Francisco Luis Quiñones Ruíz

Expediente 222/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
222/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Francisco Luis Quiñones Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de quince de noviembre del año en curso, se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, como complemento a su informe con justificación, devuélvase las mismas a dicha potestad; sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos los presentes, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. ***, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: " AUTORIDAD RESPONSABLE 1). La Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, en su calidad de Autoridad Ejecutora. ACTO RECLAMADO 1) Resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado por Magistrado Titular de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, del expediente ***, mediante el cual resuelve que la queja presentada por la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción del Estado de Durango y la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Durango, es procedente; y, en consecuencia, deja sin efecto la suspensión decretada mediante auto de fecha 9 de marzo del año 2021" El seis de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Contra dicho fallo, se promovió recurso de revisión y en ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión 123/2022 de treinta de septiembre de este año, se modificó la sentencia respecto de los efectos de la concesión, precisándose que la autoridad responsable deberá: "a) Dejar insubsistente la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja ***, derivado del expediente ***, integrado contra el quejoso. b) Emita otra en la que, reitere lo que no es materia de concesión y establezca cuál es la consecuencia o estatus en el que debe quedar la suspensión peticionada por ***. En auto de diecisiete de octubre de este año, se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia, por lo que mediante oficio TJA/SSS/444/2022 recibido el veinticuatro de ese mes, dicha autoridad remitió copia certificada del acuerdo que dictó el diecinueve de ese mes, en el que dejó insubsistente la resolución que dictó el treinta y uno de enero de dos mil veintidós; asimismo, remitió copia de la resolución dictada el veintiuno del propio mes de octubre, en la que declaró fundado el recurso de queja hecho valer, por lo que dejó sin efecto la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. En la propia resolución, determinó que no era posible conceder la suspensión del acto reclamado, dado que se trata de actos de los cuales no se ha acreditado su existencia, ya que de las constancias remitidas a esa sala, para la sustanciación del recurso, no se advertía dato o documento alguno que permitiera presumir que se ha investigado, calificado o impuesto sanciones administrativas a ***; que por otro lado, en el supuesto de acreditarse su existencia, tampoco sería procedente otorgar la medida, ya que con ello se contravendría disposiciones de orden público, exponiendo los argumentos relativos a ese tópico. Con el cumplimiento se dio vista a las partes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. En escrito recibido el tres de este mes y año, el quejoso expuso que la responsable no da cumplimiento al fallo dictado en este juicio, en tanto que los dos puntos que se deben cumplir, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente la resolución q de treinta y uno de enero del año en curso, lo que se cumple en el caso. 2.- Emitir otra resolución, en la que reitere lo que no fue materia de la concesión; que sobre este tópico, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa hizo un galimatías jurídico sin fundamento legal y en contra de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, ya que para cumplir tal sentencia, debió reiterar lo que no fue materia de concesión y, no obstante, emitió una nueva sentencia en la que dejó totalmente insubsistente la primera y en su lugar dictó una nueva. Los argumentos vertidos resultan infundados. Del análisis de la resolución mediante la cual la sala responsable cumple la sentencia dictada en este juicio, se advierte que, en aquella, dicha autoridad reiteró las consideraciones dictadas en los considerandos del primero al tercero. Por otro lado, respecto del considerando cuarto de la resolución que fue materia de reclamo en este juico, la indicada autoridad se limitó a determinar que era fundado el recurso de queja, por lo que se dejaba sin efecto la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. Mientras que en la determinación emitida en cumplimiento al fallo de derechos fundamentales, la autoridad responsable dejó sin efecto la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada; luego, realizó manifestaciones relativas a la naturaleza del recurso de queja, transcribió los numerales 156 y 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, de los cuales aludió además su contenido; indicó cuál era la finalidad de la suspensión en los juicio tramitados en dicho tribunal y estableció que era posible asumir jurisdicción para subsanar los vicios relacionados con la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, dada la urgencia e inmediatez de la medida cautelar Posteriormente, estableció los requisitos de procedibilidad de la suspensión, y determinó que no era posible conceder la suspensión del acto impugnado, para lo cual señaló, en principio, que no era posible conceder la suspensión del acto reclamado, dado que se trata de actos de los cuales no se ha acreditado su existencia, ya que de las constancias remitidas a esa sala, para la sustanciación del recurso, no se advertía dato o documento alguno que permitiera presumir que se ha investigado, calificado o impuesto sanciones administrativas a ***. Por otro lado, expuso que en el supuesto de acreditarse su existencia, tampoco sería procedente otorgar la medida, ya que con ello se contravendría disposiciones de orden público, exponiendo los argumentos relativos a ese tópico. De donde se sigue que la autoridad responsable sí reiteró lo que no fue materia de la concesión; por lo que resulta infundado lo expuesto por el quejoso. En mérito de ello, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, sin que se adviertan excesos ni defectos; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector. Por otro lado, en su