Francisco José Rodríguez Ponce
Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco José Rodríguez Ponce
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Se advierte que transcurrió el plazo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja, en contra del auto de treinta y uno de enero del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías.- CAUSA ESTADO. Se declara que dicho proveído ha causado estado.- ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y, archivar el expediente como asunto concluido.- DESTRUCCIÓN. Al no obrar documentos originales, se considera que es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años.- FIRMA ELECTRÓNICA.- Notifíquese.
- Principal
RECEPCIÓN DE ESCRITO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato y otras autoridades, lo que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ****.--- DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al principio de definitividad que rige el Juicio de Amparo, el promovente previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, el motivo de improcedencia contenido en la porción normativa transcrita, se encuentra justificado por el hecho de que la parte solicitante del amparo no agotó, previo a acudir a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa concedido por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Cierto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, virtud al ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte quejosa en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Por tanto, antes de promover el juicio de amparo, era indispensable que se agotara el medio de defensa ordinario que la ley aplicable le concede (recurso de revocación); y al no haberlo hecho así, es dable sostener que no satisfizo el principio de definitividad del juicio de amparo, lo que torna improcedente la acción constitucional ahora intentada. Por tanto, al encontrase actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado analizado en el presente apartado, se desecha la demanda de amparo. En ese mismo orden, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el apartado II, al inicio precisado, atribuido al Agente del Ministerio Público de Litigación Oral de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Región "D", que consiste en la falta de oposición y la omisión de impugnar ante la Jueza de Oralidad Penal al haber dejado sin efectos la materialización de la audiencia inicial señalada el diez de enero de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley Amparo, atento a que no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los artículos transcritos. En el caso, se desprende que el quejoso señala como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de Litigación Oral de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Región "D", que solicitó se fijara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial dentro del proceso penal *****, la cual, una vez llegado su desahogo, la Jueza de Control estableció dejar sin efectos la audiencia inicial y postergar su celebración una vez transcurrido el plazo de quince días que otorgó a la defensa particular del imputado para allegar el dictamen que ofreció; de ahí que al judicializar la carpeta de investigación y encontrarse a la potestad de la Jueza de Control para la verificación de la audiencia inicial en dicho procedimiento, el Ministerio Público actuó en dicha diligencia como parte dentro de ese proceso penal, no como autoridad responsable. Ello, pues conforme lo establecido en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que los sujetos del procedimiento tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en dicha codificación, entre ellos, el Ministerio Público. De tal manera que si el acto que se reclama al Agente del Ministerio Público, quien intervino en la causa que ya se encontraba a la potestad de la Jueza de Control en el momento en que se llevó a cabo la audiencia, se colige que era dicha Juzgadora quien tenía la dirección de la citada audiencia y quien dirigía el desarrollo de la investigación formalizada; de tal manera que el Ministerio Público señalado como autoridad responsable actuó como parte en el propio procedimiento. Por tanto, debe señalarse que el Agente del Ministerio Público actuando en la audiencia inicial del procedimiento penal, no pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable, ya que -como se señaló- la dirección del desarrollo de dicha audiencia correspondía a la Jueza del proceso y, por tanto, dicha Representación Social se encontraba en un plano de igual con las demás partes intervinientes en dicha causa penal. De lo que se sigue que en la intervención de dicha audiencia el Ministerio Público no se encontraba realizando actos que materialmente le correspondían a su actuar -incluso, regulado en el proceso por la Jueza- como autoridad investigadora, pues se encontraba sujeto a la dirección de la Jueza de Control durante el desarrollo de la mencionada audiencia. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios contradictorios al resolver si el Ministerio Público tiene carácter de autoridad para efectos del amparo durante la etapa de investigación complementaria. Uno de ellos determinó que se trata de una parte procesal, pues se encuentra judicializada la investigación, mientras que el otro le atribuyó el carácter de autoridad por estar a cargo de la indagación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el Ministerio Público actúa, durante toda la etapa de investigación, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es, por tanto, una autoridad cuya actuación es susceptible de afectar la esfera jurídica de un particular. Por tanto, sus actos u omisiones ocurridas en esa etapa pueden ser reclamados en el juicio de amparo cuando se estimen vulnerados los derechos fundamentales de la persona imputada o de la víctima. Justificación: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Ministerio Público es la única autoridad facultada para la investigación de los hechos ilícitos y la responsabilidad penal de quienes los cometen. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal ocurre en tres etapas: la de investigación, la intermedia y la de juicio oral. Conforme a esa legislación, la naturaleza e intervención del Ministerio Público en el procedimiento penal es distinta según el momento procesal. Inicialmente, se dedica, como autoridad investigadora, a la práctica de diligencias con el fin de esclarecer los hechos constitutivos de delitos, para después -como órgano acusador- ejercer acción penal ante una autoridad judicial. Aunque la etapa de investigación se divide en inicial y complementaria, la cual inicia con el dictado del auto de vinculación a proceso, debe entenderse a la investigación como un continuo en que, en todo momento, el Ministerio Público es responsable de conducir y dirigir la indagatoria. El propio código dispone que la investigación no se suspende, incluso, mientras dure la audiencia inicial, en la que se fija el plazo máximo de duración de la investigación complementaria. De ahí que resulte clara la división de competencias en el proceso penal: el órgano ministerial es el encargado de esclarecer los hechos delictivos y, en su caso, instar la actuación de los tribunales, mientras que la autoridad judicial supervisa o revisa -según sea el caso- la investigación ministerial para asegurar -a priori o a posteriori- que durante ella no se violen derechos humanos; decide sobre la existencia del delito y sobre la responsabilidad de la persona imputada en su comisión, e impone las sanciones correspondientes de acuerdo con el marco legal disponible, con base en los elementos expuestos ante ella de manera oral y conforme a los principios de inmediación y contradicción. Se insiste, para determinar si ese órgano actúa como autoridad o como parte procesal, no basta con observar la etapa del proceso penal, sino que se debe atender la naturaleza del acto atribuido. De esta manera, el Ministerio Público actúa, durante la investigación complementaria, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 21 constitucional. Distinto supuesto cuando el Ministerio Público, como parte, solicita la apertura del juicio abreviado, como estudió esta Sala al resolver la contradicción de tesis 82/2019". De donde se sigue que si al Ministerio Público que compareció a la audiencia de diez de enero del año en curso, ante la Jueza de Control adscrita al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato, dentro de la causa penal 1P3322-131, la parte quejosa le atribuye la falta de oposición y la omisión de impugnar ante ese órgano jurisdiccional haber dejado sin efectos la materialización de la audiencia inicial señalada el diez de enero de dos mil veintidós, es inconcuso que la naturaleza de ese acto -que la quejosa le atribuye al fiscal- no corresponde a su actuar dentro del desarrollo de la investigación sino a su proceder que desplegó -en una audiencia específica- ante la jueza del proceso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción II de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se procede a desechar la demanda de amparo respecto del acto que se analiza en este apartado. AUTORIZADOS. En términos de la primera parte, párrafo segundo del artículo 12 se tiene como autorizados a José Antonio Juárez Castillo y Óscar Benito Pelayo Bernal, en razón de que cuentan con cédula registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, como así se desprende de la certificación que antecede; y en términos restringidos de dicho numeral a *****, por así solicitarlo de manera expresa.--- DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. De acuerdo a lo establecido por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el despacho jurídico *****; por tanto, las personales que se ordenen en el presente asunto, habrán de realizarse en ese lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES QUE SE GENEREN DURANTE EL JUICIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales del presente asunto. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FIRMA ELECTRÓNICA.--- Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
- Principal
