Francisco Javier Zuazo Guerrero

Expediente 2535/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2535/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Zuazo Guerrero
  • Director de Asesoria Y/O Consulta de la Función Pública En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la constancia actuarial que antecede, de la que se advierte la imposibilidad de la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional para notificar de manera personal al quejoso ***, el auto de veinticuatro de agosto del año en curso, por los motivos que expone; en consecuencia, de conformidad a lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la citada determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto, señale domicilio correcto para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de tres de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su dispositivo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada a la autoridad responsable y tercero interesado para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la legislación en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso c) del artículo 21, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se negó; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de tres de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su dispositivo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada a la autoridad responsable y tercero interesado para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la legislación en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso c) del artículo 21, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se negó; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, A TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 2535/2019 promovido por *****, contra los actos reclamados a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad (fojas 5 a 8), *****demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: La omisión y/o negativa del Director de Asesoría y Consulta de la Función Pública, con sede en la Ciudad de México, de vigilar que las diversas autoridades denominadas Director General de Prevención y Readaptación Social y Director General de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno, ambas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, den respuesta a lo que les indicó mediante oficios DEDI/DAC/310/2635/2019 y DEDI/DAC/310/2631/2019 (SIC), respectivamente, dentro de la bitácora 23/2019, en los que canalizó la denuncia ciudadana que a decir del promovente del amparo formuló en contra de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, a quien le solicitó el beneficio de la Remisión Parcial de la Pena que compurga en el lugar de su reinserción; y, La omisión y/o negativa del Director General de Prevención y Readaptación Social y Director General de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno, ambas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a lo que les indicó mediante oficios DEDI/DAC/310/2635/2019 y DEDI/DAC/310/2631/2019 (SIC), respectivamente, dentro de la bitácora 23/2019. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 17 y 22 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, quien lo registró con el número 1132/2019-VIII y el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo, declinando la competencia al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit en Turno, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Se acepta competencia y trámite de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 2535/2019. Mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve la titular de este juzgado aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, la que se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. CUARTO. Se amplía demanda. El veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la ampliación de la demanda respecto de las autoridades denominadas Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, a quienes se les solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 124 a 126), la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión se atribuye a algunas autoridades que residen en el Estado de Nayarit, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de la omisión reclamada. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000. Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: a) La omisión y/o negativa del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, y Directora de Denuncias de la Secretaría de la Función Pública, ambos con sede en la Ciudad de México, de vigilar que las diversas autoridades denominadas Director General de Prevención y Readaptación Social y Director General de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno, ambas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, den respuesta a lo que les indicó mediante oficios DEDI/DAC/310/2635/2019 y DEDI/DAC/310/2631/2019 (SIC), respectivamente, dentro de la bitácora 23/2019, en los que canalizó la denuncia ciudadana que a decir del promovente del amparo formuló en contra de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, a quien le solicitó el beneficio de la Remisión Parcial de la Pena que compurga en el lugar de su reinserción; y, b) La omisión y/o negativa del Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Nayarit, y Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a lo que les indicó mediante oficios DEDI/DAC/310/2635/2019 y DEDI/DAC/310/2631/2019 (SIC), respectivamente, dentro de la bitácora 23/2019. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe con justificación la Directora de Asesoría y Consulta de la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; y, Directora de Denuncias de la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Directora de Área, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México y anexo, negaron el acto reclamado. Sustentaron lo anterior, en que: a) Por oficio DGDI/DAC/310/2631/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit, y que por oficio DGDI/DAC/310/2635/2019 dirigido al Titular del Órgano Interno de Control en Prevención y Readaptación Social, se les remitieron las denuncias presentadas para que en el ámbito de sus facultades y competencias les brinden la atención correspondiente (fojas 48 a 49, 53, 55, 153 a 154); b) Por oficio DGDI/DAC/CC/310/2659/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se le hizo del conocimiento al quejoso lo descrito en el inciso que antecede, el cual se entregó el dieciocho siguiente en el Centro Federal en el que se encuentra recluido (fojas 48 a 49, 56, 57, 175 a 177); y, c) De una búsqueda realizada en la Oficialía de Partes del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, no se encontró registro de la recepción de algún escrito solicitando la contestación a los oficios DGDI/DAC/310/2631/2019 y DGDI/DAC/310/2635/2019; y que esa autoridad no cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto a la denuncia o queja contra la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit (foja 180). A su vez, el Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Nayarit, y Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto de su representante legal, con sede en esta ciudad, al rendir el informe con justificación también negaron el acto reclamado. Y, al respecto indicaron que: a) Por oficio SCG/DGJ/DI/072/2019 de diecinueve de julio de dos mil diecinueve se declaró legalmente incompetente para conocer de la denuncia o queja contra la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, siendo la autoridad competente la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit (fojas 27, 28, 29 a 30); b) La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Nayarit, expresó que no tiene conocimiento del oficio DGDI/DAC/310/2635/2019 (foja 37); y, c) La denuncia o queja presentada por el quejoso contra la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, se turnó a la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, la que se registró con el número de expediente SCG/DGJ/DI/QD/INV-098/2019; que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve se determinó la legal incompetencia y se ordenó el archivo definitivo; que por oficio SCG/DGJ/QD/INV/246/2019, de diecinueve de agosto de ese año se le hizo del conocimiento al quejoso, pero debido a que al notificador comisionado no se le permitió el acceso al Centro Federal en el que se encuentra recluido, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve se levantó la constancia de imposibilidad respectiva (fojas 137 a 138, 143 a 149). Para acreditarlo, adjuntaron copia certificada de las constancias descritas. Informes y anexos que debido a su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública, poseen pleno valor probatorio de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Ahora, es oportuno indicar, que en tratándose de actos omisos, rige como regla general que la carga de la prueba no corresponde a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente; sin embargo, esta regla no es aplicable cuando la existencia de la conducta omisa de la autoridad responsable requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud de la parte quejosa, para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al peticionario del amparo no le corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le corresponde, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de dicha autoridad. También, que el artículo 8 constitucional establece el derecho público subjetivo del gobernado para elevar solicitudes a las autoridades, que ha sido consagrado como un derecho humano y que de dicha disposición constitucional dimana el interés jurídico de la solicitante para reclamar la falta de acuerdo y respuesta a su petición así como la omisión de dárselos a conocer; empero, no se soslaya que dicho texto constitucional, ha establecido como requisito sine qua non, y como obligación correlativa para el particular, el que aquélla se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa; y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a las autoridades el deber de dar a conocer su resolución en breve término a la peticionaria; para cumplir con esa obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde las autoridades puedan notificarla a la gobernada. De ahí que, cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que las autoridades puedan abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligadas a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente; tampoco significa que deban investigar el lugar donde puedan notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que las autoridades le hagan conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio para esos efectos, es decir, donde esa notificación pueda realizarse. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el arábigo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" De lo reproducido se infiere, que tanto la negativa del acto reclamado o cuando no se demuestra su existencia genera como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de amparo, con la salvedad de que es hasta la audiencia constitucional, en que la parte quejosa tiene la oportunidad de acreditar la existencia del acto reclamado, desvirtuar las aseveraciones efectuadas por las autoridades responsables y, en su caso, demostrar los asertos que haya hecho valer en sus conceptos de violación. También se destaca que el artículo 1, fracción I, de la legislación de amparo dispone que el juicio tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la carta magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al indicar que en las sentencias que se dicten en los juicios constitucionales el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. En ese sentido, del análisis del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en armonía con los ordinales citados se concluye que los actos reclamados deben de existir al momento de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, ya que por el contrario el juicio de amparo no tiene razón de ser, por lo que tendría que sobreseerse. Ahora, la actualización de la mencionada causal de sobreseimiento se acredita en autos, ya que el quejoso señaló como acto reclamado: a) La omisión y/o negativa del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, y Directora de Denuncias de la Secretaría de la Función Pública, ambos con sede en la Ciudad de México, de vigilar que las diversas autoridades