Francisco Luna Grande
Expediente 162/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Luna Grande
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de quince de abril de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. Se ordena indicar la valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 162/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Francisco Luna Grande, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno mediante buzón judicial, remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Francisco Luna Grande, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable en su carácter de carácter de ordenadora y ejecutora: a) JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA (.) IV. ACTO RECLAMADO.- La negativa injustificada de dar contestación a mí escrito de 30 de octubre de 2020, y recibido en 5 de noviembre de 2020, en el que solicité: Que, como consta de actuaciones, en la sentencia dictada en mi contra el día mayo 2019 se tuvo por pagada la reparación del daño solicitada por el Ministerio Público, y para garantizar ese pago fue asegurado el vehículo de mi propiedad, consistente en la camioneta. Marca: NISSAN Tipo: Unían panel 4pdv larga Modelo: 2012 Serie: JN6AE52S3CX036985 Motor: QR25920854Q Color Blanco De acuerdo como lo establecía el artículo 90 del Código Penal del Estado, todavía vigente en la época en que acaecieron los hechos materia de la acción persecutoria, que establecía: "Articulo 96. Cuando con motivo del tránsito de vehículos se cometiere algún delito, esos vehículos no se devolverán hasta que se haya cubierto o garantizado la reparación del daño." Sin embargo, el Ministerio Público, que ordenó el aseguramiento del vehículo de mi propiedad antes detallado, omitió ponerlo a disposición de su Señoría en su pliego acusatorio, sin que jamás hubiese sido requerido al efecto, por parte de una autoridad. Recuente mente (sic), al haber hecho pago de la reparación del daño, solicito muy atentamente, se sirva requerir al Ministerio Público, a efecto de que sirva poner a disposición de este juzgado el bien materia del aseguramiento y su Señoría esté en condiciones de ordenar su devolución al suscrito. Por lo expuesto y fundado, a Usted, Señor Juez, atentamente PIDO: UNICO. Requerir al ministerio público ponga a disposición de este juzgado el vehículo de mi propiedad, detallado en el cuerpo de este escrito para que su señoría esté en condiciones de ordenar su devolución al suscrito..." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 8 y 35, fracción V, Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 162/2021-E, se admitió a trámite, sin formar incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de treinta de marzo del actual, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: La omisión de dar respuesta a la petición que formuló mediante escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 478/2013, de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por cierto, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo - ocurrida el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno-, la omisión subsistía, tomando en cuenta, como se verá, que la respuesta al escrito recibido por el juez penal responsable el cinco de noviembre de dos mil veinte, se emitió en la misma fecha, y se notificó hasta el tres de marzo siguiente, de manera que prevalecía la omisión que se le atribuye. Lo cual se corrobora con fotocopias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal: 478/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que el titular de dicho órgano jurisdiccional remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte la omisión reclamada. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito Juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador Federal advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acotado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 478/2013, de su índice. Al respecto, el juez penal responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se acordó el escrito de Francisco Luna Grande, de treinta de octubre de dos mil veinte, y recibido el cinco de noviembre del mismo año; esto es, en la fecha de presentación de la demanda de amparo que fue el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Asimismo, que tal determinación fue notificada a su defensor el tres de marzo de dos mil veintiuno, quien firmó para constancia. En ese sentido, la omisión reclamada ha cesado, pues el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el juez penal responsable, dentro de la causa penal 478/2013, de su índice, emitió contestación a la solicitud del quejoso, y fue notificada, con lo cual opera la improcedencia examinada. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto de dicho acto, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Luna Grande, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe.V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 162/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Francisco Luna Grande, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno mediante buzón judicial, remitido en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Francisco Luna Grande, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable en su carácter de carácter de ordenadora y ejecutora: a) JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA (.) IV. ACTO RECLAMADO.