Francisco Lorenzo Payán Barrientos
Expediente 180/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Francisco Lorenzo Payán Barrientos
- Agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal 1835/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 180/2020, promovido por Francisco Lorenzo Payan Barrientos contra actos del Juez de Control de esta ciudad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. El quejoso Francisco Lorenzo Payan Barrientos presentó escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado once de mayo de dos mil veinte, a este Juzgado Federal, por medio del cual demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez de Control de esta ciudad, por los actos que a continuación se enuncian: El auto de vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal 1835/2020, el seis de mayo de dos mil de dos mil veinte, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. SEGUNDO. En la demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y norma de orden internacional. TERCERO. El cinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, así como al adscrito a la autoridad responsable; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 103, fracción I, en relación con el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de un acto de autoridad que presuntamente transgrede derechos humanos y garantías individuales; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 03/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado fue emitido por autoridad responsable con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la facultad del órgano jurisdiccional de amparo para fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, se determina que es el siguiente: El auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, dentro de la causa penal 1835/2020, por el hecho ilícito de robo calificado. Determinación adoptada una vez analizadas las constancias que conforman el sumario, lo cual no significa en modo alguno que se cambie la cuestión efectivamente planteada en la litis; sobre todo cuando corresponde al juzgador de amparo apreciar lo que quiso decir el inconforme en su demanda y no únicamente lo que en apariencia dijo, a fin de resolver en forma congruente al dictar sentencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así como la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32, tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, toda vez que así lo admitió al rendir su respectivo informe justificado, para justificar su aserto, exhibió los medios de prueba allegados al presente juicio de amparo y son los siguientes: Copias certificadas de la transcripción del índice cronológico de la audiencia inicial y su continuación, de la causa penal 1835/2020. Tres discos compactos que contienen los registros de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso. Pruebas a las que se otorga valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 de este último ordenamiento legal; por tratarse de actuaciones practicadas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tiene ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionario públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Lo que resulta suficiente para comprobar la existencia del acto reclamado. En tales razones, tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia 749 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 830, Tomo II, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. En el presente asunto no se hizo valer alguna causa de improcedencia, ni se advierte la actualización de alguna que por ser de orden público deba estudiarse de manera preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, página 95, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." QUINTO. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que la Ley de Amparo no contiene precepto legal que obligue a transcribirlos en la sentencia. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 258 (H), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Tercera Parte - Históricas Segunda Sección - TCC, Materia Común, página 3260, del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEXTO. Análisis de la resolución impugnada. El acto reclamado se analizará de forma oficiosa en términos del inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que el inconforme tiene la calidad de inculpado. Resulta pertinente precisar que, el análisis del asunto se efectuará tomando en consideración, los requisitos que señala el artículo 19 constitucional, el cual solo exige la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Orienta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En tal contexto, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: "19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan en esencia: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; y finalmente, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos fundamentales distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En relación a lo anterior, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Es decir, que: i) Debe constar