Francisco Lopez Rosas
Expediente 387/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/10/2022
Partes del expediente
- Francisco Lopez Rosas
- FRANCISCO LOPEZ ROSAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el acuerdo proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la república, por medio del cual comunica que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Dado que no existe más por cumplimentar en el presente asunto; con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el sumario constitucional como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de un cuaderno de antecedentes (20, fracción I, inciso a) del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de seis meses contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA V RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 387/2021-V. INCOMPETENCIA. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables a las siguientes: III. La autoridad o autoridades responsables: El Congreso de la Unión. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora, con Domicilio bien conocido en la Ciudad de México. El Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora, con Domicilio bien conocido en la Ciudad de México. El Ciudadano Secretario de Gobernación. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora, con Domicilio bien conocido en la Ciudad de México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora, con Domicilio bien conocido en la Ciudad de México. La Empresa de Telefonía Celular RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. En su carácter de Ejecutora. Con domicilio bien conocido en la Ciudad de México ¨[.] IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame: Del Congreso de la Unión. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora. a) La ilegal Discusión, Votación y Aprobación del Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; en específico los Artículos 180 TER Fracciones V y VI, y 180 QUARTER, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. b) El ilegal envió al Ejecutivo Federal del ilegal Decreto Mencionado en el párrafo precedente, para su ilegal Aprobaci6n, Promulgación y Publicación en Diario Oficial de la Federación. 2) Del Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora. a) La ilegal Aprobación del ilegal Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; en específico los Artículos 180 TER Fracciones V y VI, y 180 QUARTER, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. b) El Omitir Vetar el ilegal Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; en específico los Artículos 180 TER Fracciones V y VI, y 180 QUARTER, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. c) La ilegal Orden de Promulgar y Mandar Publicar el ilegal Decreto publicado en Diana Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; en específico los Artículos 180 TER Fracciones V y VI, y 180 QUARTER, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. 3) Del Ciudadano Secretario de Gobernación. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora. a) La ilegal Orden de Promulgar y Mandar Publicar el ilegal Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; en específico los Artículos 180 TER Fracciones V y VI, y 180 QUARTER, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. El ilegal Refrendo del ilegal Decreto publicado en Diana Oficial de la Federaci6n de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION: en específico los Artículos 180 TER Fracciones V y VI, y 180 QUARTER, de la LEY FEDERAL DETELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. 4) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En su carácter de Ordenadora y Ejecutora. a) La ilegal e inminente Recepción de Datos Personales (Biométricos) del suscrito Quejoso, derivado de la ilegal Obtención e ilegal Ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios, de Telefonía Móvil, con base en la ilegal Aprobación del ilegal Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos Mil Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION: en específico los Artículos 15, Fracción XLII BIS, 176 y 180 BIS al 180 SESEPTIMUS, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. 5) De la Empresa de Telefonía Celular RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DEC. V. En su carácter de Ejecutora. a) La ilegal e Inminente Obtención e Ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, de los De datos Personales (Biométricos) del suscrito Quejoso, derivado de la ilegal Aprobación del ilegal Decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha Dieciséis de Abril de Dos MI Veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION; en específico los Artículos 15, Fracción XLII BIS, 176 y 180 BIS al 180 SESEPTIMUS, de la LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION." Indicado lo anterior, es pertinente señalar mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; siendo que, el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. (.) El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." Además, el artículo transitorio Décimo Segundo del citado Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de Circuito y juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones". Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea necesario decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala entre otros, la promulgación, discusión, aprobación y expedición de los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, y 180 BIS a 180 septimus de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el Decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que establecen: "Artículo 15. ... I. a XLII. ... XLII Bis. Instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes, así como establecer los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que establezca para tal efecto; "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto". Artículo 180 Bis. El Instituto expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es una base de datos con información de las personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con número del Plan Técnico Fundamental de Numeración y cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil presume, con independencia de lo previsto en las leyes aplicables, la existencia de la misma, su pertenencia a la persona que aparece en aquél como titular o propietaria, así como la validez de los actos jurídicos que se relacionan con el respectivo contrato de prestación de servicios en sus diferentes modalidades y que obran en el Padrón salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 180 Ter. