Francisco José Lavadores Jibaja

Expediente 1018/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1018/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Franck Antonio Fernández Estrada
  • Francisco José Lavadores Jibaja
  • Franck Antonio Fernández Estrada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que en auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que por sentencia ejecutoria dictada el doce de septiembre del presente año, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Finalmente, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1018/2019-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, se concedió a Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja el amparo solicitado respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Segundo. Por oficios CJ-DRC-JUR-3410-3075-61-2019 (fojas 86 y 87) y CJ-DRC-JUR-3780-3421-406-2019 (fojas 92 y 93) suscritos por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, por sí y en representación del Oficial Número Uno de dicha dependencia, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Tercero. Mediante auto de treinta de octubre del presente año, se dio vista a las partes con los citados oficios y constancias que se adjuntaron a los mismos, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus interés conviniera. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de la parte quejosa Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja, para el efecto de que: "(.) para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. (.) Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-2210-2001-0094-2019, de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron los quejosos por escrito presentado ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a los quejosos en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por los quejosos, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias (.). En este orden de ideas, el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se inaplique a los quejosos en el presente y futuro la porción normativa declarada inconstitucional, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto, interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó la norma impugnada atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por los demandantes de amparo, ésta deberá darle trámite. Por tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dicha autoridad responsable de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán, relacionada con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Ahora bien, del examen de lo comunicado en los oficios referidos en párrafos que anteceden, se desprende que se realizó lo siguiente: Mediante oficio CJ-DRC-JUR-3410-3075-61-2019 de siete de octubre de dos mil diecinueve, dejó sin efectos diverso oficio CJ-DRC-JUR-2210-2001-0094-2019 de cinco de julio del año dos mil diecinueve (foja 86). En su lugar, informó que los quejosos Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja, comparecieron el siete de octubre del presente año, a la Oficialia Uno de Mérida, Yucatán, a efecto de llenar la solicitud de unión matrimonial para poder llevar a cabo el registro de matrimonio el veinticinco del mismo mes y año (foja 87). Por diverso oficio CJ-DRC-JUR-3780-3421-406-2019 de veintiocho de octubre del año en curso, remitió la certificación de datos de registro de matrimonio entre los quejosos Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja, de fecha veinticinco de octubre de esta anualidad (foja93). De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1018/2019-I, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, se concedió a Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja el amparo solicitado respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables en este asunto. Segundo. Por oficios CJ-DRC-JUR-3410-3075-61-2019 (fojas 86 y 87) y CJ-DRC-JUR-3780-3421-406-2019 (fojas 92 y 93) suscritos por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, por sí y en representación del Oficial Número Uno de dicha dependencia, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Tercero. Mediante auto de treinta de octubre del presente año, se dio vista a las partes con los citados oficios y constancias que se adjuntaron a los mismos, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus interés conviniera. C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de la parte quejosa Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja, para el efecto de que: "(.) para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. (.) Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-2210-2001-0094-2019, de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron los quejosos por escrito presentado ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a los quejosos en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por los quejosos, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual la autoridad responsable Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, queda exenta de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias (.). En este orden de ideas, el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se inaplique a los quejosos en el presente y futuro la porción normativa declarada inconstitucional, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto, interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal suerte que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó la norma impugnada atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por los demandantes de amparo, ésta deberá darle trámite. Por tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dicha autoridad responsable de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán, relacionada con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria. Ahora bien, del examen de lo comunicado en los oficios referidos en párrafos que anteceden, se desprende que se realizó lo siguiente: Mediante oficio CJ-DRC-JUR-3410-3075-61-2019 de siete de octubre de dos mil diecinueve, dejó sin efectos diverso oficio CJ-DRC-JUR-2210-2001-0094-2019 de cinco de julio del año dos mil diecinueve (foja 86). En su lugar, informó que los quejosos Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja, comparecieron el siete de octubre del presente año, a la Oficialia Uno de Mérida, Yucatán, a efecto de llenar la solicitud de unión matrimonial para poder llevar a cabo el registro de matrimonio el veinticinco del mismo mes y año (foja 87). Por diverso oficio CJ-DRC-JUR-3780-3421-406-2019 de veintiocho de octubre del año en curso, remitió la certificación de datos de registro de matrimonio entre los quejosos Franck Antonio Fernández Estrada y Francisco José Lavadores Jibaja, de fecha veinticinco de octubre de esta anualidad (foja93). De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con el que informa el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente expediente por lo que respecta a ella y en representación de la oficial uno de dicha dependencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, póngase el oficio de mérito y el diverso de siete de octubre del presente año (fojas 86 y 87) y constancias anexas a los mismos, a la vista de las partes por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional resolverá lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

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