por escrito; ii) Provenir de autoridad competente; y, iii) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Asentado lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso se emitió previa formulación de imputación en contra del quejoso por el agente del Ministerio Público, además, estuvieron asistidos en todo momento por su defensor, como se pudo advertir de la reproducción de la videograbación certificada relativa. Continuando, a los quejosos se les dio oportunidad de emitir su declaración preparatoria respecto de los hechos ilícitos que se les imputaron, haciéndoles saber el derecho que le asistía a guardar silencio, empero, no declaró. Determinado lo anterior, procede abordar el análisis del caso. Al respecto, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos puestos a su conocimiento, son constitutivos del hecho ilícito de robo calificado, previsto y sancionados por los artículos 208, fracción I, 211, fracción VI, en relación con el 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa el juez responsable acompañó a su informe justificado discos ópticos de la audiencia de vinculación a proceso de la causa penal 1835/2020, instruida al imputado aquí quejoso Francisco Lorenzo Payan Barrientos, conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se les concede valor probatorio pleno, por ser idóneos para acreditar lo acontecido en las diligencias que en ellos consta, dada la naturaleza del actual sistema penal aplicable en esta entidad federativa. Del contenido de dicho registro audio-visual, se obtiene que en esa diligencia se encontraban presentes los defensores particulares del quejoso, siendo asistido por el licenciado Carlos Arturo Brito Nava, designado por el imputado, quien en su momento se identificó y presentó su cédula original que lo acreditó como licenciado en derecho, dando el número de la misma. Atendiendo la importancia que reviste la garantía de libertad que se ve afectada con un auto de vinculación a proceso como el que nos ocupa, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el débito de circunscribirse a resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que el tribunal sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable respecto de los datos de investigación referidos por el Ministerio Público y de las pruebas desahogadas en la audiencia, para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. En el anterior, de conformidad con el contenido de la tesis de jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10, de la Décima Época, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Ahora bien, no asiste razón jurídica al quejoso cuando señala en su demanda que el acto reclamado en esta vía, vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional. Esto es así, pues, no se aprecia que con la emisión del acto reclamado en este juicio, el juzgador del conocimiento transgrediera algún derecho fundamental en perjuicio del impetrante del amparo; debe tenerse presente que la restricción a la libertad personal que conlleva el auto de vinculación está constitucional y legalmente justificada, precisamente, porque un acto de tal índole es uno de los establecidos tanto por nuestra carta magna como por la ley de la materia, para limitar el derecho a la libertad de todo gobernado al que se atribuya un hecho delictuoso sancionado, al menos, con una pena privativa de libertad. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ningún derecho fundamental es omnímodo o irrestricto, sino que se encuentran limitados y acotados por los lineamientos establecidos en nuestra carta magna, de manera que si la Ley Fundamental prevé un auto de vinculación como un acto que restringe la libertad de un particular al que se reprocha un hecho ilícito, no queda duda que la afectación que recibe el impetrante con el acto reclamado en este juicio está constitucional y legalmente justificado en el caso que nos ocupa. En tal tesitura, es inexistente el vicio de legalidad que el hoy quejoso le atribuye al auto de vinculación a proceso, motivo por el cual lo procedente es desestimar, por infundado, el concepto de violación que nos ocupa. En la especie, se tiene que el propio procedimiento es acusatorio y oral, pues hay acusación por parte del Ministerio Público y el auto de vinculación se pronunció no sin antes existir la formulación de imputación, declaración preparatoria y control de medidas cautelares, sin duda, en la audiencia relativa, la que se desarrolló en presencia del Juez de Control, quien consideró como datos de pruebas aquéllas que fueron desahogadas en la audiencia, la carga correspondió a la parte acusadora, y las partes tuvieron igualdad procesal para sostener la acusación y la defensa. Con esto queda claro que se respetaron las formalidades del procedimiento, aunado a que fue sometido a un procedimiento por un tribunal previamente establecido y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho delictivo, también se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de modo, lugar, tiempo y ocasión que mediaron en el hecho ilícito respectivo, el nombre de las personas que declaran en su contra, fue oído por sí y a través de su defensa y, hasta esa etapa procesal tuvo la oportunidad jurídica de defenderse y de probar lo que a sus intereses ha convenido. Luego, no hay razón jurídica alguna para considerar que, en la especie, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, del debido proceso, en acatamiento a lo establecido en el artículo 14 Constitucional. