Francisco José Cupul May
Expediente 778/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Francisco José Cupul May
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado en once de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por ****, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito firmado por ***, en cumplimiento al auto preventivo de dos de octubre del año en curso, manifiesta los antecedentes en relación al acto reclamado, los cuales consisten en: ***** En ese tenor de ideas, se tiene por desahogada la prevención inmersa en autos. Ahora, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado el siguiente: **** De lo anterior es posible advertir que el quejoso reclama la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, declaro incompetente para conocer y resolver la incidencia planteada en el expediente ***, y declinó competencia a la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Ahora, es preciso tener en cuenta el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: **** El dispositivo transcrito establece un catálogo de hipótesis en las que el juicio de amparo resulta improcedente, empero, no es limitativo de las que ahí se estipulan, ya que su última fracción prevé que la improcedencia del amparo puede derivar de otras disposiciones que establece la Constitución o la propia Ley. Al respecto, resulta conveniente precisar que en el artículo 107 de la ley de la materia, se estatuyen las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que cuando el acto no actualiza alguna de las ahí establecidas, la promoción del juicio constitucional se torna improcedente. En el caso particular, como punto de partida debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente a partir de tres de abril de dos mil trece. **** Del numeral trascrito se advierte que el juicio de amparo procede contra resoluciones de incompetencia (declinar o inhibir la competencia o el conocimiento del asunto); sin embargo, no debe estarse a la interpretación literal de dicha disposición para la procedencia del asunto, pues tiene que atenderse el sistema general normativo de procedencia del juicio de amparo, esto es, la resolución reclamada tiene que tener el carácter de definitiva. Lo anterior tiene sustento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén que los actos materia de impugnación a través del juicio constitucional, en cualquiera de sus vías, deben ser definitivos, salvo las excepciones que expresamente establece la propia ley, como cuando se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, los que afecten la libertad personal, afecten a personas extrañas, entre otros. En ese tenor, también debe puntualizarse que el juicio constitucional es "extraordinario", su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales, que desde luego estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, el cual establece que dicho juicio es procedente únicamente contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el que puedan ser modificados o revocados. Bajo ese contexto, si uno de los principios rectores de procedencia del juicio de amparo respecto de actos dentro del procedimiento, es la definitividad del acto reclamado, ya sea porque contra ese acto ya se agotaron los medios ordinarios, ya sea porque no proceda alguno de ellos o, bien, porque la determinación impugnada es la final; en consecuencia, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el mismo sentido, esto es, el juicio de amparo sólo procede contra las resoluciones de incompetencia cuando se trata de una determinación final. Consecuentemente, la declaración unilateral de incompetencia por declinatoria o inhibitoria no puede considerarse como un acto definitivo, ya que involucra un pronunciamiento incierto en cuanto a su sentido, que en su momento necesariamente deberá emitir la autoridad considerada competente. Desde esa óptica, será la aceptación de la competencia el hecho jurídico que consolidará el pronunciamiento respectivo, es decir, hasta ese momento es que la resolución respecto de la aceptación de la competencia será definitiva para los efectos de la procedencia genérica del juicio de amparo, pues hasta entonces podrá asumirse que el asunto será conocido y, en su caso, resuelto por determinada autoridad. Apoya lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora, en el caso particular, se itera el acto reclamado lo constituye la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, declaro incompetente para conocer y resolver la incidencia planteada en el expediente ***. Sin embargo, tal determinación no tiene el carácter de definitiva, ya que ese acto se encuentra sujeto a que la autoridad a la que se declinó la competencia la acepte. En efecto, del análisis del escrito aclaratorio se desprende que, inicialmente, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo en el expediente *** se declaró incompetente de la incidencia plateada por el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, toda vez que declinó que la autoridad competente para conocer del conflicto es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, esto es en razón de que no puede conocer del supuesto despido injustificado a que alude el quejoso. De lo anterior se desprende que la decisión de declarar fundada la excepción de incompetencia por no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que la misma se encuentra condicionada la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo acepte la competencia para conocer y resolver en torno al problema jurídico suscitado en el expediente ****. Esto es, la determinación asumida se encuentra sujeta a que la citada autoridad jurisdiccional determine si acepta o no conocer y resolver el asunto instado por la parte actora hoy quejosa. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 62 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 86-2, Febrero de 1995, página 36, cuyo rubro señala: "AMPARO IMPROCEDENTE, EL QUE SE PROMUEVE CONTRA RESOLUCIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA JUNTA, CUANDO NO ES AUN DEFINITIVA."
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ****, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 778/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: *** Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. A efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario precisar que el quejoso señaló reclamado en el siguiente: **** De lo anterior, se advierte que el promovente se duele de la interlocutoria de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictada en el expediente ****, en la que se declaró procedente el incidente de competencia, sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierten mayores datos de dicha resolución, como si la autoridad declinó la competencia, a qué diversa autoridad remitió los autos, cuándo fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de dicha interlocutoria. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, realice lo siguiente: ÚNICO. En vía de ampliación manifieste, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos en relación al acto que reclama, qué resolvió la autoridad responsable, si declinó competencia, a qué autoridad remitió los autos, la etapa respectiva en que se encuentra, las partes que intervienen en él, cuándo fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la resolución que reclama. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo que se le previene en el punto preventivo, en el término concedido, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, por conducto de su representante legal y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éste último se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de su autorizado en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.
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