Francisco José Eduardo Bernot Barragán
Expediente 465/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/09/2022
Partes del expediente
- Francisco José Eduardo Bernot Barragán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del envió del juicio de amparo 465/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, y de los anexos que le fueron remitidos, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del citado asunto. En lo atinente a su solicitud, de remitir las pruebas presentadas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, desahogo y otro diverso, así como las constancias de notificación y/o promociones correspondientes, se le informa que este órgano jurisdiccional envió toda la documentación con que contaba del juicio de amparo que nos ocupa, sin que exista diversa que deba ser expedida. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente será susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; lo cual deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver el juicio de amparo 465/2022 promovido por ****************, por su propio derecho, contra actos de la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades responsables y; R E S U L T A N D O ... Por lo expuesto y fundado; se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, promovido por *********************, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia, por las razones expuestas en el único considerando del presente fallo. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos a un Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para los efectos legales correspondientes. TERCERO. Fórmese cuaderno de antecedentes por incompetencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la adscripción y; por oficio a las autoridades responsables mediante oficio impreso. Lo resolvió Celina Angélica Quintero Rico, Jueza de Distrito del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del secretario Marco Antonio Ávila Rivera, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha siete de julio de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de cuatro del mes y año en curso, cuyo contenido es: "VISTOS, para resolver el juicio de amparo 465/2022 promovido por ****************, por su propio derecho, contra actos de la Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades responsables y; R E S U L T A N D O ... Por lo expuesto y fundado; se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, promovido por *********************, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia, por las razones expuestas en el único considerando del presente fallo. SEGUNDO. Remítanse los presentes autos a un Juez de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para los efectos legales correspondientes. TERCERO. Fórmese cuaderno de antecedentes por incompetencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la adscripción y; por oficio a las autoridades responsables mediante oficio impreso. Lo resolvió Celina Angélica Quintero Rico, Jueza de Distrito del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del secretario Marco Antonio Ávila Rivera, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de julio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional."
- Principal
Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 59/2022. Hágase del conocimiento de las partes, que el órgano colegiado revisor resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de queja promovido por la Director de Verificación Patrimonial "B", de la Secretaría de la Función Pública, en contra del auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, emitido por la Juez Decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del incidente de suspensión derivado del Juicio de amparo 531/2021. SEGUNDO. Queda firme el acuerdo recurrido." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, tomando en consideración que se ha resuelto en definitiva el recurso señalado en párrafos que anteceden, se instruye a la Analista Jurídico SISE a efecto de que deshabilite los permisos otorgados para la consulta de las constancias electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que en su caso, se hayan realizado. En relación a lo anterior, de autos se advierte que mediante resolución emitida en el R.A. 194/2021, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en esta Ciudad de México, revocó la resolución interlocutoria dictada el catorce de mayo de dos mil veintiuno, concediendo la misma, manifestando en sus puntos 47 a 50 lo siguiente: 47. "En el caso sometido a estudio, es preciso señalar que el acto reclamado, consistente en la negativa de la autoridad responsable de tener a la quejosa en calidad de tercera en el procedimiento administrativo por considerar concluida la etapa de investigación, se fundamentó en los arlículos 1, 2, fracción 11, 3, fracciones 11, X, XXIII, XXIV y XXV; 4, fracciones i y 11, 6, 8, 9, fracción I, 26, 30, 36, 37, 39, 41, 94, 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de dichos numerales se desprende que la autoridad responsable se encontraba en etapa de investigación, toda vez que la verificación ordenada en relación al incremento injustificado del patrimonio, es parte de la etapa de investigación, de la cual deriva o puede derivar la sustanciación del inicio del procedimiento administrativo en contra del ex servidor público, (esposo de la hoy quejosa). 