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Como corolario debe decirse que, en el caso, no se interpretó una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, y mucho menos se le impuso por simple analogía ni por mayoría de razón pena alguna, justamente, por no ser la etapa procesal para ello. En tal tesitura, cabe concluir que el acto reclamado en modo alguno viola derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, respetándose las garantías previstas en el artículo 14 Constitucional, motivo por el cual lo conducente es desestimar, por infundados, los conceptos de violación relativos al precepto constitucional invocado. En otro orden, se aprecia que no se vulnera el artículo 16 Constitucional en perjuicio del quejoso, ya que el auto de vinculación a proceso se encuentra debidamente motivado y fundamentado, para motivar el propio acto el juzgador expuso que, en el caso, los datos aportados por el agente del Ministerio Público resultaban aptos y suficientes para estimar que se cometió el hecho ilícito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción I, 211, fracción VI, en relación con el 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, y que existía la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del hecho señalado como delito. En último orden, debe decirse que entre las normas citadas y las consideraciones expresadas por la autoridad responsable para sustentar la decisión asumida en el acto que nos ocupa, existe la adecuación necesaria para afirmar que, en el caso, se configuró la hipótesis jurídica, que es en lo que consiste la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener en términos del artículo 16 de la carta magna. Por tanto, contra lo estimado por el quejoso, se concluye que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 constitucional, pues en el caso se señalaron las razones de derecho, o sea, la autoridad responsable se apoyó en los numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión, así como expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. En otro orden, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos legales previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, como bien lo estimó el juez de la causa penal, los antecedentes de los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público son suficientes para considerar que se cometió un hecho ilícito considerado por el Código Penal del Estado de Chihuahua, como robo calificado, previsto y sancionados por los artículos 208, fracción I, 211, fracción VI, en relación con el 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. En efecto, en la audiencia inicial de vinculación a proceso, se tuvieron por reproducidos los datos de las pruebas de la formulación de imputación, asimismo, el Fiscal narró los datos de los medios de convicción con los que asumió los hechos atingentes en que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, como a las veintiuna horas con cuarenta minutos el imputado y otros dos sujetos, entraron en la tienda cadena comercial Oxxo Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en el cruce de las calles Monte Mayor y 21 de Marzo de la colonia Melchor Ocampo, de esta ciudad, ejerciendo violencia moral coaccionaron a los empleados con un arma de fuego u objeto e apariencia similar, para apoderarse sin derecho y con ánimo de dominio de la cantidad de dinero en efectivo consistente en $4,915.74 (cuatro mil setecientos quince pesos con setenta y cuatro centavos en moneda nacional) propiedad de la persona moral víctima OXXO, ocasionándole daño en mercancía con un valor de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos en moneda nacional), en términos del artículo 211, fracción VI y II, en calidad de coautor en términos del precepto 21, fracción III, por delito doloso conforme al artículo 18, 17 fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua. La Fiscal expuso los datos de los medios que expuso y que el juzgador tomó en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, y son los siguientes: El Agente de la Policía Estatal Investigadora, Irving Hogaz Roque, tomó las actas de entrevista de los siguientes testigos: Jorge Armando Domínguez Salinas, quien le informó que era empleado de la cadena Oxxo Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicada en el cruce de las calles Monte Mayor y 21 de Marzo de la colonia Melchor Ocampo, en compañía de dos empleadas más, como a las veintiuna cuarenta horas, Ingresaron tres sujetos jóvenes, dos con cubrebocas y otro no, (de los tres dio sus generales), uno llevaba un arma de fuego, les pidió el dinero, uno de ellos comenzó a echar mercancía en una mochila negra como cigarros y botellas, otro no