Francisco López Ibarra

Expediente 3428/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3428/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Francisco López Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los telegramas de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Director General de Seguridad Social Militar y al Director General de Infantería, ambos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en atención a los oficios 54375/2018 y 54374/2018, rindiendo sus informes previos, respectivamente; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicitan, se tiene por designados como sus delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que mencionan. Ahora, visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no obran los acuses de los oficios 54372/2018, 54373/2018 y 54376/2018, dirigidos a las autoridades responsables, respectivamente, a saber, "PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MÉXICANOS (POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL", "SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL" y "DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL", con el que se les notificó el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, y se les requirió por la rendición de su respectivo informe previo. Por tanto, toda vez que este juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 constitucional; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Apoderado Legal de Estafeta Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, y a la Coordinación de Operación Jalisco, de Correos de México, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación realizada, informen a este Juzgado de Distrito el tratamiento dado, el primero mencionado a la pieza postal relativa al oficio 54372/2018, que de acuerdo a la información ministrada por personal de la Actuaria le correspondió el código de rastreo 2896756863, y el segundo, a las piezas postales relativas a los oficios 54373/2018 y 54376/2018, con números de guía 127938 y 127941, respectivamente, depositadas el seis de noviembre de dos mil dieciocho. Apercíbaseles que de no hacerlo, o de no manifestar su imposibilidad para ello, se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a dichas autoridades y de que obren en los presentes autos las constancias de notificación de las aludidas autoridades responsables, o bien, los informes previos solicitados en el referido acuerdo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fijan para su verificativo las ONCE HORAS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Firmeza de resolución. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Audiencia celebrada. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, se celebró a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, lo cual puso fin a la secuela procesal del juicio de amparo. Resérvese. En tal virtud, resérvese a proveer lo que corresponda del oficio de cuenta, signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, hasta en tanto concluya la audiencia constitucional, ya que no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas una vez iniciada, pues acorde al principio de unidad es necesario que ésta concluya. Orienta sobre el particular, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 170855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C.48 K Página: 1678 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." Notifíquese.

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