Francisco José Martínez Díaz
Expediente 1033/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/08/2019
Partes del expediente
- Francisco José Martínez Díaz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********** mediante el cual trata de desahogar la vista otorgada en proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (foja 68 a 71). DESECHAMIENTO************************************* Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". ************************************* De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, que hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. ************************************* En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." ************************************* En el caso, de la demanda de amparo, analizada en su integridad, se advierte que el quejoso sustancialmente reclama los siguientes actos: ************************************* 1. La omisión de dar respuesta a la petición de reincorporación como servidor público de carrera. 2. La omisión de reincorporarlo como servidor público de carrera. 3. La omisión del pago de sueldos y prestaciones, salarios caídos y demás percepciones a partir del dos de mayo de dos mil catorce hasta la fecha de su reincorporación. 4. La ejecución de una sanción administrativa que no fue ordenada por el titular del órgano interno de control de la secretaria del medio ambiente y recursos naturales. 5. El levantamiento del acta de ejecución de sanción administrativa de dos de mayo de dos mil catorce. ************************************* Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y el diverso 103, fracción I, de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ************************************* XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" ************************************* "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo************************************* II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ************************** Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y su ampliación, este juzgador advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. De los numerales antes insertos se advierte que la fracción XXIII del primer cardinal referido no establece una causa concreta de improcedencia del juicio constitucional, sino que señala en forma genérica que ésta derivará de la aplicación de uno o varios preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia Ley de Amparo. ************************************* Asimismo, se obtiene que el juicio de control constitucional tiene por objeto dirimir controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de autoridad que los gobernados consideren violatorias de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución General de la República, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo cual, la legislación de la materia define a la autoridad responsable con independencia de su naturaleza formal, como la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos la legislación de amparo establece la posibilidad de señalar a particulares con la calidad de autoridad responsable, siempre que se les reclamen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan actuar creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas derivado de funciones determinadas por una norma general. ************************************* Bajo ese orden de ideas, es permisible señalar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse fundamentalmente por exclusión de los actos de particulares, toda vez que la legislación de amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos de autoridad y, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, de manera que afecten derechos fundamentales con motivo de funciones determinadas por una norma general. ************************************* Ahora, para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. ************************************* Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. ************************************* Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, administrativo, agrario o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ************************************* En esas condiciones, para definir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, es necesario tomar en consideración la distinción de las relaciones jurídicas que se pretenden dirimir mediante su promoción, con el fin de establecer si la que se somete a la jurisdicción de los órganos de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad responsable actúe en un plano de superioridad. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". **************************************************** Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. ************************************* Establecido el concepto y características de lo que la ley y la jurisprudencia han determinado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que la quejosa señala como autoridades responsables al Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Chiapas y Delegado Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, parte que figuró como patronal de la quejosa, mismas que no tienen el carácter de autoridades para efectos del amparo. ************************** Lo anterior, ya que el acto reclamado a las citadas autoridades lo constituye medularmente la reinstalación del quejoso a sus funciones como Subdirector de Administración en el Estado de Chiapas, en lo que destaca el pago de los salarios caídos desde la baja suscitada en el año 2014 hasta la fecha, así como diversas omisiones derivadas con reinstalación del quejoso, de ahí que se mantiene una relación de coordinación con la patronal, esto es un plano de igualdad y bilateralidad, y no de supra a subordinación, por lo que no actúan con el carácter de autoridades. Se apoya lo anterior en la la jurisprudencia 31/2014 , dictada por de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona"., Así, de los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda, se desprende que prestó sus servicios laborales en la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Chiapas. ************************************* En ese sentido, la afirmación antes precisada, se traduce en una confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio a la solicitante de amparo. Así, de lo expuesto se obtiene que el acto reclamado en estudio no tiene equivalencia con actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues, el actuar que se le reclama a las señaladas como responsables, deriva de un plano de coordinación o de igualdad entre particulares, en el que actúan en un mismo plano, según se explica. En efecto, de las manifestaciones del solicitante del amparo, se observa claramente que el acto reclamado, emana de cuestiones laborales, es decir, con las autoridades señaladas como responsables el quejoso tuvo una relación de trabajo, en tanto que de las manifestaciones de su escrito de demanda, se advierte que era la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Chiapas. ************************************* Por tanto, al derivar el acto de reclamo de relaciones obrero-patronales, en el que el quejoso y las responsables, actúan en un plano de coordinación o de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo, al no constituir actos unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; ni están realizados