Francisco Josúe Ordaz Guzman
Expediente 224/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Mónica Lizeth Ordaz Guzman
- Francisco Josúe Ordaz Guzman
- Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Del estado de autos se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Procede su análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida b) Que declare que no está cumplida c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Josué y Mónica Lizeth, ambos de apellidos Ordaz Guzmán, debido a que la autoridad responsable en cuanto al cálculo de la indemnización por daño moral: No ponderó la totalidad de los elementos para poder establecer una indemnización justa pues los únicos factores en que basó su fallo fue el grado del daño moral que resintieron los quejosos, así como el tope máximo indemnizatorio previsto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Respecto de la capacidad económica del Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo diversos razonamientos dogmáticos pues, no indicó cómo arribó a la conclusión de que del presupuesto para gastos asignado a ese organismo ninguna cantidad se encuentra destinada a cubrir indemnizaciones derivadas de la actividad irregular, es decir, no se justificó la razón por la cual una condena superior a la impuesta habría afectado los intereses de ese instituto. Y, tocante al monto que la sala responsable utilizó como tope máximo en el cálculo de la indemnización, se consideró que atenta contra la institución de cosa juzgada; pues, en la sentencia dictada el quince de enero de dos mil veinte en el expediente 1420/16-27-01-3, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo directo 1795/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, se determinó que la indemnización debería calcularse en función de la naturaleza del daño ocasionado, la valoración de los derechos lesionados y el grado de responsabilidad de los sujetos involucrados, sin tomar en consideración el monto máximo establecido en la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que esa disposición fue declarada inconstitucional; no obstante, al determinar el monto de la indemnización la autoridad responsable tomó en consideración como tope máximo, la cantidad de $1,460,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 menda nacional), monto que corresponde a veinte mil veces el salario mínimo en la Ciudad de México vigente en el año en que se presentó la demanda. Relativo a la indemnización por muerte, la autoridad responsable realizó una cuantificación incorrecta ya que no aplicó debidamente el artículo 1915 del Código Civil Federal pues no tomó en consideración que dicho dispositivo establece que para cubrir la indemnización se debe tomar como base el cuádruple del salario mínimo más alto, siendo éste el salario mínimo profesional más alto. Los efectos de la concesión consistieron en que, la Sala Regional responsable: 1) Dejara insubsistente la resolución incidental reclamada; y 2) Emitiera una diversa en la que: a. Reiterando lo que no fue materia de concesión, efectuara el cálculo de la indemnización por daño moral tomando en consideración (i) los parámetros objetivos expuestos en esta determinación y que fueron propuestos por la Segunda Sala del Máximo Tribunal al resolver el amparo directo 50/2015, y (ii) los vicios advertidos en su cálculo. Al respecto en la sentencia de mérito se indicó que, al resolver el amparo de referencia, la Primera Sala del Máximo Tribunal señaló que para lograr una justa indemnización en casos que involucren al Estado o a sus agentes como parte demandada, se partirá del siguiente esquema: A. Factores que ponderar respecto a la víctima a) Aspecto cualitativo del daño o daño moral en sentido estricto, el cual comprende la valoración de: (i) el tipo de derecho o interés lesionado (ii) la existencia del daño; y (iii) la gravedad de la lesión o daño. b) Aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, dentro del cual se deberán valorar: (i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos por devengar. B. Factores que ponderar respecto de los sujetos responsables: (i) naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar el hecho ilícito (ii) grado de responsabilidad (iii) capacidad económica y (iv) finalidad y objetivo de la indemnización. b. Por otra parte, para la cuantificación de la indemnización por muerte, debería utilizar como parámetro el "salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región", en el entendido de que ese importe debe seleccionarse de los salarios mínimos profesionales; asimismo, deberá elevarlo al cuádruple. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución interlocutoria de liquidación de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1420/16-27-01-3, en la que se dejó sin efectos la diversa sentencia interlocutoria de doce de marzo de dos mil veintiuno y, en lo que interesa se realizó lo siguiente: En cuanto al cálculo de la indemnización por daño moral: ? No tomó en consideración el tope máximo a que hace referencia el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (20,000 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México). Tomó en cuenta los siguientes aspectos: A. a) Tipo de derecho lesionado: la vida de la madre de los quejosos(ii) la existencia del daño; lo tuvo por demostrado con las constancias de autos y (iii) la gravedad de la lesión o daño: tomado en consideración los dictámenes periciales emitidos por los especialistas determinó como daño moral leve el ocasionado a los quejosos. b) Aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, dentro del cual se deberán valorar: (i) los gastos devengados derivados del daño moral: determinó que la parte actora no acreditó gasto alguno por daño moral; y (ii) los gastos por devengar: determinó que la actora no acreditó gastos morales por devengar. B. Factores que ponderar respecto de los sujetos responsables: (i) naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar el hecho ilícito: la madre de los accionantes era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social; (ii) grado de responsabilidad: la Sala determinó como grave el grado de responsabilidad del instituto demandado al tener como consecuencia de la actividad irregular la muerte de la madre de los actores; (iii) capacidad económica: la Sala estimó que el instituto demandado no acreditó la insolvencia para el pago de la indemnización por el daño causado a los actores, ni demostró que la indemnización pusiera en peligro la viabilidad financiera de la autoridad; y (iv) finalidad y objetivo de la indemnización: prevenir que el instituto demandado por conducto de los médicos que tiene a su cargo continúen realizando mala praxis causando todo tipo de menoscabo a los gobernados. ? Tomado en consideración lo anterior la sala responsable determinó como monto justo en uso de su facultad discrecional cuantificar la indemnización a partir de una suma base de veinticinco mil salarios mínimos vigentes en el año dos mil catorce, cantidad que multiplicó por su cuádruplo y dividir el resultado en tres, al haber determinado un daño leve ocasionado a los quejosos. Por lo que hace al cálculo de la indemnización por muerte: ? Tomando en consideración lo establecido en el artículo 14 de las Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en relación con los diversos numerales 1915 del Código Civil Federal vigente al momento en que falleció la madre de los actores y 52 de la Ley Federal del Trabajo, la sala responsable determinó calcular la indemnización tomando como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto en vigor de la región (salario mínimo profesional), multiplicado por cinco mil días, en término de lo dispuesto por el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. En atención a lo anterior, procede declarar que el fallo protector ha quedo cumplido, pues se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados. No son óbice para esta juzgadora las manifestaciones efectuadas por el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Hidalgo, por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, tendentes a evidenciar el incumplimiento del fallo protector, sin embargo, se considera que no le asiste la razón al tercero interesado por las consideraciones que en seguida se expondrán. El instituto tercero refiere que la sala responsable de manera arbitraria tomó en consideración una base de veinticinco mil salarios mínimos para calcular la indemnización por daño moral, pues no tomo en cuenta la cantidad que fue solicitada inicialmente por los quejosos para tal concepto $1,460,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Sostiene que tal resolución resulta incongruente al no resolver conforme a las cantidades solicitadas por los aquí quejosos como pago por concepto de indemnización de daño moral y muerte, variando el sentido de la litis y otorgando mayores prestaciones que las peticionadas por los actores. Respecto de tales argumentos, no asiste razón al quejoso, en virtud de que, como claramente se estableció en el fallo protector, el cálculo de la indemnización por daño moral y muerte debería realizarse conforme a los elementos ahí establecido, sin que se haya determinado que para su obtención debían considerarse únicamente las cantidades inicialmente solicitadas por los accionantes por tales conceptos. Asimismo, refiere que la resolución de mérito carece de congruencia en la motivación adoptada por la sala responsable, pues se contradice al analizar los dictámenes periciales emitidos por los peritos designados por la autoridad demandada y la tercero en discordia ello, pues señala que, por una lado, de tales dictámenes la sala responsable advierte que los actores simulan un daño toda vez que son capaces de producir de modo intencionado los síntomas relativos a una afectación psicológica y, por otro, tiene por acreditada una afectación psicológica. Sin embargo, el análisis de los dictámenes periciales de referencia no fue materia del fallo protector, pues como en la misma sentencia se estableció, la incorrecta valoración de las pruebas no fue susceptible de estudio al constituir cosa juzgada, ya que es la reiteración de una valoración efectuada en la sentencia de quince de enero de dos mil veinte, la cual fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1795/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Finalmente, manifiesta que, no obstante que sala responsable haya tenido por acreditado un daño psicológico a los reclamantes, el mismo no puede ser consecuencia de la actividad irregular en que incurrió el instituto demandado, en virtud de no existir dictamen médico del que se desprenda dicha circunstancia. Dicho argumento, ya no es susceptible de analizarse, pues ya quedó establecido en la sentencia definitiva emitida por la sala responsable que sí existe daño moral. Por lo que, se insiste, la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la copia certificada del expediente 1420/16-27- 01-3, que remitió en apoyo a su informe justificado. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable.-. M-I
- Principal
