Francisco Jose Romero Serrano

Expediente 223/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
223/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Francisco Jose Romero Serrano
  • Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal Y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Con Sede En Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós . FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes legitimadas para ello lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por tanto, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades, se ordena devolver lo siguiente: -Al Juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente con sede en Cholula, (Javier Vázquez Fernández), tres discos versátiles digitales que contienen las audiencias de formulación de imputación, vinculación a proceso y de revisión de medidas cautelares celebradas en la causa penal 631/2021/CHOLULA (foja 284). -A la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla (Magally Escamilla Rodríguez), el anexo I, consistente en copia autorizada de la carpeta judicial administrativa 647/2022/PUEBLA. Sin que haya lugar a devolver el disco versátil digital que contiene la audiencia inicial de veintiséis de febrero de dos mil veintidós, celebrada en la referida carpeta judicial administrativa que se encontraba glosado a foja 248 de autos, cuenta habida que fue remitido junto con las constancias atinentes a la separación de juicios ordenada en proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a quien por turno correspondió conocer de la aludida separación, radicando el juicio 425/2022 de su estadística. No ha lugar a requerirles el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que las responsables se encuentran en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, cerciorarse que en los acuses de dichas misivas, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades que se citan en este acuerdo, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 223/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Francisco José Romero Serrano; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado electrónicamente el dos de marzo de dos mil veintidós, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que cuenta con la evidencia criptográfica del promovente, que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, Francisco José Romero Serrano, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos siguientes: "1) MAGALLY ESCAMILLA RODRIGUEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA con domicilio oficial conocido en avenida once sur, número 11921, colonia Ex Hacienda Castillotla, Puebla, Puebla. C.P.72498. 2) JAVIER VÁZQUEZ FERNANDEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN CHOLULA, con domicilio oficial conocido en Cholula. 3) AL C. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL. 4) El FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL. 5) DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIQN SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL. 6) El DIRECTOR DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLICÍA PROCESAL, CON DOMICILIO OFICIAL CONOCIDO. 7) HILDA SULLY CUAUTLE MORENO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, CON DOMICILIO OFICIAL CONOCIDO. 8) FRINE HERNANDEZ BENITEZ AGENTE DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, CON DOMICILIO OFICIAL CONOCIDO IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de cada una de las autoridades responsables, los siguientes actos reclamados: CON EL CARÁCTER DE ORDENADORAS. 1) A MAGALLY ESCAMILLA RODRIGUEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, le reclamo los siguientes actos y omisiones específicos que derivan de una aprehensión con motiva de la carpeta de investigación FGEP/CDI/UEIORPI/UEIORPl-1/000022/2022, y de la causa judicial administrativa 647/2022/PUEBLA, por los hechos con apariencia de delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILlCITA: a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 2) AL JUEZ JAVIER VAZQUEZ FERNANDEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUClÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN CHOLULA, le reclamo los siguientes actos y omisiones específicos que derivan de una vinculación a proceso dentro de la causa judicial administrativa 631/2021/CHOLULA por los hechos con apariencia de delito de VIOLENCIA FAMILIAR: a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme lodos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. CON EL CARACTER DE EJECUTORAS 3) AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGAClÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL, a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 4. AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 5. AL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 6. AL DIRECTOR DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLlCÍA PROCESAL a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 7. HILDA SULLY CUATLE MORENO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 8) FRINE HERNANDEZ BENITEZ AGENTE DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 9) DE TODAS LAS AUTORIDADES SEÑALADAS reclamo, las consecuencias lógicas, legales y naturales que se desprenden de todos y cada uno de los actos específicos reclamados a las autoridades responsables ordenadora y ejecutora, las cuales se traducen en molestia, intimidación, castigo personal." La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en diversos instrumentos internacionales (foja 9). SEGUNDO. Trámite del asunto. En acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 23 a 34), se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 223/2022 de este índice, se desechó por cuanto hace a la autoridad