Francisco Javier Zapata Santillán
Expediente 149/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Francisco Javier Zapata Santillán
Actuaciones
- Principal
se advierte que ha transcurrido el término de diez días, para que las partes hubieran hecho valer el recurso que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión, en contra del dictado de la sentencia definitiva en el presente juicio, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Quinta Sala Familiar Tribunal Superior de Justicia y al Juez Octavo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por las citadas autoridades hacen las veces de acuse de recibo. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales. Además, se hace constar, que este expediente no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al artículo 21, inciso c) del referido acuerdo, se hace constar, que como se negó la suspensión respecto de los actos reclamados y no existen documentos originales, el original del cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Igualmente, conforme al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo mencionado, se hace constar que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al cuaderno original del incidente de suspensión. Consecuentemente, archívese como asunto totalmente concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese en el portal del internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
." ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad e inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados. El quejoso expone en sus conceptos de violación, que la resolución reclamada es ilegal, ya que únicamente consideró las manifestaciones de la tercera interesada y no valoró las constancias ni las pruebas presentadas, por lo que la autoridad responsable actuó contra constancias, ya que está acreditado en autos el posible riesgo que existe de que la tercera conviva con su hijo. Sobre esa base, el peticionario de amparo refiere que la resolución reclamada carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la responsable se abstuvo de estudiar las constancias de autos y las pruebas aportadas, tal como lo es el estudio psicológico del menor. En el mismo aspecto, el quejoso refiere la responsable no tomó en cuenta que por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el juez de primer grado apercibió a la demandada para que se abstuviera de causar molestias en la persona del actor incidentista y de su menor hijo, restricción que no fue valorada. De igual modo, en los conceptos de violación se expone, que en ningún momento se fijaron de forma clara y precisa los actos que fueron sometidos a análisis, en relación con las pruebas aportadas; y, tampoco se establecieron debidamente los fundamentos legales en los que se apoyó la decisión, para ordenar que se fijará de forma inmediata un régimen de visitas y convivencias provisionales entre Selene Elizabeth Tecillo López y su menor hijo, sin que exista congruencia con lo que se estableció la demanda incidental y lo que resolvió la autoridad responsable ordenadora, ya que está claramente acreditado el riesgo que existe para que se lleven a cabo las convivencias, lo cual afecta directamente el interés superior del menor. Por último, el peticionario de amparo refiere que el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en autos no existe algún medio de prueba que acredite que carece de supuesto riesgo, el que la tercera conviva con su hijo; por el contrario, existe un estudio psicológico realizado al menor hijo de las partes, en donde claramente se aprecia el riesgo que existe de que el menor hijo de las partes conviva con su madre, quien es una persona que le ha causado un daño psicológico a su hijo. Como ya se adelantó, los conceptos de violación son infundados. En primer lugar, es preciso puntualizar que los principios de congruencia y exhaustividad, se encuentran tutelados en el artículo 17 de la Constitución Federal. En la legislación procesal civil local, los principios invocados se contienen en el artículo 81, al establecer que las resoluciones de cualquier índole deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Por su parte, la doctrina procesal señala que las sentencias contienen dos clases de requisitos externos o formales y requisitos internos o sustanciales. Los primeros son aquellos que establecen las leyes sobre la forma que debe revestir la sentencia. En esencia, se refieren a la sentencia como documento y al efecto se señala que deben contener el lugar, fecha y Juez o Tribunal que las pronuncie, los nombres de las partes contendientes y el carácter con que litiguen, así como el objeto del pleito; los preceptos legales o principios jurídicos, conforme a los cuales se resuelve y los puntos resolutivos correspondientes. En una palabra los requisitos formales de las sentencias tienen como común denominador la identificación del proceso, los fundamentos de derecho y los puntos resolutivos, así como la firma del Juez o de los Magistrados y del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe del acto. En relación con los requisitos señalados en segundo término; es decir, los internos o sustanciales se debe señalar que son aquellos que conciernen ya no al documento en si, sino al acto mismo de la sentencia, siendo los siguientes: congruencia, motivación y exhaustividad. Por cuanto hace a la