Francisco León Velázquez

Expediente 662/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
662/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Francisco León Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado desechamiento, se ordena el archivo del asunto.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Francisco León Velázquez, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial, de esta ciudad, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente, con el número 662/2019. Ahora bien, cabe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se desprende que es obligación del Juzgado, ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda; además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes; máxime que las causas de improcedencia son de orden público y estudio preferente. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 3/99 , aplicable por identidad, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Seguidamente, se establece que la parte quejosa en el presente asunto, reclama de la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial, de esta ciudad, lo siguiente: ".el auto dictado con fecha tres de mayo del presente año 2019 en el Juicio Especial Hipotecario radicado bajo expediente número 1184/2013 del índice del Juzgado a su cargo, mismo auto que fue publicado en el Boletín Judicial del Estado en fecha siete de mayo del presente año 2019." Asimismo, del contenido de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se deprende, en lo que aquí interesa, lo que a continuación se transcribe: "1.- En fecha 27 de febrero del año 2017 se presentó y ratificó ante el C. Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana convenio judicial celebrado por parte de la parte actora THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/385 y los codemandados MARÍA TERESA BOLAÑOS DELGADO y el suscrito FRANCISCO LEON VELAZQUEZ dentro del juicio con número de expediente 1184/2013 dentro del Índice de tal Juzgado. 2.- Mediante proveído de fecha 31 de mayo del año 2017 en virtud del escrito con número de registro 7999 presentado por el Licenciado Iván Osvaldo Perez Krauus en su Carácter de Apoderado Legal de la parte actora el C. Juez Séptimo de lo Civil tiene por denunciado el incumplimiento por parte del suscrito respecto al convenio descrito en el párrafo que antecede, ordenando que proceda la parte actora en compañía del C. Actuario de Adscripción a requerir al suscrito para que dentro del término de tres días manifieste el cumplimiento que le he dado a tal convenio, con el apercibimiento de que en caso de no realizar tal acto dentro del término concedido, se procederá a la ejecución forzosa, aunado a ello cabe mencionar que mediante el escrito 7999 además mediante la vía de apremio se presentaba la liquidación, cuestión que no fue acordada de conformidad debido a que la Juzgadora ordenó que primeramente debía realizarse el requerimiento en mención, por lo que no se determinó la liquidación. 3.- En fecha 23 de octubre del año 2017 el suscrito presente recurso de revocación contra el auto descrito en el párrafo que antecede, por considerar que el mismo vulnera mis derechos humanos, al no cumplir con las formalidades de ley al apercibirme sobre el inicio de la ejecución forzosa en base únicamente a que el suscrito no manifieste el cumplimiento dado al convenio judicial dentro del término concedido, sin embargo, Ad Cautelam, en esta misma fecha desahogue en tiempo y forma la vista que me fue concedida para los términos ya precisados, manifestando que el suscrito si he dado cumplimiento al multicitado convenio judicial. (.) 5.- En fecha 29 de noviembre del año 2018, se dicta sentencia interlocutoria en relación al Recurso de Revocación promovido por el suscrito en contra del auto de fecha 31 de mayo de 2017, donde el Juez Séptimo de lo Civil declara improcedente el mismo en virtud de considerar que el auto recurrido se encontraba ajustado a derecho a pesar de que el requerimiento realizado al suscrito respecto a que manifestara el cumplimiento dado del convenio judicial (multicitado) no cumplía con las formalidades de ley, sin embargo, así lo resolvió la juzgadora, dándole una interpretación y aplicación incorrecta al convenio en mención. (.) 7.- En fecha tres de mayo del presente año 2019, el Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, México; dictó el acuerdo de tramite debido a la petición realizada por la parte actora, de manera que tiene por iniciada la ejecución forzosa del convenio judicial obrante en autos, además tiene por recibido el certificado de libertad de gravámenes presentado por la parte actora, mismo de donde se desprende la existencia de un acreedor registral con domicilio en Ciudad de México por lo que ordena se gire atento exhorto al C. Juez competente en tal ciudad a fin de que notifique al acreedor sobre el estado de ejecución que gúarda el asunto; concediendo en ese mismo acto el término de diez días que establece la ley para efecto de presentar el avalúo correspondiente al inmueble hipotecado en dicho juicio, resultando oportuno resaltar que en dicho inicio de ejecución forzosa no se presentó con anterioridad la liquidez correspondiente." Pues de lo anterior se desprende que la parte quejosa se duele en forma medular, de la resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Séptimo de lo Civil, de esta ciudad, dentro de los autos del juicio hipotecario 1184/2013, en el que tiene por iniciada la ejecución forzosa del convenio judicial celebrado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por la parte actora en el juicio natural y el promovente. En razón de lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" Ahora bien, el artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo, al tenor literal establece: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Con base en lo anterior, se advierte que en el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, al no tratarse de aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado (convenido) o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre el tema, la Segunda Sala y posteriormente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las Tesis que resultan aplicables por identidad de razón, se pronunciaron bajo los números 2ª. XLIX/96 y P.LVII/9, establecieron, en su orden lo siguiente del rubro : "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA." "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ULTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, la determinación emitida por la autoridad responsable de tres de mayo de dos mil diecinueve (materia del acto reclamado), en la que se determinó el inicio del procedimiento de ejecución forzosa, a juicio de quien aquí resuelve, no reviste el carácter de última resolución dictada en la etapa de ejecución, pues en la misma, no se declara cumplida la sentencia definitiva, cumplimiento total de lo convenido o se manifiesta la imposibilidad para ello; motivo por el cual el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, si no que se trata de un acto parcial de ejecución que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto porque entorpecería la ejecución, por lo que las violaciones que aduce, podrán reclamarse sólo hasta que se declare cumplida la sentencia definitiva o se manifieste la imposibilidad para ello. