Francisco López Dávalos

Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
592/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Francisco López Dávalos

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos. Visto el estado de autos, se advierte que para la correcta integración del presente juicio, resulta necesario contar con copias certificadas, completas y legibles de las cédulas de infracción 123/8099391, 113/8204780 y 113/8279118 relativas, la primera de ellas, a la Dirección de Movilidad y Transporte adscrita al Ayuntamiento Constitucional de Zapopan y, las dos restantes a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, ambos del Estado de Jalisco. No obsta a lo anterior que tales dependencias hubieren negado la existencia de los actos que se le imputaron; sin embargo, esta juzgadora no inadvierte los argumentos y hechos notorios que citó el quejoso en su escrito presentado de forma electrónica el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que, atendiendo a la negativa en comento, destacó que tales folios se encuentran dados de alta en el sistema de adeudos del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el rubro de "INFRACCIONES MUNICIPALES" y se indica que son relativas a los municipios en comento. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Movilidad y Transporte de los Ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, remitan las cedulas de infracción antes señaladas o, en su caso, señalen la dependencia en la que obren los folios en mención, y de no obtener información alguna, certifiquen la inexistencia dentro de sus archivos de las documentales que le fueron requeridos. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se les haga efectiva dicha sanción. Difiere. Por lo anterior, procede diferir la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de enero del presente año, se tuvo por recibido el escrito presentado por la quejosa, mediante el cual allegó la documental relativa al formato de solicitud de "Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6", con número de folio 61421100220202001, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha de solicitud veintiuno de octubre de dos mil veintidós, cuyos datos corresponde a la accionante de amparo. Por otro lado, se tiene que por auto de cinco de enero del año en que se actúa, se tuvo por recibido de igual manera el escrito presentado por la quejosa, a través del cual realizó diversas manifestaciones en relación a la vista que le fue otorgada en diverso auto de veintiocho de diciembre de la anualidad anterior, pues, si bien, este fue acordado de conformidad, se advierte que se omitió proveer sobre diversos medios de pruebas que señaló en el ocurso que se atendió, los cuales se consideran importantes en virtud de constituir la materia de la presente litis constitucional. Requerimiento de constancias. Bajo ese contexto, en virtud de que las documentales que se señalan se estiman de utilidad para mejor proveer y resolver este juicio biinstancial, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase al: Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su titular, el cual tiene su domicilio en: Segundo Piso del edificio en Sierra de Morena, número 530, esquina con Belisario Domínguez del Sector Libertad, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la notificación que se realice con el oficio correspondiente, realice las gestiones que estime necesarias al interior de su estructura orgánica y cumpla con lo siguiente: Remita copia certificada, legible, ordenada y foliada de las documentales que integren la solicitud del Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6, a nombre de la quejosa , con número de folio 61421100220202001, e informe el estado que guarda ésta, dado que de la misma se advierte que tiene como fecha de solicitud el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, misma que para mayor referencia se le envía en copia simple; o en su caso, si hubiese sido suplida por una gestionada con posterioridad a la presentada en esa data. Informe si dentro de su base de datos la quejosa se encuentra como persona que padece incapacidad, y en caso de ser así se advierta de que tipo. Manifieste si la quejosa tiene o tuvo una pensión económica y de qué tipo, o en su caso, si la promovente ha solicitado, además de la hecha mediante solicitud del Dictamen de Beneficiario Incapacitado ST-6, manifestación alguna para adquirir una pensión económica; asimismo, allegue las documentales con las que se desprenda dicha información. Y en caso de ser una autoridad diversa quien pueda tener dichas documentales informe la denominación de ésta para proveer de conformidad. Lo anterior, resulta necesario en virtud de que constituyen parte del acto reclamado dentro del presente expediente y se estima de utilidad tenerlas a la vista. Apercibimiento. Se les apercibe a la autoridad que en caso de ser omisa, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Resulta aplicable por analogía la Tesis I.13o. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil uno, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Difiere audiencia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para ésta data, y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  3. Principal

    Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado que signa la Presidente de la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la actuación de nueve de marzo de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio laboral 2738/2021, relativa a la celebración de la celebración de la audiencia de desahogo y admisión de pruebas. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el comunicado y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    aviso.- por este medio de lista se notifica al quejoso del proveido de 14 de marzo 2023, en el cual Zapopan, Jalisco, catorce de marzo de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibido el oficio de la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el cual remite la demanda de amparo con certificación, promovida por Francisco López Dávalos, contra los actos que atribuye a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, seis copias de ésta, dos notificaciones, toca 671/2022 y expediente 263/2022. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. II. Se avoca. En mérito de lo anterior, con fundamento en los numerales 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado federal se avoca al conocimiento del presente asunto. III. Se forman cuadernos de pruebas Con los anexos remitidos, fórmense dos cuadernos de pruebas por separado, los cuales se ordena conservar en la secretaría de este juzgado. En el procedimiento del que deriva el acto reclamado obra agregado el emplazamiento de la tercera interesada Ma. Esther González Macías; por ello glósese como constancia en el amparo en que se actúa. IV. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro electrónico de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 592/2023. V. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Se deja sin efectos la suspensión otorgada por la responsable. Toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo y la autoridad responsable Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, resolvió lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es que quede sin efectos aquella determinación, puesto que lo actuado ante autoridad incompetente es nulo. Sustenta lo anterior, por las razones que lo indican, los siguientes criterios: "SUSPENSIÓN EN UN AMPARO CONSIDERADO EQUIVOCADAMENTE COMO DIRECTO, EFECTOS DE LA. Si la autoridad responsable, en la hipótesis de que se trataba de un amparo directo proveyó sobre la suspensión conforme a los artículos 170 y 173 de la invocada ley cuando en realidad no es así porque se trata de un amparo indirecto, de donde surge la necesidad de tramitar por el Juez de Distrito un incidente conforme a los artículos 131 y relativos a la propia ley, siendo falsa la base de que partió la Sala del Tribunal para decretar la suspensión, ésta carece de todo efecto jurídico y no podrá subsistir desde el momento en que el Juez de Distrito al recibir los autos del amparo, previa petición abrirá el incidente y después de la tramitación resolverá lo que proceda porque además la medida atacada fue provisoria de la autoridad del fuero común en auxilio de la Justicia Federal y ésta estatuirá con propia competencia lo que ordene la ley, debiéndose comunicar esta resolución para los efectos consiguientes, también al Juez de Distrito a quien haya tocado un turno la demanda de garantías"1 "QUEJA SIN MATERIA. REVISTE ESA CARACTERÍSTICA LA PROMOVIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE PROVEYÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCIÓ DEL AMPARO DIRECTO REMITIÓ LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO POR CONSIDERAR QUE EL ACTO RECLAMADO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN LA VÍA INDIRECTA. Cuando un Tribunal Colegiado se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo directo, porque advierte que deberá conocer de él un Juez de Distrito en la vía indirecta y le remite los autos, tal resolución (aun cuando no decide sobre la constitucionalidad de los actos reclamados) constituye una ejecutoria que deja sin efectos lo actuado incluyendo, desde luego, todo lo relativo a la suspensión solicitada ante la autoridad responsable. Esto es así, pues el Juez Federal competente, al abocarse al conocimiento del asunto, está obligado, en fiel observancia al artículo 122 de la Ley de Amparo, a pronunciarse respecto de la suspensión provisional al contenerse esa petición expresa en la demanda de garantías, con lo que su determinación al respecto, sea cual fuese el sentido, sustituye la tomada por la autoridad responsable ante quien originalmente se le solicitó esa medida cautelar por tramitarse como amparo directo, siendo incuestionable que ambas decisiones no pueden coexistir; luego, si se hizo valer un recurso de queja contra la resolución de la responsable que proveyó respecto de la suspensión en aquella vía directa, es claro que al no existir materia sobre la cual deba pronunciarse el Tribunal Colegiado, así la debe declarar, pues ya no se rige por lo dispuesto en los artículos 170 y 173 de la Ley de Amparo"2 VI. Decisión sobre la instancia constitucional. 1 Época: Sexta Época, Registro: 272302, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XVII, Cuarta Parte, Materia(s): Común, Tesis:, Página: 210. 2 Novena Época, Registro: 186732, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, Materia(s): Común, Tesis: VII.3o.C.4 K, Página: 687. a. