Francisco José Ocejo Aja
Expediente 565/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco José Ocejo Aja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia dictada en el audiencia constitucional el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 565/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 565/2020, promovido por ..., contra un acto del Juez Quincuagésimo Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veintidós de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra un acto de la autoridad mencionada, por considerarlo contrario a sus derechos tutelados por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Trámite. La demanda se admitió a trámite el veintisiete siguiente, donde se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado; y, se señaló parte tercera interesada. El representante social de la Federación adscrito no formuló pedimento, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver este juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37, 38 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un juzgado del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: El auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario mercantil 1203/2019, promovido por ... en contra de ..., del índice del Juzgado Quincuagésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, donde se admitió el recurso de apelación preventiva interpuesto por el quejoso en contra del proveído de cuatro de septiembre anterior que negó el llamamiento de terceros solicitado por el impetrante. Tercero. Existencia. El Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias certificadas del proceso de origen, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. De las constancias remitidas se advierten los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, ., demandó en la vía ordinaria mercantil de ..., el pago de USD$..., derivado del pagaré de diez de febrero de dos mil quince, intereses y gastos y costas del juicio. Demanda que fue admitida el veinticinco siguiente, bajo el número de expediente 1203/2019 del índice del Juzgado Quincuagésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México. II. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el demandado dio contestación y solicitó el llamamiento de los terceros. III. A lo anterior, recayó el auto de veinte de febrero de ese año, donde únicamente se dio vista con las excepciones y defensas opuestas. IV. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto siguiente, el reo solicitó el emplazamiento de los citados terceros. V. En proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se determinó: "No ha lugar a llamar a juicio a las personas que indica, toda vez que no acredita con documento fehaciente que vincule los pagos realizados a . mediante transferencias bancarias a través de la empresa... con el pagaré exhibido como base de la acción, aunado a que del documento exhibido como base de la acción no consta que se haya endosado en propiedad a persona alguna." VI. Inconforme la accionante de amparo interpuso recurso de apelación, al cual se recayó el auto de veinticinco siguiente, que señala: "Agréguese a sus autos el escrito de la parte demandada en el presente juicio, a quien se tiene por hechas sus manifestaciones.- Se tiene al promovente interponiendo recurso de apelación en contra del segundo proveído de fecha cuatro de septiembre del año dos mil veinte, recurso que se admite en el EFECTO DEVOLUTIVO DE TRAMITACIÓN CONJUNTA CON LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, con fundamento en los artículos 1336, 1337, 1338, 1344 y 1345 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, en consecuencia, SE RESERVA para substanciarse en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva, por lo que se deberán expresar los agravios respectivos en el escrito por separado, dentro del término para apelar la sentencia definitiva que en su caso se dicte en el presente juicio, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, será consentida la resolución recurrida.- Se hace del conocimiento que es la PRIMERA apelación en número.- Notifíquese." Esta resolución constituye el acto reclamado. Quinto. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe analizarse por el juzgador, previo al estudio del fondo del amparo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Apoya lo anterior en la jurisprudencia que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, el acto reclamado es el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario mercantil 1203/2019, promovido por ... en contra de ..., del índice del Juzgado Quincuagésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, donde se admitió el recurso de apelación preventiva interpuesto por el quejoso en contra del proveído de cuatro de septiembre anterior que negó el llamamiento de terceros solicitado por el impetrante. El juicio de amparo es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Al respecto, el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (...)" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el numeral 107 de la Ley la materia, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo. En el particular, el acto que reclama el quejoso es el auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario mercantil 1203/2019, promovido por . en contra de ., del índice del Juzgado Quincuagésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, donde se admitió el recurso de apelación preventiva interpuesto por el quejoso en contra del proveído de cuatro de septiembre anterior que negó el llamamiento de terceros solicitado por el impetrante. Cuestión que, evidencia que el reclamo se trata de actuaciones que únicamente envuelven cuestiones adjetivas o procedimentales que tienen vinculación con la integración del proceso natural; por lo que, no se actualiza la afectación de los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. En efecto, tales actuaciones son actos reparables que afectan derechos adjetivos o procesales y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, los cuales inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable, y una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Al respecto cobra aplicación la tesis I.130.A.3K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto es: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Igualmente, cabe la posibilidad de que la sentencia que posteriormente emita el juez dentro del proceso del que deriva el acto, sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, el reclamo que hoy formula, quedará superado sin dejar huella en su esfera jurídica; y en caso contrario, estará en condiciones de alegarlo como violación procesal, a través del medio de impugnación que promueva contra el fallo definitivo. También sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." De ahí que al analizar la determinación que admitió el recurso de apelación preventiva interpuesto por el quejoso, es claro que comparte la naturaleza del proveído de cuatro de septiembre anterior que negó el llamamiento de terceros solicitado por el impetrante, respecto del cual se verificó que en el caso no es una afectación a derechos sustantivos, sino que sólo se afectan derechos adjetivos. Lo anterior es así, ya que la negativa de llamar a los terceros solicitados por el peticionario de amparo, carece de una afectación material, pues únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental. Esto encuentra respaldo en la Jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2019176, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 6, de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 565/2020, promovido por ., contra un acto del Juez Quincuagésimo Séptimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE .
