Francisco José Montemayor Aldape
Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Francisco José Montemayor Aldape
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se evidencia que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra del auto dictado el cinco de noviembre del presente año, en el que se sobreseyó el juicio de amparo fuera de audiencia; por tanto, se declara que la misma ha causado estado. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese, el informe justificado rendido por la responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León. Asimismo informa que no cuenta con registro de diverso juicio de amparo derivado de la carpeta judicial, de la cual deriva el acto reclamado (medio de apremio consistente en el uso de la fuerza pública), así mismo se tiene a la vista el oficio, que presento la responsable y loas anexos que acompaño al mismo. Se advierte que el veintitrés de octubre de dos mil veinte, la Juez responsable se llevó a cabo la audiencia de control judicial, en la cual se había ordenado el medio de apremio de uso de la fuerza pública para hacer comparecer al quejoso. Circunstancias que se confirman al verificar las instrumentales anexadas, mismas que merecen valor probatorio pleno. En esos términos está acreditada la existencia del acto de autoridad que se combate a través de la demanda de amparo indirecto. En el caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En principio es de capital importancia destacar que siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esas prerrogativas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Asimismo, de entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se pretende controvertir, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de que se concluyera que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a los quejosos en el goce de los derechos que se estimen violados o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Debe concluirse que tal y como se desprende de las constancias allegadas por la Juez responsable en su informe justificado y mediante oficio, mismas que fueron valoradas, se encuentra demostrado en autos que fue llevado a cabo el desahogo de la audiencia de queja y que el aquí quejoso compareció a la misma por medio de videoconferencia, en la que se requería su presencia para que tuviera verificativo y en la que se había ordenado el uso de la fuerza pública. De lo que despunta que los efectos de la orden consistente en el uso de la fuerza pública para hacerlo comparecer para la citada fecha a la audiencia de queja, ya no pueden concretarse, en virtud de la modificación del entorno en que se emitió; es decir, a razón de que sus efectos jurídicos ya no pueden ser materializados, pues el aquí quejoso compareciera por videoconferencia a la misma, a efecto de que se llevara a cabo, la cual se celebró en la data mencionada. De ahí que, aun cuando llegara a concluirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Se afirma lo anterior, en razón de que si bien subsiste el acto atribuido al Juez responsable, también lo es que éste ya no tendrá efectos legales o materiales que surtir, toda vez que el objeto para lo cual fue librada (lograr la comparecencia del investigado al procedimiento penal), ya ha sido cumplido, por lo que aun en el supuesto de que se estableciera que el acto es constitucional o no, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que se llegase a dar, toda vez que los efectos de los actos de autoridad impugnados no se concretarán. Así, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado subsista, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituirle en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ninguna consecuencia jurídica. En consideración a lo expuesto, procede decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las diversas autoridades responsables. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
CONFORME AL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL AL RECINTO OFICIAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Agréguese, el oficio que remite el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, e informa lo acontecido durante la audiencia celebrada el pasado veintitrés de octubre, dentro de la carpeta judicial, formada por la queja promovida, relativa al no ejercicio de la acción penal.
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