Francisco José Morales Montano

Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
300/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco José Morales Montano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    ...Notifíquese personalmente...

  2. Principal

    Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de quince de junio de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que hubiera hecho uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno, Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En razón que la parte quejosa exhibió un documento original, mismo que obra agregado en este expediente, se deja a su disposición para que comparezca a recogerlo en un plazo de noventa días naturales en hora y día hábil ante este Juzgado; en el entendido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente, acorde con el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General aplicado. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa ********** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención formulada mediante auto de uno de junio de la presente anualidad, a pesar de encontrarse debidamente notificada para ello; en consecuencia, se provee: CUESTION PREVIA Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados por el promovente consisten en: a) La emisión del oficio *********, de doce de marzo de este año, a través del cual, la Fiscal responsable solicitó al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa llevar a cabo audiencia inicial. b) Como consecuencia del acto destacado en el inciso anterior, la audiencia inicial de catorce de abril de este año, fijada en los autos del proceso penal ********* del índice del Juzgado antes mencionado. c) La notificación por parte del personal activo de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía antes precisada para comparecer a dicha audiencia. d) La violación de derechos humanos dentro de la carpeta de investigación lo que se traduce en la integración de la misma. DESECHAMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS ANTES PRECISADOS PROPUESTA DEMOSTRATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, respecto a los actos reclamados precisados anteriormente se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo derivado de los artículos 5°, fracción I y 61, fracciones XII y XVI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados en lo que interesa, establecen: Ley de Amparo Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente, en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. A mayor abundamiento, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de dos elementos inseparables, que son: a) Una facultad de exigir; y, b) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Por lo tanto, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, de lo que deriva fundamentalmente que: El interés jurídico se identifica con un derecho subjetivo derivado de una norma que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, Ese interés jurídico, desde luego, debe estar plenamente probado en el juicio de derechos fundamentales para así poder analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Bajo este contexto, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte la persona o los derechos del quejoso, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Federal,1 las personas físicas o morales, que sufren una afectación en su persona o patrimonio, derivada de una ley o acto de autoridad que viole sus derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna, tienen facultad para intentar la acción reparadora ante los tribunales de la Federación. Así las cosas, se colige que para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, y la afectación sufrida apta para motivar la promoción del juicio de amparo debe ser, además, objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda; es decir, para que la constitucionalidad de determinado acto pueda ser analizada en el juicio constitucional, entre otros requisitos, debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real. Lo anterior es así, porque de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, en casos como el presente, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. Así, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio del que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Ahora bien, en relación al numeral 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, se advierte que éste prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irremediable, es decir, cuando éstos han surtido en forma total sus efectos, lo cual provoca que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Lo anterior, porque para que la acción de amparo pueda lograr su objetivo se requiere que las infracciones cometidas en perjuicio de la parte quejosa sean enmendables, es decir, debe existir la posibilidad que se le restituya en el goce y disfrute de su derecho violado. Al respecto, debe decirse que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en atención a su naturaleza y efectos, los actos consumados se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los consumados de modo reparable son aquéllos que no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser enmendados por medio del juicio constitucional; es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o subsanada al obtener una sentencia de amparo favorable, lo que hace que proceda el juicio de amparo. En tanto, los consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y jurídicamente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razones, la tesis siguiente: Registro digital: 209662 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: I. 3o. A. 150 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325 Tipo: Aislada ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). HECHOS Como quedó precisado en líneas precedentes, los actos reclamados consisten en: a) La emisión del oficio *********, de doce de marzo de este año, a través del cual, la Fiscal responsable solicita al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa llevar a cabo audiencia inicial. b) Como consecuencia, la audiencia inicial de catorce de abril de este año fijada en los autos del proceso penal ********* del índice del Juzgado antes mencionado. c) La notificación por parte del personal activo de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía antes precisada para comparecer a dicha audiencia. d) La violación de derechos humanos dentro de la carpeta de investigación lo que se traduce en la integración de la misma. Conviene precisar que, al no haber cumplido la prevención formulada en autos, únicamente se cuenta con las manifestaciones expuestas en la demanda. Por tanto, este Juzgado atenderá a lo que específicamente se señaló como actos reclamados, en el apartado respectivo de la misma. CONCLUSIÓN Se concluye que los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), no causan a la parte promovente, un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta, puesto que la solicitud de la audiencia inicial al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, así como el señalamiento y notificación para comparecer a la misma, no son actos que afecten su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez a petición del Ministerio Público, en el sentido que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso, y en su caso, sometido a una medida cautelar. Tienen aplicación al caso los criterios siguientes: Época: Décima Época Registro: 2018828 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 07 de diciembre de 2018 10:19 h Materia(s): (Común, Penal) Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Sin que pase inadvertido que el quejoso refiere que la citación es ilegal toda vez que citaron a *********, cuando él es *********; sin embargo, tal como se advierte del escrito de demanda, así como del ocurso de treinta de marzo de dos mil veintiuno que adjunta a ésta, dicho impetrante de amparo hizo saber al Juez que conoce del proceso dicha situación, por lo que será este quien determine lo conducente. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: Registro digital: 2018247 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: XIII.P.A.55 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2404 Tipo: Aislada NULIDAD DE ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONFORME AL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE SE ENCUENTRE CONOCIENDO DEL ASUNTO -Y NO SU SUPERIOR- ES QUIEN EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE REALIZAR LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. Conforme al precepto mencionado, los actos realizados con violación de derechos humanos serán nulos y no pueden ser saneados ni convalidados, es decir, se trata de una nulidad absoluta, la cual debe ser declarada por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte, en cualquier momento. Asimismo, los actos realizados en contravención a las formalidades que el mismo código establece, sí pueden ser saneados o convalidados, lo que origina una nulidad relativa. Conforme a lo anterior, cuando se trate de la nulidad de actos en el procedimiento por vulneración al derecho fundamental de contar con un traductor o intérprete, así como al derecho a la defensa técnica adecuada y eficaz, encuadra en los supuestos de nulidad absoluta, ya que se refiere a actuaciones realizadas con violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 2o. y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, no pueden ser convalidados ni saneados, por lo que deberán declararse nulos de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla, o a petición de parte en cualquier momento; de ahí que el procedimiento para la declaratoria de nulidad de actos procedimentales en el sistema penal acusatorio debe desahogarse ante la autoridad jurisdiccional que en ese momento se encuentre conociendo del asunto y es ésta quien debe resolver, y no por un procedimiento autónomo iniciado directamente ante el tribunal superior." Ahora bien, en relación al inciso d) señalado en esta determinación, es evidente que se trata de un acto consumado, en virtud que la radicación de la carpeta ya fue efectuada y dentro de la misma se solicitó la fecha de audiencia inicial, lo que pone de manifiesto que no se pueden volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, de manera que no sería posible restituir al promovente del amparo en el goce del derecho humano violado, pues en el extremo de concederse la protección constitucional dicha resolución carecería de efectos prácticos; es decir, se consumó de manera irreparable, actualizándose con ello la causal improcedencia en análisis. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracciones XII y XVI, 113, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, promovida por *********. Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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