congruencia, Cipriano Gómez Lara en su obra Teoría General del Proceso, citando a Pedro Aragoneses; señala que por congruencia ha de entenderse aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso, al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. Señala que la congruencia debe entenderse como una correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se distingue entre congruencia externa y congruencia interna. La primera se refiere a la concordancia entre la sentencia y lo expresado en la demanda y contestación; en tanto que la segunda, a que las sentencias no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. Tocante a la motivación, Gómez Lara, señala que consiste en la obligación del tribunal de expresar los motivos, razones y fundamentos de su resolución. En efecto, al disponer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento", consagran el derecho de toda persona a que cualquier acto de autoridad, además de emanar de una autoridad competente, entrañe la obligación para ésta, de motivar y fundamentar sus actos, lo que debe ser entendido en el sentido de que la propia autoridad está obligada a expresar los preceptos o principios jurídicos en los que funde su actuación (fundamentación) y los motivos o razonamientos que lleven a la autoridad a aplicar ese principio jurídico al caso concreto (motivación). Por tanto, es obligación de toda autoridad la motivación y fundamentación de sus actos, esta necesidad se redobla o acentúa, en el caso de los actos jurisdiccionales y muy especialmente en la sentencia que es la resolución más importante con la que culmina un proceso jurisdiccional. De ahí que la sentencia sea el acto estatal que mayor necesidad tiene de motivación y fundamentación. En lo que respecta al tercer principio, es decir, el relativo a la exhaustividad, Gómez Lara, en la obra citada con anterioridad, en relación con el propio principio de exhaustividad, señala que una sentencia es exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna. El Tribunal al sentenciar debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje de referirse a algún punto, a alguna argumentación, a alguna prueba; en otras palabras, al dictarse una sentencia, debe tenerse mucho cuidado en examinar, agotando, todos los puntos relativos a las afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas. Conforme a lo anterior, debe destacarse que los principios de congruencia, motivación y exhaustividad son comunes a todos los procedimientos jurisdiccionales en general, por lo que las resoluciones que se dicten no pueden quedar excluidas de tales principios. Por otro lado, debe tenerse presente que en el artículo 4°, primero, octavo, noveno y décimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra el principio de igualdad constitucional del hombre y la mujer, así como la organización y protección de la familia por parte del Estado. Asimismo, la norma constitucional trascrita establece la obligación del Estado, consistente en vigilar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, a efecto de garantizar de manera plena sus derechos, obligación que se extiende a los ascendientes, tutores y custodios. Por su parte, los artículos 1°, 3°, párrafo primero, 9° y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve; señalan que en todas las medidas que adopten los tribunales en relación con los niños, se atenderá primordialmente al interés superior de éstos y los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno de sus padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño; por tanto, también la legislación internacional establece la obligación del Estado de salvaguardar el interés superior del menor. Además, de acuerdo con la Convención en cita, en todo procedimiento se otorgará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar y dar a conocer sus opiniones. Lo anterior también encuentra su fundamento en lo que disponen los artículos 1°, 13, 22 y 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, conforme a los cuales: 1. Los ascendientes tienen el deber de preservar el derecho que los niños y las niñas tienen al sano esparcimiento para su desarrollo integral. 2. El Estado debe proveer lo necesario para propiciar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y de las niñas. 3. Todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, atenderán al interés superior del niño. 4. En todo procedimiento se otorgará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar y dar a conocer sus opiniones. 5. El Estado respetará el derecho del niño que esté separado de uno de sus padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con su progenitor de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 6. El Estado garantizará al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndosele debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez, y con tal fin, se dará al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. 7. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, el menor quedará bajo los cuidados y atención de uno de ellos y el otro conservará el derecho de convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas, entre otros medios, en la resolución judicial correspondiente. 