Francisco Lucano Landeros

Expediente 2390/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2390/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Francisco Lucano Landeros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ténganse por recibidos el oficio y anexos remitidos por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consistentes en un cuaderno auxiliar y testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión principal 176/2022, mediante sesión de catorce de julio de dos mil veintidós, en la cual confirmó la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Acúsese recibo vía interconexión. Súmense al presente juicio el testimonio de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Por otra parte, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos que por sus características se consideran irrecuperables, por lo que se requiere a la parte quejosa para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, antepenúltimo párrafo, del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista física y electrónica. personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO **** EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 2390/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el seis siguiente a este Juzgado Decimoquinto, +++ solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 3. Secretario Ejecutor adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. ACTOS RECLAMADOS: "[.] A).- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: reclamo LA ORDEN DE EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO DICTADO EN EL AUTO DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, y la cual se llevó a cabo en mi DOMICILIO en calle +++, dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Tercero perjudicado con número de expediente +++ del Juzgado Quinto Mercantil de la ciudad de Zapopan, Jalisco; representado por el Lic. +++ como endosatario en propiedad del documento fundatorio de la acción.--- B).- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial LA DILIGENCIA de emplazamiento y embargo que se llevó a cabo en mi DOMICILIO [.]" Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 2390/2021 y por diverso de trece siguiente, se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada +++. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos de naturaleza civil, con ejecución en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en:  La orden de embargo y emplazamiento dentro del juicio mercantil ejecutivo +++, y su ejecución llevada a cabo el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno1. TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Actos ciertos. Las autoridades responsables Juez, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, los aceptaron; lo que se corrobora con las constancias que anexaron relativas al juicio +++, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes relevantes. 1. +++ demandó en la vía mercantil ejecutiva a +++, ++++, +++, ++++, ++++, +++, ++++ e +++, por el pago de cincuenta y tres mil doscientos ochenta pesos, moneda nacional, intereses ordinarios y moratorios y gastos y costas del juicio. Fue señalado como domicilio de la demandada +++, la finca +++, de la calle +++ , colonia +++ en Tonalá, Jalisco o la finca +++ del Andador+++, colonia +++, en Tonalá, Jalisco. 1 Precisión que se realiza conforme a la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". (Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) 2. En proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se ordenó requerir de pago, embargar y emplazar a la parte demandada. 3. Previo citatorio, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se emplazó a la demandada +++ 4. El trece de enero de dos mil veintiuno, de oficio, se declaró la nulidad del emplazamiento practicado a +++, y se ordenó practicar la diligencia ordenada en el auto admisorio. 5. +++, aquí quejoso, promovió juicio de amparo contra la orden de embargo y emplazamiento, del que conoció este órgano jurisdiccional, bajo el número +++, en el que mediante sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio; determinación que causó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 6. El veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento de la enjuiciada +++, en la finca +++ de la calle +++, colonia +++, Jalisco; diligencia en la que el acto se reservó el derecho de señalar bienes para su embargo. Enterado de tal situación, el peticionario acude al amparo ostentándose como tercero extraño en estricto sentido, sobre la base de que, dice, es ajeno a la relación procesal del juicio del que emana el acto reclamado y se pretenden afectar bienes de su propiedad, en contravención con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, dado que no se le ha oído en defensa de sus intereses. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional. QUINTO. Causa de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Respecto a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de oficio se aprecia que sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 1, fracción I, todos de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna. Para ese efecto, debe entenderse por autoridad aquél órgano del estado investido de facultades de decisión o ejecución, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica de los particulares de manera unilateral, imperativa y en algunos casos hasta coercitiva. De ahí que el secretario de acuerdos adscrito al juzgado responsable, no se encuentre en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 5°, fracción II, de la invocada ley de la materia, ya que conforme al numeral 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, su función está circunscrita a la organización interna y de mero trámite del juzgado, autorizando y dando fe de los autos, decretos y sentencias dictados por el titular; sin embargo, ello no se