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Para justificar lo que se afirma se acude a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que es como sigue: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De acuerdo con el artículo transcrito, si de la demanda de amparo el juez de Distrito advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desechar de plano la demanda. A propósito la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que por la locución "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, en tanto que por la de "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese tenor, sostuvo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible llegar a una convicción distinta, independientemente de los elementos de prueba que pudieran aportar las partes. Al efecto se invoca, por la razón que la informa, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO".3 b. Por acto intraprocesal dentro de juicio que no es de imposible reparación. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia,4 se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos, por lo que, si dicho numeral se aplica en sentido contrario, entonces, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES".5 Explicado lo anterior, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.6 3 LXXI/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605. Asimismo, cabe precisar que si bien tal jurisprudencia se generó desde la perspectiva del artículo 1453 de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que la razón que orienta dicho criterio es la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en torno a la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", misma que subyace en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. 4 "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." 5 Novena Época, Registro: 175910, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.C.18 K, Página: 1827. 6 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para justificar lo afirmado, es menester destacar que el citado numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber: ? Que sean actos dentro del juicio. ? Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro del juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. De modo que, cuando se reclama un acto dictado en un juicio, la posibilidad ordinaria para que proceda el amparo indirecto es la actualización del supuesto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado sea de imposible reparación, porque se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en caso contrario, el amparo indirecto será improcedente. Es indispensable mencionar que los derechos sustantivos tutelados en la Constitución son los que se otorgan o reconocen por las leyes para su ejercicio en la vida diaria, generalmente en las leyes sustantivas, como por ejemplo, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas expresiones, la propiedad, la posesión, etcétera, mientras que los derechos procesales: son los destinados a ser ejercidos dentro de un proceso jurisdiccional o un procedimiento seguido en forma de juicio, con vocación de surtir efectos sólo al interior del proceso, lo que comúnmente se denomina "efectos intraprocesales". No se desatiende que pueden surgir actos procesales que afectan derechos sustantivos cuyos efectos rebasan el interior del proceso y se traducen en privación o restricción de la vida, de la libertad, el patrimonio, la familia, etcétera, a través de su ejecución o cumplimiento, por lo que sin duda podrían tener una ejecución irreparable que haría pertinente su inmediato examen vía el amparo indirecto, ello salvo disposición legal o jurisprudencial en contrario. En contrapartida, los actos que sólo producen efectos intraprocesales, no tienen ejecución irreparable, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que toman las partes durante el desarrollo del procedimiento, con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado, esto es, en ningún momento se convierten en instrumentos para afectar los derechos litigiosos (sustantivos) de la parte que obtiene fallo favorable. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, Registro: 2011428, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 1/2016 (10a.), Página: 15, que dispone: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Y por analogía, la jurisprudencia sustentada por el propio Alto Tribunal de la Nación, en la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Tesis: P./J. 37/2014 (10a.), Página: 39, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso, la parte quejosa reclama: ? La determinación de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca 671/2022, del índice de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mediante la cual se determinó admitir la demanda reconvencional Ma. Esther González Macías, por lo que se modificó el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 263/20227, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Vigésimo Cuarto Partido Judicial con sede en Encarnación de Díaz, Jalisco. Así de lo expuesto, es factible advertir que el acto reclamado tiene la característica de que emanó "dentro de juicio", al originarse de un procedimiento jurisdiccional en el que se ha presentado la demanda y no se ha resuelto en definitiva en asunto de origen, asimismo dicha actuación, como puede verse, no tiene ejecución de imposible reparación, ya que no produce como consecuencia directa e inmediata la afectación de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, tutelado por la Constitución Federal o por los tratados internacionales. En efecto, el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la