denominadas Director General de Prevención y Readaptación Social y Director General de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno, ambas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, den respuesta a lo que les indicó mediante oficios DEDI/DAC/310/2635/2019 y DEDI/DAC/310/2631/2019 (SIC), respectivamente, dentro de la bitácora 23/2019, en los que canalizó la denuncia ciudadana que a decir del promovente del amparo formuló en contra de la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, a quien le solicitó el beneficio de la Remisión Parcial de la Pena que compurga en el lugar de su reinserción; y, b) La omisión y/o negativa del Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Nayarit, y Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, de dar respuesta a lo que les indicó mediante oficios DEDI/DAC/310/2635/2019 y DEDI/DAC/310/2631/2019 (SIC), respectivamente, dentro de la bitácora 23/2019. Sin embargo, las responsables negaron dicho acto y la parte quejosa no exhibió probanza alguna para demostrar que hubieran incurrido en la omisión que reclama; además, de las documentales que adjuntaron las responsables se advierte: a) Que por oficio DGDI/DAC/310/2631/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit, y que por oficio DGDI/DAC/310/2635/2019 dirigido al Titular del Órgano Interno de Control en Prevención y Readaptación Social, se les remitieron las denuncias presentadas para que en el ámbito de sus facultades y competencias les brinden la atención correspondiente (fojas 48 a 49, 53, 55, 153 a 154); b) Que por oficio DGDI/DAC/CC/310/2659/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se le hizo del conocimiento al quejoso lo descrito en el inciso que antecede, el cual se entregó el dieciocho siguiente en el Centro Federal en el que se encuentra recluido (fojas 48 a 49, 56, 57, 175 a 177); c) Que la Secretaría de la Contraloría General el diecinueve de julio de dos mil diecinueve se declaró legalmente incompetente para conocer de la denuncia o queja contra la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, siendo la autoridad competente la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, a quien el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve se le entregó el oficio y constancias relativas a la denuncia (fojas 27, 28, 29 a 30); y, d) Que la denuncia o queja presentada por el quejoso contra la Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva de Tepic, Nayarit, se turnó a la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, la que se registró con el número de expediente SCG/DGJ/DI/QD/INV-098/2019; que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve se determinó la legal incompetencia y se ordenó el archivo definitivo; que por oficio SCG/DGJ/QD/INV/246/2019, de diecinueve de agosto de ese año se le hizo del conocimiento al quejoso, pero debido a que al notificador comisionado no se le permitió el acceso al Centro Federal en el que se encuentra recluido, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve se levantó la constancia de imposibilidad respectiva (fojas 137 a 138, 143 a 149). Por tanto, son materialmente inexistentes los actos reclamados, ya que: a) El quejoso no demostró que hubiera presentado alguna petición a las autoridades responsables y que éstas no le hubieran dado respuesta; y, b) A la fecha de la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en esta ciudad, a saber: el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ya se había dado trámite al oficio DGDI/DAC/310/2631/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dirigido al Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Nayarit, y al oficio DGDI/DAC/310/2635/2019 dirigido al Titular del Órgano Interno de Control en Prevención y Readaptación Social, origen de los actos reclamados. En ese tenor, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al encontrarnos ante la inexistencia material del acto reclamado. Lo que no produce agravio o perjuicio en la esfera jurídica de los gobernados, en virtud de que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario y de oficio por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento en el juicio de amparo, de modo que si la existencia de los actos reclamados debe apreciarse por regla general con la fecha en que se presentó la demanda, y si en el caso concreto se advirtió que el acto reclamado no existe cuando se controvirtió su constitucionalidad a través del escrito inicial, es obvio que no procede su análisis en cuanto al fondo del asunto, pues de lo contrario la sentencia que se dictara se ocuparía de un acto inexistente y distinto al que dio origen a la demanda. Apoya lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia 284, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y seis, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917818, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de amparo." Además, la jurisprudencia 6, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917540, que estatuye: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Igualmente, la tesis 17, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trece, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 918180, que indica: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 226555, que estipula: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 65, 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier Zuazo Guerrero, contra los actos reclamados al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, y Directora de Denuncias de la Secretaría de la Función Pública, ambos con sede en la Ciudad de México; Director General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Nayarit, y Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Alma Angélica Conde Chávez, Secretaria Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Magistrada Ileana Moreno Ramírez Secretaria de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio CR./CJD./007/2703/2021 de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el día de hoy tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que concluyó su dictado y lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. Doy fe.-

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