FRANCISCO JESÚS BÁEZ POZOS y Otros.

Expediente 1051/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1051/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
14/07/2015

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia, Pacho Viejo, Veracruz Y Otras
  • DELEGACIÓN REGIONAL DE LA AGENCIA VERACRUZANA DE INVESTIGACIONES, XALAPA, VERACRUZ y Otros.
  • FRANCISCO JESÚS BÁEZ POZOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por las autoridades responsables la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) El acto reclamado se hizo consistir en la orden de reaprehensión de dieciséis de enero de dos mil trece, dictada en los autos de la causa penal 280/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, instruida contra Francisco de Jesús Báez Pozos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito incumplimiento de la obligación de dar alimentos, y su ejecución (foja 249 vuelta). II) El amparo se concedió para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente la resolución reclamada, así como sus consecuencias y, dictara otra con libertad de jurisdicción, la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso; pero ello, subsanando las deficiencias formales enunciada en la sentencia de amparo, (foja 252), cuyas deficiencias consistieron en lo siguiente: a) El juez responsable dictó una orden de reaprehensión en contra del quejoso, con base en el artículo 356 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, el cual no resultaba aplicable, ya que el quejoso no había otorgado fianza ante el citado órgano jurisdiccional, sino que compareció bajo los efectos de la suspensión otorgada en el juicio 2281/2012, del índice de Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el cual se sobreseyó por un cambio de situación jurídica, dejando de surtir efectos las suspensión concedida para no ser aprehendido. b) La medida precautoria de amparo (suspensión del acto reclamado), no constituyó la figura jurídica de la libertad provisional bajo caución relativa al proceso penal de origen, para estimar que al dejar de surtir efectos la suspensión concedida, se actualizaba la hipótesis del artículo 356 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, para emitir la orden de reaprehensión reclamada. c) La autoridad responsable omitió fundar y motivar debidamente la resolución reclamada, debido a que antes de emitir la misma, no optó por alguna medida para tratar de localizar al quejoso. La concesión del amparo se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados, consistente en el cumplimiento de la orden de reaprehensión combatida, los cuales no fueron reclamados por vicios propios, sino como una consecuencia del acto declarado inconstitucional. III) En cumplimiento a la sentencia, la juez responsable remitió el oficio 1414, de quince de junio del año en curso, y adjuntó la resolución de la misma fecha, emitida en la causa penal 280/2012, de su índice (fojas 276 y 277), de la que se advierte lo siguiente: a) Dejó insubsistente y sin efecto legal la orden de reaprehensión que constituyó el acto reclamado (foja 277); y, b) Con libertad de jurisdicción, dictó una diversa resolución en la cual determinó que, al no estar sujeto el quejoso a ninguna medida cautelar que garantizara la prosecución del juicio, y que el delito que se le imputa (incumplimiento de la obligación de dar alimentos), no es considerado grave; con fundamento en los artículos 20 fracción I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 344, 345, 347 del Código de Procedimientos Penales, ordenó requerir a Francisco de Jesús Báez Pozos, para que en el término de cinco días, compareciera ante el juzgado de su adscripción a manifestar si decidía continuar su proceso en libertad, o bajo los efectos de la prisión preventiva, y de optar por el primero, sería mediante la libertad provisional bajo caución, por la cantidad que previamente le fuera fijada; y de elegir el segundo, debía internarse en el reclusorio regional de su jurisdicción, en el cual permanecería el tiempo que dure el trámite de su proceso (foja 277). Por su parte, las autoridades responsables ejecutoras informaron las medidas adoptadas en cumplimiento a la sentencia amparadora (fojas 270, 271, 273 y 274); y, IV) En acuerdo de diecisiete de junio de dos mil quince, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por las autoridades responsables (foja 278). De lo anteriormente relatado, se concluye que las autoridades responsables dieron cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en este asunto. Por lo tanto, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este juicio y con fundamento en lo dispuesto por el 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del asunto como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la constancia respectiva; por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los presentes autos, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no hacerlo, se procederá oficiosamente en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA,EL ACUERDO QUE DICE: Agréguese el oficio signado por la Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la constancia respectiva; por tanto, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los presentes autos, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que de no hacerlo, se procederá oficiosamente en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    De la certificación Secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, dentro del término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA dictada en este juicio, que sobreseyó en el juicio y concedió el amparo solicitado, para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con su artículo 3° transitorio, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, Delegado Regional de la Policía Ministerial del Estado Zona Centro Xalapa, con residencia en esta ciudad, y Director General de la Policía Ministerial, con sede en las Trancas, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifiquen haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo o, en su caso, comuniquen las medidas que adopten con tal finalidad o el impedimento legal que tengan para hacerlo; apercibidas que de no cumplir se les impondrá una multa por el equivalente de CIEN días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se continuará con el procedimiento establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo, que a continuación se cita: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

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