Francisco López Martínez

Expediente 1236/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1236/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Francisco López Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos, pertinentes en las carátulas del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * *, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1236/2021-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De su lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del toca de apelación 262/202, por el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso y se ordenó su archivo. Al respecto, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad al no haber interpuesto el recurso de reposición en contra del acto que ahora reclama. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si el quejoso no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acto reclamado, importa señalar que el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Así, conforme al precepto legal ante invocado, se llega a la conclusión de que el acuerdo aquí reclamado, en tanto que se trata de un auto, es impugnable a través del recurso de reposición. Sobre todo, que el apartado relativo a la procedencia del citado recurso, no excluye la procedencia del aludido medio de impugnación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 45/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "Registro digital: 178152 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 45/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005, página 106 Tipo: Jurisprudencia REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." Aunado a lo expuesto, en la especie tampoco cobra actualidad alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer término, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable y menos importa peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente porque se trata de una actuación jurisdiccional que se hizo del conocimiento de la parte quejosa y sus efectos solo inciden sobre sus derechos procesales. En segundo lugar, porque el quejoso es parte del procedimiento de origen y no puede considerársele como tercero extraño, por tal circunstancia, estuvo en aptitud de acudir oportuna y directamente ante el tribunal del conocimiento para hacer valer sus derechos. Finalmente, porque la procedencia del recurso de reposición no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se vio, de la sola lectura del numeral 1334 del Código de Comercio, se puede advertir claramente la procedencia del recurso de reposición en mención. Luego, a través del mencionado medio ordinario de defensa el aquí inconforme estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara el acuerdo reclamado. Al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional. En consecuencia deviene improcedente el juicio de amparo que se pretende instaurar. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda en estudio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal o por oficio, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido de que podrá dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Tapia Pelcastre y José Juan Pelcastre Vázquez, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesionistas. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente al quejoso.***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * *, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1236/2021-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De su lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del toca de apelación 262/202, por el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por el quejoso y se ordenó su archivo. Al respecto, se advierte que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad al no haber interpuesto el recurso de reposición en contra del acto que ahora reclama. En efecto, la porción normativa mencionada establece que, conforme al principio de definitividad, para que el juicio de amparo sea procedente el acto reclamado debe ser impugnado previamente a través de los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que rige ese acto; de tal suerte que el amparo resulta improcedente si el quejoso no agotó algún medio ordinario de defensa. Esta limitante responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y protección de los derechos fundamentales; por lo que antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Además, este principio atiende a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pues se pretende que la activación del control constitucional solo acontezca cuando el acto autoritario sea definitivo. No obstante, ello no opera de manera absoluta, en tanto que admite algunas excepciones. A saber, que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que afecten la libertad personal del quejoso, o que el quejoso sea persona extraña al procedimiento o que la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Ahora, en relación con el acto reclamado, importa señalar que el artículo 1334 del Código de Comercio, establece que los autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Así, conforme al precepto legal ante invocado, se llega a la conclusión de que el acuerdo aquí reclamado, en tanto que se trata de un auto, es impugnable a través del recurso de reposición. Sobre todo, que el apartado relativo a la procedencia del citado recurso, no excluye la procedencia del aludido medio de impugnación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 45/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "Registro digital: 178152 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 45/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Junio de 2005, página 106 Tipo: Jurisprudencia REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." Aunado a lo expuesto, en la especie tampoco cobra actualidad alguno de los supuestos de excepción de la causa de improcedencia en estudio. En primer término, porque el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable y menos importa peligro de privación de la vida o un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento; fundamentalmente porque se trata de una actuación jurisdiccional que se hizo del conocimiento de la parte quejosa y sus efectos solo inciden sobre sus derechos procesales. En segundo lugar, porque el quejoso es parte del procedimiento de origen y no puede considerársele como tercero extraño, por tal circunstancia, estuvo en aptitud de acudir oportuna y directamente ante el tribunal del conocimiento para hacer valer sus derechos. Finalmente, porque la procedencia del recurso de reposición no está sujeta a una interpretación adicional ni el fundamento legal es insuficiente; pues como se vio, de la sola lectura del numeral 1334 del Código de Comercio, se puede advertir claramente la procedencia del recurso de reposición en mención. Luego, a través del mencionado medio ordinario de defensa el aquí inconforme estuvo en condiciones de lograr se nulificara, revocara o se modificara el acuerdo reclamado. Al no haberlo hecho, incumplió con el principio de definitividad en que descansa la acción constitucional. En consecuencia deviene improcedente el juicio de amparo que se pretende instaurar. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia invocada; por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo se desecha por notoriamente improcedente la demanda en estudio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su libelo, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal o por oficio, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en el entendido de que podrá dejar de practicar la notificación o las actuaciones pertinentes, siempre y cuando considere, de manera objetiva y razonable, que se encuentra comprometida su salud, por algún riesgo de contagio del virus (covid-19), caso en el cual deberá levantar la razón correspondiente y dar cuenta de ello. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Tapia Pelcastre y José Juan Pelcastre Vázquez, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y en el Registro Nacional de Profesionistas. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente al quejoso.

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