Francisco Jorge Armando Mendiolea Velasco

Expediente 300/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
300/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Jorge Armando Mendiolea Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 300/2023-IX. Puebla, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a: Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Se recibe oficio. Se agrega al expediente el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el once de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja, de su índice, interpuesto por +++, contra el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. En dicha ejecutoria se resolvió en el siguiente sentido: ".ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo indirecto ***, del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.". En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el acuerdo que desechó la demanda de amparo, ha quedado firme (causó estado). En consecuencia, lo procedente es ordenar el archivo del presente asunto, bajo los lineamientos siguientes. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo - lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-; y la queja interpuesta contra dicho desechamiento fue infundada. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Lo anterior, en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incidente de suspensión. En virtud de que la demanda de amparo fue desechada, no se abrió el incidente de suspensión, por tanto, no ha lugar a proveer al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta ordenar la notificación personal de este auto al quejoso porque ningún derecho procesal está involucrado en la presente determinación. Aunado a que si el fiscal adscrito o la parte quejosa desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que, si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (acuse de recibo); y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 300/2023-IX. Puebla, Puebla, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se recibe el oficio de cuenta del secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual remite el diverso de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Tribunal Colegiado, admite recurso de queja. Ahora, visto el oficio de la referida actuaria, se advierte que, mediante auto de once de abril de dos mil veintitrés, la magistrada presidenta del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por autorizada en términos amplios del quejoso. Recurso que quedó radicado en el expediente 62/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 300/2023-IX. Puebla, Puebla, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, signado por *, autorizada en términos amplios del quejoso * a través del cual interponen recurso de queja y formula agravios contra el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Además, señala las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada para la sustanciación de dicho recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso y vinculación del expediente. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios así como copia certificada de la totalidad del presente expediente, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Con independencia de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que el tribunal colegiado que conozca del recurso esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra y consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Informe de la queja. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veinticuatro de marzo del año en curso, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copia de todo lo actuado en este juicio -como lo solicitó el quejoso-, y del escrito en el que obran los agravios, al oficio que se dirija al tribunal de alzada. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese: por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 300/2023-III. Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por *, por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, evita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular, para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que, aun de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no existiría la posibilidad de arribar a una convicción diversa; independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el siguiente acto: La omisión de resolver la solicitud presentada por escrito el quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que interpuso el incidente no especificado de cese de la medida cautelar por haber cumplido más de dos años de su imposición, con el fin de que el Juez de la causa proceda a resolver sobre el cese de la prisión preventiva y ordenar su inmediata libertad dentro del proceso penal 11/2011 y su acumulado 12/2011 y conceder la libertad. Bajo ese contexto, es evidente que, aun cuando el quejoso señaló en el apartado de acto reclamado la omisión de resolver el incidente no especificado de cese de la medida cautelar, de la lectura integral de su escrito de demanda, se advierte que lo que realmente reclama es la omisión de acordar el escrito que presentó el quince de marzo de dos mil veintitrés, puesto que aduce que no ha recaído ningún proveído a dicha solicitud. Al grado que dicha omisión la pretende enmarcar dentro del derecho de petición reconocido en el artículo 8° constitucional; lo cual, en realidad, permite detectar un aparente retraso en el emisión del acuerdo correspondiente, mismo que podría enmarcarse dentro del artículo 17 constitucional como lo expuso en su segundo concepto de violación; sin embargo, la suscrita no advierte que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, exista una abierta dilación en dar contestación a su petición, debido a lo reciente de su presentación. En efecto, en este momento la acción de amparo resulta improcedente para poder analizar una omisión reclamada, dado que el hecho de que hasta el momento no se haya emitido el acuerdo respectivo a la promoción que el quejoso dice presentó el quince de marzo de dos mil veintitrés, no implica que exista una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del aquí quejoso. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (a contrario sensu), respecto del acto reclamado. De lo anterior, se colige que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Eso significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que el acto reclamado relativo a la omisión de acordar el escrito de quince de marzo de dos mil veintitrés en autos del proceso 11/2011 y su acumulada 12/2011, no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues el solo hecho de que a la presente fecha todavía no se emita el proveído respectivo, no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso, porque lo anterior puede subsanarse una vez que la autoridad responsable emita el acuerdo correspondiente dentro de un plazo razonable. En efecto, la primera exigencia de que el acto que se reclama afecte materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda exigencia consiste en que el derecho afectado materialmente debe entrar en la categoría de sustantivos. Expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden confirmarse). Así, cuando como en el caso, el acto reclamado resulte de la eventual violación a los artículos 8°, 14 o 17 constitucionales, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como actos adjetivos, porque no se trata de una violación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular; sino que se da justamente dentro del mismo: la omisión de contestar el escrito que se presentó el quince de marzo de dos mil veintitrés, lo que se puede subsanar una vez que el juez señalado como autoridad responsable dé respuesta en un plazo razonable. Además, siguiendo la idea de que para revisar si se está ante la trasgresión del plazo razonable, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos conforme a los criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad a fin de poder establecer si, en el caso concreto, se ha incurrido en una abierta dilación, que pueda constituir, por sí misma, una violación al artículo 17 constitucional. De tal manera que, aun cuando la parte quejosa se duela de violaciones a los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto omisivo aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, en virtud de que, por el tiempo transcurrido no constituye una abierta dilación. En conclusión, la omisión reclamada por la parte quejosa es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, lo que en la especie no ocurre. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, materias constitucional, común, página 1086, con el rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por lo tanto, como se advirtió resulta de manera notoria, manifiesta e indudable, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (a contrario sensu) de la Ley de Amparo, y por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión reclamada así como la dilación procesal alegada, en autos del proceso 11/2011 y su acumulada 12/2011. Cabe destacar que, sobre este tópico el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se ha pronunciado en el mismo sentido al resolver el recurso de queja 200/2022, en el que confirmó el desechamiento de la demanda que se registró con el número de juicio de amparo 1001/2022 del índice de este juzgado de distrito. Notificaciones, y autorizados del quejoso. Ahora, del escrito de tutela, se hace notar que el quejoso señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calle Juan cordero, número mil seiscientos once de la colonia Satélite Magisterial, de ahí que al ubicarse en la ciudad de Puebla se autoriza la práctica de notificaciones en el mismo. En relación al medio de contacto no procesal (correo electrónico) que indica en su demanda, solo serán considerado por los actuarios judiciales, cuando la situación lo amerite para tener contacto con el quejoso. En otro orden de ideas, queda autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, Alejandra Villegas Rodríguez; lo anterior es así, ya que cuentan con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Autorización para toma de fotografía. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal al quejoso y cúmplase.

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