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá, sobre cada línea telefónica móvil, la información siguiente: I. Número de línea telefónica móvil; II. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM; II.Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario; IV. Nacionalidad; V. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea; VI. Datos Biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto; VII. Domicilio del usuario; VIII. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados; IX. Esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea pospago o prepago, y X. Los avisos que actualicen la información a que se refiere este artículo. Para efectos de este artículo, se entenderá como tarjeta SIM al dispositivo inteligente desmontable utilizado en los equipos móviles, con objeto de almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante determinada red. Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto. Artículo 180 Quintes. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, deberán recabar e ingresar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Para efectos de lo anterior se utilizarán medios digitales y se permitirán medios remotos, siempre que se garantice la veracidad e integridad de la información, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que emita el Instituto. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, registrarán la información relativa a altas, bajas, y demás movimientos asociados a la línea telefónica móvil, que permitan mantener actualizado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Los avisos a que se refiere el artículo 180 Ter, fracción X, de esta Ley se presentarán por los medios y en los plazos que se establezcan en las disposiciones administrativas de carácter general que emita el Instituto, considerando las tecnologías y métodos más modernos y de fácil utilización. En caso de que el aviso contenga datos equívocos o incongruentes con los asientos que obren en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Instituto prevendrá al concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, al autorizado que haya presentado el aviso para que realice las aclaraciones respectivas, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables. El usuario titular del servicio que no reconozca como propio un número de línea telefónica móvil vinculado a su nombre o denominación social, podrá solicitar al Instituto, al concesionario de telefonía o, en su caso, al autorizado, la actualización de la información correspondiente o su baja del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de conformidad con lo establecido en las disposiciones administrativas aplicables. La baja de un número de línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil no implica la eliminación del registro correspondiente, el registro del número asociado a dicha persona se mantendrá por un plazo de seis meses. Artículo 180 Sextus. El Instituto validará y corroborará la información del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil conforme a los sistemas y procedimientos informáticos que resulten aplicables y, en su caso, podrá solicitar a los concesionarios las aclaraciones pertinentes sobre los datos registrados. Artículo 180 Septimus. El Instituto habilitará los mecanismos de consulta para que cualquier persona física o moral que acredite fehacientemente su personalidad pueda consultar únicamente los números telefónicos que le están asociados. La información contenida en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil a que se refiere el artículo 180 Bis será confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Las autoridades de seguridad de procuración y administración de justicia, que conforme a las atribuciones previstas en sus leyes aplicables cuenten con la facultad expresa para requerir al Instituto los datos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, podrán acceder a la información correspondiente de acuerdo con lo establecido en los artículos 189 y 190 de esta Ley y demás disposiciones relativas. Por tanto, tomando en consideración la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo. Al caso es aplicable, en lo conducente, la tesis I.1o.A.E.2 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXV (octubre de 2013), Tomo 3, página 1813, Décima Época, que es del tenor siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA. Del 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se advierte que dichos preceptos establecen como una nueva materia de subespecialización, dentro de la administrativa, el derecho de las telecomunicaciones, el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a la radiodifusión y las telecomunicaciones. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el de las telecomunicaciones es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. En ese sentido, la competencia por materia en favor de los mencionados órganos jurisdiccionales, se surte e aquellos asuntos que impliquen dirimir una controversia que comprenda temas técnicos de la regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, aplicando el marco normativo que engloba dichas actividades. En efecto, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que, por razón de materia, debe ser del conocimiento de un juzgador federal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el asunto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, solicitándole se sirva acusar recibo. Fórmese un cuaderno de antecedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal el que señala el quejoso en el proemio de la demanda de amparo, es decir, las listas u se fijan en este Juzgado de Distrito, por si haberlo solicitado. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Atento a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José María Padilla Moreno, pues cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
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