...PREVIO CITATORIO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Del estado de autos se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Procede su análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida b) Que declare que no está cumplida c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. Se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Josué y Mónica Lizeth, ambos de apellidos Ordaz Guzmán, debido a que la autoridad responsable en cuanto al cálculo de la indemnización por daño moral: No ponderó la totalidad de los elementos para poder establecer una indemnización justa pues los únicos factores en que basó su fallo fue el grado del daño moral que resintieron los quejosos, así como el tope máximo indemnizatorio previsto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Respecto de la capacidad económica del Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo diversos razonamientos dogmáticos pues, no indicó cómo arribó a la conclusión de que del presupuesto para gastos asignado a ese organismo ninguna cantidad se encuentra destinada a cubrir indemnizaciones derivadas de la actividad irregular, es decir, no se justificó la razón por la cual una condena superior a la impuesta habría afectado los intereses de ese instituto. Y, tocante al monto que la sala responsable utilizó como tope máximo en el cálculo de la indemnización, se consideró que atenta contra la institución de cosa juzgada; pues, en la sentencia dictada el quince de enero de dos mil veinte en el expediente 1420/16-27-01-3, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el amparo directo 1795/2017 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, se determinó que la indemnización debería calcularse en función de la naturaleza del daño ocasionado, la valoración de los derechos lesionados y el grado de responsabilidad de los sujetos involucrados, sin tomar en consideración el monto máximo establecido en la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, ya que esa disposición fue declarada inconstitucional; no obstante, al determinar el monto de la indemnización la autoridad responsable tomó en consideración como tope máximo, la cantidad de $1,460,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 menda nacional), monto que corresponde a veinte mil veces el salario mínimo en la Ciudad de México vigente en el año en que se presentó la demanda. Relativo a la indemnización por muerte, la autoridad responsable realizó una cuantificación incorrecta ya que no aplicó debidamente el artículo 1915 del Código Civil Federal pues no tomó en consideración que dicho dispositivo establece que para cubrir la indemnización se debe tomar como base el cuádruple del salario mínimo más alto, siendo éste el salario mínimo profesional más alto. Los efectos de la concesión consistieron en que, la Sala Regional responsable: 1) Dejara insubsistente la resolución incidental reclamada; y 2) Emitiera una diversa en la que: a. Reiterando lo que no fue materia de concesión, efectuara el cálculo de la indemnización por daño moral tomando en consideración (i) los parámetros objetivos expuestos en esta determinación y que fueron propuestos por la Segunda Sala del Máximo Tribunal al resolver el amparo directo 50/2015, y (ii) los vicios advertidos en su cálculo. Al respecto en la sentencia de mérito se indicó que, al resolver el amparo de referencia, la Primera Sala del Máximo Tribunal señaló que para lograr una justa indemnización en casos que involucren al Estado o a sus agentes como parte demandada, se partirá del siguiente esquema: A. Factores que ponderar respecto a la víctima a) Aspecto cualitativo del daño o daño moral en sentido estricto, el cual comprende la valoración de: (i) el tipo de derecho o interés lesionado (ii) la existencia del daño; y (iii) la gravedad de la lesión o daño. b) Aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, dentro del cual se deberán valorar: (i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos por devengar. B. Factores que ponderar respecto de los sujetos responsables: (i) naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar el hecho ilícito (ii) grado de responsabilidad (iii) capacidad económica y (iv) finalidad y objetivo de la indemnización. b. Por otra parte, para la cuantificación de la indemnización por muerte, debería utilizar como parámetro el "salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región", en el entendido de que ese importe debe seleccionarse de los salarios mínimos profesionales; asimismo, deberá elevarlo al cuádruple. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución interlocutoria de liquidación de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1420/16-27-01-3, en la que se dejó sin efectos la diversa sentencia interlocutoria de doce de marzo de dos mil veintiuno y, en lo que interesa se realizó lo siguiente: En cuanto al cálculo de la indemnización por daño moral: ? No tomó en consideración el tope máximo a que hace referencia el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (20,000 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México). Tomó en cuenta los siguientes aspectos: A. a) Tipo de derecho lesionado: la vida de la madre de los quejosos(ii) la existencia del daño; lo tuvo por demostrado con las constancias de autos y (iii) la gravedad de la lesión o daño: tomado en consideración los dictámenes periciales emitidos por los especialistas determinó como daño moral leve el ocasionado a los quejosos. b) Aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, dentro del cual se deberán valorar: (i) los gastos devengados derivados del daño moral: determinó que la parte actora no acreditó gasto alguno por daño moral; y (ii) los gastos por devengar: determinó que la actora no acreditó gastos morales por devengar. B. Factores que ponderar respecto de los sujetos responsables: (i) naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar el hecho ilícito: la madre de los accionantes era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social; (ii) grado de responsabilidad: la Sala determinó como grave el grado de responsabilidad del instituto demandado al tener como consecuencia de la actividad irregular la muerte de la madre de los actores; (iii) capacidad económica: la Sala estimó que el instituto demandado no acreditó la insolvencia para el pago de la indemnización por el daño causado a los actores, ni demostró que la indemnización pusiera en peligro la viabilidad financiera de la autoridad; y (iv) finalidad y objetivo de la indemnización: prevenir que el instituto demandado por conducto de los médicos que tiene a su cargo continúen realizando mala praxis causando todo tipo de