traduce en ninguna facultad de decisión ni ejecución. Máxime que al funcionario público mencionado no se le atribuyó, ni expresa ni implícitamente, alguna de esas funciones, esto es, ningún acto concreto de ejecución, según se advierte del texto íntegro del escrito de demanda y del escrito aclaratorio; de tal manera que en su función de fedatario no es dable considerarlo como autoridad para los efectos del juicio de amparo, según se afirmó con antelación. Sobre el particular tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia que enseguida se cita: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional."2 Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Juez y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, pus se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] 2 Registro: 180248 Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004 Tesis: III.2º.C.J/21 Jurisprudencia Materia(s): Común Página: 2292 Conforme con ese precepto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien verdaderamente resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. De antecedentes se advierte que +++ demandó en la vía ejecutiva mercantil de +++, el pago de $+++ (+++ pesos moneda nacional), por concepto de suerte principal, el pago de intereses moratorios y ordinarios, así como el pago de gastos y costas que se originaran con motivo de la tramitación del juicio. De modo que, el quejoso es tercero extraño en estricto sentido al juicio de origen y acude en defensa de bienes que, dice, se pretenden afectar en aquél asunto. Lo anterior, bajo el argumento de que, con motivo de la orden de requerimiento de pago y embargo decretada en el juicio de origen, se pretende molestarlo en su domicilio, ubicado en calle +++, +++, colonia +++, en Tonalá, Jalisco. Asimismo, que se pretenden embargar bienes de su propiedad. Ahora, en principio se tiene en cuenta que los autos en que se ordenó el requerimiento de pago y embargo, respectivamente, no están dirigidos al quejoso sino a los demandados en la contienda natural, entre ellos a +++, hija del peticionario. De otro lado, de antecedentes se observa que en la diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se emplazó a la demandada ++++ por conducto de su madre +++, sin que se embargaran bienes pues la parte actora manifestó que se reservaba ese derecho. Es decir, en referida diligencia no se embargaron bienes. Puede concluirse entonces que en el juicio de origen no se han afectado bienes del peticionario, pues, como se dijo, no se tiene noticia de que se haya realizado el embargo. Además, en caso de realizarse nuevamente la diligencia, el quejoso estará en aptitud de acreditar, en el momento en que pretenda realizarse, la propiedad de los bienes que se traten secuestrar. Máxime que tampoco está acreditado suficientemente que con la diligencia de embargo se pretenda molestar a la promovente del amparo en un domicilio que deba ser excluido por completo de las actuaciones de dicho juicio de origen. Al respecto se tiene en cuenta que los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y 11, puntos 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen: Constitución "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Convención "Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad [.] 2. Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias (sic) o esos ataques." Los preceptos trascritos prevén el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, relacionado con el relativo a la intimidad, pues el primero contiene la prohibición de que los gobernados sean molestados en su domicilio sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, en tanto que el segundo proscribe las injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio de las personas. El domicilio es un espacio reservado de la vida de los gobernados, por lo que su acceso está limitado tanto para el Estado como para los particulares, pues con ello se protege el derecho fundamental a la inviolabilidad de aquél y a la intimidad, es decir, a la vivienda y a la vida privada para evitar ser objeto de molestias, salvo los casos constitucional y legalmente previstos. Son aplicables las tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de los rubros y contenido siguientes: "INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, así como en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendido como aquel ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Esto es así, ya que este derecho fundamental protege un ámbito espacial determinado, el "domicilio", por ser aquel un espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima. De lo anterior se deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la limitación de acceso al domicilio en sí misma, con independencia de cualquier consideración material."3 "INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONCEPTO Y EXCEPCIONES. La inviolabilidad del domicilio es el derecho fundamental que permite disfrutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias. En este sentido, es el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; motivo por el que no sólo es objeto de protección el espacio físico, sino lo que en él se encuentra, lo que supone una protección a la vivienda y a la vida privada. La Constitución señala de manera limitativa las excepciones a este derecho, a saber: órdenes de cateo, visitas domiciliarias y la provisión a favor de militares en tiempo de guerra."4 3 Tesis 1a. CIV/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1100, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4 Tesis: I.3o.C.697 C, publicada en la página 1302, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De esa manera, si el tercero extraño a un procedimiento aduce que se ordenó una diligencia de embargo con autorización de uso de la fuerza pública, para verificarse en su domicilio, debe acreditar, en principio, ese