Francisco Junior Espinosa Reyes

Expediente 25/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
25/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Francisco Junior Espinosa Reyes
  • FRANCISCO JUNIOR ESPINOSA REYES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Como se advierte de la certificación de esta fecha, en el presente expediente se concedió la suspensión de plano, por lo que una vez que transcurra dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser depurado por este juzgado -conservando la demanda, la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión de plano y el presente proveído-, y en su oportunidad, realícese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Obran documentos exhibidos por la parte quejosa de los catalogados como originales. Lo anterior de conformidad a los artículos 12 y 15 interpretado a contrario sentido y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), y párrafo segundo del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por lo que hace a los documentos catalogados como originales, se previene a la parte quejosa, para que, en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental. En el entendido que, de no hacerlo, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Para su obtención se deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ...TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En esa tesitura se tiene que no son ciertos los actos consistentes en desaparición forzada, detención fuera del procedimiento e identificación por medio de ficha signalética en agravio de los quejosos, atribuidos a las autoridades responsables: - Juzgado de Oralidad en Materia Penal del Estado de Guanajuato de la Segunda Región, con residencia en esta ciudad; - Jefe de Célula de la Coordinación Regional "B" de la Dirección General de Investigaciones de esta ciudad; - Director del Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato; y, - Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B". Lo anterior ya que al rendir sus informes justificados negaron dichos actos reclamados. En relación con la negativa apuntada, debe destacarse que si bien es verdad que, por regla general, ante la negativa de las de las autoridades respecto de los actos que se les imputan, corresponde a la parte quejosa la acreditación de su existencia y, además, la de su inconstitucionalidad, conforme a lo que disponen los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, no lo es menos que en tratándose de los actos consistentes en desaparición forzada y detención fuera del procedimiento, la carga de acreditar la inexistencia del acto reclamado corresponde precisamente a las autoridades responsables, es decir, al rendir sus informes respectivos deben demostrar o justificar que revelaron la suerte o paradero de la persona interesada, para evidenciar que siempre estuvo comunicada y nunca desaparecida, así como que la detención atendió a un procedimiento, o bien, en caso de que la detención atendiera a caso urgente, que se puso a disposición ante la autoridad correspondiente o en libertad en el plazo de cuarenta y ocho horas o noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada. Al respecto, es aplicable, por las razones que la informa, el criterio del tenor siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2020459 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: I.1o.P.164 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, página 4526 Tipo: Aislada DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA DE ACREDITAR SU INEXISTENCIA CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De la interpretación del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se concluye que tratándose de la referida violación de derechos humanos, cuando se demuestra que la detención de la víctima se efectuó por agentes estatales, la carga de la prueba de que no está desaparecida corresponde a la autoridad; por tanto, es inexacto que a las víctimas directa e indirectas, con el carácter de quejosos, se les pida que desvirtúen la negativa de las autoridades responsables, sino que corresponde a estas últimas al rendir su informe respectivo demostrar o justificar que revelaron la suerte o paradero de la persona interesada, para evidenciar que siempre estuvo comunicada y nunca desaparecida. Lo anterior, acorde con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los párrafos 139, 140 y 166 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009 del Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) en donde estableció que la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es aquél quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos. Asimismo, constata dicha premisa, la circunstancia de que el mencionado tribunal interamericano ha considerado que la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos y, finalmente, en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXI/2015 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.", ha determinado que la carga de la prueba de, entre otros actos, los tratos crueles e inhumanos, recae en el Estado, por lo que es ilegal que se argumente que el quejoso no probó plenamente ese acto para descartarla. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 53/2019. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sarabia Ascencio. Secretario: Daniel Marcelino Niño Jiménez. Nota: La tesis aislada P. XXI/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 233. Esta tesis se publicó el viernes 23 de agosto de 2019 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Luego, para una mejor compresión, se analizarán los actos en cita por separado.  