señalada como "6) El DIRECTOR DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLICÍA PROCESAL" y se admitió -sin incidente de suspensión- por las restantes, otorgándole la suspensión de plano de los actos reclamados, se solicitaron los informes sobre suspensión de plano y justificados a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 80). En proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se decretó la separación de juicios, precisándose que en el presente juicio de amparo 223/2022, se analizaría únicamente el acto reclamado al juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente con sede en Cholula, (Javier Vázquez Fernández), es decir, la falta de atención médica en la causa penal 631/2021/CHOLULA, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar. TERCERO. Cita para sentencia. En acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (foja 294), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad que reside en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y del análisis del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que en este juicio de derechos fundamentales, Francisco José Romero Serrano, reclama: Del juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente con sede en Cholula, (Javier Vázquez Fernández), la falta de atención médica en la causa penal 631/2021/CHOLULA, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." El juez responsable, al rendir su informe justificado al rendir su informe justificado (foja 196 a 197 y 282 a 283), negó la existencia de la omisión a él reclamada, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dicha negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Justamente, del contenido de su informe se aprecia que el juzgador en cita al momento de que se instó el presente controvertido, no tenía al hoy quejoso a su disposición en alguna institución penitenciaria o administrativa, por lo que se estima que no existía obligación de proporcionarle atención médica alguna. Ello, porque si bien la responsable le instruye el proceso penal 631/2021/CHOLULA, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar, lo cierto es que a las audiencias de formulación de imputación (de trece de febrero de dos mil veintidós) y vinculación a proceso (de diecinueve siguiente), asistió (por videoconferencia) al amparo de la suspensión definitiva concedida (el cinco de enero de dos mil veintidós) en el diverso controvertido constitucional 1210/2021 de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, contra la orden de aprehensión emitida en su contra en esa causa penal. Asimismo, porque el juez responsable le impuso medidas cautelares diversas a la de prisión preventiva, a saber la presentación periódica ante el juzgado responsable, separación inmediata del domicilio y suspensión temporal del ejercicio de una determinada profesión o actividad laboral. Y, aunque el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se celebró -a petición de la representación social - una audiencia por videoconferencia de revisión de medidas cautelares, donde se impuso a Francisco José Romero Serrano, la prisión preventiva necesaria, se precisó que el internamiento del hoy quejoso surtiría efectos hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el ya mencionado juicio de amparo 1210/2021 de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, lo que al momento de la presentación de la demanda de amparo no había ocurrido. Circunstancias que se corroboran con los registros audiovisuales de las mencionadas audiencias remitidos por la responsable (agregados a foja 284de autos). En cuanto a la valoración de las videograbaciones de las audiencias celebradas en el procedimiento penal, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así como de la consulta al referido juicio de amparo 1210/2021, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y su incidente, través de la página https://www.dgej.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ExpedienteyTipo.asp, a disposición del público en general, del que se aprecia que al menos a la fecha de presentación de la demanda de amparo (dos de marzo del año en curso), el recurso de revisión contra la sentencia dictada en ese controvertido constitucional (el veintisiete de enero de dos mil veintidós) no se ha resuelto. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Al respecto se cita la jurisprudencia "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." En consecuencia, es evidente que no existe la omisión reclamada al juez responsable, pues como se afirmó, no existía obligación de proporcionarle la atención médica que señala, en tanto que el quejoso no se encontraba a su disposición por lo que ve a su libertad personal (ya que esta se encuentra resguardada por el homólogo federal multicitado), y al menos a la fecha de presentación de la demanda (dos de marzo de dos mil veintidós) tampoco se encontraba interno en institución alguna (penal o administrativa) con motivo de los hechos que se investigan en el proceso penal 631/2021/CHOLULA, por el hecho con apariencia de delito de violencia familiar. Lo anterior aunado a que no se aprecia que durante el desarrollo de las audiencias antes señaladas se hubiera presentado algún evento derivado de un padecimiento del quejoso, que ameritara dictar las medidas necesarias o urgentes a efecto de otorgarle atención médica inmediata; sin pasar por alto que la audiencia de vinculación a proceso celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo, por videoconferencia, en el hospital "Ángeles" de Puebla, donde evidentemente se encontraba a su alcance el equipo y personal médico necesarios para atender alguna eventualidad relacionada la salud del hoy quejoso. Así ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que