicitando a dichas autoridades responsables el cual se me informara de manera motivada y funda el motivo por el cual no se me había cubierto el pago de mi quincena del 01 al 30 de junio de dos mil veintidós, así como entre otros puntos por el cual se manera pacífica y respetuosa ejercí mi derecho de petición, sin embargo al día de la fecha, no existe contestación y silencio total por parte de las autoridades señaladas como responsables, ni mucho menos alguna notificación en que se me haya notificado en el domicilio citado en mi escrito de petición de referencia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: .... Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Lo anterior se ve reflejado en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página 118, que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. .... Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, para distinguir a una autoridad para efectos del amparo, debe establecerse si la misma actúa unilateralmente, es decir si puede imponer su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. El anterior criterio se encuentra reflejado en la tesis 2a. XXXVI/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IX marzo de mil novecientos noventa y nueve, Página: 307, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. .... Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, y que complementan lo anterior, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1.- La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2.- Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana 3.- Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4.- Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en el estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. 1.- Supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y particulares y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destacan el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, que las caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos limita el actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. 2.- Coordinación, son aquellas que corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, siendo la nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación 3.- Supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. De manera que sólo será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquél ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales; de suerte que en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Con base en lo hasta aquí expuesto se llega a la conclusión de que las autoridades señaladas como responsables , no tiene la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el acto reclamado consistente en la omisión o falta de contestación a mi derecho de petición formulada mediante escrito de fecha once de julio de dos mil veintidós y por recibido como consta en su sello de recepción por parte de la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, en esa misma fecha de su suscripción por parte del suscrito, deriva de una relación laboral que alude tener la parte quejosa con la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; por consiguiente, las omisiones reclamadas carecen de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acto suscitado entre particulares, dado que las partes mencionadas se encuentran en un mismo plano. En efecto, entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsables, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues la Rectoría de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, no realiza actos equiparables a los de autoridad, ya que los actos que se le reprochan se suscitan en una relación de coordinación en la que actúan como particulares, derivado de una relación laboral, y no con el carácter de autoridad. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. De esta forma, atendiendo al contexto en que se emitió el acto reclamado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, ya que los actos que se señaló como reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, las tesis de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. .... "AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO OBRAN COMO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO. .... Lo que se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)", en la que se determinó que, excepcionalmente, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, se puede analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, cuando esté definido por jurisprudencia que aquélla no puede tener tal carácter, como sucede en el caso concreto, en donde la calidad de patrón de la parte quejosa que tiene la pretendida autoridad responsable, no podrá ser desvirtuada con ninguna de las probanzas que pudieran allegarse al juicio constitucional. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, página 929, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", Respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo que guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el inconforme promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado en términos amplios a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marco Antonio Lara Alavez, por encontrarse registrada su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, ... hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY...." (SE NOTIFICA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 30/09/2022)

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