48. Por lo que, no debe tomarse como una resolución terminal y absoluta el acuerdo de conclusión impugnado, ya que apenas tiene el carácter de parcial al formar parte de la etapa de investigación y de todo un sistema de actuaciones cuyo propósito global es la disciplina y rendición de cuentas exigible a servidores públicos, sin que se advierta su conclusión, al haberse dictado apenas el informe de presunta responsabilidad administrativa, pues, en su caso, es un medio o antecedente para preparar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y, por ende, el dictado de nuevas actuaciones que, en su caso, pudieran determinar la existencia de alguna falta y afectación en derechos patrimoniales. 49. En este contexto, si es posible concretar el efecto de la suspensión que solicitó la quejosa, el cual fue para que la responsable le permitiera ejercer su derecho de audiencia y le diera la oportunidad de ofrecer pruebas que acreditaran la titularidad de sus bienes, que aparecen incluidos dentro del patrimonio de su esposo, sujeto a investigación. Como bien se plantea, acorde al desenlace que hasta ahora ha tenido la investigación practicada, surge la interrogante si se dio participación a todos los posibles afectados con la decisión sancionatoria que, en su momento, pueda emitirse, con la eventual posibilidad de no reconocer la calidad de tercero interesada que invoca la quejosa dentro del procedimiento. Por tanto, con base en el contenido del artículo 116, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los propósitos que lo inspiran, la finalidad debe ser la plena participación de sujetos relacionados con las conductas sancionables y la cauda de consecuencias que puedan derivarse, entre ellos el status de bienes relacionados. En efecto, esa es la ratio legis del sistema normativo, señalando que, serán parte en el procedimiento de respoÍisabilidad administrativa, también los terceros o afectados a quienes pueda perjudicar la resolución que se dicte en el procedimiento sancionatorio. 50. Por lo anterior y con fundamento en una interpretación finalista y consecuencialista del artículo 116, fracción IV, de la referida Ley, se debe otorgar la suspensión a la quejosa para que, la autoridad responsable permita a la hoy recurrente, eiercer su derecho de audiencia, que le dé la oportunidad de ofrecer pruebas y le permita demostrar la titularidad de sus bienes, tomados como parte del patrimonio del sujeto investigado. Ello, mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que, si se niega el amparo, porque la "apariencia del buen derecho" sea equivocada, la autoridad pueda corregir lo actuado. Todo esto en el entorno que se aprecia, pues el orden jurídico parece ser insuficiente y no satisfaciente del debido proceso legal que es invocado y propuesto por la quejosa, atento lo cual, es indispensable que la aplicación de principios corrija y depure esas circunstancias". (lo resaltado es nuestro). Visto lo anterior, la superioridad, concedió la suspensión para que la responsable permita al tercero (aquí quejosa), ejercer su derecho de audiencia, y le dé oportunidad de ofrecer pruebas que acrediten la titularidad de sus bienes, ya que de autos la responsable únicamente pretende acreditar el cumplimiento de la presente suspensión estableciendo lo siguiente: "Único. - Se tiene por presentado y ofrecido el escrito del dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno, signado por *******************, así como los anexos que lo acompañan por el cual en ejercicio de la suspensión definitiva que le fue otorgada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, formula manifestaciones y ofrece pruebas en relación al expediente VP/089/2019 correspondiente a la investigación en materia de verificación a la evolución patrimonial de Alberto Elías Beltrán, quien presenta un presunto incremento en su patrimonio que no es explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público en los cargos de Director General en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, en el periodo comprendido del primero de enero de dos mil catorce al treinta de noviembre de dos mil dieciocho, por un monto total de *************************; reservándose esta autoridad responsable respecto a su admisión y desahogo, así como su posterior revisión, análisis y valoración desde el punto de vista contable financiero y jurídico, hasta en tanto no se haya resuelto el juicio principal tal y como lo señala el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito." Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, por última ocasión se da un término NO PRORROGABLE de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acredite de manera efectiva, sin evasivas el cabal cumplimiento de la suspensión definitiva, computado a partir de que quede notificada del presente acuerdo. En específico a lo establecido por la superioridad, donde otorgo la suspensión para que la responsable permita al tercero, EJERCER SU DERECHO DE AUDIENCIA, Y LE DÉ OPORTUNIDAD DE OFRECER PRUEBAS QUE ACREDITEN LA TITULARIDAD DE SUS BIENES En el entendido que subsiste el apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo establecido en la presente determinación, se hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.
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