traía cubre bocas, solo cachucha, tenía nariz aguileña ancha, moreno, labios gruesos si lo reconocería si lo volviera a ver, su compañera abrió la otra caja, les dio el dinero y los hincaron, uno les apuntaba con el arma les pidió el dinero y los celulares, si no, los matarían ahí mismo, salieron los policías que estaban en el lugar, y les dijeron que se tiraran al suelo, empero, salieron corriendo, y escuchó varios disparos. A su vez Rosa Elia Arámbula González, -refirió- que era empleada del Oxxo en el área de cajas, ubicada en la calle Monte Mayor cruce con la 21 de Marzo de la colonia Melchor Ocampo, de esta ciudad, con dos compañeros Cinthia Leyva Sánchez y Jorge Domínguez, cuando entró un hombre con un arma quien le dio entrada a otro dos sujetos, de los cuales dio sus datos generales, el del arma era delgado, tez morena, con cachucha y cubre bocas, los apuntó con la misma, les pidió que le entregaran el dinero o los matarían ahí mismo, abrieron las cajas, les dieron el dinero y los celulares (dio los generales de los otros) el último de ellos, tomó cigarros, botellas, y objetos de la venta, los policías que cuidaban la tienda les dijeron que levantaran las manos, llamaron más unidades de seguridad, al sujeto que no traía cubre bocas lo puede reconocer de inmediato porque se le acercó mucho, refiere también que hubo disparos. Por su parte Cinthia Vanesa Leyva, en similares términos de sus compañeros que es empleada de la tienda OXXO, en el área de cajas, el veintisiete de abril como a las 21:30 o 21:40 horas, estaba con Jorge Domínguez, Rosa Arámbula y Víctor Ambrosio, ingresaron tres personas, uno de ellos traía un arma de fuego se le acercó le dijo que le diera el dinero o la mataba, no le dejó de apuntar con el arma, los otros dos estaban con sus compañeros pidiéndole los celulares y dinero; salieron de la bodega los policías que cuidaban la tienda, diciéndoles que levantaran las manos y ellos dijeron que había valido madres. Denuncia de Luis Alejandro Villalobos Frescas, representante legal de la cadena Oxxo S.A. de C.V., señaló que en la tienda Oxxo Montemayor, el veintisiete de abril de dos mil veinte, como a las 21:40 horas, el empleado Jorge Armando Domínguez Salinas informó a la empresa monitora de seguridad de un robo que hubo en la sucursal Oxxo ubicada en el cruce de las calles Monte Mayor y 21 de Marzo de la colonia Melchor Ocampo, y con palabras altisonantes y amenazas tres sujetos, uno con un arma les dijo que se hincaran y les pidió el dinero de ambas cajas. Salieron policías que cuidaban y hubo disparos, hicieron un inventario de daños en productos con un valor de $2,607.40 (dos mil seiscientos siete pesos con cuarenta centavos) y un faltante de dinero en efectivo por $4,915.74 (cuatro mil novecientos quince pesos con setenta y cuatro centavos en moneda nacional). Denuncia ratificada ministerialmente. Jorge Armando Domínguez Salinas, Cinthia Leyva y Rosa Elida Arámbula, declararon ante el Agente del Ministerio Público en los mismos términos. Se estima apegado a derecho que el juzgador otorgara valor probatorio indiciario a los testimonios de los tres testigos, ya que refirió, conocieron los hechos por sus sentidos y si bien con inconsistencias mínimas, fueron fehacientes en cuanto a la situación del hecho ilícito. Reconocimientos de fotografía ante el Agente del Ministerio Público, les pusieron diversas fotografías en orden diferente a Jorge Armando Domínguez Salinas, Cinthia Leyva y Rosa Elida Arámbula, cada uno señaló a la persona que reconoció sin temor a equivocarse como uno de los participantes en el atraco, del cual dieron noticia, las fotografías señaladas correspondieron al imputado Francisco Lorenzo Payán Barrientos. Constancia de Adriana Zuñiga Hernández, quien hizo constar que el reconocimiento fue por fotografía y no a través de la cámara de hesel, ante los riesgos que implicaba la prueba por la pandemia de covid. Ahora bien, una vez analizada la formulación de imputación del Agente del Ministerio Público, los datos que destacó para apoyar su acusación, en contra del imputado aquí quejoso, así como todos los razonamientos que realizó el Juez de Control dentro de la audiencia en la cual decretó la vinculación a proceso, es prioritartio atender el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por Contradicción de tesis 109/2019, al determinar que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. Y que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." En acatamiento al criterio orientador, se aprecia que el Juzgador considero tipificado el hecho ilícito de robo calificado. En ese contexto, se estima que los razonamientos efectuados por el juzgador son correctos, pues se permite evidenciar que la historia del hecho aconteció en los términos expuestos por el Fiscal y los testigos que fueron contestes en mencionar que aproximadamente a las 21:40 horas del veintisiete de abril de dos mi veinte, en la cadena comercial OXXO, ubicada en Montemayor de la Melchor Ocampo, con empleados, entraron tres sujetos, uno de ellos empuñando un arma los amenazaron de muerte, les solicitaron