determinación tomada en el proveído impugnado está vinculada a cuestiones meramente procesales, las cuales no constituyen actos en el juicio que tengan una ejecución irreparable, dado que sólo producen efectos intraprocesales, pues esencialmente se trata de aspectos relacionados con la continuación del juicio natural, hasta el dictado de la resolución. En esa tesitura, cualquier irregularidad que pudiera suscitarse en el trámite del sumario de origen, sino afecta materialmente derechos sustantivos, tales como la vida, la integridad personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, entre otros, o impide el ejercicio de un derecho, evidentemente, constituye una cuestión que puede ser reparada en la sentencia que en el juicio se dicte, la que, de ser favorable al promovente del amparo, ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero 7 El juicio natural es un asunto relativo a un Juicio Civil Ordinario, en el que la quejosa funge como demandada y, al cual reclama, no estar notificada con anticipación debida a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, así como el otorgamiento de cinco días legalmente computados para designar perito, cuando la fecha de audiencia estaba cerca de presentar su adecuada defensa. si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que dicho acto le haya causado, pueden repararse por medio del amparo directo que en su caso promueva, para el caso de que dicha violación trascienda y se observen los demás requisitos legales aplicables. Resulta aplicable, en lo que importa, la jurisprudencia 498 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y consideraciones interpretativas siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione".8 En consecuencia, al quedar demostrada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, desechar la demanda de amparo. Cabe precisar que esta juzgadora no inobservó el criterio sostenido en las jurisprudencias que al rubro dicen: 8 Apéndice 2000, Octava Época, tomo VI, página 437. "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"9 "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS"10 Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, pues para que proceda el amparo indirecto las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. Se cita para robustecer lo expuesto, la jurisprudencia IV.2º.C. J/2 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Finalmente, abundado en razones es destacarse que la presente determinación no se opone a los derechos fundamentales tutelados en términos del artículo 1°11 en 7 Tesis LVII/2004, consultable en la Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 8 Tesis LVIII/2004, localizable en la Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, Página 10 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 11 "Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado relación con el 13312 Constitucionales, ni implica desconocer la existencia o procedencia del derecho que en el fondo se considera vulnerado, ya que desechar de plano la demanda de amparo indirecto no se traduce en que se decida de manera sencilla, rápida y efectiva sobre los derechos que se estiman afectados, ni en una denegación de acceso a la justicia, contrario a lo que dice el inconforme en el cuarto párrafo del agravio primero. Lo anterior, porque la existencia y defensa de los derechos fundamentales no significa desconocer la necesidad de regular o reglamentar los medios de impugnación al alcance de los gobernados; sino que se refiere a garantizar que los recursos (de ser procedentes) de manera real puedan ser efectivos para reparar las violaciones que se estiman cometidas y que no sujeten a los afectados a trámites y procedimientos injustificados o que por cualquier otro motivo con posterioridad redunden en la falta de celeridad y efectividad del medio de defensa, llegando a hacerlo incluso ilusorio. Sirve de apoyo, en relación con la necesidad de observar los requisitos de procedencia previamente a decidir la cuestión de fondo, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo texto es: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". 12 "Art. 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". VII. Intervención a las partes en el juicio de amparo. a. Quejoso. Francisco López Dávalos. b. Autorización de consulta de expediente electrónico. Como lo solicita, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; y, 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al usuario "SamRM86". c. Domicilio y autorizados. En términos del artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su ocurso de cuenta y con base en el numeral 12, último párrafo del cuerpo normativo en comento, como autorizada en términos amplios a Alejandro Romo González, en razón de que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos del artículo 24 de la invocada norma, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que menciona, por no contar con el aludido registro. Se informa a las partes, que el correo electrónico oficial de este Juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. VIII. Tramitación de juicio en línea. Se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente juicio en línea, conforme a lo establecido por el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo. IX. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. X. Habilitación de días y horas hábiles. Desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano