Francisco Joel Flores Ramírez

Expediente 623/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
623/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Francisco Joel Flores Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    El treinta de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 13792 con anexos.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 512/2021 y origen 187/2021, por el cual se le encomendó notificar de manera personal al quejoso el auto de veintidós de julio de la presente anualidad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que sea necesario acusar recibo del exhorto de cuenta en razón de que el mismo fue recibido vía electrónica. Luego, en atención a que no fue posible realizar la notificación de mérito a la parte quejosa, toda vez, que el domicilio que señaló por la parte quejosa se encuentra deshabitado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, Fracción III, inciso a), se ordena realizar la notificación del auto de veintidós de julio del año en curso, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el numeral 29 de la ley de la materia, hasta en tanto se haga la designación correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    El nueve de agosto de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada bajo el folio 12738 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 473/2021 (origen 160/2021), enviado a fin de que llevara a cabo la notificación del auto de veintidós de julio de este año, al promovente Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruiz, por los motivos que expone (no se adjuntó copia del auto de mérito para correr traslado al quejoso, aunado a que la comunicación oficial de la que se habla únicamente contiene la evidencia criptográfica del secretario de acuerdos, no así la del secretario encargado del despacho de este juzgado); sin que haya lugar acusar recibo dada la vía en que se recibe. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En esa guisa, tomando en consideración que mediante proveído de veintidós de julio del año en curso, se recepcionó la demanda de amparo promovida por Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruiz, en el que se determinó prevenir y requerir en los términos decretados en el mismo. Ahora bien, toda vez que el quejoso señaló entre otros como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Julián de los Reyes número 548 (quinientos cuarenta y ocho) Zona Centro, código postal 78000, de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, sin que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el diverso artículo 2o. de la ley de la materia, gírese atento exhorto al juez de Distrito en Turno en el estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda acuda al domicilio señalado con antelación, notifique el contenido del proveído veintidós de julio del presente año, al quejoso Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, y lo requiera en los términos apuntados en el mismo auto; de igual forma, como ya se mencionó no señala domicilio en esta ciudad, por lo que, requiérasele además para que en el momento de su notificación o en el término de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes serán realizadas por medio de lista, aun las que tengan de carácter personal, hasta en tanto no señale domicilio en esta ciudad, en el cual pueda ser notificado. Adjúntese a la comunicación oficial de mérito, copia certificada del auto de veintidós de julio de la presente anualidad. Hecho lo anterior, devuelva el exhorto de que se trata debidamente diligenciado con la premura que el caso amerita. Notifíquese.

  3. Principal

    CUENTA. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, por propio derecho, registrada con el número de folio 12118. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, por propio derecho, contra actos del Fiscalía General de Justicia en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 623/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda". En correlación con lo anterior, el numeral 108, fracción IV y V de la Ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que en la demanda se tendrán que expresar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, siendo que el acto que se reclama, así como lo reclamado a cada una de las autoridades responsables y el bajo protesta de decir verdad, integran un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, al tratarse de datos indispensables para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. Por ende, el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa: para que aclare la demanda cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado, así como lo que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, o cuando no exponga los hechos o abstenciones que constituyan antecedentes del acto reclamado, o en general cuando advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda. En su caso, del escrito de demanda se desprende que la parte inconforme, señala como autoridades responsables, y acto reclamado lo siguiente: "III.- AUTORIDADES SENALADAS COMO RESPONSABLES: 1.- FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, . 2.- POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, . B).- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. 1.- POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES, ... 2.- POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ... 3.- GUARDIA NACIONAL, . 4.- CENTRO DE CÓMPUTO, COMANDO CANALIZACIÓN Y CAPTURA DE AGUASCALIENTES." "III.- ACTO, NORMA GENERAL U OMISION QUE SE RECLAMA. La garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reclamar la afectación de derechos extraprocesales o adjetivos.". En ese orden de ideas, si el ofendido reclama en el juicio de amparo indirecto la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal, y dentro del procedimiento, el Juez de Distrito no le admite pruebas que previamente había ofrecido ante la autoridad responsable, y por ello interpone el recurso de queja contra esa determinación. Resulta inconcuso que dicha violación debe ser materia de estudio al resolverse el fondo del juicio de amparo promovido contra la resolución definitiva que confirma el no ejercicio de la acción penal y no en el recurso de queja, aun cuando sea evidente que la omisión en que incurre la autoridad ministerial responsable de ordenar el desahogo de las pruebas que se ofrecieron ante ella, constituye una violación procesal; sostener lo contrario sería tanto como indicar al Juez de Distrito que resuelva el fondo del juicio en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el recurso de queja, aunque no sea el momento procesal ni la vía para resolver en ese sentido. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé diversas hipótesis de conducción al proceso de un indiciado, las cuales suelen clasificarse en dos aspectos cuando: a) Una persona es detenida: flagrancia y caso urgente; y, b) La persona se encuentra en libertad Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión; circunstancias que constituyen una conditio sine qua non de procedencia al acto procesal de formulación de la imputación. De ambas formas de conducción, se extrae la necesidad de controlar la identidad de hechos, pues éstos han motivado la limitación temporal de la libertad del sujeto, para conducirlo a la sede judicial e iniciar el proceso en su contra. Bajo este contexto, no existe causa diversa por la que un indiciado esté presente en la audiencia inicial, lo que otorga seguridad jurídica al ciudadano para dar inicio al trámite de un proceso judicial, que puede derivar en un acto privativo de sus derechos con la imposición subsecuente de alguna de las medidas cautelares autorizadas por la ley, por lo que es inadmisible que se detenga a una persona por un hecho específico y se continúe el cauce procesal por uno diverso; de lo contrario, la naturaleza constitucional de estas figuras procesales se vería ilusoria, al estar en posibilidad de detener a una persona, aun cuando se califique de ilegal su detención, pues con la particularidad de aprovechar la asistencia de la persona detenida, daría inicio la comunicación de cargos para la continuación de un cauce procesal por otro motivo, lo que se traduciría en una franca transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, es viable colegir que las formas de conducción de un imputado al proceso, son las autorizadas expresamente en la ley adjetiva de aplicación nacional y, por lo que respecta a la orden de aprehensión y detención por flagrancia, debe existir congruencia e identidad de hechos entre la forma de conducción y el acto de formulación de imputación; lo que excluye, como forma de conducción de un indiciado al proceso, la acumulación de procesos por conexidad. El artículo 16 de la Constitución Federal prevé que la detención de una persona ante el Ministerio Público puede materializarse en dos modalidades: por flagrancia o caso urgente. En ese contexto, si la detención de una persona, por cualquiera de estos casos, no se da bajo el respeto de lo establecido en el Pacto Federal, entonces será declarada ilegal. Respecto a las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de la libertad personal, los datos de prueba derivados de esa violación tendrán que anularse necesariamente cuando la detención de una persona se realice bajo la hipótesis de flagrancia fuera de los supuestos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que además de ser ilícitos los datos mencionados, también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión, al tener el carácter ilícito de un medio de prueba derivado de la actuación arbitraria. Aun cuando el quejoso alegó en su declaración preparatoria que fue obligado a confesar ante la representación social, por miedo, presión y golpes de los oficiales remitentes, porque la finalidad de la investigación de tortura en esta vertiente de violación al debido proceso quedó cumplida con la exclusión de esa declaración ministerial, pues al ya no existir la confesión del quejoso, entonces es improcedente ordenar la reposición del procedimiento, al desaparecer el impacto como violación al debido proceso, porque se excluyó la confesión y toda clase de información incriminatoria derivada de la posible tortura, por lo que aun, ante su denuncia de tortura, resulta que no existe prueba que pudiera impactar en la correspondiente violación a derechos, debido a que en dicho criterio se precisó que la violación al derecho a no ser torturado, únicamente impacta en el proceso penal cuando el inculpado confesó los hechos o existe alguna otra declaración o información auto incriminatoria; por tanto, cuando ésta ya no existe no es dable ordenar la reposición del procedimiento para que se investigue la tortura, al margen de que con dicha denuncia debe darse vista a la autoridad ministerial para que investigue desde la perspectiva de la tortura como delito. Sobre esa base y desde la perspectiva del nuevo sistema penal acusatorio, los efectos de la violación al derecho de libertad personal, limitado bajo el supuesto de flagrancia, revelado en la audiencia de control de la detención, son la invalidez de la detención del imputado, así como de las pruebas que derivaron de ésta, por lo que no pueden servir de base para el libramiento de una orden de aprehensión ni el dictado de un auto de vinculación a proceso, toda vez que la nulidad de esos elementos de convicción se actualiza desde que se determina la ilegalidad de la detención. Cuando la detención personal del inculpado se efectúa con transgresión al derecho humano al debido proceso, tutelado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha actuación debe considerarse inválida, así como aquellas pruebas que se hayan obtenido a consecuencia de la detención arbitraria, como sería el caso de la declaración ministerial de aquél, cuando confiesa los hechos delictuosos." De lo cual se advierte imprecisión en cuanto al señalamiento del acto reclamado, toda vez que en dicho apartado transcribe artículos Constitucionales, además de que no especifica qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, aunado al hecho de que de su demanda de amparo no se desprende capítulo de antecedentes del acto reclamado, toda vez que como ya se mencionó son necesarios para la tramitación de la demanda que nos ocupa. Además al momento de precisar la residencia de las autoridades responsables señala que el "Fiscal General del Estado de Aguascalientes" "Policía de Métodos de Investigación adscrita a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y Ciudad de México", tienen su residencia en esta entidad federativa. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifieste el acto que le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables. Así también, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene proporcionando un correo electrónico, a fin de que se establezca el contacto respectivo. Finalmente, toda vez que el quejoso señala entre otros como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Julián de los Reyes número 548 (quinientos cuarenta y ocho) Zona Centro, código postal 78000, de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, sin que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el diverso artículo 2o. de la ley de la materia, gírese atento exhorto al juez de Distrito en Turno en el estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique el contenido del presente proveído al quejoso Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, en el domicilio señalado con antelación; toda vez que como ya se mencionó no señala domicilio en esta ciudad, por tanto, requiérasele para que en el momento de su notificación o en el término de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las notificaciones serán realizadas por medio de lista, aun las que tengan de carácter personal, hasta en tanto no señale domicilio en esta ciudad, en el cual pueda ser notificado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÌDO DICTADO EN FECHA VEINTIDÒS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÌCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El veintidós de julio de dos mil veintiuno, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, por propio derecho, registrada con el número de folio 12118. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, por propio derecho, contra actos del Fiscalía General de Justicia en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 623/2021 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En correlación con lo anterior, el numeral 108, fracción IV y V de la Ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que en la demanda se tendrán que expresar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, siendo que el acto que se reclama, así como lo reclamado a cada una de las autoridades responsables y el bajo protesta de decir verdad, integran un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, al tratarse de datos indispensables para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. Por ende, el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa: para que aclare la demanda cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado, así como lo que reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, o cuando no exponga los hechos o abstenciones que constituyan antecedentes del acto reclamado, o en general cuando advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda. En su caso, del escrito de demanda se desprende que la parte inconforme, señala como autoridades responsables, y acto reclamado lo siguiente: III.- AUTORIDADES SENALADAS COMO RESPONSABLES: 1.- FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, . 2.- POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, . B).- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. 1.- POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES, ... 2.- POLICÍA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ... 3.- GUARDIA NACIONAL, . 4.- CENTRO DE CÓMPUTO, COMANDO CANALIZACIÓN Y CAPTURA DE AGUASCALIENTES. III.- ACTO, NORMA GENERAL U OMISION QUE SE RECLAMA. La garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al reclamar la afectación de derechos extraprocesales o adjetivos. En ese orden de ideas, si el ofendido reclama en el juicio de amparo indirecto la resolución que confirma el no ejercicio de la acción penal, y dentro del procedimiento, el Juez de Distrito no le admite pruebas que previamente había ofrecido ante la autoridad responsable, y por ello interpone el recurso de queja contra esa determinación. Resulta inconcuso que dicha violación debe ser materia de estudio al resolverse el fondo del juicio de amparo promovido contra la resolución definitiva que confirma el no ejercicio de la acción penal y no en el recurso de queja, aun cuando sea evidente que la omisión en que incurre la autoridad ministerial responsable de ordenar el desahogo de las pruebas que se ofrecieron ante ella, constituye una violación procesal; sostener lo contrario sería tanto como indicar al Juez de Distrito que resuelva el fondo del juicio en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el recurso de queja, aunque no sea el momento procesal ni la vía para resolver en ese sentido. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé diversas hipótesis de conducción al proceso de un indiciado, las cuales suelen clasificarse en dos aspectos cuando: a) Una persona es detenida: flagrancia y caso urgente; y, b) La persona se encuentra en libertad Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión; circunstancias que constituyen una conditio sine qua non de procedencia al acto procesal de formulación de la imputación. De ambas formas de conducción, se extrae la necesidad de controlar la identidad de hechos, pues éstos han motivado la limitación temporal de la libertad del sujeto, para conducirlo a la sede judicial e iniciar el proceso en su contra. Bajo este contexto, no existe causa diversa por la que un indiciado esté presente en la audiencia inicial, lo que otorga seguridad jurídica al ciudadano para dar inicio al trámite de un proceso judicial, que puede derivar en un acto privativo de sus derechos con la imposición subsecuente de alguna de las medidas cautelares autorizadas por la ley, por lo que es inadmisible que se detenga a una persona por un hecho específico y se continúe el cauce procesal por uno diverso; de lo contrario, la naturaleza constitucional de estas figuras procesales se vería