el dinero y teléfonos celulares, se los dieron, al salir los policías que estaban en el lugar, se retiraron, Cinthia Vanesa agregó que hubo daños por disparo y en una mochila se llevaron mercancía. Argumenta el juzgador que el imputado ejerció violencia moral pues coaccionaron a los empleados con un arma de fuego u objeto de apariencia similar, para apoderarse sin derecho y con ánimo de dominio de la cantidad de dinero en efectivo consistente en $4,915.74 (cuatro mil setecientos quince pesos con setenta y cuatro centavos en moneda nacional) propiedad de la persona moral víctima OXXO, ocasionándole daño en mercancía con un valor de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos en moneda nacional), para huir. Fue apegado a derecho que el juez atendiera la formulación de imputación, con los datos de prueba del Fiscal y los aportados por la defensa del imputado, entre ellos tomó en consiederación la declaración del imputado como se verá. Asimismo, que el juez concluyera que el grado de probabilidad del estandar probatorio, lo contrasta la teoría del caso del Agente del Ministerio Público y la teoría del caso de la defensa, el primero logra establecer hechos del ilícito de robo, y que Francisco Lorenzo Payán Barrientos participó en su comisión. A esos datos, se estima correcto que el juzgador les concediera valor indiciario porque narró detalladamente el evento. Lo que se estima apegado a derecho y por ende, no se vulneran los derechos fundamentales del quejoso. En la teoría del caso, la defensa del quejoso basa su argumento en que el veintinueve de abril de dos mil veinte, se tomó una entrevista al imputado en la cual, el citado firmó en blanco, sin estar asistido de un defensor, y ante diversa autoridad que no es el Agente del Ministerio Público, lo hizo porque "le iban a dar otra calentada", solicitando se declare nula por ser una prueba viciada de ilicitud. Asimismo se declare nulo todo lo actuado por el efecto corruptor; también señaló que no concuerda la hora de la entrevista del imputado y con la hora del inicio de la investigación; y, la querella se presentó posteriormente a la ratificación. De la misma manera se aprecia correcto que el juzgador desestimara la prueba atingente al acta de entrevista incriminatoria firmada por el imputado, en base precisamente a que la declaración vulnero el precepto 20 Constitucional, ya que para rendir una declaración debió estar asistido por su defensa, ante el Juez por Ministerio Público. Empero, en relación a los demás datos de pruebas, se estimaron apegados a derecho, con valor de indicio, ya que los atestes fueron víctimas, al encontrarse en el establecimiento donde aconteció el evento delictivo, y dieron las características de los sujetos, de ahí que no se ven afectadas por el efecto corruptor que pretende hacer ver la defensa. Máxime que esta etapa es eminentemente preliminar. Circunstancia que se comparte, ya que los datos de las pruebas de que se trata, fueron valoradas debidamente como indicios, conforme a las leyes de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos y como bien concluyó, los datos de las pruebas que ofreció la representación social, obran datos suficientes datos para estimar que se cometió un hecho señalado hasta este momento preliminar como delictuoso, en los que resultó víctima la persona moral OXXO, lo cual ocurrió ejerciendo violencia moral al coaccionar a los empleados con un arma de fuego u objeto de apariencia similar, para apoderarse sin derecho y con ánimo de dominio de la cantidad de dinero en efectivo consistente en $4,915.74 (cuatro mil setecientos quince pesos con setenta y cuatro centavos en moneda nacional) propiedad de la persona moral víctima OXXO, ocasionándole daño en mercancía con un valor de $2,606.40 (dos mil seiscientos seis pesos con cuarenta centavos en moneda nacional), luego de huir al salir dos policías a detenerlos. Lo anterior es así, porque los datos aportados por la Agente del Ministerio Público dan credibilidad del hecho ilícito de robo calificado, máxime que los testigos fueron contestes en su historia del hecho, pues fueron las víctimas del hecho ilícito, reconocieron al mismo imputado en fotografías que tuvieron a la vista, como una de las personas que participó en el mismo. A ese respecto, se cita la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil setecientos treinta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, que dice: "JUECES DEL ORDEN PENAL, FACULTADES DE LOS, PARA ESTIMAR LOS ELEMENTOS CONDUCENTES A LA COMPROBACIÓN DE UN HECHO DELICTUOSO. La autoridad judicial goza, en principio, del más amplio criterio para estimar los elementos conducentes a la comprobación de un hecho delictuoso, aun cuando no sean de los que define y detalla la ley, si no están reprobados por la misma; pues siendo la comprobación del cuerpo del delito, la prueba plena de la existencia de un hecho o de una omisión que produce responsabilidad criminal, es claro que la comprobación del mismo, consiste en establecer la existencia de un hecho o una omisión punible; de manera que aun cuando algunos de los medios que