Francisco Jhovanny Ponce Alarcon
Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Jhovanny Ponce Alarcon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA "3" Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del auto dictado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será susceptible de destrucción, por lo cual, se deberá remitir el acta de destrucción correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico Sise a efecto de que realice tal precisión en el sistema Notifíquese.
- Principal
MESA "3" Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a -----------------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada el veintinueve de octubre del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 3**** SE NOTIFICO A POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS LA DETERMINACIÓN DE OCHO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIUNO. "MESA "3" Ciudad de México, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos; se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgados a -----------------------------------, a efecto de que desahogara la prevención realizada el veintinueve de octubre del año en curso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente".
- Principal
MESA "3" En la Ciudad de México, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------------------------------------------------------, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese la demanda con el número de juicio de amparo ----------. Prevención Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Con fundamento en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, y 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación, aclare lo siguiente: 1. Precise el acto reclamado que pretende combatir. Lo anterior es así, dado que una vez examinado el contenido íntegro del ocurso inicial el peticionario de amparo, no se advierte con claridad cuál es el acto que recurre en esta vía, concatenado lo anterior con las autoridades a las que se los imputa, pues de la manera en que fue redactada la demanda de amparo que nos ocupa, genera incertidumbre al momento de fijar la litis constitucional, por las razones que enseguida se exponen: En el capítulo relativo a los actos reclamados señaló los siguientes: ".IV. ACTO RECLAMADO: ..ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCIÓN, RETENCIÓN O PRESENTACIÓN, ACUERDO O DECRETO TENDIENTE A PRIVARME DE LA LIBERTAD." Lo subrayado no es de origen Actos que atribuye de manera genérica a las siguientes autoridades responsables: ".III.- SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- 1.- FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. C. JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. C. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS TURNOS 1,2 Y 3 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. COMO AUTORIDAD EJECUTORA. 5. POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO." Ello es así debido a que no se advierte con claridad cuál es el mandato que reclama pues señala una orden de aprehensión, detención, retención o presentación, así como el acuerdo o decreto tendiente a privarlo de la libertad, lo que genera confusión pues no refiere de manera clara y específica a qué mandamiento se refiere con el acuerdo o decreto dictado en su contra a efecto de privarlo de la libertad. Esto, en la medida que, por acto reclamado debe entenderse una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. En ese sentido, no es factible que el justiciable señale como acto reclamado "decreto tendiente a privarme de mi libertad", pues el numeral 108, fracción IV de la Ley de Amparo es claro en establecer que el peticionario de amparo deberá indicar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Razón por la que dichas manifestaciones generan confusión a efecto de fijar la Litis; por tanto, al momento de desahogar esta prevención, deberá indicar de manera concreta a qué acto de autoridad en concreto se refiere con dicha expresión. De igual manera, deberá proporcionar todos aquellos datos con los que cuente, mismos que en su caso, permitan la identificación de dicho acto, es decir, el número de expediente de donde emana, la fecha en que dicha determinación le fue notificada, o bien, el momento en que tuvo conocimiento de la misma, así como la autoridad que en especificó la emitió. Ello, resulta indispensable en la medida que este órgano jurisdiccional no cuenta con más datos que los aportados por el justiciable en su demanda de amparo. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, detención, retención o presentación se advierte incongruencia entre los efectos que cada uno de ellos produce y su propia naturaleza jurídica; asimismo, los actos combatidos resultan incompatibles con la naturaleza de las autoridades que señaló como responsables Efectivamente, los actos reclamados que el impetrante de derechos fundamentales señala, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que refiere como responsables, ello con base en nuestra Ley Fundamental y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, en el sentido que, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es la autoridad facultada para autorizar y emitir una orden de aprehensión, citatorio o comparecencia. Mientras que, de conformidad con el artículo 16 Constitucional, corresponde a las autoridades ministeriales emitir la orden de detención, únicamente en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. En ese contexto, la figura de la orden de presentación, de acuerdo al citado dispositivo 141, no forma parte de los medios de conducción al imputado al proceso y tampoco se advierten