en el particular se estime aplicable lo dispuesto en la jurisprudencia "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO.", pues se insiste, al momento de instar la acción constitucional el hoy quejoso no se encontraba interno en institución penitenciaria alguna con motivo del proceso penal del que afirma deriva la omisión reclamada, ni se aprecia que con posterioridad lo haya estado. No es obstáculo para emitir esta determinación el que no se haya emplazado a persona alguna como tercera interesada, ya que es evidente que el sobreseimiento en el juicio no resulta contrario a los intereses de dicha parte procesal y, por ende, no le irroga perjuicio alguno; al margen de que a nada práctico conduciría llevar a cabo el emplazamiento, pues se considera que ello no trascendería al resultado del fallo, pues de ninguna forma cambiaría su sentido y, únicamente, retardaría el procedimiento y la resolución del asunto. En apoyo a lo anterior se citan las siguientes jurisprudencias: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EMPLAZAMIENTO DE POSIBLES TERCEROS INTERESADOS. SU FALTA NO PROVOCA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE QUE LA SENTENCIA QUE SE DICTE NO SERÁ CONTRARIA A SUS INTERESES. Encontrándose una controversia constitucional en estado de resolución y advirtiéndose de su estudio que no se llamó a juicio a posibles terceros interesados, no procede reponer el procedimiento si de su análisis se desprende que el sentido de la resolución que se dicte no será contrario a sus intereses y, por ende, no les causará agravio alguno; además, a nada práctico conduciría y únicamente retardaría el procedimiento y la resolución del asunto." "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO CUANDO ELLO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Si al admitirse una demanda de amparo el a quo tuvo como tercero perjudicado a determinada persona, y de las constancias de autos se desprende que no fue emplazada, pero además dicha omisión trasciende al resultado del fallo, debe revocarse la sentencia que se revisa para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de la violación procesal cometida, ordenando se subsane esa irregularidad y hecho lo anterior, se señale nuevo día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional". CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Francisco José Romero Serrano, por derecho propio, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el oficio 16072/2022, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el cual trae inserto el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 425/2022, de su estadística, del cual se advierte que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Francisco José Romero Serrano; asimismo, acusa de recibo las copias certificadas del juicio de amparo 223/2022 -del índice de este juzgado-, un anexo y un disco óptico DVD, remitidos por este órgano de control constitucional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, como se solicita relacionar el presente expediente con el diverso 425/2022 de su estadística, se ordena al oficial judicial "A" adscrito a este juzgado de distrito, que de inmediato realice las gestiones correspondientes para la vinculación de la versión electrónica de este juicio de amparo, con el diverso 425/2022 del homólogo en cita, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales condignos. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por lista a las demás partes y por cualquier medio de comunicación interna al oficial judicial "A" adscrito a este Juzgado de Distrito.

  4. Principal

    18-04-2022 Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el presente juicio de amparo el quejoso Francisco José Romero Serrano, reclamó: "CON EL CARÁCTER DE ORDENADORAS. 1) A MAGALLY ESCAMILLA RODRIGUEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN PUEBLA, le reclamo los siguientes actos y omisiones específicos que derivan de una aprehensión con motiva de la carpeta de investigación FGEP/CDI/UEIORPI/UEIORPl-1/000022/2022, y de la causa judicial administrativa 647/2022/PUEBLA, por los hechos con apariencia de delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILlCITA: a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 2) AL JUEZ JAVIER VAZQUEZ FERNANDEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUClÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE CON SEDE EN CHOLULA, le reclamo los siguientes actos y omisiones específicos que derivan de una vinculación a proceso dentro de la causa judicial administrativa 631/2021/CHOLULA por los hechos con apariencia de delito de VIOLENCIA FAMILIAR: a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme lodos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. CON EL CARACTER DE EJECUTORAS 3) AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGAClÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL, a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 4. AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 5. AL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN ESTA CIUDAD CAPITAL a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 6. AL DIRECTOR DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLlCÍA PROCESAL a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 7. HILDA SULLY CUATLE MORENO, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 8) FRINE HERNANDEZ BENITEZ AGENTE DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGAClÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA a) la puesta en peligro de la vida del quejoso y comprometer la salud e integridad del quejoso, así como la omisión de proporcionar la atención médica y hospitalaria que se requiera con motivo del estado de salud en que se encuentra el quejoso, incluyendo la práctica de estudios especializados, atendiendo los lineamientos de salud, así como los propios de la profesión médica, y realizarlos de forma gratuita. b) La omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar su padecimiento, de forma gratuita. c) La indebida atención recibida en audiencia de fecha 26 de febrero de 2022 por un paramédico y no de un médico. d) La omisión de verificar el estado de salud real mediante un médico. e) La falta de hospitalización y atención médica especializada. 