aspecto, es decir, que el sitio donde se instruyó la diligencia en efecto es su domicilio, esto es, de manera exclusiva. En contraposición, de existir constancia reveladora de que en ese domicilio habita también la demandada en el juicio de origen, con las formalidades pertinentes la autoridad está en aptitud de irrumpir en él a efecto de exigir el cumplimiento de una obligación adquirida de la efectivamente demandada. Bien, como se destacó, en el juicio de origen se ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el inmueble ubicado en calle +++, +++, colonia +++, en Tonalá, Jalisco, respecto del cual, el quejoso aduce que se trata de un bien de su propiedad. El peticionario exhibió los siguientes medios probatorios: 1. Licencia de construcción folio +++ 2. Escritura pública +++ de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa, relativa a un contrato de compraventa entre +++ y ++++, respecto del lote +++, de la manzana +++ del fraccionamiento +++en Tonalá, Jalisco. 3. Recibos de pago por los servicios de suministro de energía eléctrica y agua, así como el recibo +++, por concepto de pago de impuesto predial del año dos mil veintiuno, expedidos a favor del peticionario del amparo. 4. Testimonial a cargo de +++ y ++++, desahogada el dos de marzo del año en curso. A la documental descrita en el punto 2 se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documento público y por no haber sido objetado por las partes. El referido medio probatorio acredita la titularidad del quejoso como propietario del referido inmueble, mientras que el resto de los documentos prueban los servicios públicos contratados por el quejoso. Sin que las testimoniales desahogadas en la audiencia constitucional sean suficientes para probar que el quejoso habita en forma exclusiva el domicilio en el que se practicó la mencionada diligencia de emplazamiento, pues si bien es cierto que refirieron que la demandada en el juicio de origen +++, no vivía en el domicilio ubicado en calle +++, +++, colonia ++++, en Tonalá, Jalisco, los dichos de las atestes no fueron coincidentes, pues una de ellas mencionó que desde hacía ocho años, mientras que la segunda indicó que desde hacía dieciocho o veinte años; máxime que no se ofreció diversa prueba que concatenada con la testimonial probara, se reitera, que el peticionario habita en forma exclusiva dicho inmueble. Por otra parte, se toma en cuenta que la diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, fue entendida por la actuaria en el mencionado domicilio con la esposa del quejoso, quien le manifestó que la buscada era su hija y que en ese momento no se encontraba. Por tanto, se infiere que el quejoso, en todo caso, no es la única persona que habita el inmueble referido; de modo que bien puede ejecutarse la orden de embargo en los bienes de la demandada que ahí se encuentren sin que por ello resulte vulnerada la inviolabilidad del domicilio pues no es de la exclusividad del peticionario. En las relatadas circunstancias, al operar la causa de improcedencia anunciada se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo a los actos de ejecución igualmente reclamados a las autoridades ejecutoras, en razón de que los mismos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los reclamados a la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTITRES SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 2390/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el seis siguiente a este Juzgado Decimoquinto, +++ solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 2. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 3. Secretario Ejecutor adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. ACTOS RECLAMADOS: "[.] A).- DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS: reclamo LA ORDEN DE EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO DICTADO EN EL AUTO DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, y la cual se llevó a cabo en mi DOMICILIO en calle +++, dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Tercero perjudicado con número de expediente +++ del Juzgado Quinto Mercantil de la ciudad de Zapopan, Jalisco; representado por el Lic. +++ como endosatario en propiedad del documento fundatorio de la acción.--- B).- DE LAS AUTORIDADES EJECUTORIAS reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial LA DILIGENCIA de emplazamiento y embargo que se llevó a cabo en mi DOMICILIO [.]" Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda bajo el número 2390/2021 y por diverso de trece siguiente, se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde; se emplazó a juicio a la parte tercera interesada +++. Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos de naturaleza civil, con ejecución en la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en:  La orden de embargo y emplazamiento dentro del juicio mercantil ejecutivo +++, y su ejecución llevada a cabo el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno1. TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Actos ciertos. Las autoridades responsables Juez, Secretario de Acuerdos y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, los aceptaron; lo que se corrobora con las constancias que anexaron relativas al juicio +++, que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes relevantes. 1. +++ demandó en la vía mercantil ejecutiva a +++, ++++, +++, ++++, ++++, +++, ++++ e +++, por el pago de cincuenta y tres mil doscientos ochenta pesos, moneda nacional, intereses ordinarios y moratorios y gastos y costas del juicio. Fue señalado como domicilio de la demandada +++, la finca +++, de la calle +++ , colonia +++ en Tonalá, Jalisco o la finca +++ del Andador+++, colonia +++, en Tonalá, Jalisco. 1 Precisión que se realiza conforme a la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". (Jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) 2. En proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y se ordenó requerir de pago, embargar y emplazar a la parte demandada. 