Francisco Julián Rodríguez Rubio

Expediente 4/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
13/01/2023

Partes del expediente

  • Francisco Julián Rodríguez Rubio
  • Fiscal General de Justicia En el Estado, Con Residencia En la Ciudad de Mexicali.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Por otra parte, no es necesario notificar a las autoridades responsables el presente proveído para remitir el presente expediente al archivo, con motivo de que se negó el amparo en el juicio y únicamente a la parte quejosa es a quien le pudo causar afectación el sentido del fallo en cuestión; y por consecuencia, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Ahora bien, desprendiéndose de autos que este juicio de amparo en el que se sobreseyó, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;.... Cuadernos incidentales. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; (.) De igual forma, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y (.) Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. Finalmente, durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se formó un tomo de pruebas por separado -anexo-; mediante oficio devuélvase a la autoridad que lo remitió.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Julián Rodríguez Rubio, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el quinto punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente.

  3. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el oficio 5491/2022 y anexo que remite el Secretario del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, al que anexa testimonio de la resolución dictada dentro del recurso de queja 109/2022, interpuesto por ********************, en la cual se resolvió: "ÚNICO. En lo que fue materia de análisis en el presente medio de defensa, es fundado el recurso de queja, interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado, contra el proveído de seis de abril de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, dentro del juicio de amparo indirecto ********************." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo al superior jerárquico; asimismo, háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Del testimonio dictado por el Tribunal, se concluye: "En consecuencia, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja, revocar el acuerdo impugnado y, en su lugar, el juez de distrito deberá proveer lo conducente a efecto de que se remita la ampliación de la demanda de amparo, respecto a las autoridades responsables: a) Jueces de Control y, b) Coordinadora de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ambos de Tijuana, Baja California, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, a fin de que se registre como una demanda independiente y se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, el cual, en caso de no advertir la actualización de alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, deberá admitirla a trámite con un nuevo juicio." Atento a lo anterior, dado que la pretensión del promovente es ampliar la demanda de amparo, es importante precisar que el numeral 111 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De la interpretación gramatical del tramo normativo transcrito se desprende -en lo que aquí interesa- que podrá ampliarse la demanda cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, conforme a las reglas establecidas por el Alto Tribunal de esta Nación, para la procedencia de la ampliación de la demanda es necesario que del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto impugnado, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que la sustentan, supuestos que actualizan la ampliación sobre los actos combatidos, las autoridades responsables o los conceptos de violación. La Superioridad también estableció que para la procedencia de la ampliación, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación causa-efecto con los actos reclamados primigenios. En otras palabras, deben existir datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia en materia común P./J. 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, julio de 2003, tomo XVIII, página 12, registro 183932, cuyo rubro dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En el presente juicio de amparo, el acto reclamado consiste, en lo siguiente: De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la orden, así como la ejecución de la aprehensión, detención, orden de presentación, arresto e incomunicación, así como cualquier acto restrictivo de mi libertad y consecuencias legales de los mismos, en contra de mi persona como sería mi internación en las celdas de la Cárcel Pública Municipal o cualquier centro de reclusión existente en esta ciudad, actos llevados a a cabo fuera de todo procedimiento legal." Ahora bien, la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo señalando como nuevas autoridades responsables Jueces de Control y, Coordinadora de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ambos de Tijuana, Baja California; y el acto reclamado el siguiente: De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la orden, así como la ejecución de la aprehensión, detención, orden de presentación, arresto e incomunicación, así como cualquier acto restrictivo de mi libertad y consecuencias legales de los mismos, en contra de mi persona como sería mi internación en las celdas de la Cárcel Pública Municipal o cualquier centro de reclusión existente en esta ciudad, actos llevados a a cabo fuera de todo procedimiento legal." De lo anterior, se evidencia que los actos reseñados, por los que se pretende ampliar la demanda de amparo, se encuentran desvinculados del reclamado inicialmente, puesto que las autoridades responsables Jueces de Control y, Coordinadora de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, ambos de Tijuana, Baja California no guardan estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. No se soslaya que los actos en cuestión tuvieron lugar en el mismo expediente del que deriva el acto reclamado inicialmente y el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós por el que se pretende ampliar la demanda, puesto que no se advierte que este último sea una consecuencia inmediata y directa de aquél. En efecto, como se anticipó, la ampliación de la demanda de amparo, es procedente cuando se tiene conocimiento de nuevos actos, autoridades responsables y conceptos de violación que se encuentran vinculados con los reclamados en la demanda de amparo. Sin embargo, se estima que su pretensión no se encuentra en las hipótesis previstas en el artículo 111 de la Ley de Amparo, ni en los que refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se hizo alusión en párrafos precedentes, pues los actos, por los que se pretende ampliar la demanda de amparo son diferentes del por el que se instó la acción constitucional. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en sesión remota realizada a través del sistema de videoconferencia- determinó que la ampliación de demanda es una institución encaminada a dar una solución completa y adecuada a una controversia, equiparable a una acción de amparo. En ese sentido, la Superioridad consideró que la ampliación de demanda no debe ser desechada salvo que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, sin que la falta de vinculación estrecha con el juicio en el que se promueve actualice una, aunque la falta de este requisito ocasione que no pueda ser resuelta con el juicio original. Así, el Máximo Tribunal del País concluyó que cuando una ampliación de demanda no cumpla con los requisitos establecidos en el dispositivo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, la solución que mejor tutela el principio pro actione y el derecho de acceso a la justicia es remitir el escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite de una demanda independiente. De las consideraciones reseñadas derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." En mérito de lo anterior, previa copia certificada que se deje en autos, remítanse el escrito de ampliación de demanda, junto con sus anexos, así como con copia certificada de la totalidad de las constancias que forman este expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a fin de que la turne al órgano jurisdiccional que corresponda, para que conozca de los actos reclamados. En consecuencia, se levanta la suspensión del procedimiento dentro del juicio de amparo en que se actúa, y se señalan las diez horas con quince minutos del catorce de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que se señaló para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, mediante auto de veinticinco de abril del año en curso, se suspendió el procedimiento, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo; en ese sentido, no es posible celebrar la continuación de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanude el procedimiento en el presente juicio de amparo, momento en el cual se señalará hora y fecha para tal efecto.

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