Francisco Leopoldo Juárez Ramos

Expediente 1289/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 37 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1289/2018
Año
2018
Actuaciones
37
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Francisco Leopoldo Juárez Ramos
  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Y Readaptación Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de abril de dos mil veintidós. Telegramas. Visto lo de cuenta, se tienen por recibidos los telegramas enviados por la Jefa de Oficina Telecomm, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales manifiesta que no fue gestionada la entrega de los oficios 2824/2022 y 2825/2022 dirigidos a las autoridad responsable Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León y Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria en el Estado de Nuevo León, ambas con sede en Monterrey, por los motivos que expone; los cuales se ordena agregar a los autos para efectos de control, en virtud de que por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, se tuvo por consentido el cumplimiento del fallo protector; en tales condiciones, se da por terminado lo relativo al envío de los telegramas de mérito. Lo anterior, hágase del conocimiento de la Jefa de Oficina Telecomm, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Consentida. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dos de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos la comunicación oficial que remite la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey, debidamente diligenciada. Acuse de recibo. Sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo correspondiente, dado que el sistema por el que fue enviada la presente comunicación lo genera en automático. Acuerdo. Asimismo, toda vez que dicho exhorto fue girado con el fin de notificar al quejoso ********************, el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. En ese sentido, toda vez que de la constancia de notificación realizada por el actuario adscrito al Juzgado Exhortado, se advierte que el quejoso se mostró conforme con lo referido, una vez que transcurra el término de quince días que otorga la Ley de Amparo para declarar consentida la resolución, éste Juzgado Federal resolverá lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se estableció -entre otras situaciones-, que en el periodo comprendido del catorce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del mencionado acuerdo general; por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Oficio. En ese sentido, agréguese a los autos la comunicación oficial que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey, debidamente diligenciada. Acuse de recibo. Sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo correspondiente, dado que el sistema por el que fue enviada la presente comunicación lo genera en automático. Acuerdo. Asimismo, toda vez que dicho exhorto fue girado con el fin de notificar al quejoso Francisco Leopoldo Juárez Ramos, los proveídos de diez de agosto y treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en los que se ordena dar vista al promovente con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo, así como las constancias que corroboran su dicho. Ahora bien, toda vez que de la constancia de notificación realizada por el actuario adscrito al Juzgado Exhortado, específicamente en la fecha que se realizó, se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: Deje insubsistente, únicamente por lo que hace al quejoso, los oficios de terminación 18708/2017 y 18704/2017, de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, por los que autorizó el ingreso del referido quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS Durango". Solicite al Juez de Ejecución que corresponda la autorización del traslado del quejoso, para lo cual deberá allegarle la totalidad de las constancias que estime necesarias y expresar los motivos y fundamentos que considere para tal efecto. Esta última autoridad deberá emitir una resolución en el plazo de cinco días, contados a partir de la recepción del comunicado del citado comisionado, en la que de manera fundada y, motivada, determine si autoriza o no el traslado del quejoso. Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió al conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el que por ejecutoria de cinco de marzo de dos mil veinte, modificó los efectos de la concesión de amparo, en los siguientes términos: "1. El Comisionado del Órgano Administrativo, Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la ciudad de México, deje insubsistente la orden de traslado reclamada; y, en consecuencia de ello, 2. Deberá ordenar y materializar, dentro del término legal, el internamiento del quejoso Francisco Leopoldo Juárez Ramos en el Centro de Reinserción Social Número "2", ubicado en Apodaca, Nuevo León; en la inteligencia de que, si en el caso particular, el citado centro carcelario no pudiera recibirlo materialmente, la autoridad podría ingresarlo al centro penitenciario más cercano al indicado o bien, al especializado conforme al perfil del sentenciado, tomando en cuenta lo referido por el propio juzgado, en el sentido que debe ponderarse la situación fáctica que en el caso impera; es decir, las razones por las que la autoridad administrativa estimó urgente el traslado, además de considerar las características de gravedad que pudieran poner en riesgo su seguridad, incluso el derecho humano a la vida, el cual adquiere la protección primordial sobre cualquier otro derecho del quejoso. 3. Hecho lo anterior, agotar el procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal". Tan pronto fue recibida la ejecutoria de amparo, el seis de octubre de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento respectivo. Asimismo, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vinculó al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que procediera con plenitud a dictar y tomar las medidas necesarias para lograr el internamiento del quejoso, y en esa misma fecha, se le requirió el cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado federal estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que la autoridad responsable en doce de abril de dos mil veintiuno, solicitó al Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria en el Estado de Nuevo León, anuencia de cupo para ingresar al quejoso al Centro de Reinserción Social Número 2, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Si bien es cierto, la autoridad responsable sustituta Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria en el Estado de Nuevo León, inicialmente negó el internamiento del quejoso por falta de capacidad y seguridad, una vez que fue vinculado al fallo protector, y ante requerimiento de este órgano jurisdiccional, autorizó su internamiento; al respecto, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, ordenó el egreso de Francisco Leopoldo Juárez Ramos, para que fuera trasladado al Centro de Reinserción Social Número 2 en Apodaca, Nuevo León. Así, mediante oficios SSPC/PRS/8486/2021 y SSPC/PRS/8485/2021, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, dejó insubsistente el acto reclamado, y autorizó el egreso y traslado del quejoso de mérito del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS DURANGO" para posteriormente ser ingresado al Centro de Reinserción Social Número 2, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Asimismo, mediante oficio AAP/CA/307/2021, de veinte de julio del año en curso, el Encargado de la Coordinación Jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León, autorizó el ingreso del quejoso al Centro de Reinserción Social Número 2, ubicado en Apodaca, Nuevo León. El mencionado traslado se materializó el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, según se advierte del acta administrativa de esa fecha, allegada al juicio de amparo en que se actúa el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el Encargado de la Coordinación Jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, por proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa mediante exhorto. Desahogo de la vista. Sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que aparece que la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, mediante oficios SSPC/PRS/8486/2021 y SSPC/PRS/8485/2021, el dejó insubsistente el acto reclamado, y autorizó el egreso y traslado del quejoso de mérito del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS DURANGO" para posteriormente ser ingresado al Centro de Reinserción Social Número 2, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Asimismo, que el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, se trasladó al quejoso al Centro de Reinserción Social Número 2, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Se ordena girar exhorto. Finalmente, toda vez que se pretende notificar el presente proveído al quejoso Francisco Leopoldo Juárez Ramos, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social número 2 Norte, con residencia en Apodaca, Nuevo León, el Juzgado de Distrito competente para llevar a cabo dicha diligencia es algún diverso especializado en Materia Penal; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva ordenar al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en el lugar de reclusión donde se encuentra el quejoso Francisco Leopoldo Juárez Ramos, y le notifique de manera personal el presente auto. En el entendido que la comunicación oficial que se ordena, deberá enviarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes haciendo uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículo 107 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; tomando en consideración la naturaleza de la misma, de conformidad con el numeral 110 del referido acuerdo, no existe la necesidad de que el juzgado exhortado acuse de recibo vía ordinaria; asimismo, se destaca que la devolución de las constancias respectivas deberá realizarse únicamente mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se habilitan días y horas inhábiles. Conforme con lo establecido en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario autorizado practique las diligencias correspondientes. Notifíquese personalmente al asesor jurídico federal y por exhorto al quejoso.

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