Francisco José Morones Servin

Expediente 698/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
698/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Francisco José Morones Servin

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.  Tribunal Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio y anexo signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 171/2019; en consecuencia, comuníquese al quejoso Francisco José Morones Servín, que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de doce de agosto del año que transcurre; asimismo, dicha ejecutoria en su único punto resolutivo establece lo siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por Francisco José Morones Servín, contra el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el juicio de amparo indirecto 698/2019. En tal virtud, como lo solicita la autoridad oficiante acúsese el recibo correspondiente; asimismo, en relación a las copias certificadas del presente expediente que fueron devueltas por la superioridad se ordena su destrucción, háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).  Se desecha demanda de amparo. En su escrito de demanda de amparo el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: a) La omisión de presentar dictamen de conclusiones ante el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala en sesión extraordinaria de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve. b) La omisión de convocar a los Diputados integrantes de la Comisión de Juicio Político, Declaración de Procedencia. Desafuero y Responsabilidad de Munícipes a la sesión extraordinaria de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve. c) El Procedimiento de destitución al cargo de Comisionado Propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; así como las consecuencias jurídicas que se derivaron dentro del procedimiento de Juicio Político. d) El pago de emolumentos que se dejaron de percibir al dejar de ser Comisionado Propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Ahora, como cuestión previa, resulta importante precisar que los actos reclamados antes señalados derivan del procedimiento de juicio político instruido contra la parte quejosa, en el cual conforme a la lectura integra de la demanda que se atiende, se aprecia que ya se dictó sentencia. Establecido lo anterior, resulta necesario señalar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Bajo ese contexto, se estima que con relación a los actos reclamados precisados con antelación, se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; . De un análisis a la fracción del precepto legal de referencia, se advierte que se establecen dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo respecto a las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes: a) En la declaración de procedencia y en juicio político; y b) En elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Al respecto, se precisa que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia precisada en el inciso a), es decir, respecto a resoluciones de las Legislaturas de los Estados dictadas en juicio político. Establecido lo anterior, en primer lugar es necesario traer a colación el contenido del artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que establece: Artículo 109. El juicio político procede contra los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización Superior y de las Coordinaciones y los Organismos que integran la Administración Pública Paraestatal, así como contra los Consejeros Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las prevenciones siguientes: I. El juicio político sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y dentro de un año después. Este procedimiento no tendrá una duración mayor de seis meses; II. No procede juicio político por la mera expresión de ideas, ni por las recomendaciones que emita el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; III. Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia de causa y desafuero; IV. A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución del cargo y de inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la ley; V. Derogada VI. El Congreso será el órgano responsable de substanciar los procedimientos de juicio político y en su caso, el de procedencia de causa y desafuero, a través de la comisión instructora, la cual presentará la acusación con sus pruebas al pleno y éste resolverá en definitiva respecto del juicio de procedencia y desafuero. Las declaraciones y resoluciones que dicte el Congreso son inatacables; VII. Si dentro de la sustanciación del juicio político se demostrare la probable comisión de un delito por parte del inculpado, en la resolución que declare la existencia de responsabilidad política, se podrá realizar la declaratoria de procedencia de causa y desafuero, en cuyo caso, se dictarán las medidas conducentes para el aseguramiento del inculpado; VIII. El Congreso dictará las declaratorias y resoluciones de juicio político y de procedencia de causa y desafuero, en sesión en que se encuentren, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes y por votación calificada. El Tribunal Superior de Justicia, en juicio político, es el órgano de sentencia cuando los responsables sean miembros del Consejo o el titular del Poder Ejecutivo; y el Congreso, cuando el responsable fuere un magistrado o un juez del Poder Judicial del Estado o el titular de un