Desaparición forzada. En efecto, el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, señala lo siguiente: "A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley." Del precepto anterior se obtiene que, para la configuración de la desaparición forzada se requiere la existencia de los elementos siguientes: 1. La privación de la libertad; 2. La intervención directa en dicho acto por agentes estatales o con la equiescencia de éstos; 3. La negativa de reconocer dicha privación de la libertad o detención; y, 4. El ocultamiento de la persona desaparecida. Ahora, se sostiene la inexistencia de la desaparición forzada en el presente juicio de amparo, pues al margen de la negativa sentada en el informe justificado, lo cierto es que el Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B", hizo del conocimiento de este juzgado federal que el veinticinco de enero de la anualidad que transcurre, por vía de colaboración con Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Agentes de Investigación a cargo de esa Célula, cumplimentaron una orden de aprehensión signada por el Juez de Control y Juicio Oral del Distrito II Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos en contra de los directos quejosos, motivo por el cual se dejaron al interior de los separos preventivos de esta ciudad, para lo cual dieron aviso a la Fiscalía Especial Regional del Estado de Jalisco a las quince horas con cuarenta minutos aproximadamente. Luego, el veintiséis de enero siguiente, a las trece horas con treinta minutos aproximadamente, fueron entregados a los policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Jalisco como se advierte de la entrega-recepción de detenidos *** que obra a fojas 80 y 102 de autos y que se reproduce a continuación: Luego, obra el acta de registro de ejecución de orden de aprehensión de la que se obtiene que los agentes de investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, *** realizaron el registro de la detención e informaron al Agente del Ministerio Público de Tepatitlán de Morelos, ***, a efecto de realizar las gestiones conducentes ante el Juez de Control, así se advierte del acta de registro que se reproduce a continuación. Y, obra el Registro de Puesta a Disposición a Juez de Control II adscrito a la ciudad de Tepatitlán, de la que se obtiene que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, los aquí quejosos quedaron a disposición del Juez en cita en el interior de las celdas de contención adjunta a la Sala del Juicio Oral, como se puede advertir de su reproducción a continuación: Además, obran las constancias actuariales de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, de las que se obtiene que la fedataria adscrita a este juzgado se constituyó en las instalaciones de los separos municipales a fin de localizar a los directos quejosos, y de la que en la parte que interesa, asentó lo siguiente: ". al encontrarme con él (la) directo quejoso (a), manifestó a la suscrita llamarse bajo protesta de decir verdad ***, quien no se identificó por no contar en estos momentos con algún documento. Sí es mi deseo ratificar la demanda de amparo promovida a mi favor." (fojas 25 y 26) ". al encontrarme con él (la) directo quejoso (a), manifestó a la suscrita llamarse bajo protesta de decir verdad ****, quien no se identificó por no contar en estos momentos con algún documento. Sí es mi deseo ratificar la demanda de amparo promovida a mi favor." (fojas 28 y 29) Actuaciones que evidencian la inexistencia de la desaparición forzada alegada, pues la autoridad responsable reconoció la privación de la libertad o detención de los quejosos y permitió el acceso a conocer su localización desde la detención hasta la puesta a disposición ante el órgano jurisdiccional, de ahí que no se actualicen los elementos 3 y 4 del artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, supra señalados.  Detención fuera del procedimiento. Por otro lado, no existe el acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en la detención fuera del procedimiento en los términos planteados, toda vez que del informe justificado rendido por el Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B" con residencia en esta ciudad, así como de las constancias que remitió anexas, se desprende que los quejosos no fueron detenidos fuera de procedimiento, por el contrario, si bien fueron detenidos, lo cierto es que fue en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Control y Juicio Oral del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, por el hecho que la ley señala como delito de fraude en perjuicio de ***. Incluso, del oficio 205/2021 registrado con el número de promoción 1849/2021, la Juez Especializada en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Adversarial II Distrito Judicial informó a este juzgado que los quejosos fueron vinculados a proceso el uno de febrero de dos mil veintiuno y remitió anexa el acta mínima de la audiencia de formulación de imputación y su continuación celebrada en la carpeta administrativa ***. Lo que pone en evidencia que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la detención ejecutada obedeció a una orden judicial dictada dentro de un procedimiento por el Juzgado de Control y Juicio Oral del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Autoridad omisa. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora federal que la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y/o de los Separos de Policía Municipal de esta ciudad, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante la presunción de los actos que se reclaman se encuentran desvirtuados, con las documentales exhibidas por diversas autoridades responsables, de la que se advierte que los quejosos sí fueron detenidos por agentes de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B", quienes fueron internos en los separos de esta ciudad, sin que haya sido negada la mencionada detención como se desprende de las documentales en cita y las razones actuariales signadas por la fedataria adscrita a este juzgado, por lo que la desaparición forzada alegada no existe. Así, tampoco existe la detención fuera de procedimiento, pues de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, remitida por el Jefe de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B", anexa a su informe de ley, se obtiene que tal detención obedeció a la orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Control y Juicio Oral del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco; incluso los quejosos fueron vinculados a proceso el primero de febrero de dos mil veintiuno, por lo que , es de concluir que la detención no se llevó fuera de procedimiento, por tanto, es inexistente. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". CUARTO. Certeza de actos. Por otra parte, es cierto el acto consistente en la orden de aprehensión, pues de las constancias que remitió anexas a su informe de ley por el Jefe de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B", así como las diversas aportadas por el Fiscal Especial Regional del Estado de Jalisco y la Juez Especializada en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Adversarial II Distrito Judicial de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se obtiene que mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado de Control y Juicio Oral del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, decretó orden de aprehensión en contra de *** por el hecho que la ley señala como delito de fraude, previsto y sancionado por los artículos 250 y 251 fracción III, en relación con los diversos 14 fracción I, 15, 19 fracción III del Código Penal para el Estado de Jalisco, cometido en perjuicio de ***, dentro de la carpeta de investigación ***. QUINTO. Causal de improcedencia. Luego, se procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes, o que este Juzgado advierta de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En la especie, este Órgano de Control Constitucional advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo , por sobrevenir un cambio de situación jurídica. En principio, conviene mencionar que el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder pronunciarse sobre tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Se estima pertinente aclarar que el cambio de situación jurídica ocurre del avance que ha adquirido un juicio o procedimiento por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí, pero que son autónomas e independientes unas con otras; por lo que la figura de cambio de situación jurídica se presenta cuando, habiéndose complementado una etapa procesal en todos sus componentes, queda superada dando pauta a que inicie el siguiente bloque de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Luego entonces, la hipótesis que se estudia otorga certeza a una nueva etapa procesal (la nueva situación jurídica), que el legislador contempla en esa disposición legal, para que una vez cerrada esa etapa previa e iniciada la nueva, no proceda el juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CXI/96 estableció las reglas generales para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación de jurídica, a saber: a) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. b) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; c) Que en el mismo procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; d) Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, e) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. En resumen, existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. Precisado lo anterior, conviene destacar que en la demanda de amparo, la parte quejosa reclamó la orden de aprehensión, presentación y/o comparecencia, girada en su contra, así como su ejecución. Ahora, de las constancias que remitió anexas a su informe de ley, el Jefe de la Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía General del Estado Región "B", así como las diversas aportadas por el Fiscal Especial Regional del Estado de Jalisco y la Juez Especializada en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Adversarial II Distrito Judicial de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se obtiene que mediante resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado de Control y Juicio Oral del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dictó orden de aprehensión en contra de los quejosos dentro de la carpeta de investigación ***. Luego, mediante oficio 205/2021, la Juez Especializada en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal del Sistema Penal Adversarial II Distrito Judicial en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, informó que en la carpeta administrativa ***, derivada de la carpeta de investigación ***, en la continuación de la audiencia inicial de uno de febrero de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos, se emitió auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos por el delito de fraude, según lo dispuesto por los artículos 250 y 251 del Código Penal del Estado de Jalisco, en agravio de ***, como se advierte de las constancias remitidas por la mencionada juez, registradas mediante promoción 1849/2021, a las cuales se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º, al ser documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: a. La orden de aprehensión girada en contra de los quejosos emana de la Carpeta de Investigación ***, dictada por el Juzgado de Control y Juicio Oral del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán de Morelos, Morelos, Jalisco. b. Al presentarse la demanda de amparo (veinticinco de enero de dos mil veintiuno) se encontraba vigente una orden de aprehensión girada contra los quejosos, en su calidad de inculpados, por el delito de fraude. c. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el uno de febrero de dos mil veintiuno, la juez responsable emitió auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos, por el delito de fraude en agravio de ***, en la carpeta administrativa ***, derivada de la carpeta de investigación ***. d. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. e. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de vinculación a proceso, puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esas consideraciones, al haber sido sustituida la orden de aprehensión por el auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que procede sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Época: Novena Época Registro: 169410 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Contradicción de tesis 129/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 30 de enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 17/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil ocho. Nota: Las tesis 2a./J. 10/2003 y P./J. 15/2003, citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVII, marzo de 2003, página 386 y XVIII, julio de 2003, página 12, respectivamente. Sin que el auto de vinculación a proceso emitido por la Juez Especializada en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, del Sistema Penal Adversarial II Distrito Judicial, sea parte del análisis dentro del presente juicio, toda vez que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto a la mencionada autoridad, caso en el que habría de señalar el acto que le reclamaba, sin que hubiese desahogado tal prevención, razón por la que en audiencia constitucional se determinó que la resolución del presente juicio se realizara en los términos planteados en la demanda inicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se reproduce a continuación: Época: Novena Época Registro: 194684 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a. CLXIV/98 Página: 113 DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Amparo en revisión 2662/98. Manuel Fernández Caballero. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución de la resolución reclamada, toda vez que no fue reclamada por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la citada orden. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 88, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.". SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

  4. Incidental

    ...CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, en razón de que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes previos. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato Niega Jefe de Célula de la Coordinación Regional "B" de la Dirección General de Investigaciones Niega Director del Centro Estatal de Prevención Social de Irapuato, Guanajuato Niega Cabe precisar que la autoridad ordenadora Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato, al rendir su informe previo, niega la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Bajo ese contexto, respecto de la omisión para rendir informe previo, por parte de la autoridad responsable ejecutora Director de Seguridad Pública y/o de los separos de Policía Municipal de Irapuato, y el reconocimiento parcial de los actos reclamados de la también autoridad ejecutora Jefe de Célula de Mandamientos Judiciales de la Dirección de Investigaciones de la AIC de la Fiscalía del Estado, Irapuato, Guanajuato, no puede actualizarse la presunción de certeza de los actos que se les atribuyen a dichas responsables, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. Lo anterior se concluye de ese modo, pues tocante a las autoridades ejecutoras, debe prevalecer la negativa de los actos reclamados por parte de la autoridad ordenadora Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal del Estado de Guanajuato, actuando en la sede Irapuato; consecuentemente, es factible, hacer extensiva dicha negativa, por lo que se refiere a las mencionadas autoridades ejecutoras, pues resulta inconcuso que no pueden ejecutar un acto inexistente. Aunado a que, la parte quejosa no aportó medios de convicción tendente a desvirtuar la negativa de la juez penal responsable ordenadora, por lo que con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, procede negarle la suspensión definitiva que solicitan los quejosos, respecto de las citadas autoridades, por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo al particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 356 del tomo X, Octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: Sirven de apoyo al particular las tesis siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 350656 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXVIII Materia(s) : Común Tesis: Página: 2275 ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan los actos que de ellas se reclaman, y el quejoso no rinde prueba alguna para desvirtuar esa negativa y demostrar la existencia de dichos actos, es improcedente conceder la suspensión contra los mismos. Amparo civil. Revisión del incidente de suspensión 8619/42. O Reilly y Llano María Guadalupe y coags. 30 de octubre de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José María Ortiz Tirado. La publicación no menciona el nombre del ponente" "Época: Quinta Época Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CV Materia(s): Común Tesis: Página: 1330 "SUSPENSIÓN, CUANDO NIEGA EL ACTO LA AUTORIDAD ORDENADORA. Es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto, cuando la autoridad ordenadora lo negó, pues sería incongruente que una autoridad ejecutora llevara a cabo medidas inexistentes. Amparo administrativo en revisión 1391/50. Sociedad Cooperativa de Pescadores, "Mar de Cortés" S. C. L. 11 de agosto de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Octavio Mendoza González" Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega a *** y *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por los motivos señalados en el considerando CUARTO de esta resolución...

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