Francisco López Gutiérrez
Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Francisco López Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual, esencialmente, acusa recibo del escrito original de agravios remitido mediante proveído de doce de los corrientes; asimismo, comunica se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto contra la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en estos autos, registrado con el número de toca 654/2023. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos, para los efectos legales conducentes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Mediante el cual, solicita el escrito de agravios original relativo al recurso de revisión interpuesto por ********************, autorizados en términos amplios de la parte quejosa, contra la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el presente juicio constitucional. Al respecto, no existiendo impedimento legal alguno, a fin de que dicha Superioridad cuente con los elementos necesarios para pronunciarse respecto al medio de impugnación en comento, tal como lo solicita, mediante oficio que para tal efecto se gire, envíese el aludido escrito original de agravios. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por **** autorizados de la parte quejosa, mediante el cual interponen RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la autoridad responsable, parte tercero interesada y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por oficio a la parte tercero interesada y cúmplase.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el referido quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se registró la demanda de que se trata con el número 844/2023-VI-A, se admitió a trámite la misma, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, relativa al incidente formado con motivo de la oposición de la parte demandada ********************, de reinstalar al actor, aquí quejoso, en los términos fijados en el laudo dictado en autos del juicio laboral 158/2016. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan fundados pero inoperantes los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, razón por la cual habrá de negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la Junta responsable dictó laudo en el que condenó a la ******************** a reconocer al actor Francisco López Gutiérrez, a partir del uno de diciembre de dos mil tres, como trabajador por tiempo indeterminado y permanente, así como a aplicarle las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Igualmente, se condenó a la parte demandada a reinstalar al actor, aquí quejoso, en el puesto de Oficial de Seguridad en la Gerencia Regional de Producción Sureste en la Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, en Chicoasen, Chiapas, y a pagarle los salarios caídos aumentados en un 50% desde la fecha del despido hasta el veinte de enero de dos mil diecisiete. Finalmente, se condenó a la referida accionada a pagar al actor los incrementos que hubiere en los salarios correspondientes hasta por el término de doce meses, para cuya cuantificación se ordenó la apertura de un incidente de liquidación, así como al pago de los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 46, fracción III del citado Contrato Colectivo de Trabajo, sin perjuicio de los intereses que se siguieran generando hasta el momento del pago, de conformidad con lo establecido en el último considerando del laudo en comento. 2.- Contra el laudo, la parte demandada promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que se radicó con el número 402/2020, el cual le fue negado en sentencia de once de marzo de dos mil veintiuno. 3.- Por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, la Junta responsable, a solicitud de la parte actora, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, para que se requiriera a la demandada a pagar la cantidad ahí señalada. 4.- Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito presentado por el apoderado legal de la parte demandada ********************, con el que interpuso incidente innominado por lo que respecta a la reinstalación del actor, aquí quejoso, en los términos fijados en el laudo; y en consecuencia, solicitó se fijaran las indemnizaciones de ley, a fin de dar por terminada la relación laboral; y se fijó fecha y hora para la audiencia relativa. 5.- Por escritos presentados el veintinueve de marzo y siete de noviembre de dos mil veintidós, el actor desahogó la vista concedida con la incidencia planteada por la parte demandada. 6.- El trece de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia relativa al incidente innominado de que se trata. 7.- Mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Junta responsable resolvió lo relativo a la incidencia en comento, declarándola infundada. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, con la finalidad de controvertir la determinación reclamada, la parte quejosa, entre otras cosas, aduce que la misma carece de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, ya que la responsable omitió pronunciarse respecto a la solicitud que realizó mediante escritos presentados el veintinueve de marzo y siete de noviembre de dos mil veintidós. Tal concepto de violación es fundado pero inoperante, por las siguientes consideraciones. En efecto, tal como señala la parte impetrante del amparo, la autoridad responsable fue omisa en atender cabalmente la solicitud a la que hace referencia. Sin embargo, como se dijo, resulta inoperante el motivo de disenso en estudio, ya que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que se subsanara ello, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 Constitucional. La Junta responsable, resolvió el incidente propuesto por la parte demandada en el juicio laboral de origen, aquí tercero interesada, en los siguientes términos: ".PRIMERO. LITIS INCIDENTAL Y DETERMINACIÓN DE CARGAS PROBATORIAS. En el presente caso, la Litis consiste en resolver si resulta procedente el incidente planteado por la demandada ********************, en referencia a la reinstalación del actor, y en su caso, dar por terminada la relación laboral, fijar la responsabilidad resultante al patrón del conflicto y condenar a las indemnizaciones de ley; o como si lo manifiesta la parte actora en lo principal y demandada incidentista, se deberá fijar la responsabilidad que resulta al patrón del conflicto y se condene a la demandada ********************, a pagarle al actor diversas cantidades por conceptos de indemnización constitucional, indemnización por antigüedad, compensación por la terminación de la relación de trabajo, prima legal de antigüedad, un año de salarios vencidos y los intereses generados, así como los aumentos correspondientes. SEGUNDO. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. La instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana se tomarán en cuenta al dictar la presente resolución. TERCERO. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL ACTOR EN LO PRINCIPAL Y DEMANDADO EN EL INCIDENTE. La presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones consistente en las constancias que integran el presente juicio, en su caso, serán tomadas en consideración al emitir la resolución. CUARTO. CONCLUSIONES. En atención a lo anterior, de las pruebas ofrecidas por las partes y en particular de la instrumental de actuaciones, se advierte que la parte actora incidentista y demandada en lo principal, fue omisa en narrar los hechos relativos sobre los cuales descanse el ejercicio de su incidente, por lo que falta la materia que le pueda servir para acreditar la procedencia de su incidente. Sin que pase desapercibido para esta Junta, que en el laudo se condenó a la demandada ******************** a reinstalar al actor Francisco López Gutiérrez en el puesto de Oficial de Seguridad Física, advirtiéndose que, entre las funciones de los actores consistían en: [.]; estimándose que tales actividades no se refieren a las funciones de supervisión, vigilancia o fiscalización de carácter general en la demandada para determinar el carácter de confianza del puesto, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: [.], como tampoco se estima que constituyan actividades relacionadas con trabajos personales del patrón en la demandada, ya que son las actividades efectivamente desempeñadas las que dan lugar a estimar que se actualiza el carácter de empleado de confianza y no la apreciación o catalogación que haga de ese puesto el patrón de manera subjetiva, por lo que se concluye que en el presente caso, no se está en ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, máxime que no obra prueba alguna en este incidente que así lo acredite. Es aplicable al caso, la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de abril de 2004, página 1482, de rubro y texto siguiente: "TRABAJADORES DE CONFIANZA, CATEGORÍA DE LOS, PARA EFECTOS DE LA INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. [.]". Siendo que el propio numeral 947 de la Ley Federal del Trabajo, en su último párrafo dispone: "Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Constitución". En consecuencia, tomando en cuenta que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo establece que: "Artículo 49.- La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante el Tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el Tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el trabajo del hogar, y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales". Por tanto, únicamente en los casos anteriores se encuentra permitido eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador, por lo que al no plantear ninguna razón justificable la demandada ******************** de por qué no reinstalar al C. ******************** y no encontrarse en ninguno de los supuestos que establece el precepto legal antes transcrito, en consecuencia, ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RECURRIDO. Al faltar los hechos relativos sobre los que se base el ejercicio del presente incidente, así como no haber quedado acreditado que el actor se encontraba en alguno de los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que la Junta se encuentra impedida para inferir, resulta infundado el incidente innominado por lo que respecta a la reinstalación del actor en el juicio, solicitado.". De lo anterior, se desprende que la Junta responsable, en primer término, determinó que, en el caso, falta la materia para acreditar la procedencia del incidente intentado, puesto que la demandada en lo principal, actora incidentista, omitió establecer los hechos que motivaron la interposición del mismo. Aunado a que, refirió, tampoco justificó en forma alguna su negativa de reinstalar al trabajador, puesto que éste no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 49.- La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante el Tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el Tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el trabajo del hogar, y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales" De ahí que, reiteró, al no encontrarse el trabajador en alguno de los supuestos a los que hace referencia el numeral en comento, declaró improcedente el incidente innominado por lo que hace a la reinstalación del actor del juicio. Ahora bien, de los escritos presentados por el ahora impetrante del amparo el veintinueve de marzo y siete de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que, esencialmente, solicitó que, una vez dictada la resolución y fijadas las responsabilidades que resulten al patrón en términos del artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, se condenara a la demandada al pago de los salarios completos por todo el tiempo que se vio imposibilitado para desempeñar sus labores por causas imputables a la ********************, en términos de la cláusula 33 del Contrato Colectivo de Trabajo. En ese sentido, si bien la autoridad responsable no atendió formalmente la solicitud instada por el aquí impetrante del amparo, lo cierto es que, la misma, se encontraba supeditada a la procedencia del incidente propuesto por la parte demandada, aquí tercero interesada. En efecto, tal como establece la ley de la materia, una vez que se declara procedente la oposición del demandado a la reinstalación y se determina el no acatamiento del laudo, por parte del patrón, la Junta debe dar por terminada la relación de trabajo, condenando al pago de las indemnizaciones correspondientes, pago de salarios caídos, prima de antigüedad y demás prestaciones que corresponden conforme al contrato colectivo de trabajo; sin embargo, al no haber sido procedente en el caso el incidente de no acatamiento del laudo, la responsable no se encontraba legalmente obligada a pronunciarse sobre tales aspectos, al quedar firme la condena a la reinstalación decretada en el laudo. Sin perjuicio que posteriormente se pueda decretar la no aceptación del laudo, y entonces sí se haga obligatorio por parte de la Junta laboral realizar las cuantificaciones correspondientes. Por ilustrativa, se cita la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página novecientos dieciséis, Tomo X, Julio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 193684, de