órgano público autónomo, y IX. Toda persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a que se refiere este artículo para la iniciación de juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento del Congreso, una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a que se refieren los artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de emplazar al denunciado se formará una comisión especial de diputados que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de prueba que acrediten plena responsabilidad política del servidor público enjuiciado. La ley determinará el procedimiento a seguir en estos casos. De igual modo, los artículos 21 a 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, respecto a la sustanciación del juicio político, establecen lo siguiente: Artículo 21. Denuncia ciudadana. Todo ciudadano bajo su más estricta responsabilidad, puede formular por escrito denuncia ante el Congreso respecto de las conductas a que se refiere este título. Los servidores públicos denunciarán ante el Congreso cuando en el ejercicio de sus atribuciones tengan conocimiento de conductas u omisiones susceptibles de ser sancionadas conforme a esta ley. Artículo 22. Denuncias infundadas o falsas. De presentarse una denuncia que se determine infundada o que se hubiere formulada con falsedad, el denunciante estará sujeto a responsabilidad civil o penal en los términos de las leyes respectivas. Cuando el denunciante fuese servidor público, además de lo mencionado en el párrafo anterior, incurrirá en responsabilidad administrativa y se le inhabilitará de uno a tres años, en los términos de lo señalado en el Titulo Cuarto de esta ley. Artículo 23. Requisitos del escrito de juicio político. El escrito de denuncia de juicio político debe contener: I. Nombre y domicilio del denunciante; II. Domicilio para recibir notificaciones; III. Protesta de decir verdad del denunciante sobre los hechos materia de la denuncia; IV. Nombre y cargo del servidor público denunciado, V. Relación sucinta de los hechos materia de la denuncia; VI. Los medios de prueba en que se apoyen, especificando en su caso el lugar o archivo en que se encuentren, y VII. Firma o huella digital del denunciante. Si el escrito de denuncia adolece de alguno de los requisitos mencionados, la Comisión Instructora prevendrá y apercibirá al denunciante para que lo subsane en el término de tres días hábiles y, en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la denuncia. Artículo 24. Procedimiento de recepción de la denuncia ante la Secretaria Parlamentaria. La denuncia deberá ser presentada ante el Congreso a través de la Secretaría Parlamentaria. El titular de la Secretaría Parlamentaria citará al denunciante, dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la recepción de la denuncia, para que comparezca a identificarse plenamente y ratifique su denuncia. Una vez ratificada la denuncia se asentará en el libro de registro que corresponda. Transcurrido el término señalado en el párrafo segundo sin que la denuncia sea ratificada, se informará a la Mesa Directiva para tenerla por no presentada. Artículo 25. Turno del expediente. Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa Directiva, la que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se le turne el expediente para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y aporten los medios de prueba que acrediten plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado. Artículo 25 Bis. La Comisión Especial cantará con un plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne el expediente respectivo para los efectos del artículo anterior. Artículo 26. Trámites que debe agotar la Comisión Instructora al recibir una denuncia. Recibido por la Comisión Instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes: I. La Comisión Instructora comprobará lo siguiente: a) Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo 10 de esta ley; b) Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el artículo 11 de esta ley, e c) Que la responsabilidad política no ha prescrito. II. Si no se comprueba lo referido en la fracción anterior, se procederá a desechar la denuncia y, se informará por escrito al promovente los motivos del desechamiento. En este caso la Comisión Instructora informará al Pleno del acuerdo correspondiente; III. De comprobarse la existencia de los elementos que se mencionan en la fracción I, la Comisión Instructora, emitirá el acuerdo de radicación del expediente respectivo; dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibido el expediente, a través de la Secretaría Parlamentaria, notificará en el lugar donde oficialmente desempeñe sus funciones el servidor público de que se trate, que ha sido presentada en su contra una denuncia, haciéndole saber el derecho que tiene a imponerse de los autos que integran el expediente. En caso de que el servidor público denunciado no esté en funciones o desempeñe un cargo, empleo o comisión diferente respecto del que se le denuncia, se le notificará en el lugar en el que se encuentre o en el que esté desempeñando algún empleo, cargo o comisión; IV. El denunciado contará con un plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación de referencia para imponerse personalmente de los autos, los cuales estarán a su disposición en el cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora. En caso de que las constancias que integran el