datos que permitan establecer que fue emitida como medida cautelar en términos de la fracción I del artículo 155 de dicho ordenamiento, lo cual también es facultad exclusiva de la autoridad judicial. Sin que de los antecedentes de la demanda de derechos fundamentales, narrados bajo protesta de decir verdad, se adviertan elementos para hacer patente las hipótesis previstas en el ordinal antes citado. Asimismo, de conformidad con la fracción XI del numeral 131, así como el diverso 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la retención es una obligación con la que cuenta el representante social, misma que se encuentra sujeta a un plazo establecido durante el cual analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios. Razón por la cual, de señalar dicho acto como reclamado el peticionario de derechos fundamentales deberá señalar en concreto al agente del Ministerio Público que dictó dicho mandamiento, la fecha en que se llevó a cabo, así como los antecedentes y circunstancias fácticas sobre los cuales se materializó dicho acto jurídico. Lo anterior se pone de relieve dada la naturaleza jurídica y características del acto referido, toda vez que del análisis integral de la demanda de derechos fundamentales, no se advierten datos con los cuales dicho mandamiento se concatene y robustezca a fin de fijar la Litis en el presente sumario y estar en condiciones de emplazar a las potestades responsables. Con base en lo anteriormente expuesto, deberá especificar de manera concreta y específica, cuál es el acto que les atribuye a las autoridades que señala como responsables, considerando efectivamente sus facultades legales de acuerdo a los instrumentos legales invocados con antelación, concatenando las circunstancias fáctico-jurídicas narradas con la naturaleza del acto que por esta vía indirecta pretende combatir. Se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano de control constitucional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. 2. Señale de manera precisa la autoridad responsable a quien atribuye el acto que se reclama. Superado el punto anterior, y una vez precisado el acto que en concreto se pretende combatir en esta vía, el promovente del amparo deberá indicar de manera precisa a qué autoridad se lo atribuye. Ello es así, debido a que en el ocurso inicial de demanda el peticionario de derechos fundamentales señaló como autoridades responsables a las siguientes: III.- SEÑALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- 1.- FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2. C. JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 3. C. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SUS TURNOS 1,2 Y 3 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. COMO AUTORIDAD EJECUTORA. 5. POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Efectivamente, los actos reclamados que el impetrante de derechos fundamentales señala, no pueden atribuirse de manera genérica a las autoridades que refiere como responsables, ello con base lo dispuesto en nuestra Ley Fundamental y el Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la cual deberá tomar en consideración las atribuciones y facultades con las que dichas potestades se encuentran investidas a efecto de emitir los mandamientos que reclama. 3. Superado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o actos que por esta vía pretenden combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Luego, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. Lo anterior, se traduce en que el impetrante de amparo deberá puntualizar la fecha de la determinación tildada de inconstitucional, a qué autoridad en específico se la atribuye y cuándo tuvo conocimiento del acto jurídico. Precisiones que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa, las cuales traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. Se precisa al justiciable que deberá superar dichas cuestiones, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto, así como a las autoridades responsables a las cuales se les atribuye los actos reclamados, y con ello, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento al justiciable que, para el caso del faltar a la verdad u omitir información que conozca en el desahogo de la prevención que nos ocupa, o en el escrito inicial de demanda, el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo contempla una pena privativa de libertad de dos a seis años, a quienes incurran en la referida conducta. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del ocurso de desahogo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Apercibimiento Se apercibe al promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y se le hace saber las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 fracción I de la Ley de la Materia. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio el que señala la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene como domicilio alternativo el correo electrónico que señala. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tiene por autorizado a René Becerril Correa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico -------------------------------------------, así como el teléfono (55)----------, extensión 4325. Precisión para las responsables Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial recabará la constancia de recibo correspondiente, lo que asentará en la razón actuarial. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el usuario "alinebecerril"; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales... Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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