- La negativa injustificada de dar contestación a mí escrito de 30 de octubre de 2020, y recibido en 5 de noviembre de 2020, en el que solicité: Que, como consta de actuaciones, en la sentencia dictada en mi contra el día mayo 2019 se tuvo por pagada la reparación del daño solicitada por el Ministerio Público, y para garantizar ese pago fue asegurado el vehículo de mi propiedad, consistente en la camioneta. Marca: NISSAN Tipo: Unían panel 4pdv larga Modelo: 2012 Serie: JN6AE52S3CX036985 Motor: QR25920854Q Color Blanco De acuerdo como lo establecía el artículo 90 del Código Penal del Estado, todavía vigente en la época en que acaecieron los hechos materia de la acción persecutoria, que establecía: "Articulo 96. Cuando con motivo del tránsito de vehículos se cometiere algún delito, esos vehículos no se devolverán hasta que se haya cubierto o garantizado la reparación del daño." Sin embargo, el Ministerio Público, que ordenó el aseguramiento del vehículo de mi propiedad antes detallado, omitió ponerlo a disposición de su Señoría en su pliego acusatorio, sin que jamás hubiese sido requerido al efecto, por parte de una autoridad. Recuente mente (sic), al haber hecho pago de la reparación del daño, solicito muy atentamente, se sirva requerir al Ministerio Público, a efecto de que sirva poner a disposición de este juzgado el bien materia del aseguramiento y su Señoría esté en condiciones de ordenar su devolución al suscrito. Por lo expuesto y fundado, a Usted, Señor Juez, atentamente PIDO: UNICO. Requerir al ministerio público ponga a disposición de este juzgado el vehículo de mi propiedad, detallado en el cuerpo de este escrito para que su señoría esté en condiciones de ordenar su devolución al suscrito..." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 8 y 35, fracción V, Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 162/2021-E, se admitió a trámite, sin formar incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de treinta de marzo del actual, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: La omisión de dar respuesta a la petición que formuló mediante escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 478/2013, de su índice. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto, la autoridad responsable: 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado; sin embargo, debe tenerse por cierto, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo - ocurrida el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno-, la omisión subsistía, tomando en cuenta, como se verá, que la respuesta al escrito recibido por el juez penal responsable el cinco de noviembre de dos mil veinte, se emitió en la misma fecha, y se notificó hasta el tres de marzo siguiente, de manera que prevalecía la omisión que se le atribuye. Lo cual se corrobora con fotocopias certificadas de diversas constancias que obran en la causa penal: 478/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, que el titular de dicho órgano jurisdiccional remitió en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, de cuyas constancias se advierte la omisión reclamada. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Luego, es cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito Juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juzgador Federal advierte de oficio que, respecto a la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acotado lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 478/2013, de su índice. Al respecto, el juez penal responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se acordó el escrito de Francisco Luna Grande, de treinta de octubre de dos mil veinte, y recibido el cinco de noviembre del mismo año; esto es, en la fecha de presentación de la demanda de amparo que fue el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Asimismo, que tal determinación fue notificada a su defensor el tres de marzo de dos mil veintiuno, quien firmó para constancia. En ese sentido, la omisión reclamada ha cesado, pues el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el juez penal responsable, dentro de la causa penal 478/2013, de su índice, emitió contestación a la solicitud del quejoso, y fue notificada, con lo cual opera la improcedencia examinada. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63 fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto de dicho acto, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Luna Grande, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO Y SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, a efecto de que la parte quejosa amplíe su demanda de amparo, en contra de la contestación a su petición de treinta de octubre de dos mil veinte por el 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla. En consecuencia, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día de hoy, se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las once horas con diez minutos del quince de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. I. ESTADO DE AUTOS. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa reclama -esencialmente- al 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, la omisión de dar contestación a su escrito de treinta de octubre de dos mil veinte dentro del proceso penal 478/2013 de su índice. Ahora, del informe justificado rendido por dicha autoridad, se advierte que el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dio respuesta a su escrito de treinta de octubre de dos mil veinte, en sentido negativo. Por tanto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído: -Refiera si es su deseo ampliar su demanda de amparo, en contra de la contestación a su petición de treinta de octubre de dos mil veinte por el 1. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, córrasele traslado al quejoso con el contenido del informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia en Materia Común, de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, con la clave 1a./J. 136/2011 (9a.), visible en la página: ochocientos uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." En la inteligencia que, para el caso de ampliar la demanda de amparo deberá ajustarse a los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, y acompañar copias suficientes del escrito de ampliación, para ser distribuidas entre las partes de conformidad con el artículo 110 ídem. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página veinte, volumen XXII, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. EN ELLA DEBEN PRECISARSE TODOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE LA MATERIA." Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrá únicamente como acto reclamado el señalado en su escrito inicial de demanda y, sobre esa base se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan. III. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las diez horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes...
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