Francisco López Pineda

Expediente 300/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
300/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
08/12/2017

Partes del expediente

  • Francisco López Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al que acompaña el original del juicio de amparo número 300/2017 del índice de este juzgado, promovido por Francisco López Pineda copia certificada de la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el amparo en revisión número 274/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia firmada el ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictada en este juicio de amparo; acúsese recibo, glósense únicamente las actuaciones realizadas con posterioridad al envío de los autos al Tribunal de Alzada, toda vez que las diversas constancias ya obran en autos. Ahora bien, toda vez que el referido Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso FRANCISCO LÓPEZ PINEDA; visto su contenido, para los efectos del recurso de revisión que interpone en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos una copia del oficio de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original y copia de dicho escrito, así como el original del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, de este Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 300/2017, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. FRANCISCO LÓPEZ PINEA, mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a las siguientes responsables: Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la violación a su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva y a la administración de justicia pronta y expedita, en la inejecución del laudo dictado en el expediente laboral 534/2011(4); Organismo Público descentralizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, su omisión de cumplir con el laudo dictado en el referido juicio laboral. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado que muestra el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como, a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de las responsables para dictar las medidas necesarias para ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 534/2011(4). TERCERO. Es inexistente el acto reclamado en los términos expuestos por la parte quejosa, no obstante que el Presidente ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado hubiera convenido en el mismo. En efecto, pues conforme a las constancias remitidas por el citado Presidente ejecutor, deducidas del juicio laboral 534/2011(4), a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, se advierte que el peticionario del amparo no acreditó -al momento de la presentación de la demanda- la existencia concreta de la dilación de llevar a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Lo anterior es así, pues la parte quejosa no demostró haber solicitado ante la junta responsable la realización de una actuación específica y concreta tendiente a ejecutar el citado laudo, dado que en su demanda de amparo únicamente aludió de manera genérica la dilación del Presidente ejecutor para actuar dentro del procedimiento de ejecución del mismo. Por esas razones es que no puede constreñirse al Presidente ejecutor de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo en los términos que prescribe el artículo 950, de la Ley Federal del Trabajo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión, lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, pues si bien es cierto la legislación laboral dispone que los laudos deben quedar cumplidos dentro de las setenta y dos horas después de su emisión, no menos cierto es también, que el ordinal 950, de la referida legislación, dispone que transcurrido dicho término (setenta y dos horas), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo, si éste no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Ahora, si bien el artículo 17 constitucional, otorga a los gobernados la garantía de que se les administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de un laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 519, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que prescriben en dos años las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las juntas de Conciliación y Arbitraje, y si bien es cierto que en términos del artículo 940 de la citada ley, los Presidentes de las juntas especiales tiene la obligación de dictar las medidas para que la ejecución sea pronta y expedita, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2771, Décima Época, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En tal virtud, se concluye que al haber reclamado la quejosa, de forma genérica, la omisión del Presidente ejecutor de la junta responsable de proveer lo conducente para la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral 534/2011(4), se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo, porque la ejecución del mismo depende básicamente de la previa petición del ejecutante, lo cual, en la especie la quejosa no acreditó. Sin que pase desapercibido para el suscrito, el hecho de que mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecisiete, el presidente responsable haya señalado fecha y hora para la reinstalación del quejoso en su fuente de trabajo. Ello es así, pues tal determinación se emitió previo a la presentación de la demanda de amparo, lo que lleva a concluir que el acto de omisión reclamado era inexistente al momento de la promoción de la presente instancia constitucional (veintiuno de marzo de dos mil diecisiete). En ese orden de ideas, y al resultar inexistentes los actos reclamados, conlleva sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al Organismo Público descentralizado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, pues la omisión de cumplir con el laudo al cual fue condenado, corre la misma suerte de la atribuida al presidente de la junta responsable, pues hasta en tanto no exista interés por parte del quejoso de solicitar su ejecución, el citado organismo no se encuentra obligado mutuo proprio a su cumplimiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 300/2017, promovido FRANCISO LÓPEZ PINEDA, por las razones expuestas en la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en su atención, téngase informando haber admitido la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de la República, a través de la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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