expediente exceda de quinientas fojas se otorgará un día hábil por cada doscientas sin que se exceda de quince días hábiles, y V. El servidor público dentro del término de siete días hábiles siguientes a la imposición de los autos a que se refiere la fracción anterior deberá comparecer personalmente o por escrito, ante la Comisión Instructora para los efectos siguientes: a) Designar defensor o persona de su confianza; b) Señalar domicilio para recibir notificaciones aún las de carácter personal; c) Hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan, e d) Ofrecer pruebas. Artículo 27. Periodo de instrucción. Transcurrido el término a que se refiere la fracción V del artículo anterior, la Comisión Instructora iniciará el período de instrucción que se desarrollará conforme a las reglas siguientes: I. Admitirá o desechará las pruebas ofrecidas; II. Señalará las fechas para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran. El desahogo de pruebas deberá realizarse dentro del período de instrucción; III. El período de instrucción durará treinta días hábiles, salvo que el desahogo de las pruebas requiera de mayor tiempo, el que no deberá exceder de quince días hábiles, y IV. La Comisión Instructora podrá allegarse de oficio de las demás pruebas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, debiendo dar vista al denunciado. Artículo 28. Admisión y desahogo de pruebas. Se admitirán toda clase de pruebas a excepción de la confesional y las que sean contrarias a derecho. En el desahogo de pruebas admitidas se estará a la naturaleza de las mismas y cuando la Comisión Instructora deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del servidor público denunciado se citará al mismo para que comparezca. Artículo 29. Regla especial para las pruebas testimonial y pericial. Sin perjuicio de las reglas señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el ofrecimiento y admisión de las pruebas testimonial y pericial, la Comisión Instructora calificará la pertinencia de las preguntas del interrogatorio y cuestionario, según corresponda, en relación con los hechos materia del juicio. Artículo 30. Preguntas a testigos y peritos. La Comisión Instructora podrá formular a los testigos o peritos aquellas preguntas que considere pertinentes en relación directa con los hechos que se investigan, o bien aquellas que tengan como objetivo la aclaración de cualquier duda. Artículo 31. Pruebas supervenientes. Las pruebas supervenientes son admisibles hasta antes de la celebración de la sesión a que se refieren los artículos 35, 36 y 37 de esta ley. Si la prueba superveniente no es presentada por el denunciado, la Comisión Instructora deberá correrle traslado de la misma para que en un término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho e intereses convenga. Artículo 32. Llamamiento del denunciado antes del cierre del periodo de instrucción. Concluido el plazo del periodo de instrucción la Comisión Instructora requerirá al denunciado para que dentro del término de tres días hábiles manifieste si existe prueba que desahogar a su favor y la ofrezca. En caso de ofrecer nuevas pruebas la Comisión Instructora calificará su admisión y, en su caso, determinará su desahogo de requerirse debido a la naturaleza de las mismas. Artículo 33. Cierre de la instrucción. Desahogadas todas las pruebas la Comisión Instructora declarará cerrada la instrucción. Artículo 34. Alegatos por escrito del denunciado. Cerrado el periodo de instrucción, la Comisión Instructora señalará día y hora para el desahogo de la audiencia de alegatos y pondrá el expediente a la vista del servidor público denunciado por un plazo de tres días hábiles, para que esté en aptitud de formular sus alegatos, estos los deberá presentar por escrito en dicha audiencia. Artículo 35. Audiencia de alegatos. En la audiencia de alegatos se relacionarán las pruebas admitidas y se precisará la forma en que se desahogaron y enseguida se recibirá el escrito de alegatos del denunciado. Artículo 36. Elaboración del dictamen de conclusiones. Desahogada la audiencia de alegatos la Comisión Instructora elaborará el dictamen de conclusiones. Artículo 37. Contenido formal del dictamen de conclusiones. La Comisión Instructora determinará en el dictamen de conclusiones, con base en la valoración de pruebas y demás constancias que obren en el expediente, lo siguiente: I. Si la conducta del servidor público denunciado se tipifica como una o más de las causas de juicio político que se refieren en el artículo 11 de esta ley; II. Si existe responsabilidad del servidor público denunciado, y III. En su caso, la propuesta de sanción de conformidad con esta ley. En caso de que no se acrediten las circunstancias señaladas en las fracciones I y II de este artículo, en el dictamen de conclusiones se hará la propuesta de que se declare que no ha lugar a proceder en contra del servidor público denunciado por responsabilidad política. En todo caso, el dictamen de conclusiones deberá estar fundado y motivado. Al efecto, deberá exponer las argumentaciones, criterios y, en su caso, las tesis y jurisprudencias que justifiquen las conclusiones del mismo. Artículo 38. Solicitud de día y hora para celebración de sesión privada para que el Pleno del Congreso se erija en Jurado de Acusación. La Comisión Instructora solicitará, mediante oficio, a la Junta de Coordinación y Concertación Política y al Presidente de la Mesa Directiva, señalen día y hora para la celebración de la sesión privada en la que se someta al Pleno del Congreso el dictamen de conclusiones de que se trate. En la determinación del día y hora para la celebración de la sesión privada, la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva actuarán conforme a lo que se establece en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento para la elaboración del orden del día. Artículo 39. Citaciones para la celebración de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado de Acusación. Una vez señalada la fecha y hora para la celebración de la sesión privada, el Presidente de la Mesa Directiva convocará a los diputados para hacerles saber que en dicha sesión el Pleno se erigirá en Jurado de Acusación y que deberá votar el dictamen de conclusiones. La Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso citará a dicha sesión al cuerpo de apoyo de la Comisión Instructora. La citación al cuerpo de apoyo de la Comisión Instructora se hará para efecto de lo establecido en el segundo párrafo de la fracción III del artículo siguiente. Artículo 40. Desahogo de la sesión privada en la que el Pleno se erige en Jurado de Acusación. En el desahogo de la sesión a que se refiere el artículo anterior, se observarán las reglas siguientes: I. Se verificará la presencia de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura. Verificado el quórum de instalación se entregará copia del dictamen a los diputados presentes; Se elegirá, de entre los presentes, a los diputados que integrarán la Mesa Directiva que dirigirá el desahogo de la sesión o, en su caso, se ratificará a la Mesa Directiva en turno. II. El presidente de la Mesa Directiva electa abrirá la sesión declarando que el Pleno se erige en Jurado de Acusación; III. La Comisión Instructora dará lectura al dictamen de conclusiones y, en su caso, podrá referirse o mostrar actuaciones relevantes; Para la mejor exposición del asunto la Comisión Instructora podrá solicitar a la Mesa Directiva, autorice el ingreso a la sesión de su secretario técnico. IV. El Presidente de la Mesa directiva someterá a votación el dictamen de conclusiones; V. En caso de no aprobarse el dictamen de conclusiones, el Pleno hará la declaratoria de improcedencia, la cual deberá ser notificada al interesado y hará las veces de sentencia, y VI. En caso de aprobarse el dictamen de conclusiones, el Presidente de la Mesa Directiva deberá: a) (.) b) Si el acusado es uno de los servidores públicos que se refieren en las fracciones restantes del artículo 10 de esta ley, convocará, dentro de los cinco días siguientes, al Pleno del Congreso a sesión para que se erija en Jurado de Sentencia. Artículo 41. Radicación del expediente en el Tribunal Superior de Justicia. Una vez recibido el expediente en el Tribunal Superior de Justicia, éste lo radicará inmediatamente y dictará acuerdo en el que señale día y hora en la que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se erigirá como Jurado de Sentencia. Asimismo, notificará a la Comisión Instructora, al servidor público acusado y a su defensor, para hacerles saber el derecho que tienen de comparecer a la sesión. Artículo 42. Reglas para el Jurado de Sentencia. El Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, cuando se erijan en órgano o jurado de sentencia observarán las reglas siguientes: I. Sujetar la sesión, en lo conducente, a las reglas del procedimiento establecidas en los artículos 38, 39 y 40 de esta ley; II. El presidente de la Mesa Directiva electa o ratificada, o en su caso el Presidente del Tribunal solicitará la presencia del servidor público denunciado y su defensor. En caso de no contar con defensor en la sesión se le nombrará uno de oficio; III. Una vez concluida la lectura del dictamen y, en su caso, la exposición, se concederá el uso de la palabra al servidor público inculpado y a su defensor para que aleguen lo que a sus intereses convenga IV. La Comisión Instructora, el servidor público acusado y su defensa podrán hacer uso del derecho de réplica por una sola vez; V. Acto continuo se solicitará al servidor público acusado y a su defensor se retiren del recinto en el que se esté celebrando la sesión; VI. Tratándose del Tribunal Superior de Justicia éste convocará a sus integrantes para sesionar en pleno. La sesión deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción del expediente, y VII. La sentencia deberá dictarse por mayoría absoluta de votos. Artículo 43. Órgano o jurado de Sentencia dicta sentencia. El Pleno del Congreso o, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia, erigidos en órgano o jurado de sentencia dictarán la sentencia correspondiente. En caso de que la sentencia sea condenatoria las sanciones se harán efectivas a partir de la notificación al responsable. La notificación deberá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya dictado la sentencia. La notificación constituye el acto de ejecución de la sentencia y a partir de la misma el servidor público responsable es destituido del cargo y, en su caso, inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión por el tiempo establecido en la sentencia. Artículo 44. Imposibilidad de suspensión del procedimiento. Iniciado el procedimiento a que se refiere este capítulo, no se suspenderá por ningún motivo. Capítulo IV Sanciones Artículo 45. Sanciones a imponer por responsabilidad política. La