8. Todos los problemas inherentes a la familia son de orden público. De todo lo anterior se concluye, que el interés superior del menor consiste en el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. De ahí que, éste se refleja en el cuidado diferenciado y especial hacia la protección de sus derechos fundamentales de alimentación, vivienda, recreo, salud y educación, para lograr su óptimo desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Entonces, es obligación del Estado de que, en todo momento, las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, se realicen de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos, de modo que se privilegien los derechos de los niños frente a cualquier otro. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1284 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social". En diverso aspecto, debe tenerse presente que el artículo 282, apartado A, fracción I, y B, fracción III, del Código Civil para la Ciudad de México, establece que en las controversias de orden familiar o juicios de divorcio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, las cuales, de oficio, consistirán en las medidas que al juez adopte, de considerarlo pertinente, así como con base en los hechos expuestos y las documentales exhibidas, adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. De igual modo, una vez contestada la demanda, el juez determinará sobre las modalidades del derecho de visita o convivencia de los menores con sus padres; ponderando en todo momento el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados. De lo anterior se advierte, que para resolver sobre las medidas provisionales dictadas en las controversias del orden familiar y juicios de divorcio, deben tenerse presentes dos principios fundamentales que son: el normal desarrollo de los hijos y el interés superior de éstos. El normal desarrollo de un menor de edad se presenta cuando su entorno le permite u otorga la posibilidad, en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con una percepción de respeto en razón a los derechos que le asisten a los demás, desarrollo que se logra cuando se garantizan al menor de edad sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia, convivencia con sus padres -en tanto ello no le resulte más perjudicial que benéfico-, socialidad, comprensión en razón a sus aptitudes físicas y mentales, libre expresión de sus ideas dentro del marco de la moral y buenas costumbres, educación, información, desarrollo psicosexual correlativo a su edad, juego y esparcimiento, experiencias estética y artística y las libertades de conciencia y religión. Así, las cosas el artículo 282, apartado B, fracción III, del Código Civil para la Ciudad de México, establece la audiencia que debe darse a los menores hijos de las partes en conflicto, a efecto de que expresen su opinión y de esa forma el juez de lo familiar pueda conocer los aspectos de la relación de familia que le permitan, en conjunto con los demás medios de prueba, con los que hasta ese momento cuente, resolver con base en el interés superior de los menores y el interés familiar, lo más benéfico para aquellos. Asimismo, por remisión expresa de la norma antes trascrita, el juez de lo familiar debe tener presente lo que establece el Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal denominado "De las Controversias de Orden Familiar", cuyos artículos 941 Bis y 941 Ter, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establecen que atendiendo al interés superior del menor y a los derechos humanos de guarda y custodia, así como de visitas y convivencias, el juzgador se encuentra legalmente obligado a llamar al menor para que sea escuchado antes de adoptar la decisión respectiva, aun cuando sea de carácter provisional, ya que con base en su interés superior, debe respetar lo que él piensa, máxime cuando los progenitores no están de acuerdo. Así en la sesión donde sean escuchados los menores, a criterio del juez, éstos podrán ser asistidos por el Agente del Ministerio Público de la adscripción y por el asistente de menores correspondiente adscrito al Sistema Integral de la Familia de la Ciudad de México, quien no requerirá comparecer para protestar el cargo, y no realizará manifestaciones dentro de la audiencia correspondiente, limitándose a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 417 bis del Código Civil para la Ciudad de México. Así, también es importante conocer el texto de los artículos 414 Bis, 416 Bis, 416 Ter, 417 y 417 Bis del Código Civil para la Ciudad de México, conforme a los cuales, quienes ejerzan la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de un menor, aun cuando no vivan en el mismo domicilio que éste, tienen como obligación procurar la seguridad física, psicológica y sexual; fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico e impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares; realizar demostraciones afectivas con respeto y aceptación de éstas por parte del menor, así como establecer límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. Se considerará que existe un incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las actividades antes señaladas; lo cual deberá valorarse en los casos de suspensión de la patria potestad, determinación de la guarda y custodia provisional y definitiva, así como al fijar el régimen de convivencias; sin que pueda considerarse como incumplimiento, el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. Además, las normas trascritas disponen, que los hijos tienen derecho a convivir con ambos padres, aun cuando no vivan con ellos, ya que las relaciones interpersonales entre menores y sus ascendientes no pueden impedirse, salvo que exista justa causa que así lo determine, por lo que cualquier oposición que no se ubique dentro del supuesto indicado, debe ser resuelta por el juez de lo familiar previa audiencia del menor y atendiendo a su interés superior. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: Asimismo, el derecho de convivencia sólo puede ser limitado o suspendido por mandato judicial, ante el incumplimiento de las obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica o sexual de los hijos; por tanto y en atención al derecho fundamental de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, el juez deberá en todo caso expresar los motivos y fundamentos de ello. Así, la suspensión de la convivencia de una persona menor de edad con sus progenitores, o con alguno de ellos, se justifica cuando dicha convivencia pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Por su parte, del tercer dispositivo invocado se concluye, que el interés superior del menor consiste en el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible. De ahí que, éste se refleja en el cuidado diferenciado y especial hacia la protección de sus derechos fundamentales de alimentación, vivienda, recreo, salud y educación, para lograr su óptimo desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Por otro lado, los artículos 417 y 417 Bis del Código Civil para la Ciudad de México, establecen la obligación de escuchar a los menores cuando exista desacuerdo sobre las convivencias o cambio de guarda y custodia, para lo cual, independientemente de su edad, deberán ser asistidos en la audiencia respectiva por un asistente de menores que designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, lo anterior para lograr su comunicación libre y espontánea, pudiendo el juez prescindir del referido auxiliar ante su ausencia en la audiencia que para tal efecto se cite, cuando considere que la comunicación con el menor puede llevarse en los términos indicados. Así, el asistente de menores es el profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México u otra institución avalada por éste, que asiste al menor para el único efecto de facilitar su comunicación libre y espontánea y darle protección psicológica y emocional en las sesiones donde sea oído por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores, sin que ello implique su intervención en la audiencia. El asistente puede solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, por lo cual, el progenitor que tenga la guarda y custodia del menor, tendrá la obligación de cumplir con los requerimientos del asistente del menor. Así las cosas, el juzgador debe ponderar todo el caudal probatorio con el que cuente, para dictar medidas provisionales que sobre todo beneficien a los menores que se encuentren inmersos en una controversia o juicio que afecte a su familia, pues de no actuar así se podrían afectar los derechos que legalmente les asisten y, en relación con los cuales, el Estado tiene especial interés en su preservación. De lo hasta aquí expuesto, se llega a la conclusión, que de acuerdo con el interés superior del menor, es obligación de los jueces y tribunales, escuchar a los menores cuando una determinación pueda afectarlos. También constituye una obligación para el Estado velar por que los menores disfruten del derecho a convivir con sus padres, aun cuando éstos se encuentren separados, a efecto de lograr su óptimo desarrollo personal. Además, el Máximo Tribunal del país ha establecido, con base en el interés superior del menor, que el Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho del menor a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano, incluso respecto de los temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación. Lo anterior, en virtud de que debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. Lo considerado encuentra su fundamento, en la tesis 1a. CVIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: No obstante, la propia Corte ha limitado el citado derecho del menor en los casos en los que su participación en el proceso sea en detrimento de su interés superior, por lo cual debe analizarse de oficio la participación de los menores de edad al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio, lo anterior con el objeto de evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría suceder cuando sus derechos no formen parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica; debiendo en todo caso el juzgador tener como premisa procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso, por lo que la excepción debe estar debidamente fundada y motivada. En las relacionadas condiciones, el niño debe ser escuchado en todo procedimiento judicial que lo afecte y debe tomarse en cuenta su opinión atendiendo a su edad y madurez. Por lo tanto, la valoración de la opinión del menor debe atender a las diversas circunstancias que rodean al caso de que se trate, entre las cuales una de las más importantes se refiere a la edad y a la madurez intelectual y afectiva del menor. Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la opinión del menor no puede ser el único elemento a tomar en consideración para dar sustento a la decisión que se adopte; pero adquiere particular importancia cuando por su edad y madurez puede ser considerada como personal y auténtica. Así, la opinión del menor es uno más entre los factores que deben sustentar la decisión judicial y esa opinión podrá invocarse válidamente para fundar la respectiva decisión cuando el menor haya alcanzado una edad y un desarrollo intelectual, afectivo y cognoscitivo que pueda habilitarlo para discernir no sólo una mera preferencia afectiva. Por consiguiente, al realizar la evaluación de la opinión del menor debe hacerse un análisis que demuestre que su opinión cumple con los requisitos mencionados. La evaluación de la opinión del menor deberá, entonces, tomar en consideración diversas circunstancias, con el propósito de establecer el grado de atendibilidad de la misma. Entre esas circunstancias se encuentra la edad del menor y aun cuando no puede establecerse una línea divisoria estricta, puede válidamente considerarse, que a mayor edad se adquiere mayor capacidad de objetividad y discernimiento, lo que permite estimar, que la opinión emitida se sustenta en un criterio objetivo. Por tanto, resulta ineludible constatar que le pertenezca al menor la opinión por él emitida, a efecto de descartar toda posible influencia de uno de los progenitores con el objeto de ganar su preferencia. Sin duda, ha de considerarse en forma muy especial, que la preferencia del menor no esté basada en un menor control sobre sus actividades, qué, por significar menores restricciones y exigencias, haga que le parezca una situación más deseable vivir con el progenitor más permisivo y menos controlador de sus actividades, puesto que no debe permitirse que la inmadurez de los menores los lleve a preferir cosas que muchas veces resultan contrarias a sus propios intereses y que su opinión fije la conducta a seguir a pesar de que no sea auténtica dada su edad y madurez. Así, la opinión del menor debe ser colocada en su verdadera dimensión atendiendo a su edad, por lo que no debe ser desmerecida ni sobrevalorada. Sin lugar a dudas, la opinión del menor no puede tener fuerza vinculante sobre la decisión judicial y al igual que toda otra prueba, debe ser valorada atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia y contribuirá en mayor o menor proporción a formar la convicción del juez respecto de la conveniencia de adoptar una u otra decisión. Por lo tanto, atendiendo a la edad y a la madurez del menor, el juez debe comprobar con el auxilio de especialistas, que su opinión es personal y auténtica, en tanto que, conforme a lo dispuesto por los artículos 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 22 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México, las opiniones de los niños deben tenerse en cuenta en función de su edad y de su madurez, siendo los especialistas en psicología o en psiquiatría quienes pueden auxiliar al juzgador para comprobar que por su edad y madurez la opinión del niño es propia. Por último, del artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se desprende la relatividad de la cosa juzgada en materia familiar, la cual consiste en que las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria, o en la definitiva, cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. Ahora bien, en la resolución reclamada se expuso, que eran infundados los agravios primero, segundo y cuarto, pues aun cuando mediante interlocutoria de nueve de junio de dos mil catorce, se decretó la guarda y custodia definitiva del menor hijo de las partes a favor de su progenitora, no menos cierto era que de la plática que se sostuvo con él se advertía, que tenía dieciséis años; que vivía con su papá y la novia de éste; que su mamá no vivía con ellos; que su mamá le gritaba y le decía groserías; que desde hacía cuatro meses no estaba con su mamá: que se fue de vacaciones con su papá en agosto y desde esa fecha decidió quedarse con él; que cuando lo regañaba su mamá bajaba su autoestima y eso se reflejaba en sus calificaciones; y, que si le gustaría ver a su mamá los fines de semana, pero no vivir con ella. De igual modo, se sostuvo que en la misma plática el Agente del Ministerio Público expuso que debían permanecer las circunstancias en el estado que estaban y el juez precisó que inicialmente se había decretado la guarda y custodia del menor a favor de su madre. Así, el tribunal indicó que el juez sí consideró las circunstancias particulares del caso, bajo la perspectiva el interés superior del menor hijo de las partes y llegó a una decisión justa, sobre todo para el menor hijo de las partes, frente a los demás derechos que pudieran entrar en juego. Por otro lado, la sala responsable estimó, que el juez debía allegarse de mayores elementos para determinar la guarda, custodia, visitas y convivencias con el carácter de definitivos, ya que el menor manifestó que la novia de su papá vivía con ellos, por lo cual y aun cuando el juez ordenó la realización de estudios para establecer cuál de los dos progenitores generaba violencia hacia su menor hijo y quién era el más apto para tener su guarda y custodia, debía modificarse el acuerdo impugnado y ordenarse estudios psicológicos a las parejas sentimentales de los padres del menor adolescente. Por último, se consideró fundado el tercer agravio expresado, pues ante el cambio de circunstancias debía tutelarse el derecho fundamental del adolescente hijo de las partes a convivir con su