oportunidad y de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los presentes, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión. ***, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: " AUTORIDAD RESPONSABLE 1). La Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, en su calidad de Autoridad Ejecutora. ACTO RECLAMADO 1) Resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado por Magistrado Titular de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, del expediente ***, mediante el cual resuelve que la queja presentada por la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción del Estado de Durango y la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Durango, es procedente; y, en consecuencia, deja sin efecto la suspensión decretada mediante auto de fecha 9 de marzo del año 2021" El seis de julio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Contra dicho fallo, se promovió recurso de revisión y en ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión 123/2022 de treinta de septiembre de este año, se modificó la sentencia respecto de los efectos de la concesión, precisándose que la autoridad responsable deberá: "a) Dejar insubsistente la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja ***, derivado del expediente ***, integrado contra el quejoso. b) Emita otra en la que, reitere lo que no es materia de concesión y establezca cuál es la consecuencia o estatus en el que debe quedar la suspensión peticionada por ***. En auto de diecisiete de octubre de este año, se requirió a la responsable el cumplimiento de la sentencia, por lo que mediante oficio TJA/SSS/444/2022 recibido el veinticuatro de ese mes, dicha autoridad remitió copia certificada del acuerdo que dictó el diecinueve de ese mes, en el que dejó insubsistente la resolución que dictó el treinta y uno de enero de dos mil veintidós; asimismo, remitió copia de la resolución dictada el veintiuno del propio mes de octubre, en la que declaró fundado el recurso de queja hecho valer, por lo que dejó sin efecto la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. En la propia resolución, determinó que no era posible conceder la suspensión del acto reclamado, dado que se trata de actos de los cuales no se ha acreditado su existencia, ya que de las constancias remitidas a esa sala, para la sustanciación del recurso, no se advertía dato o documento alguno que permitiera presumir que se ha investigado, calificado o impuesto sanciones administrativas a ***; que por otro lado, en el supuesto de acreditarse su existencia, tampoco sería procedente otorgar la medida, ya que con ello se contravendría disposiciones de orden público, exponiendo los argumentos relativos a ese tópico. Con el cumplimiento se dio vista a las partes, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. En escrito recibido el tres de este mes y año, el quejoso expuso que la responsable no da cumplimiento al fallo dictado en este juicio, en tanto que los dos puntos que se deben cumplir, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente la resolución q de treinta y uno de enero del año en curso, lo que se cumple en el caso. 2.- Emitir otra resolución, en la que reitere lo que no fue materia de la concesión; que sobre este tópico, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa hizo un galimatías jurídico sin fundamento legal y en contra de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, ya que para cumplir tal sentencia, debió reiterar lo que no fue materia de concesión y, no obstante, emitió una nueva sentencia en la que dejó totalmente insubsistente la primera y en su lugar dictó una nueva. Los argumentos vertidos resultan infundados. Del análisis de la resolución mediante la cual la sala responsable cumple la sentencia dictada en este juicio, se advierte que, en aquella, dicha autoridad reiteró las consideraciones dictadas en los considerandos del primero al tercero. Por otro lado, respecto del considerando cuarto de la resolución que fue materia de reclamo en este juico, la indicada autoridad se limitó a determinar que era fundado el recurso de queja, por lo que se dejaba sin efecto la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. Mientras que en la determinación emitida en cumplimiento al fallo de derechos fundamentales, la autoridad responsable dejó sin efecto la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada; luego, realizó manifestaciones relativas a la naturaleza del recurso de queja, transcribió los numerales 156 y 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Durango, de los cuales aludió además su contenido; indicó cuál era la finalidad de la suspensión en los juicio tramitados en dicho tribunal y estableció que era posible asumir jurisdicción para subsanar los vicios relacionados con la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, dada la urgencia e inmediatez de la medida cautelar Posteriormente, estableció los requisitos de procedibilidad de la suspensión, y determinó que no era posible conceder la suspensión del acto impugnado, para lo cual señaló, en principio, que no era posible conceder la suspensión del acto reclamado, dado que se trata de actos de los cuales no se ha acreditado su existencia, ya que de las constancias remitidas a esa sala, para la sustanciación del recurso, no se advertía dato o documento alguno que permitiera presumir que se ha investigado, calificado o impuesto sanciones administrativas a ***. Por otro lado, expuso que en el supuesto de acreditarse su existencia, tampoco sería procedente otorgar la medida, ya que con ello se contravendría disposiciones de orden público, exponiendo los argumentos relativos a ese tópico. De donde se sigue que la autoridad responsable sí reiteró lo que no fue materia de la concesión; por lo que resulta infundado lo expuesto por el quejoso. En mérito de ello, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, sin que se adviertan excesos ni defectos; en consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector. Por otro lado, en su oportunidad y de no interponerse el recurso pertinente, archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito presentado por el quejoso ***, en el que informa no estar de acuerdo con lo manifestado por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se aborde sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.

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