sentencia condenatoria dictada de conformidad con el procedimiento a que se refiere el capítulo anterior, tendrá por objeto imponer a los servidores públicos las sanciones siguientes: destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación para desempeñar otro en el servicio público estatal o municipal hasta por un período de diez años.". De todo lo anteriormente transcrito resulta manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa en contra de los actos reclamados, los cuales, como se precisó derivan del procedimiento de juicio político instruido contra el quejoso Francisco José Morones Servín, en el que además se ha dictado resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto, la tesis aislada I.15o.A.37 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, página 2404, cuyo texto y rubro dicen: "JUICIO POLÍTICO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL): La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra diversos derechos fundamentales en favor de los gobernados, entre los que destacan las garantías individuales y los derechos políticos, ambos inmersos dentro del género de los derechos humanos, que han sido definidos por la doctrina como el conjunto de facultades, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente. Dentro de las prerrogativas políticas que la Carta Magna reconoce a los ciudadanos se encuentra el derecho a ser votado para todos los cargos en las elecciones populares, el cual se traduce en la posibilidad viable que tiene el ciudadano de integrar o formar parte de los órganos de representación popular del poder público, siempre que reúna los requisitos que establezcan las leyes aplicables; implicando, también por su esencia, un derecho político lo concerniente a la permanencia en el cargo. En ese orden de ideas, es necesario tener en consideración que el juicio de garantías fue instituido en los artículos 103 y 107 constitucionales, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales; lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Sobre tales premisas, es menester precisar que el procedimiento previsto en el artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para remover a los jefes delegacionales, constituye una especie de juicio político local, en virtud de que tiene como finalidad determinar si el funcionario infractor es o no digno de permanecer en ese cargo de elección popular, esto es, si merece o no confianza por los efectos perjuiciosos y lesivos a que ha dado lugar con su conducta (afectación de intereses públicos fundamentales o de su buen despacho); imponiéndose en todo caso una sanción esencialmente política, consistente en destituirlo y dar por terminado su derecho político de permanecer en el cargo de mérito. Por tanto, contra las resoluciones dictadas en ese tipo de asuntos del orden político no procede el juicio de amparo, dado que únicamente se finca responsabilidad política al funcionario responsable, sin prejuzgar sobre otras responsabilidades que hubiere cometido; habida cuenta que en ese caso la pretensión constitucional del quejoso no es otra que la de permanecer en el cargo para el que fue elegido, cuestión que no se encuentra relacionada en forma alguna con la violación a determinada garantía individual". De igual forma, apoya a lo anterior la diversa tesis I.17o.A.3 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, página 1762, cuyo texto y rubro dicen: "JUICIO POLÍTICO. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS REALIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, AUN LOS DE CARÁCTER NEGATIVO U OMISIVO: El procedimiento previsto para la declaración de procedencia es básicamente el mismo que el del juicio político, puesto que ambos se encuentran establecidos en el mismo ordenamiento secundario y comparten el mismo fundamento constitucional de inatacabilidad previsto en el artículo 110 de la Carta Magna, de modo que, tratándose de juicio político, son inatacables tanto la última resolución como todos aquellos actos y declaraciones que en el procedimiento relativo emitan las Cámaras del Congreso de la Unión. Por ello, cuando el denunciante de juicio político reclama en el juicio de amparo, la omisión de emitir el acuerdo que debe recaer a la presentación de la denuncia, debe considerarse que esa omisión es inatacable y, por tanto, que el juicio de garantías es improcedente, pues el procedimiento de juicio político inicia con la presentación de la denuncia, de acuerdo con el artículo 12, inciso a), de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que el acto reclamado, aun siendo una omisión, ocurre dentro del procedimiento de juicio político". Lo anterior, en el entendido de que, como ya se dijo, tanto los actos dictados dentro del procedimiento relativo al juicio político como su resolución definitiva quedan comprendidos dentro de la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, al surtirse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 61, fracción VII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco José Morones Servín. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa Francisco José Morones Servín, contra el proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 25 a 34), dictado en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 171/2019 de su índice, de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar.

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