3. Previo citatorio, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se emplazó a la demandada +++ 4. El trece de enero de dos mil veintiuno, de oficio, se declaró la nulidad del emplazamiento practicado a +++, y se ordenó practicar la diligencia ordenada en el auto admisorio. 5. +++, aquí quejoso, promovió juicio de amparo contra la orden de embargo y emplazamiento, del que conoció este órgano jurisdiccional, bajo el número +++, en el que mediante sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio; determinación que causó ejecutoria el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. 6. El veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento de la enjuiciada +++, en la finca +++ de la calle +++, colonia +++, Jalisco; diligencia en la que el acto se reservó el derecho de señalar bienes para su embargo. Enterado de tal situación, el peticionario acude al amparo ostentándose como tercero extraño en estricto sentido, sobre la base de que, dice, es ajeno a la relación procesal del juicio del que emana el acto reclamado y se pretenden afectar bienes de su propiedad, en contravención con lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, dado que no se le ha oído en defensa de sus intereses. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional. QUINTO. Causa de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Respecto a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, de oficio se aprecia que sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 1, fracción I, todos de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna. Para ese efecto, debe entenderse por autoridad aquél órgano del estado investido de facultades de decisión o ejecución, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica de los particulares de manera unilateral, imperativa y en algunos casos hasta coercitiva. De ahí que el secretario de acuerdos adscrito al juzgado responsable, no se encuentre en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 5°, fracción II, de la invocada ley de la materia, ya que conforme al numeral 112, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, su función está circunscrita a la organización interna y de mero trámite del juzgado, autorizando y dando fe de los autos, decretos y sentencias dictados por el titular; sin embargo, ello no se traduce en ninguna facultad de decisión ni ejecución. Máxime que al funcionario público mencionado no se le atribuyó, ni expresa ni implícitamente, alguna de esas funciones, esto es, ningún acto concreto de ejecución, según se advierte del texto íntegro del escrito de demanda y del escrito aclaratorio; de tal manera que en su función de fedatario no es dable considerarlo como autoridad para los efectos del juicio de amparo, según se afirmó con antelación. Sobre el particular tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia que enseguida se cita: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional."2 Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Juez y Secretario Ejecutor adscritos al Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, pus se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] 2 Registro: 180248 Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004 Tesis: III.2º.C.J/21 Jurisprudencia Materia(s): Común Página: 2292 Conforme con ese precepto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien verdaderamente resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. De antecedentes se advierte que +++ demandó en la vía ejecutiva mercantil de +++, el pago de $+++ (+++ pesos moneda nacional), por concepto de suerte principal, el pago de intereses moratorios y ordinarios, así como el pago de gastos y costas que se originaran con motivo de la tramitación del juicio. De modo que, el quejoso es tercero extraño en estricto sentido al juicio de origen y acude en defensa de bienes que, dice, se pretenden afectar en aquél asunto. Lo anterior, bajo el argumento de que, con motivo de la orden de requerimiento de pago y embargo decretada en el juicio de origen, se pretende molestarlo en su domicilio, ubicado en calle +++, +++, colonia +++, en Tonalá, Jalisco. Asimismo, que se pretenden embargar bienes de su propiedad. Ahora, en principio se tiene en cuenta que los autos en que se ordenó el requerimiento de pago y embargo, respectivamente, no están dirigidos al quejoso sino a los demandados en la contienda natural, entre ellos a +++, hija del peticionario. De otro lado, de antecedentes se observa que en la diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se emplazó a la demandada ++++ por conducto de su madre +++, sin que se embargaran bienes pues la parte actora manifestó que se reservaba ese derecho. Es decir, en referida diligencia no se embargaron bienes. Puede concluirse entonces que en el juicio de origen no se han afectado bienes del peticionario, pues, como se dijo, no se tiene noticia de que se haya realizado el embargo. Además, en caso de realizarse nuevamente la diligencia, el quejoso estará en aptitud de acreditar, en el momento en que pretenda realizarse, la propiedad de los bienes que se traten secuestrar. Máxime que tampoco está acreditado suficientemente que con la diligencia de embargo se pretenda molestar a la promovente del amparo en un domicilio que deba ser excluido por completo de las actuaciones de dicho juicio de origen. Al respecto se tiene en cuenta que los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y 11, puntos 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen: Constitución "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Convención "Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad [.] 2. Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias (sic) o esos ataques." Los preceptos trascritos prevén el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, relacionado con el relativo a la intimidad, pues el primero contiene la prohibición de que los gobernados sean molestados en su domicilio sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, en tanto que el segundo proscribe las injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio de las personas. El domicilio es un espacio reservado de la vida de los gobernados, por lo que su acceso está limitado tanto para el Estado como para los particulares, pues con ello se protege el derecho fundamental a la inviolabilidad de aquél y a la intimidad, es decir, a la vivienda y a la vida privada para evitar ser objeto de molestias, salvo los casos constitucional y legalmente previstos. Son aplicables las tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de los rubros y contenido siguientes: "INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, así como en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendido como aquel ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Esto es así, ya que este derecho fundamental protege un ámbito espacial determinado, el "domicilio", por ser aquel un espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima. De lo anterior se deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la limitación de acceso al domicilio en sí misma, con independencia de cualquier consideración material."3 "INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONCEPTO Y EXCEPCIONES. La inviolabilidad del domicilio es el derecho fundamental que permite disfrutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias. En este sentido, es el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; motivo por el que no sólo es objeto de protección el espacio físico, sino lo que en él se encuentra, lo que supone una protección a la vivienda y a la vida privada. La Constitución señala de manera limitativa las excepciones a este derecho, a saber: órdenes de cateo, visitas domiciliarias y la provisión a favor de militares en tiempo de guerra."4 3 Tesis 1a. CIV/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1100, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 4 Tesis: I.3o.C.697 C, publicada en la página 1302, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De esa manera, si el tercero extraño a un procedimiento aduce que se ordenó una diligencia de embargo con autorización de uso de la fuerza pública, para verificarse en su domicilio, debe acreditar, en principio, ese aspecto, es decir, que el sitio donde se instruyó la diligencia en efecto es su domicilio, esto es, de manera exclusiva. En contraposición, de existir constancia reveladora de que en ese domicilio habita también la demandada en el juicio de origen, con las formalidades pertinentes la autoridad está en aptitud de irrumpir en él a efecto de exigir el cumplimiento de una obligación adquirida de la efectivamente demandada. Bien, como se destacó, en el juicio de origen se ordenó realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el inmueble ubicado en calle +++, +++, colonia +++, en Tonalá, Jalisco, respecto del cual, el quejoso aduce que se trata de un bien de su propiedad. El peticionario exhibió los siguientes medios probatorios: 1. Licencia de construcción folio +++ 2. Escritura pública +++ de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa, relativa a un contrato de compraventa entre +++ y ++++, respecto del lote +++, de la manzana +++ del fraccionamiento +++en Tonalá, Jalisco. 3. Recibos de pago por los servicios de suministro de energía eléctrica y agua, así como el recibo +++, por concepto de pago de impuesto predial del año dos mil veintiuno, expedidos a favor del peticionario del amparo. 4. Testimonial a cargo de +++ y ++++, desahogada el dos de marzo del año en curso. A la documental descrita en el punto 2 se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documento público y por no haber sido objetado por las partes. El referido medio probatorio acredita la titularidad del quejoso como propietario del referido inmueble, mientras que el resto de los documentos prueban los servicios públicos contratados por el quejoso. Sin que las testimoniales desahogadas en la audiencia constitucional sean suficientes para probar que el quejoso habita en forma exclusiva el domicilio en el que se practicó la mencionada diligencia de emplazamiento, pues si bien es cierto que refirieron que la demandada en el juicio de origen +++, no vivía en el domicilio ubicado en calle +++, +++, colonia ++++, en Tonalá, Jalisco, los dichos de las atestes no fueron coincidentes, pues una de ellas mencionó que desde hacía ocho años, mientras que la segunda indicó que desde hacía dieciocho o veinte años; máxime que no se ofreció diversa prueba que concatenada con la testimonial probara, se reitera, que el peticionario habita en forma exclusiva dicho inmueble. Por otra parte, se toma en cuenta que la diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, fue entendida por la actuaria en el mencionado domicilio con la esposa del quejoso, quien le manifestó que la buscada era su hija y que en ese momento no se encontraba. Por tanto, se infiere que el quejoso, en todo caso, no es la única persona que habita el inmueble referido; de modo que bien puede ejecutarse la orden de embargo en los bienes de la demandada que ahí se encuentren sin que por ello resulte vulnerada la inviolabilidad del domicilio pues no es de la exclusividad del peticionario. En las relatadas circunstancias, al operar la causa de improcedencia anunciada se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo a los actos de ejecución igualmente reclamados a las autoridades ejecutoras, en razón de que los mismos no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los reclamados a la autoridad ordenadora. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. Notifíquese personalmente

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