progenitora, con fundamento en los artículos 416 bis del Código Civil para la Ciudad de México y 941 ter del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México conforme a los cuales, el ascendiente que no le sea otorgada la custodia podrá convivir tal y como lo fije el juez, tomando en cuenta todos los elementos que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del hijo de las partes, en especial, valorando los cambios de circunstancias y hechos que las partes manifiesten, aunado a que en el caso existían medios de convicción pendientes de desahogar, como lo eran las valoraciones psicológicas de las parejas de los progenitores, a fin de proteger la integridad física y psicológica del menor en cita. Sobre esa base, el tribunal alzada consideró que las convivencias provisionales continuarían realizándose con ese carácter y se verificarían en los términos ordenados en el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, esto era, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante el procedimiento, lo cual tendría verificativo los sábados de cada semana en un horario de las once de la mañana a las catorce horas, por lo cual debía hacerse del conocimiento de las partes que, en caso de incumplimiento, se les impondrá como primera medida de apremio una multa consistente en $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 moneda nacional) por desacato a un mandato judicial y por obstruir el derecho fundamental del adolescente multicitado para convivir con su madre, lo cual sería valorado al momento de fijar la guarda custodia, así como el régimen de visitas y convivencias definitivos. Así las cosas, como ya se anticipó, los conceptos de violación son infundados. En efecto, contrario a lo que sostiene el peticionario del amparo, en la resolución reclamada no se consideraron únicamente las manifestaciones de su contraria, pues como se aprecia de la síntesis de la resolución reclamada, el tribunal de alzada se refirió expresamente a la plática que el juez tuvo con el hijo de las partes. Ciertamente, en el acto reclamado, la responsable precisó lo manifestado por el menor, en el sentido de que tenía dieciséis años; que vivía con su papá y la novia de éste; que su mamá no vivía con ellos; que su mamá le gritaba y le decía groserías; que desde hacía cuatro meses no estaba con su mamá; que se fue de vacaciones con su papá en agosto y desde esa fecha decidió quedarse con él; que cuando lo regañaba su mamá bajaba su autoestima y eso se reflejaba en sus calificaciones; y, que si le gustaría ver a su mamá los fines de semana, pero no vivir con ella. Con base en las manifestaciones antes señaladas, la responsable ponderó el establecimiento del régimen de visitas y convivencias del menor con su madre, estableciendo que éste se llevaría a cabo de forma supervisada en el Centro de Convivencia destinado para tal efecto; de ahí que el motivo de inconformidad en estudio resulta infundado. Por otro lado y aun cuando es verdad que la sala responsable no se refirió en su resolución, a la documental exhibida por el aquí quejoso, consistente en un estudio psicológico realizado al menor hijo de las partes; dicha circunstancia es insuficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, en el escrito que dio origen al incidente del cual deriva el acto reclamado, el aquí quejoso ofreció como prueba de su parte, entre otras, la documental consistente en el estudio psicológico emitido por Fernando J. García Flores, del cual se desprende, entre otras, la conclusión en el sentido de que existía un riesgo de que el menor no cambiara del ambiente hostil que percibía en casa, pues ello obstaculizaría su libre desarrollo de la personalidad. En ese sentido, la mencionada documental privada concatenada con la plática analizada por la sala responsable, no revelan un riesgo inminente o insalvable para que se lleve a cabo la convivencia de forma supervisada, puesto que, a través del acuerdo apelado, se decretó la guarda y custodia provisional del menor a favor del quejoso, lo cual es acorde a la recomendación profesional en la que el peticionario del amparo sustenta su motivo de inconformidad, por lo cual se considera que, aun cuando la responsable no valoró la prueba en comento, ésta no aporta alguno que impida el desarrollo de las convivencias supervisadas ordenadas. Además, la plática de la menor con el juez responsable, como éste lo expuso, también revela las opiniones de aquél en relación con su madre, las cuales, como se indica en la resolución reclamada, se encaminan a evidenciar la voluntad de éste para convivir con su mamá, sin que se observe, para efectos de este juicio de amparo y lo concerniente a las medidas provisionales, alguna reserva en el sentido apuntado, salvo la relativa a no querer cohabitar con ella. En ese sentido, tanto el estudio ofrecido como prueba por el quejoso como la plática indicada, en un primer plano y no de forma definitiva, pues ello será materia de la resolución definitiva, la cual deberá apoyarse en todos los elementos de prueba que tanto las partes como el juez de acuerdo a sus facultades recabe; no revelan la existencia de la ausencia de elementos que revelen el riesgo insuperable de que se lleve a cabo la convivencia de forma supervisada. Se considera de ese modo, porque como ha quedado expuesto en este fallo, el interés superior del menor es de tal magnitud, que incluso