Francisco L. Hernández

Expediente 1064/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1064/2019
Año
2019
Actuaciones
40
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco L. Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Jefe de la Administración Postal en San Luis Potosí, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, informa el tratamiento dado al oficio 18072/2021 al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí. Sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento respecto de dicho oficio, toda vez que mediante acuerdo de siete de julio de este año, se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese el oficio 1825/2021 signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de junio del año en curso. Refiere dicha autoridad que el exhorto 679/2021 que le remitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, fue recepcionado el dieciséis de junio del año en curso, y radicado el dieciocho del mismo mes y año, mediante el cual se ordenó turnar los autos al actuario judicial de su adscripción a efecto de asociado de la parte actora y/o apoderado jurídico, se constituyeran en el domicilio oficial de la demandada Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí, y llevara a cabo lo ordenado en auto de veintidós de enero de dos mil veinte, sin que a la fecha se haya apersonado persona alguna para ello, por lo que dicha comunicación se encuentra en vía de diligenciación. Dicha determinación causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ordenándose requerir a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. Asimismo, comunicó que mediante acuerdo de nueve de marzo de este año, ordenó girar oficio recordatorio a la autoridad exhortada a efecto de que señalara fecha y hora, a fin de que realizara la diligencia del auto de veintidós de enero de dos mil veinte. Por lo anterior, este Juzgado ordenó requerir al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí a efecto de que informara si ya había dado cumplimiento al acuerdo de nueve de marzo de este año, en el juicio laboral 65/2010/M-5, a través del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, le había solicitado fijar fecha y hora, a fin de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de veintidós de enero de dos mil veinte. Por lo antes expuesto, se procede a acordar lo conducente en relación a este juicio de amparo 1064/2019-III. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el desistimiento de la acción de un amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de garantías, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida), sin necesidad de que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado o en su defecto el fondo de los agravios de la revisión. De igual importancia, la Segunda Sala ha sostenido que la parte quejosa también goza de la facultad de desistirse del recurso de revisión que haya intentado contra la sentencia recurrida; supuesto en el que sólo si se desiste del recurso de revisión debe dejarse firme la sentencia recurrida, y si lo hace simultáneamente por la demanda de amparo y el recurso, entonces se atenderá al desistimiento de la acción de amparo por ser preferente y decretar el sobreseimiento en el juicio. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictara los acuerdos y medidas necesarias para lograr el inmediato y eficaz cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Determinación que el veintidós de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria y, posteriormente se ordenó requerir a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma; la cual pese a diversos requerimientos que fueron formulados no se ha podido dar total cumplimiento; ello, con motivo de que la parte quejosa no ha realizado las acciones que a su parte corresponden para poder dar cumplimiento al fallo protector, no obstante que ya han transcurrido casi un año con siete meses desde que se otorgó la protección constitucional. Sobre el tópico, debemos tener presente que a partir de la lógica que ha sostenido este Alto Tribunal, consistente en que al reconocer el desistimiento de la acción constitucional, entonces con mayor razón, y aunque no esté expresamente previsto en la ley, reconoce el desistimiento del recurso de revisión, al tratarse de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal. En ese sentido, podemos concluir que es posible aceptar la figura del desistimiento en el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, cuando la parte quejosa no ha realizado las acciones necesarias para dar total cumplimiento al fallo, y quien es precisamente la parte agraviada. Además, ese procedimiento también puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, resulta que la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuencia de la parte quejosa de proseguir con le ejecución del fallo amparatorio. Esto ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si la afectada, ha expresado, con su reiterada omisión de actuar, su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que la propia afectada es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que la autoridad responsable haya cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante las omisiones de la parte quejosa en el sentido que no tiene interés en continuar con el procedimiento de amparo y, por ende, de su ejecución de fallo amparatorio, debe tenérsele por desistida. Consecuentemente, el efecto jurídico del manifiesto desinterés por la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de intereses patrimoniales -cumplimiento del laudo-, respecto de los cuales el quejoso ha omitido continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que ha quedado sin materia el cumplimiento respectivo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio 1825/2021 signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con sede en Tamazunchale, San Luis Potosí, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de junio del año en curso. Refiere dicha autoridad que el exhorto 679/2021 que le remitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, fue recepcionado el dieciséis de junio del año en curso, y radicado el dieciocho del mismo mes y año, mediante el cual se ordenó turnar los autos al actuario judicial de su adscripción a efecto de asociado de la parte actora y/o apoderado jurídico, se constituyeran en el domicilio oficial de la demandada Ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí, y llevara a cabo lo ordenado en auto de veintidós de enero de dos mil veinte, sin que a la fecha se haya apersonado persona alguna para ello, por lo que dicha comunicación se encuentra en vía de diligenciación. Dicha determinación causó ejecutoria el veintidós de septiembre de dos mil veinte, ordenándose requerir a la autoridad responsable por el cumplimiento de la misma. Asimismo, comunicó que mediante acuerdo de nueve de marzo de este año, ordenó girar oficio recordatorio a la autoridad exhortada a efecto de que señalara fecha y hora, a fin de que realizara la diligencia del auto de veintidós de enero de dos mil veinte. Por lo anterior, este Juzgado ordenó requerir al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí a efecto de que informara si ya había dado cumplimiento al acuerdo de nueve de marzo de este año, en el juicio laboral 65/2010/M-5, a través del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, le había solicitado fijar fecha y hora, a fin de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de veintidós de enero de dos mil veinte. Por lo antes expuesto, se procede a acordar lo conducente en relación a este juicio de amparo 1064/2019-III. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el desistimiento de la acción de un amparo consiste en la declaración de voluntad de la parte quejosa en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de garantías, el cual, debidamente ratificado, origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida), sin necesidad de que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado o en su defecto el fondo de los agravios de la revisión. De igual importancia, la Segunda Sala ha sostenido que la parte quejosa también goza de la facultad de desistirse del recurso de revisión que haya intentado contra la sentencia recurrida; supuesto en el que sólo si se desiste del recurso de revisión debe dejarse firme la sentencia recurrida, y si lo hace simultáneamente por la demanda de amparo y el recurso, entonces se atenderá al desistimiento de la acción de amparo por ser preferente y decretar el sobreseimiento en el juicio. En esas condiciones, en la especie se emitió sentencia el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dictara los acuerdos y medidas necesarias para lograr el inmediato y eficaz cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen. Determinación que el veintidós de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria y, posteriormente se ordenó requerir a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma; la cual pese a diversos requerimientos que fueron formulados no se ha podido dar total cumplimiento; ello, con motivo de que la parte quejosa no ha realizado las acciones que a su parte corresponden para poder dar cumplimiento al fallo protector, no obstante que ya han transcurrido casi un año con siete meses desde que se otorgó la protección constitucional. Sobre el tópico, debemos tener presente que a partir de la lógica que ha sostenido este Alto Tribunal, consistente en que al reconocer el desistimiento de la acción constitucional, entonces con mayor razón, y aunque no esté expresamente previsto en la ley, reconoce el desistimiento del recurso de revisión, al tratarse de medios de impugnación accesorios a la pretensión principal. En ese sentido, podemos concluir que es posible aceptar la figura del desistimiento en el procedimiento de ejecución del cumplimiento del fallo constitucional, cuando la parte quejosa no ha realizado las acciones necesarias para dar total cumplimiento al fallo, y quien es precisamente la parte agraviada. Además, ese procedimiento también puede ser catalogado como de características accesorias a la pretensión principal -juicio de amparo-, pues se genera y subsiste sólo a partir de la protección de la Justicia Federal con que se haya beneficiado a la parte quejosa. Ante ello, tenemos que ponderar el principio de prosecución de las partes que está íntimamente ligado al de instancia de parte agraviada. El principio de instancia de parte consiste en que el juicio de amparo sólo puede iniciar a través del ejercicio de la acción, es decir, incluye además, dentro del orden civil y administrativo la carga de impulsar el procedimiento, ya que no basta con la petición inicial de amparo plasmada en la demanda, sino que es necesario que lo impulse, lo cual ha sido reconocido como un principio de prosecución judicial. Por lo que el interés de las partes por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro y con motivo de éste, representa un aspecto imperioso dentro del trámite del amparo hasta su resolución final; caso contrario, no habría razón de emitir una sentencia o agotar las instancias procedimentales, de no existir interés de la quejosa por ello. De ahí que, si bien el orden público requiere el cumplimiento de las sentencias como una respuesta que constituye el reflejo de la eficacia en la investigación, sanción y reparación de cualquier derecho humano trasgredido a los gobernados que integran el Estado, lo cierto es que su interés no puede generar per se la apertura del juicio o su agotamiento hasta el cumplimiento de un fallo que se dirige directamente al resarcimiento de un derecho violado a uno de aquéllos, en tanto que éste ya no tenga interés en continuar con ese procedimiento. En mérito de ello, resulta que la ponderación entre el principio de interés social que reviste al cumplimiento de las sentencias de amparo y el de prosecución judicial, no encuentra conflicto en la especie, pues en ningún momento colisionan sus pretensiones y efectos con la renuencia de la parte quejosa de proseguir con le ejecución del fallo amparatorio. Esto ya que no subsiste el interés por la ejecución del fallo constitucional, en razón de que si la afectada, ha expresado, con su reiterada omisión de actuar, su desinterés de continuar con la ejecución de la sentencia de amparo, entonces no existe una afectación que impacte dentro de la sociedad o el sistema jurídico, ya que la propia afectada es quien ha decidido no continuar con el procedimiento a través del cual logra la eficacia de la sentencia. Lo anterior de ninguna manera implica que la autoridad responsable haya cumplido con la obligación impuesta con motivo de la concesión de amparo; sin embargo, es ante las omisiones de la parte quejosa en el sentido que no tiene interés en continuar con el procedimiento de amparo y, por ende, de su ejecución de fallo amparatorio, debe tenérsele por desistida. Consecuentemente, el efecto jurídico del manifiesto desinterés por la ejecución del fallo constitucional, es dejar sin materia el cumplimiento de la sentencia amparatoria, teniendo por concluido el juicio de amparo, sólo en lo que atañe a su cumplimiento; más aun atendiendo a la naturaleza del acto, como es en la especie, que se trata de intereses patrimoniales -cumplimiento del laudo-, respecto de los cuales el quejoso ha omitido continuar con la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Depuración del juicio principal. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General antes citado, toda vez que se concedió la protección constitucional en este asunto y que ha quedado sin materia el cumplimiento respectivo, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte mediante acuerdo de diecisiete de junio de este año, se giró el oficio 18072/2021 al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, requiriéndole para que dentro del plazo de tres días informara el trámite que le dio al exhorto 679/2021 que le remitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ello en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio. Sin que a la fecha obre el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, requiérase al Administrador de Correos de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, que se le conceden con fundamento en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se sirva remitir a este Juzgado la pieza postal del oficio 18072/2021 al Juez Mixto de Primera Instancia de Tamazunchale, San Luis Potosí, mismo que fue entregado a dicho Administrador Postal el veintidós de junio de este año, correspondiéndole la serie MA009890834MX, en la factura 4410. Apercíbase al Administrador de Correos, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.

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