Francisco Lorenzo Alcocer Calderon
Expediente 1300/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco Lorenzo Alcocer Calderon
Actuaciones
- Principal
III. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, en su oportunidad y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
III.- Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Primero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y un anexo que acompaña. Asimismo, de las constancias que acompañó la Juez responsable se advierte que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo respecto a solicitud de su escrito de fecha tres de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, se trae a colación que el acto que el quejoso FRANCISCO LORENZO ALCOCER CALDERÓN, reclamó en su demanda de amparo, lo es la abstención de la autoridad responsable a fin de que dicte un acuerdo respecto a la solicitud de su escrito de fecha tres de julio del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Juez responsable a fin de que dicte un acuerdo respecto a la solicitud de su escrito de fecha tres de julio del año en curso. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el que en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, dictó un acuerdo respecto a solicitud de su escrito de fecha tres de julio de dos mil diecisiete. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dictó un acuerdo respecto a la solicitud de su escrito de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro
- Principal
MESA V. Téngase por recibido y agréguese el oficio número 500 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente V-448/2015, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 29/2016 del índice del Cuerpo Colegiado de este Circuito, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por las CAMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES, AMBOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, contra la sentencia firmada el veinticinco de septiembre de dos mil quince, por este órgano jurisdiccional; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se modifica la sentencia recurrida, en su segundo punto resolutivo se advierte que la Superioridad declaró que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa persona moral DIESELERA DE MERIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y en el tercero, declaró que la Justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a la citada quejosa; en el presente juicio de amparo. Acúsese recibo. Por otra parte, remítase copia simple del testimonio de la sentencia pronunciada por la Alzada en el toca número 29/2016, a las autoridades responsables en los presentes autos, para los efectos legales que correspondan. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, agréguese a estos autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso de revisión en cita. Asimismo, debido a la voluminosidad del expedientillo provisional formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, se ordena desglosar las copias fotostáticas que lo integran y agregar las restantes actuaciones judiciales a los presentes, dejando bajo resguardo de esta Secretaría las copias fotostáticas extraídas; lo anterior para dar cabal cumplimiento a las políticas de austeridad dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las CAMARAS DE DIPUTADOS Y SENADORES, AMBOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, Y AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todos con sede en la Ciudad de México, para que en el plazo de cinco días hábiles, al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Háganse del conocimiento de lo anterior, a las autoridades arriba señaladas, solicitándoles den contestación a lo requerido vía telegrama, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias en el proceso. ...
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