se superpone a los derechos que los padres pudieran tener en el ejercicio de la patria potestad y los personales que les afecten, por ser de rango constitucional y, por ende, goza de una protección especial. En esa virtud, el derecho de convivencia debatido, aun en su aspecto provisional, está relacionado y supeditado al derecho de seguridad física y psicológica del adolescente menor de edad. Por tanto, como ya se apuntó, deben privilegiarse los derechos del menor, dentro de los cuales se encuentra el de convivencia con su progenitora. Así, aun cuando no sea preponderante y condicionante para la forma en que deben llevarse a cabo las convivencias entre el menor y su madre; las manifestaciones de aquél se refirieren a su voluntad de convivir con su progenitora. Se considera de ese modo, porque la conducta desplegada por el menor, sin coacción alguna, para efectos de la provisionalidad de las medidas adoptadas; evidencia su aceptación para convivir con su madre. Sobre esa base, se considera que las pruebas consideradas autorizan que las convivencias se lleven a cabo en los términos que la sala responsable lo determinó, de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. De acuerdo con lo expuesto, también resulta infundado el motivo de inconformidad expresado, en el sentido de que la responsable no tomó en cuenta que por auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el juez de primer grado apercibió a la demandada para que se abstuviera de causar molestias en la persona del actor incidentista y de su menor hijo, restricción que no fue valorada. Se considera así, porque aun cuando es verdad que se emitió una medida de restricción en el sentido mencionado, los derechos del menor adolescente se encuentran por encima de los de sus progenitores y, en el presente caso se privilegió la voluntad del menor para convivir con su madre, circunstancia que no se opone a la medida provisional, ya que al haberse determinado que la convivencia se llevara a cabo de forma supervisada, se tendrá una especial vigilancia para impedir que se verifiquen la conductas que la medida en comento busca prevenir. Por último, el peticionario de amparo refiere que de acuerdo con el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en autos no existe algún medio de prueba que acredite que carece de supuesto riesgo, el que la tercera conviva con su hijo, por el contrario existe un estudio psicológico realizado al menor hijo de las partes, en donde claramente se aprecia el riesgo que existe de que el menor hijo de las partes conviva con su madre, quien es una persona que le ha causado un daño psicológico a su hijo. El citado concepto de violación también resulta infundado, puesto que la determinación relativa a las visitas y convivencias supervisadas encuentran su fundamente en el artículo 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en el cual se fundó la resolución reclamada, norma que establece que al ascendiente al que no le sea otorgada la custodia podrá convivir tal y como lo fije el juez, diversos días de la semana, fuera del horario escolar y sin desatender las labores escolares y debiendo auxiliarlo en dichas actividades, para lo cual deberá tomar en cuenta todos los elementos que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor, en especial, valorará el hecho de que una de las partes manifieste que ha habido violencia familiar, pudiendo solicitar valoración psicoemocional que determine si existen síntomas en el menor, de haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual, independientemente de que exista o no indagatoria al respecto, a fin de proteger la integridad física y psicológica de los hijos, norma aplicable a las controversias en materia familiar. En ese sentido, no resulta aplicable al asunto en estudio el artículo 239 del mismo código en cita, puesto que este regula la prueba para la procedencia de las providencias precautorias, que se funden en el temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real; y, cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, se tema que los oculte o enajene. Por último, no ha lugar a emitir pronunciamiento en relación con los alegatos que hace valer la tercera interesada Selene Elizabeth Tecillo López, ya que al no constituir parte de la litis en el juicio de amparo indirecto, este Juzgador no tiene la obligación de estudiarlos. Lo anterior encuentra su fundamento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". IX. DECISIÓN Ante el escenario expuesto, al haberse desestimado los conceptos de violación analizados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, al hacerse depender su ilegalidad de la atribuida a los actos reclamados de la autoridad señalada como ordenadora, actos respecto de los cuales se niega la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y 124, de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Por las consideraciones vertidas en el apartado octavo, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Francisco Javier Zapata Santillán, por propio derecho. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las partes,
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*CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A SELENE ELIZABETH TECILLO LÓPEZ, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA COM ENGROSE DE 30/09/2020.
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