rubro y texto: "TRABAJADORES DE CONFIANZA, CASO EN QUE EL PATRÓN QUEDA EXIMIDO DE LA OBLIGACIÓN DE REINSTALAR A LOS. Si bien es cierto que conforme a la fracción XXII del artículo 123 constitucional, el patrón que despide a un trabajador queda obligado, a elección de éste, a cumplir con el contrato o a indemnizarlo, también lo es que dicha fracción señala que la ley de la materia determinará los casos en que podrá ser eximido de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización, es decir, admite la existencia de excepciones. Ahora bien, el artículo 49, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, señala: "El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: ... III. En los casos de trabajadores de confianza.". En esa virtud, si en el juicio laboral se demuestra que el trabajador que demandó su reinstalación, ocupaba un puesto de confianza y el patrón se opone a esa reinstalación, fundándose en el artículo y fracción señalados de la ley de la materia, es evidente que se está en el supuesto normativo antes señalado y por tanto, la Junta responsable debe declarar procedente la oposición del demandado a la reinstalación y ordenar que se le indemnice conforme proceda. Asimismo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página mil setecientos treinta y uno, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 170131, que establece: "ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR DERIVADA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA EFECTOS DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 947 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO CUANDO SE CONDENA AL PATRÓN A LA REINSTALACIÓN Y ÉSTE SE NIEGA A ACATAR EL LAUDO MEDIANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE, AQUÉLLA SE SIGUE GENERANDO HASTA QUE LA JUNTA DECLARE TERMINADO EL VÍNCULO LABORAL. El artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo prevé, en lo conducente, que si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, y no se trata de las acciones contenidas en el numeral 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta dará por terminada la relación de trabajo, procediendo a condenar al pago de las indemnizaciones, consistentes en el importe de tres meses de salario y la que debe efectuarse de conformidad con el artículo 50, fracciones I y II, de la citada legislación; así como al pago de los salarios caídos y de la prima de antigüedad, en los términos del precepto 162 de la ley laboral. Ahora bien, respecto de las dos últimas prestaciones citadas (salarios caídos y prima de antigüedad), la fracción IV del aludido artículo 947 señala claramente cómo deben computarse ambos conceptos, pues ordena que los primeros se paguen desde la fecha en que dejaron de cubrirse hasta aquella en que se sufraguen las indemnizaciones; y la segunda, que se pague en términos del numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo. De donde se concluye que los salarios caídos y la antigüedad no se generan al mismo tiempo, pues los primeros se actualizan hasta en tanto no se cubran las indemnizaciones a que alude el artículo 50 del referido ordenamiento legal, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 132/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 309, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS. SE GENERAN DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE LAS INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON CUBIERTAS Y PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA, CUANDO SE EXIMIÓ AL PATRÓN DE LA REINSTALACIÓN."; mientras que la antigüedad continúa acumulándose en tanto subsista la relación de trabajo. En esa virtud, si el patrón es condenado a reinstalar al trabajador y a reconocer la antigüedad generada durante el tiempo que duró la separación del trabajo (por causas imputables a él), pero manifiesta su negativa a acatar el laudo mediante el pago de las indemnizaciones correspondientes, también está obligado a reconocer la antigüedad que se siga generando hasta que la Junta declare terminado el vínculo laboral. Finalmente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Visible en la página mil cuatrocientos cuarenta y tres, Tomo XX, Diciembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 179751, de rubro y texto: "SALARIOS CAÍDOS. CUANDO SE DEMANDA LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO Y ÉSTE NO SE ACREDITA, PERO SE CONDENA A AQUÉLLOS, DEBEN COMPUTARSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PATRÓN SE NIEGA A ACATAR EL LAUDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, en los casos en que el patrón se niegue a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado en un procedimiento laboral, la Junta dará por terminada la relación de trabajo; lo condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; a pagarle la indemnización a que se refiere el artículo 50, fracciones I y II, de la misma ley; y al pago de la prima de antigüedad conforme a lo establecido en el artículo 162 del propio ordenamiento legal, así como al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que se dejaron de pagar y hasta que se cubran las citadas indemnizaciones. Sin embargo, si en el laudo se determinó que el despido alegado no le era imputable al patrón porque no quedó acreditado que originara la separación del trabajador, pero condenó a la reinstalación, es evidente que el pago de salarios caídos debe computarse desde la fecha en que el patrón se niega a aceptar aquél, en términos del primer ordenamiento citado, y no desde la fecha en que el trabajador se dijo despedido. De ahí que, al resultar improcedente la incidencia planteada, deviene incuestionable que continúa firme la condena establecida en el laudo pronunciado en el juicio laboral de origen, relativa a la reinstalación del trabajador en los términos ahí señalados. Por lo que resultaría ocioso cuantificar los conceptos a los que hizo referencia el quejoso en los ocursos de mérito, dado que, se reitera, la Junta responsable, al declarar improcedente el incidente de mérito, no tuvo por terminada la relación de trabajo entre las partes del procedimiento laboral de origen, en los términos solicitados. Bajo esa tesitura, al haber resultado fundados pero inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el inconforme; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra del acto atribuido a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, hasta el día de hoy, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del Juzgado, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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