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, que tratándose de actos emitidos actos en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por lo que, basta que se emita una de ellas para considerar actualizada tal cuestión, lo cual, es acorde al derecho de tutela judicial efectiva reconocida por los artículos 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Apoya a lo anterior, la tesis II.2o.C.389 C, visible en la página 1721, Tomo XVII, enero del 2003, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con número de registro IUS 185268, que estatuye "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". Lo anterior no implica un desacato a la jurisprudencia P./J. 108/2010 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", pues tal como se advierte en el texto de dicha ejecutoria, el amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, procede excepcionalmente cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; lo que no acontece en el caso. Ello es así, en virtud que el acto que reclamó la quejosa (consistente en la determinación de tres de mayo de dos mil diecinueve) dictada por la autoridad responsable dentro del expediente de origen 1184/2013, en la etapa de ejecución tiene por objeto dar inicio a la etapa de ejecución forzosa el cual está encaminado a dar cabal cumplimiento al convenio celebrado entre las partes; aunado a que, no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso. Esto es así, porque, precisamente al reclamarse la determinación donde a fin de cumplimentar el convenio celebrado entre las partes, elevado a sentencia ejecutoriada, con motivo de su incumplimiento, se procedió a dar inicio a la ejecución forzosa del mismo, de tal manera que el amparo resulte improcedente, pues como se expuso, el quejoso tiene que esperar hasta la última resolución del procedimiento respectivo, pues será hasta dicho momento que se actualice su agravio. En ese sentido, no constituye el cierre de la etapa de ejecución, porque se trata de una actuación que no es la última resolución dictada en la fase de ejecución del convenio, en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, por lo que no encuadra en el supuesto contenido en el referido precepto. En esas condiciones, hasta el dictado de la última resolución se pueden reclamar las demás violaciones que se consideren cometidas durante ese procedimiento, como las que alega el peticionario en su demanda de amparo, en virtud que por la naturaleza propia de éste, consiste en una serie de actos concatenados, que culmina con una resolución; es decir, dada la vinculación de causa a efecto entre las actuaciones judiciales, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución; y sería entonces cuando, en su caso, pudiera examinarse el acto reclamado que hace valer la aquí quejosa. Al caso resulta oportuno citar por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.) título: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS." Asimismo, por las consideraciones jurídicas que la sustentan, la diversa I.13o.T.13 K (10a.) , que dice en su título: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE." Siendo entonces, que la determinación que en esta vía de amparo se reclama, constituye el auto por el que se da inicio a la etapa de ejecución forzosa de convenio judicial, encaminado a cumplir con el fallo respectivo, es inconcuso que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado este último, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que hace procedente desechar de plano la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia. Como sustento a lo antes determinado, se cita la tesis número I.8º.C.21 K , de la que se advierte en su título: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN." Lo anterior de manera alguna irroga perjuicio al derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder ante los órganos correspondientes. Así, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de las pretensiones de las partes que promueven un determinado juicio de amparo no constituye, en sí mismo, una violación al principio pro persona o pro homine contemplado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, brindar una protección más amplia a las personas cuyo ámbito de protección deberá interpretarse conforme a las normas relativas a derechos humanos a la luz de nuestro texto Constitucional y los tratados internacionales en que el estado mexicano sea parte, favoreciéndolos en todo momento, ya que en todo procedimiento llevado ante las autoridades competentes existen ciertos requisitos de procedencia en el orden interno de los Estados en el que se deben ciertas garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Al respecto, se cita la tesis 1a. CCLXXVI/2012 , que dice lo siguiente en su rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." En otro orden, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el descrito en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada Laura de Ávila Andrade, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, atendiendo a que la materia del presente asunto es civil y únicamente en términos del numeral 24 de la Ley de la Materia, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Óscar Iván Díaz Gómez y Karla Daniela Ortiz González, en virtud de no contar con cédula profesional registrada. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito habilita días y horas inhábiles necesarios a efecto de practicar las notificaciones personales que se deriven de la tramitación del presente asunto. Atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  3. Principal

    cúmplase.

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