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional en la hora y fecha programadas, como se advierte de la certificación de cuenta, por lo cual se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Se ordena la notificación del presente auto mediante las listas que se fijen en los lugares designados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo; máxime, que la suspensión de labores fue menor al término establecido en el diverso 309 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, en razón de que es deber de las partes en un procedimiento jurisdiccional vigilar su prosecución, a fin de advertir oportunamente las actuaciones realizadas. Al respecto se cita la tesis con registro: 206265, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1988, Materia(s): Común, Página: 143, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NOTIFICACION DE LA. NO EXISTE OBLIGACION LEGAL DE HACERLA PERSONALMENTE. ...." Igualmente, por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, cuyo sentido descansa en el reconocimiento de que existe un deber de cuidado y observancia respecto de las resultas del asunto por las partes y sus defensores; de modo que su reanudación, como es el caso, por medio de la nueva fijación de audiencia, también importa que los justiciables den seguimiento a sus causas, como beneficiarios inmediatos del sistema de impartición de justicia. Además, de que esta forma de notificación se considera idónea para la protección al derecho fundamental a la Salud, en sus dimensiones individual y colectiva, así como para fomentar un eficaz acceso a la justicia, pues de este modo los justiciables o litigantes y los actuarios no tendrán interacción directa para lograr la notificación, salvo en aquellos casos estrictamente necesarios. Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que la notificación por lista deriva de que es un hecho notorio la reanudación de la actividad judicial y los términos procesales, pues constan en diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como las Circulares SECNO/29/2020 y SECNO/1/2021 donde se aprobaron los puntos de acuerdo relativos a la "propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México" y "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", respectivamente, donde se decretó la suspensión de labores en órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Novena Época, con registro: 191452, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Común, Página: 260, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De este modo, la reanudación de labores y términos judiciales constituye un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Adjetivo Federal de aplicación supletoria, al tratarse de un conocimiento de dominio público nacional, particularmente en el foro de abogados postulantes y justiciables. A lo anterior debe sumarse que, las partes cuentan con un sitio de internet proporcionado por el propio Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual pueden consultar, y sin necesidad de tramitar el asunto en la vía electrónica, los extractos de las determinaciones judiciales dictadas por este órgano, bastando que conozcan el número del proceso, lo cual notan desde la emisión del primer auto en el expediente, que es donde se asigna; aspecto que abona a la certeza de que se tienen las herramientas suficientes para hacerse sabedoras del impulso de cada uno de sus juicios. En concordancia con ello, se ordena a la actuaría cerciorarse de que el extracto relativo a la presente determinación, sea suficiente para que sepan con exactitud la fecha de audiencia constitucional que para este juicio se fija, respetando los lineamientos sobre la protección de datos personales o sensibles. Finalmente, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto bajo la modalidad "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se les solicita proporcionar un número telefónico o correo electrónico donde puedan ser localizadas para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES; Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO A LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ADSCRITA.
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