9) DE TODAS LAS AUTORIDADES SEÑALADAS reclamo, las consecuencias lógicas, legales y naturales que se desprenden de todos y cada uno de los actos específicos reclamados a las autoridades responsables ordenadora y ejecutora, las cuales se traducen en molestia, intimidación, castigo personal." (Lo subrayado es propio) De lo transcrito, se aprecia con claridad que el hoy quejoso reclama de dos jueces distintos la omisión de proporcionarle atención médica en relación con dos proceso penales diversos. Justamente, el hoy quejoso reclama: 1. De la jueza de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, (Magally Escamilla Rodríguez), la falta de atención médica en la causa penal 647/2022/PUEBLA, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la indebida atención médica que se le dio en audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veintidós, celebrada en dicho proceso. De igual forma, se aprecia que reclama lo mismo de las diversas autoridades señaladas como ejecutoras. En ese aspecto conviene señalar que respecto de la autoridad denominada como "6. DIRECTOR DE MEDIDAS CAUTELARES Y POLlCÍA PROCESAL", se desechó la demanda en auto de tres de marzo de dos mil veintidós. 2. Por otro lado se advierte que reclama del juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente con sede en Cholula, (Javier Vázquez Fernández), la falta de atención médica en la causa penal 631/2021/CHOLULA, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar. De lo anterior se colige que se está en presencia de actos cuya fuente generadora proviene de carpetas judiciales administrativas desvinculadas entre sí; de ahí que sea procedente -de oficio- separar dichos actos reclamados, respecto de cada expediente. En efecto, la figura de separación de juicios es, por naturaleza, contraria a la de acumulación, por lo tanto, a diferencia de ésta, aquélla tiene por objeto evitar que en un solo expediente se resuelva sobre actos reclamados cuya fuente generadora provenga de procedimientos distintos y desvinculados entre sí; todo ello en razón de una mejor administración de justicia; sin embargo, al no estar regulada la figura jurídica de la separación por la Ley de Amparo, entonces, en aras de precisar las reglas de su estudio, debe atenderse a la jurisprudencia, que enseguida se transcribe. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Así las cosas, la separación de juicios es procedente cuando se reclaman en conjunto varios actos que están desvinculados entre sí, como en el presente caso sucede, pues se reclaman actos cuyo origen deviene de diversas averiguaciones previas. ACTOS DE LOS QUE SE OCUPARÁ ESTE SUMARIO CONSTITUCIONAL. Por consiguiente, al considerarse que los actos reclamados están desvinculados entre sí, deben tratarse en juicios separados, por lo que es procedente la separación de juicios; en el entendido que en el presente juicio de amparo 223/2022, se analizará únicamente el acto reclamado al juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente con sede en Cholula, (Javier Vázquez Fernández), es decir, la falta de atención médica en la causa penal 631/2021/CHOLULA, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de violencia familiar. En consecuencia, fórmense un cuaderno de antecedentes con motivo de la presente separación de juicios, que deberá contener copia certificada de todo lo actuado en este sumario constitucional y, copia de los anexos correspondientes (1) y el disco versátil digital remitido por la responsable jueza de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, (Magally Escamilla Rodríguez), que se encuentra glosado en autos a foja 248. Sin que haya lugar a ordenar la copia de los diversos remitidos por el juez de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-poniente con sede en Cholula, (Javier Vázquez Fernández) -foja 284- cuenta habida que su contenido sólo se relaciona con el acto por el que se seguirá este controvertido. ORDEN DE REMISIÓN DE CUADERNILLO y DISCO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. Hecho lo anterior, se ordena remitir dicho cuaderno de antecedente y disco versátil digital, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla, a fin de que registre esa demanda y la remita al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece la disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en relación con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se deroga la fracción VIII del artículo 46 del primer acuerdo citado. En ese sentido, el juicio de amparo que se separa versará sobre la falta de atención médica a Francisco José Romero Serrano, en la causa penal 647/2022/PUEBLA, que se le instruye por el hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la indebida atención médica que se le dio en audiencia de veintiséis de febrero de dos mil veintidós, celebrada en dicho proceso, por parte de la jueza de Oralidad Penal y Ejecución del sistema acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, (Magally Escamilla Rodríguez). Y su ejecución, por parte de las autoridades señaladas con tal carácter. Lo anterior, en observancia a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla.

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