Francisco Javier Villaseñor Herrera
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Francisco Javier Villaseñor Herrera
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 356/2022-1B, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ******************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE VEINTUNO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, promovida por ************, contra actos de la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 356/2022-1B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME, SINALOA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. ACTUARIA SEGUNDO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIOAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE AHOME. ACTOS RECLAMADOS "De la Autoridad Ordenadora reclamo la ilegal diligencia realizada el día 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mismo que se encuentra en la foja 90, donde supuestamente ratifico en todos sus términos el contenido y firma del escrito foliado número 4636, presentado ante esta Instancia de Incumbencia Familiar el día 23 veintitrés de abril del año 2018 dos mil dieciocho, a través del cual venimos cediendo nuestros derechos hereditarios en la Sucesión Intestamentario a bienes los de cujus José Villaseñor y/o Juan José Villaseñor R. y/o Juan José Villaseñor Reyes y Evangelina Herrera Montoya, la cual la vienen realizando a favor de la C. María Liliana Villaseñor Herrera. Así como también, el escrito donde supuestamente signé en fecha 11 once de abril de 2018 dos mil dieciocho, el cual se encuentra en foja 74, radicado ambos en el expediente 1316/2017 del juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, ello en virtud de que el suscrito nunca he firmado, ni cedido mis derechos como coheredero de la sucesión de mis extintos padres, ya que jamás me presente ante el juzgado de lo familiar para ratificar dicho escrito, asimismo manifiesto que las firmas que se aprecian tanto en el supuesto escrito que presentamos, como el de la diligencia de cesión de derechos no fue hecha de mi puño y letra.". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: 1.- Que, con fecha 7 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete presento la tercera interesada, la C. María Liliana Villaseñor Herrera, la demanda de juicio sucesorio intestamentario a bienes de los cujus señores Juan José Villaseñor y/o Juan José Villaseñor R. y/o Juan José Villaseñor Reyes y Evangelina Herrera de V. y/o Ma. Evangelina Herrera y/o María Evangelina Herrera Montoya y/o Evangelina Herrera Montoya, ante la oficialía de partes común, demanda que recae en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa, ' con el número de expediente 1316/2017. 2.- Asimismo, con fecha 16 dieciséis de enero del año 2018 dos mil dieciocho siendo las 08:30 ocho horas con 30 minutos, el suscrito ya mencionado fue notificado personalmente como presunto coheredero en dicho juicio de garantías, ya que se presentó a dicho juzgado ya mencionado anteriormente, donde se dirigió con la licenciada Telma Verde Verde, actuaria segunda, adscrita al juzgado citado con antelación, dicha notificación se encuentra en la foja número 37 del expediente con número 1316/2016 adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, consiguiente esa misma fecha 16 dieciséis de enero del 2018 dos mil dieciocho, el suscrito presento un escrito en donde renuncia al termino establecido en el artículo 493 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, la cual se encuentra la foja número 38 de expediente ya mencionado en el párrafo anterior. 3.- Asimismo, en fecha 18 dieciocho de enero de 2018 dos mil dieciocho, la secretaria la Lic. Telma Verde Verde da cuenta a la ciudadana Jueza, la Maestra en Ciencias Mexalina Paredes Leyva, adscrita a dicho juzgado, de un escrito de cuenta número 603 presentado por los CC. Francisco Javier, Sandra Mireya y Juan José todos de apellidos Villaseñor Herrera. 4.- Continuando con dicho juicio en fecha 08 ocho de i marzo de 2018 dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta a la ciudadana jueza, con un escrito presentado por la tercera interesada la C. María Liliana Villaseñor Herrera, que, en su carácter de denunciante en el presente juicio de garantía, donde la ciudadana Jueza, da sentencia donde se resuelve y se declaran únicos y herederos a los hijos de los cujos, así como se declara albacea a la C. María Liliana Villaseñor Herrera, sentencia que se encuentra ubicada en la foja número 58 y 59 del expediente ya citado anteriormente. 5.- Posteriormente, en fecha 23 veintitrés de abril de 2018, dos mil dieciocho, se presentó un escrito donde cedían todos los derechos hereditarios los CC. Francisco Javier, Sandra Mireya Y 'juan José todos de apellidos Villaseñor Herrera, a favor de la tercera interesada la C. María Liliana Villaseñor Herrera, para convenir a los intereses personales, a lo cual el suscrito manifiesto que no firme ningún escrito donde el cedía todos los derechos hereditarios que me corresponden. 