AVISO.- [SE ORDENA NOTIFICACIÓN POR LISTA].- Toda vez que la PARTE QUEJOSA, no compareció ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se le dejó el AVISO correspondiente, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de LISTA que se fija en los estrados de este juzgado, la resolución de TREINTA Y UNO DE ENERO DE ESTE AÑO, que en lo conducente dice: "RECEPCIÓN DE ESCRITO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control adscrito al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato y otras autoridades, lo que considera violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se ordena formar el expediente respectivo y hacer las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ****.--- DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de sus anexos, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al principio de definitividad que rige el Juicio de Amparo, el promovente previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ahora bien, el motivo de improcedencia contenido en la porción normativa transcrita, se encuentra justificado por el hecho de que la parte solicitante del amparo no agotó, previo a acudir a la instancia constitucional, el recurso o medio de defensa concedido por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Cierto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, virtud al ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte quejosa en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Por tanto, antes de promover el juicio de amparo, era indispensable que se agotara el medio de defensa ordinario que la ley aplicable le concede (recurso de revocación); y al no haberlo hecho así, es dable sostener que no satisfizo el principio de definitividad del juicio de amparo, lo que torna improcedente la acción constitucional ahora intentada. Por tanto, al encontrase actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado analizado en el presente apartado, se desecha la demanda de amparo. En ese mismo orden, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el apartado II, al inicio precisado, atribuido al Agente del Ministerio Público de Litigación Oral de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Región "D", que consiste en la falta de oposición y la omisión de impugnar ante la Jueza de Oralidad Penal al haber dejado sin efectos la materialización de la audiencia inicial señalada el diez de enero de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley Amparo, atento a que no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los artículos transcritos. En el caso, se desprende que el quejoso señala como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de Litigación Oral de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Región "D", que solicitó se fijara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial dentro del proceso penal *****, la cual, una vez llegado su desahogo, la Jueza de Control estableció dejar sin efectos la audiencia inicial y postergar su celebración una vez transcurrido el plazo de quince días que otorgó a la defensa particular del imputado para allegar el dictamen que ofreció; de ahí que al judicializar la carpeta de investigación y encontrarse a la potestad de la Jueza de Control para la verificación de la audiencia inicial en dicho procedimiento, el Ministerio Público actuó en dicha diligencia como parte dentro de ese proceso penal, no como autoridad responsable. Ello, pues conforme lo establecido en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que los sujetos del procedimiento tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en dicha codificación, entre ellos, el Ministerio Público. De tal manera que si el acto que se reclama al Agente del Ministerio Público, quien intervino en la causa que ya se encontraba a la potestad de la Jueza de Control en el momento en que se llevó a cabo la audiencia, se colige que era dicha Juzgadora quien tenía la dirección de la citada audiencia y quien dirigía el desarrollo de la investigación formalizada; de tal manera que el Ministerio Público señalado como autoridad responsable actuó como parte en el propio procedimiento. Por tanto, debe señalarse que el Agente del Ministerio Público actuando en la audiencia inicial del procedimiento penal, no pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable, ya que -como se señaló- la dirección del desarrollo de dicha audiencia correspondía a la Jueza del proceso y, por tanto, dicha Representación Social se encontraba en un plano de igual con las demás partes intervinientes en dicha causa penal. De lo que se sigue que en la intervención de dicha audiencia el Ministerio Público no se encontraba realizando actos que materialmente le correspondían a su actuar -incluso, regulado en el proceso por la Jueza- como autoridad investigadora, pues se encontraba sujeto a la dirección de la Jueza de Control durante el desarrollo de la mencionada audiencia. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios contradictorios al resolver si el Ministerio Público tiene carácter de autoridad para efectos del amparo durante la etapa de investigación complementaria. Uno de ellos determinó que se trata de una parte procesal, pues se encuentra judicializada la investigación, mientras que el otro le atribuyó el carácter de autoridad por estar a cargo de la indagación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el Ministerio Público actúa, durante toda la etapa de investigación, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es, por tanto, una autoridad cuya actuación es susceptible de afectar la esfera jurídica de un particular. Por tanto, sus actos u omisiones ocurridas en esa etapa pueden ser reclamados en el juicio de amparo cuando se estimen vulnerados los derechos fundamentales de la persona imputada o de la víctima. Justificación: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Ministerio Público es la única autoridad facultada para la investigación de los hechos ilícitos y la responsabilidad penal de quienes los cometen. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal ocurre en tres etapas: la de investigación, la intermedia y la de juicio oral. Conforme a esa legislación, la naturaleza e intervención del Ministerio Público en el procedimiento penal es distinta según el momento procesal. Inicialmente, se dedica, como autoridad investigadora, a la práctica de diligencias con el fin de esclarecer los hechos constitutivos de delitos, para después -como órgano acusador- ejercer acción penal ante una autoridad judicial. Aunque la etapa de investigación se divide en inicial y complementaria, la cual inicia con el dictado del auto de vinculación a proceso, debe entenderse a la investigación como un continuo en que, en todo momento, el Ministerio Público es responsable de conducir y dirigir la indagatoria. El propio código dispone que la investigación no se suspende, incluso, mientras dure la audiencia inicial, en la que se fija el plazo máximo de duración de la investigación complementaria. De ahí que resulte clara la división de competencias en el proceso penal: el órgano ministerial es el encargado de esclarecer los hechos delictivos y, en su caso, instar la actuación de los tribunales, mientras que la autoridad judicial supervisa o revisa -según sea el caso- la investigación ministerial para asegurar -a priori o a posteriori- que durante ella no se violen derechos humanos; decide sobre la existencia del delito y sobre la responsabilidad de la persona imputada en su comisión, e impone las sanciones correspondientes de acuerdo con el marco legal disponible, con base en los elementos expuestos ante ella de manera oral y conforme a los principios de inmediación y contradicción. Se insiste, para determinar si ese órgano actúa como autoridad o como parte procesal, no basta con observar la etapa del proceso penal, sino que se debe atender la naturaleza del acto atribuido. De esta manera, el Ministerio Público actúa, durante la investigación complementaria, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 21 constitucional. Distinto supuesto cuando el Ministerio Público, como parte, solicita la apertura del juicio abreviado, como estudió esta Sala al resolver la contradicción de tesis 82/2019". De donde se sigue que si al Ministerio Público que compareció a la audiencia de diez de enero del año en curso, ante la Jueza de Control adscrita al Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región, con sede en San Luis de la Paz, Guanajuato, dentro de la causa penal 1P3322-131, la parte quejosa le atribuye la falta de oposición y la omisión de impugnar ante ese órgano jurisdiccional haber dejado sin efectos la materialización de la audiencia inicial señalada el diez de enero de dos mil veintidós, es inconcuso que la naturaleza de ese acto -que la quejosa le atribuye al fiscal- no corresponde a su actuar dentro del desarrollo de la investigación sino a su proceder que desplegó -en una audiencia específica- ante la jueza del proceso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° fracción II de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se procede a desechar la demanda de amparo respecto del acto que se analiza en este apartado. AUTORIZADOS. En términos de la primera parte, párrafo segundo del artículo 12 se tiene como autorizados a José Antonio Juárez Castillo y Óscar Benito Pelayo Bernal, en razón de que cuentan con cédula registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, como así se desprende de la certificación que antecede; y en términos restringidos de dicho numeral a *****, por así solicitarlo de manera expresa.--- DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. De acuerdo a lo establecido por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el despacho jurídico *****; por tanto, las personales que se ordenen en el presente asunto, habrán de realizarse en ese lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR LAS NOTIFICACIONES QUE SE GENEREN DURANTE EL JUICIO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales del presente asunto. SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de los medios electrónicos en términos de lo dispuesto por la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FIRMA ELECTRÓNICA.--- Notifíquese; personalmente a la parte quejosa".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 9,712 expedientes
- Francisco Javier Tapia Peña645/2015
- Francisco Javier Tapia Peña646/2015
- Francisco Javier Valenzuela Tova597/2019
- Francisco Javier Valenzuela Tovar96/2019
- Francisco Javier Vázquez Salazar984/2019
- Francisco Joaquín Domínguez Saldaña869/2022
- Francisco Juárez Argueta189/2017
- Francisco Ledesma Resendiz58/2017
- Francisco Lona Hernández790/2017
- Francisco Maldonado Ávalos76/2020
- Francisco Manuel Rosendo Cansado581/2019
- Francisco Manuel Rosendo Cansado835/2016