menoscabo a los gobernados. ? Tomado en consideración lo anterior la sala responsable determinó como monto justo en uso de su facultad discrecional cuantificar la indemnización a partir de una suma base de veinticinco mil salarios mínimos vigentes en el año dos mil catorce, cantidad que multiplicó por su cuádruplo y dividir el resultado en tres, al haber determinado un daño leve ocasionado a los quejosos. Por lo que hace al cálculo de la indemnización por muerte: ? Tomando en consideración lo establecido en el artículo 14 de las Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en relación con los diversos numerales 1915 del Código Civil Federal vigente al momento en que falleció la madre de los actores y 52 de la Ley Federal del Trabajo, la sala responsable determinó calcular la indemnización tomando como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto en vigor de la región (salario mínimo profesional), multiplicado por cinco mil días, en término de lo dispuesto por el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. En atención a lo anterior, procede declarar que el fallo protector ha quedo cumplido, pues se estima que la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo, con lo cual la parte quejosa fue restituida en sus derechos fundamentales violados. No son óbice para esta juzgadora las manifestaciones efectuadas por el tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Hidalgo, por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, tendentes a evidenciar el incumplimiento del fallo protector, sin embargo, se considera que no le asiste la razón al tercero interesado por las consideraciones que en seguida se expondrán. El instituto tercero refiere que la sala responsable de manera arbitraria tomó en consideración una base de veinticinco mil salarios mínimos para calcular la indemnización por daño moral, pues no tomo en cuenta la cantidad que fue solicitada inicialmente por los quejosos para tal concepto $1,460,000.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Sostiene que tal resolución resulta incongruente al no resolver conforme a las cantidades solicitadas por los aquí quejosos como pago por concepto de indemnización de daño moral y muerte, variando el sentido de la litis y otorgando mayores prestaciones que las peticionadas por los actores. Respecto de tales argumentos, no asiste razón al quejoso, en virtud de que, como claramente se estableció en el fallo protector, el cálculo de la indemnización por daño moral y muerte debería realizarse conforme a los elementos ahí establecido, sin que se haya determinado que para su obtención debían considerarse únicamente las cantidades inicialmente solicitadas por los accionantes por tales conceptos. Asimismo, refiere que la resolución de mérito carece de congruencia en la motivación adoptada por la sala responsable, pues se contradice al analizar los dictámenes periciales emitidos por los peritos designados por la autoridad demandada y la tercero en discordia ello, pues señala que, por una lado, de tales dictámenes la sala responsable advierte que los actores simulan un daño toda vez que son capaces de producir de modo intencionado los síntomas relativos a una afectación psicológica y, por otro, tiene por acreditada una afectación psicológica. Sin embargo, el análisis de los dictámenes periciales de referencia no fue materia del fallo protector, pues como en la misma sentencia se estableció, la incorrecta valoración de las pruebas no fue susceptible de estudio al constituir cosa juzgada, ya que es la reiteración de una valoración efectuada en la sentencia de quince de enero de dos mil veinte, la cual fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1795/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Finalmente, manifiesta que, no obstante que sala responsable haya tenido por acreditado un daño psicológico a los reclamantes, el mismo no puede ser consecuencia de la actividad irregular en que incurrió el instituto demandado, en virtud de no existir dictamen médico del que se desprenda dicha circunstancia. Dicho argumento, ya no es susceptible de analizarse, pues ya quedó establecido en la sentencia definitiva emitida por la sala responsable que sí existe daño moral. Por lo que, se insiste, la autoridad responsable colmó los extremos de la ejecutoria de amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la copia certificada del expediente 1420/16-27- 01-3, que remitió en apoyo a su informe justificado. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable.-. M-I
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. MANIFESTACIONES CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA. Agréguese el oficio de cuenta. Se tiene al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Hidalgo, por conducto del Titular de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, desahogando la vista otorgada en autos, con motivo del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; las cuales serán tomadas en consideración al momento de analizar si el referido fallo protector fue cabalmente ejecutado o no, si hay imposibilidad para hacerlo, o bien, si se incurrió en exceso o defecto.-. M-I
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de octubre de dos mil veintiuno. VISTA CON EL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, por medio del cual remite el diverso oficio firmado por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se tiene a la referida autoridad responsable, remitiendo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada de la resolución interlocutoria de liquidación de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1420/16-27-01-3. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Bajo el apercibimiento de que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá lo concerniente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable..-. M-I
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