la ley señala para comprobar el cuerpo del delito no se hayan usado o se hayan usado deficientemente, si con los demás que la propia ley proporciona, se llega a la comprobación del hecho criminoso, ello es bastante para que no se puedan tener por conculcadas las garantías individuales." En ese orden de ideas, la probabilidad de que el imputado, haya participado en la comisión del hecho ilícito denominado homicidio imprudencial, al ser señalado por las tres personas como testigos, quien junto con otras dos participaron ante un hecho de un deber de cuidado, al estar en la escena del hecho tuvieron el codominio funcional, pues podían hacerlo o no hacerlo, empero, determinaron su comisión, esto es, de manera dolosa. Aunado a los restantes datos ya citados, son suficientes hasta este momento para evidenciar el hecho ilícito y la probabilidad de la comisión en su participación. En ese tenor, no se aprecia más allá de toda duda razonable causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De tal manera que, a consideración de este juzgador, los datos reseñados son aptos y suficientes para evidenciar las circunstancias de la comisión de un hecho considerado ilícito y la probabilidad de la participación del imputado aquí quejoso en el mismo, en ese tenor no se tiene duda de la veracidad de los datos, en tales consideraciones, no se estima transgredido el principio de presunción de inocencia. Esto se debe a que ante la existencia de un hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, no existe una potencial repercusión en detrimento del principio de que se trata, pues aun con tal decisión el quejoso goza de la calidad de inocente, dado que pese a que existen datos sobre su probable participación, lo cierto es que su culpabilidad no ha sido acreditada por el estado procesal en el que se está en la causa penal y, menos aún, a través de una sentencia definitiva, de ahí que, el sentido que orienta al auto reclamado, desde luego, no supone la anticipación al castigo por la conducta delictuosa correspondiente. Por tanto, el acto reclamado se ajusta a los lineamientos previstos por el artículo 19 constitucional, puesto que en la causa hay datos suficientes para evidenciar el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo cual el juez responsable estuvo en lo correcto al dictar el auto de vinculación respectivo, de ahí que lo conducente en el caso es desestimar, por infundado, el concepto de violación de que se trata. Lo anterior es así, precisamente porque se le hizo saber la naturaleza de la acusación, las circunstancias de la comisión del ilícito cuya realización se le atribuyó, el nombre de las personas que declararon en su contra, la parte quejosa fue oída por sí y a través de su defensor, y tuvo la oportunidad de defenderse y de probar lo que a sus intereses convino, de ahí que, sin duda, carece de sustento jurídico lo dicho al efecto. En esas condiciones, queda claro que la actuación del juez responsable es acorde a derecho y, a la par, congruente con una correcta técnica jurisdiccional, puesto que al resolver la situación jurídica de la parte quejosa se concretó a analizar la consigna ministerial y determinó que la conducta derivada de los hechos que presentó el órgano acusador es constitutiva del hecho ilícito por el que se ejerció la acción penal, encontrándose datos suficientes para evidenciar la probabilidad de la autoría del imputado en la comisión del hecho atribuido. Además, para el dictado de un auto de vinculación a proceso es innecesaria la comprobación de un delito, toda vez que es hasta el juicio oral donde podrán valorarse las pruebas para hacer patente la plena demostración de ese elemento del tipo penal. En dicha resolución -auto de vinculación- únicamente se debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Basta que el órgano acusador le presente al juez datos que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en este. Lo cual en la especie así acontece. Máxime que cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. En ese orden de ideas, no le beneficia hasta este momento procedimental la cita de las tesis que menciona, pues en el caso se aplican las tesis siguientes. Apoya los anteriores razonamientos las tesis de la Décima Época, del epígrafe y contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." Lo resaltado es propio. En las relatadas condiciones, al no haberse conculcado derechos fundamentales en perjuicio del imputado Francisco Lorenzo Payan Barrientos, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 1835/2020, por la probabilidad de su participación en el hecho ilícito de robo calificado, auto de vinculación a proceso, principio de presunción de inocencia y principio de oralidad, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Lorenzo Payan Barrientos respecto de los actos que reclama del Juez de Control, con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercero interesado la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercero interesado la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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