Francisco Jose Lopez Alegria

Expediente 1425/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1425/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Francisco Jose Lopez Alegria

Actuaciones

  1. Principal

    VIII.- JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS ACEPTO COMPETENCIA...ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    VIII.- Villahermosa, Tabasco; cinco de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Se tiene por recibido con la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Veintinueve Distrito, en el estado de Tabasco, y otra autoridad; Por tanto, se ordena formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el juicio de amparo indirecto 1425/2022-VIII. INCOMPETENCIA En principio, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, del siguiente contenido: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora, para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, dispone como norma general de competencia, que el juicio de amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se haya ejecutado, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Del precepto constitucional apuntado, se advierte que el propósito de tal disposición, fue de facilitar a las personas el acceso al juicio de amparo, al prever que podrá interponerse ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Tal disposición constitucional, se encuentra reproducida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". (Énfasis añadido). Del artículo de referencia se desprenden los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de Distrito, a saber: A) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. B) Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, así la competencia la determina el lugar de presentación de la demanda y; C) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva. Con respecto del supuesto de competencia señalados en el inciso A), cabe hacer la aclaración siguiente: a) Con relación a aquellos del lugar donde el acto deba tener ejecución, debe considerarse como tales los que no han sido ejecutados y en virtud de sus circunstancias particulares, se llegue a la conclusión de que tales actos reclamados habrán de tener efectos y llevarse a cabo en el lugar de su ejecución. b) Que los actos que traten de ejecutarse en determinado lugar, son aquellos donde dicha ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud de que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad; pero éstos tendrán ejecución en la jurisdicción de otro Juzgado de Distrito. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde tal ejecución ya fue consumada y, por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada la competencia al juzgador dentro de la jurisdicción en la que se llevó a cabo el acto reclamado, empero el supuesto en comento, puede dar cabida a dos tipos de actos con base en sus efectos; a saber: 1) Actos de Tracto Sucesivo: son aquéllos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman en una sola ocasión y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES" También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia". En esa guisa, al ser la competencia un presupuesto procesal de orden público, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: "Todos los autos, decretos y resoluciones, así como la orden de ejecución y entrega, de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente relativo al Juicio Agrario, contenido en el expediente número 46/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Veintinueve Distrito, con residencia en esta ciudad, y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializar sobre la parcela ejidal identificada con el número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..." Por ende, como se infiere que el acto reclamado tiene ejecución material donde se encuentra ubicada la parcela ejidal identificada con el número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Estado XXXXXXXXXXXXXXXX, así como sus consecuencias; se actualiza el primer supuesto de competencia señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se estima que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. En efecto, siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en el citado precepto, así como del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el acto que reclama la parte quejosa se hace consistir en los decretos y resoluciones, así como la orden de ejecución y entrega, de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente relativo al juicio agrario, 46/2022, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Veintinueve Distrito, con residencia en esta ciudad, y la orden de ejecutar el acto procesal para materializar la entrega sobre la parcela ejidal identificada con el número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el cual su ejecución es el ubicado en el Estado de Chiapas,. Por tanto, resulta evidente que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer y decidir de la demanda de amparo en los términos propuestos, en razón del territorio; pues se reitera el acto reclamado lo hace consistir en todos los autos, decretos y resoluciones, así como la orden de ejecución y entrega, de fecha doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente relativo al juicio agrario, XXXXXXXX, del índice del tribunal Unitario Agrario del Veintinueve Distrito, con residencia en esta ciudad, y la orden de ejecutar el acto procesal relativo a la entrega de la parcela ejidal identificada con el número XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; por lo que se considera competente para conocer de dicho ocurso constitucional promovido por Francisco José López Alegría, el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues dicho órgano ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde se ejecutara el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la tesis visible en la Octava Época, Instancia Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992; Tesis: 1a. II/92, Página 94, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Asimismo, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, cuyo rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De igual forma, la tesis 21, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 99, de Informes, Informe 1981, Parte II, Séptima Época, materia civil, cuyo rubro es: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE SE HAYA CONSUMADO. CARECE DE APLICACIÓN ANALÓGICA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE AMPARO." Del mismo modo tiene sustento la tesis 1.15o.A.41 K, visible en la página 2288, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por tales consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver del presente juicio de amparo, y se considera que tal competencia se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, debiéndose remitir mediante atento oficio y sin demora, la demanda para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo; sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, asimismo, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Por consiguiente, fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, así como hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en el proemio de la demanda; y, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la citada Ley a la persona que menciona en su escrito de demanda. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia de contacto de la parte quejosa, para el caso de ser necesario el número telefónico que cita en el escrito de demanda que se provee. CORREOS ELECTRÓNICOS y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia de contacto, para el caso de ser necesario, el correo electrónico y número telefónico que cita en su escrito de demanda. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID- 19. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: -Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de firma electrónica vigente (FIREL) y -proporcionen un correo electrónico y número telefónico como datos de referencia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Ahora, mientras las medidas de sana distancia y reducción de movilidad subsistan para enfrentar la contingencia, se privilegiará la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, por tanto, se autoriza a las partes para la consulta del presente expediente vía telefónica con la secretaria encargada de la mesa VIII, al número 2291110494, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley.

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