en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. ************************************* Por lo tanto, el Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Chiapas y Delegado Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalados como responsables, no actúan con el carácter de autoridades, sino que actúa frente a la parte quejosa bajo una relación jurídica de coordinación con la parte actora, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la petición de dieciocho de febrero del actual, presentado ante la oficialía de partes de la Delegación Federal en Chiapas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al tratarse de actos de coordinación efectuados en un plano de igualdad con la autoridad responsable (patronal en el procedimiento administrativo de origen). Así las cosas, no se puede sostener válidamente que el acto reclamado por el solicitante de amparo revista las características de un acto de autoridad para los efectos del numeral 103 constitucional, en virtud de que los actos atribuidos a las responsables, en relación con la parte quejosa, son de naturaleza laboral; por lo que no se le deja en estado de indefensión, pues puede acudir a la vía ordinaria para reclamar los derechos que considera afectados; además, el quejoso puede ejercer las acciones que estime necesarias para que le sean reconocidas las prestaciones que solicitó en sus escritos de petición de dos de julio y diez de septiembre del año en curso. Es aplicable al caso la Tesis Aislada, Registro 190214, de marzo de 2001, con rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES UN FUNCIONARIO DE UNA UNIVERSIDAD, CUANDO SE LE FORMULE UNA PETICIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, QUE DERIVE DE UNA RELACIÓN LABORAL. La omisión de un funcionario de una universidad de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados sobre las causas de su remoción, no puede resultar violatoria de la garantía de petición que consagra el artículo 8o. constitucional, atento a que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vinculaba, regida por ordenamientos de derecho laboral, siendo claro que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad universitaria, no es la de un gobernado, pues el hecho de que en su solicitud invoque aquella norma constitucional, no cambia la naturaleza del acto mismo, el cual no emerge del imperio que corresponde a la universidad, como parte de la administración pública federal en la prestación de un servicio a cargo del Estado, la educación pública, sino que tiene como origen el acuerdo en que las partes, conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales, convienen las condiciones en que habrá de desarrollarse y puede terminar su relación, esto es, el reclamado no es un acto emitido en función del ejercicio público, de acuerdo al artículo 3o. de la Carta Magna, que afecte por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado". ************************************* Lo anterior, en virtud que el acto reclamado constituye una omisión en la que el Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Chiapas y Delegado Federal en el Estado de Chiapas de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, actúan en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, se trata de una relación de coordinación derivada de la vinculación laboral, por lo que no constituye un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. ************************************* Se reafirma lo anterior, ya que si bien el articulo octavo de la carta magna señala el derecho de los gobernados de obtener respuesta de las dependencias de gobierno, no hay que pasar inadvertido la naturaleza de la autoridad responsable, la cual como ya se señaló, es parte patronal en la relación de origen con el quejoso. ************************************* Asimismo, se aplica en lo conducente la tesis emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, mayo de 2017, libro XLII, Tomo II, consultable en la página 1140, con registro electrónico 2014233, cuyo texto es el siguiente: ************************** "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA LA OMISIÓN EN QUE INCURRE AL NO RESPONDER LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR EL TRABAJADOR, RELACIONADAS CON EL CRÉDITO QUE LE HAYA OTORGADO, NI CUANDO SE RECLAMA LA CONTESTACIÓN RELATIVA. Conforme a los artículos 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo., 2o., 3o., 34 y 43, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el citado organismo es un ente de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y establecer y operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores puedan obtener un crédito de vivienda, respecto del que los acreditados pueden solicitarle y obtener información relativa al monto de los descuentos, con inclusión de las aportaciones aplicadas y el saldo pendiente de cubrir, supuesto en el que el instituto referido se encuentra en la relación jurídica como administrador, de forma distinta a la función que desempeña como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y demás sujetos obligados. Ahora bien, ante la omisión en que incurre, al no responder la solicitud de información respectiva formulada por un trabajador acreditado, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, la contestación mediante la que atiende esa petición respecto del crédito otorgado al trabajador tampoco tiene la calidad de acto de autoridad, por lo que no es jurídicamente factible reclamar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo, toda vez que la respuesta emitida no vincula por sí y ante sí la situación jurídica del peticionario, modificando o extinguiendo algún derecho relacionado o derivado del otorgamiento del crédito, ya que el instituto no decide de manera terminal ni definitiva sobre lo pedido, además, porque la determinación correspondiente puede impugnarse mediante el recurso de inconformidad que se tramite y resuelva por el propio organismo o, en su caso, a través del juicio laboral del conocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o los Tribunales competentes, como lo disponen los artículos 52 y 53 de la Ley mencionada". ************************** Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracciones XII, XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción I, fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, así como el diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el precepto 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". ************************************* Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Al tema es de invocarse, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, consultable en la página 1639, libro XXVIII, marzo de 2015, tomo II, registro electrónico 2011298, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo" **************************************** Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente a la promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Francisco Javier Serrano Altuzar1501/2023
- Francisco Javier Toledo Martínez2063/2016
- Francisco Javier Vázquez Alfaro1701/2019
- Francisco Jesús Castellanos López905/2023
- Francisco José Alejandro Martínez Ruiz452/2020
- Francisco José Gutiérrez León322/2022
- Francisco José Vila del Valle855/2016
- Francisco Juárez Espinoza934/2017
- Francisco Juárez Espinoza1156/2018
- Francisco Juárez Espinoza169/2023
- Francisco Juárez Espinoza424/2017
- Francisco López Chacón399/2023