ilusoria, al estar en posibilidad de detener a una persona, aun cuando se califique de ilegal su detención, pues con la particularidad de aprovechar la asistencia de la persona detenida, daría inicio la comunicación de cargos para la continuación de un cauce procesal por otro motivo, lo que se traduciría en una franca transgresión a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, es viable colegir que las formas de conducción de un imputado al proceso, son las autorizadas expresamente en la ley adjetiva de aplicación nacional y, por lo que respecta a la orden de aprehensión y detención por flagrancia, debe existir congruencia e identidad de hechos entre la forma de conducción y el acto de formulación de imputación; lo que excluye, como forma de conducción de un indiciado al proceso, la acumulación de procesos por conexidad. El artículo 16 de la Constitución Federal prevé que la detención de una persona ante el Ministerio Público puede materializarse en dos modalidades: por flagrancia o caso urgente. En ese contexto, si la detención de una persona, por cualquiera de estos casos, no se da bajo el respeto de lo establecido en el Pacto Federal, entonces será declarada ilegal. Respecto a las consecuencias y efectos de la vulneración al derecho humano de la libertad personal, los datos de prueba derivados de esa violación tendrán que anularse necesariamente cuando la detención de una persona se realice bajo la hipótesis de flagrancia fuera de los supuestos de excepción previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que además de ser ilícitos los datos mencionados, también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión, al tener el carácter ilícito de un medio de prueba derivado de la actuación arbitraria. Aun cuando el quejoso alegó en su declaración preparatoria que fue obligado a confesar ante la representación social, por miedo, presión y golpes de los oficiales remitentes, porque la finalidad de la investigación de tortura en esta vertiente de violación al debido proceso quedó cumplida con la exclusión de esa declaración ministerial, pues al ya no existir la confesión del quejoso, entonces es improcedente ordenar la reposición del procedimiento, al desaparecer el impacto como violación al debido proceso, porque se excluyó la confesión y toda clase de información incriminatoria derivada de la posible tortura, por lo que aun, ante su denuncia de tortura, resulta que no existe prueba que pudiera impactar en la correspondiente violación a derechos, debido a que en dicho criterio se precisó que la violación al derecho a no ser torturado, únicamente impacta en el proceso penal cuando el inculpado confesó los hechos o existe alguna otra declaración o información auto incriminatoria; por tanto, cuando ésta ya no existe no es dable ordenar la reposición del procedimiento para que se investigue la tortura, al margen de que con dicha denuncia debe darse vista a la autoridad ministerial para que investigue desde la perspectiva de la tortura como delito. Sobre esa base y desde la perspectiva del nuevo sistema penal acusatorio, los efectos de la violación al derecho de libertad personal, limitado bajo el supuesto de flagrancia, revelado en la audiencia de control de la detención, son la invalidez de la detención del imputado, así como de las pruebas que derivaron de ésta, por lo que no pueden servir de base para el libramiento de una orden de aprehensión ni el dictado de un auto de vinculación a proceso, toda vez que la nulidad de esos elementos de convicción se actualiza desde que se determina la ilegalidad de la detención. Cuando la detención personal del inculpado se efectúa con transgresión al derecho humano al debido proceso, tutelado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha actuación debe considerarse inválida, así como aquellas pruebas que se hayan obtenido a consecuencia de la detención arbitraria, como sería el caso de la declaración ministerial de aquél, cuando confiesa los hechos delictuosos. De lo cual se advierte imprecisión en cuanto al señalamiento del acto reclamado, toda vez que en dicho apartado transcribe artículos Constitucionales, además de que no especifica qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, aunado al hecho de que de su demanda de amparo no se desprende capítulo de antecedentes del acto reclamado, toda vez que como ya se mencionó son necesarios para la tramitación de la demanda que nos ocupa. Además al momento de precisar la residencia de las autoridades responsables señala que el Fiscal General del Estado de Aguascalientes Policía de Métodos de Investigación adscrita a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y Ciudad de México, tienen su residencia en esta entidad federativa. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifieste el acto que le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables. Así también, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene proporcionando un correo electrónico, a fin de que se establezca el contacto respectivo. Finalmente, toda vez que el quejoso señala entre otros como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Julián de los Reyes número 548 (quinientos cuarenta y ocho) Zona Centro, código postal 78000, de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, sin que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el diverso artículo 2o. de la ley de la materia, gírese atento exhorto al juez de Distrito en Turno en el estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique el contenido del presente proveído al quejoso Francisco Joel Flores Ramírez y/o Francisco Joel Ramírez Ruíz, en el domicilio señalado con antelación; toda vez que como ya se mencionó no señala domicilio en esta ciudad, por tanto, requiérasele para que en el momento de su notificación o en el término de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo las notificaciones serán realizadas por medio de lista, aun las que tengan de carácter personal, hasta en tanto no señale domicilio en esta ciudad, en el cual pueda ser notificado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.

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