Francisco Lorenzo Figueroa Chomina

Expediente 1499/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1499/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Lorenzo Figueroa Chomina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte en la certificación de cuenta, no obran en el sumario documentos originales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte la actualización una causal de improcedencia, en consecuencia, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido las documentales agregadas, así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral ********************/********************. La omisión de la Junta responsable de pronunciarse en relación con la promoción presentada por la parte actora el dieciséis de febrero de dos mil veintidós en el juicio laboral. La omisión de ordenar notificar a la parte demandada. Acerca de los actos a) y c) se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptó los actos reclamados, pues así se advierte de su informe justificado. No obstante, de las constancias que anexó a dicho informe, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero del presente año; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. También, en la aludida actuación, se comisionó al actuario judicial adscrito a dicha Junta, que notificara a la parte demandada. Después, respecto al acto b), se provee: Como se dijo anteriormente, la presidente de la Junta responsable admitió en su informe justificado la existencia del acto reclamado que se analiza. Luego, previo requerimiento, la Junta responsable allegó a este juzgado, a través del oficio registrado con folio ********************, del control de este Juzgado, un acuerdo dictado el cinco de diciembre de dos mil veintidós en los autos del juicio natural, en el que se pronunció en relación con el ocurso promovido por la parte quejosa el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Por lo que, igualmente, hace patente que a la data de presentación de la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Cuestiones que se dilucidan con las constancias que anexó al aludido oficio. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues al momento de la presentación de la demanda se evidenció la omisión de señalar de nueva cuenta la audiencia laboral de ley, la cual estaba programada para el veintisiete de mayo de dos mil veinte. Sin embargo, la Junta responsable emitió diverso acuerdo el veintidós de noviembre pasado (durante el trámite de este sumario), en el que corrigió el procedimiento del juicio y fijó para el verificativo de la audiencia laboral a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de enero del año que transcurre; ordenando en ese auto, al fedatario público adscrito a la Junta responsable, la notificación de la parte pasiva en el juicio obrero génesis. También, por lo que respecta a la omisión de acordar la promoción presentada por la parte quejosa, delatada en párrafos precedentes, esta se proveyó en el citado acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós. Por consiguiente, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En las relatadas consideraciones, y en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, al declararse improcedente el amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en análisis. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -nueve horas con cincuenta y nueve minutos del ocho de febrero del año en curso-. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Oficio. Por último, agréguese sin mayor determinación el oficio presentado por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, a raíz de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de enero de dos mil veintitrés. Atiende requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante los cuales, se pronuncia en cuanto a lo requerido en auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la autoridad responsable no ha hecho del conocimiento de este juzgado, lo concerniente al emplazamiento de la parte demandada Propietario del inmueble ubicado en calle Yocupicio #134 (ciento treinta y cuatro), esquina Adolfo de la Huerta, Colonia Pitic, de esta ciudad, en el expediente de origen 4689/2019JE1 de su índice. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable citada, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias mencionadas en el párrafo precedente. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al proveído de ocho de diciembre del año en curso. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas la prueba documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Ahora bien, de la constancia adjunta al informe de cuenta, a saber, auto de quince de diciembre de dos mil veintidós dictado en los autos del juicio laboral 4689/19JE1, del índice de la Junta responsable, en el que se denota que se dio vista a la parte actora, aquí quejosa, con una razón actuarial efectuada con motivo de la imposibilidad de notificar a la parte demandada en el juicio de origen; no obstante, dicha constancia no fue anexada al oficio que se atiende; en esas consideraciones, se acuerda lo siguiente: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias mencionadas en el párrafo precedente. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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