6.- Con fecha 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia que se encuentra en la foja 90, donde supuestamente ratifico en todos sus términos el contenido y firma del escrito foliado número 4636, presentado ante esta Instancia de Incumbencia Familiar el día 23 veintitrés de abril del año 2018 dos mil dieciocho, a través del cual venimos cediendo nuestros derechos hereditarios en la Sucesión Intestamentario a bienes los de cujus José Villaseñor y/o Juan José Villaseñor R. y/o Juan José Villaseñor Reyes y Evangelina Herrera Montoya, la cual la vienen realizando a favor de la C. María Liliana Villaseñor Herrera, a lo cual manifiesto que yo nunca estuve presente en dicha diligencia, por lo que no signé el acta levantada en la audiencia de ratificación de cesión de derechos." Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual la demanda se debe desechar de plano que debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Por su parte, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió respetarse previamente por el accionante del amparo. En efecto, en el presente caso los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, el quejoso los hace consistir en la diligencia realizada el día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, donde supuestamente ratificó en todos sus términos el contenido y firma del escrito, a través del cual viene cediendo sus derechos hereditarios en la Sucesión Intestamentario a bienes de cujus José Villaseñor y/o Juan José Villaseñor R. y/o Juan José Villaseñor Reyes y Evangelina Herrera Montoya, a favor de la C. María Liliana Villaseñor Herrera; y el diverso de fecha once de abril de dos mil dieciocho, ambos en el juicio sucesorio intestamentario número 1316/2017, en virtud de que nunca firmó, ni cedido sus derechos como coheredero de la sucesión de sus extintos padres. Así el quejoso en su demanda en el apartado de antecedentes manifestó bajo protesta de decir verdad: ".con fecha 16 dieciséis de enero del año 2018 dos mil dieciocho siendo las 08:30 ocho horas con 30 minutos, el suscrito ya mencionado fue notificado personalmente como presunto coheredero en dicho juicio."; ".consiguiente esa misma fecha 16 dieciséis de enero del 2018 dos mil dieciocho, el suscrito presento un escrito en donde renuncia al termino establecido en el artículo 493 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa."; de lo anterior se advierte que es parte en el juicio sucesorio intestamentario número 1316/2017, y no es tercero extraño por haber sido notificado y comparecido al mismo. Entonces, contra la diligencia realizada el día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, donde supuestamente ratificó en todos sus términos el contenido y firma del escrito, a través del cual viene cediendo sus derechos hereditarios en la Sucesión Intestamentario a bienes de cujus José Villaseñor y/o Juan José Villaseñor R. y/o Juan José Villaseñor Reyes y Evangelina Herrera Montoya, a favor de la C. María Liliana Villaseñor Herrera; y el diverso de fecha once de abril de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio intestamentario número 1316/2017; procede un medio de defensa legal, por medio del cual pueden ser modificada, revocada o nulificada el acto; y el quejoso como parte del juicio de origen no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclama en torno a la diligencia de ratificación reseñada, debió impugnarse en términos de la codificación adjetiva aplicable. Así, como se apuntó, en este asunto opera la causa invocada que establece la improcedencia del juicio de amparo tratándose de actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso, o medio de defensa legal por virtud de cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, es menester que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural; y d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; o bien, sea de los privativos de la libertad personal. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, los enmarcados en líneas precedentes, excepciones que en el caso no se actualizan. Tales recursos, cuya omisión en promoverlo hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación el quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Además, el recurso ordinario, cuyo ejercicio previo al amparo deba ser un requisito que el agraviado satisfaga antes de acudir a la justicia federal, debe tener lugar legalmente dentro del procedimiento judicial del cual emane el acto impugnado. Ciertamente, el quejoso antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover el incidente de nulidad actuaciones a que se refiere el artículo 139, del Código de Procedimientos Familiares para el Estado Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito. En efecto, el artículo 139 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado Sinaloa, dispone lo siguiente: "Artículo 139. Las actuaciones serán nulas, cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por el presente Código, de manera que por esta falta, quede sin defensa cualesquiera de las partes, o cuando en ellas se cometan errores sustanciales y, además, en el caso de que este ordenamiento expresamente lo determine. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el juzgado de lo familiar deberá observar lo siguiente: I. Deberá reclamarse en la actuación subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de otra manera quedará convalidada de pleno derecho; II. No podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto, sin hacer la reclamación correspondiente, ni por la que dio lugar a ella; III. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes, no puede ser invocada por la otra; IV. Sólo puede pedir la nulidad a que se refiere este artículo, la parte que resulte perjudicada por la actuación ilegal; V. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado, y VI. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella. Los jueces podrán ordenar, de oficio o a solicitud de parte, que se subsane cualquier omisión que notaren en la sustanciación del procedimiento para el efecto de regularizarlo, sin que ello pueda implicar la revocación de sus propias determinaciones firmes. En los casos en que las nulidades de que se trata este artículo se hagan valer por la parte interesada, se tramitarán en la vía incidental mediante vista a la contraparte por el plazo de tres días. El incidente se tramitará sin suspensión del procedimiento. La resolución que decida el incidente de nulidad de actuaciones y la que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva. Del numeral antes transcrito se advierte, en lo que interesa, que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; y que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Por tanto, si el quejoso estimaba ilegal la diligencia realizada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, donde supuestamente ratificó en todos sus términos el contenido y firma del escrito, a través del cual viene cediendo sus derechos hereditarios en la Sucesión Intestamentario a bienes de cujus José Villaseñor y/o Juan José Villaseñor R. y/o Juan José Villaseñor Reyes y Evangelina Herrera Montoya, a favor de la C. María Liliana Villaseñor Herrera; y el diverso de fecha once de abril de dos mil dieciocho, en el juicio sucesorio intestamentario número 1316/2017; previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarlas a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 139 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado. Adicionalmente a lo destacado, debe reiterarse que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del quejoso, patentizan que en fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, fue notificado personalmente como presunto coheredero en dicho juicio y en esa misma fecha compareció al juicio generador de los actos reclamados pues comunicó que presentó un escrito donde renuncia al termino establecido en el artículo 493 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa; quedando el quejoso indiscutiblemente incorporado al procedimiento; entonces, no existe razón para relevarlo de la obligación de promover el incidente de nulidad de actuaciones conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia judicial que controvierte, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarlo de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión del afectado en su demanda de amparo, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se le dejó en estado de indefensión sin poder hacer valer algún recurso o medio ordinario de defensa. Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza de masnera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la actuación, estaba obligado a agotar el incidente de nulidad previsto en el artículo 139 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, por medio del cual podía obtener que se revocara dicha actuación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 204, del tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación, se transcribe: "NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Se cita también, por las razones que la informan, en apoyo a lo destacado, la tesis consultable en la página 31, del Volumen 5, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima poca, con registro 257386, que dice lo siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD, HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa establece que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales y el artículo 78, del mismo ordenamiento, expresa que la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento se sustanciará como incidente. Por tanto, si el quejoso alega como acto reclamado el ilegal emplazamiento en un juicio civil en el cual no se ha pronunciado sentencia que haya pasado a ser autoridad de cosa juzgada, debe sobreseerse el juicio de garantías respectivo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que contra dicho acto procede el recurrente legal ordinario de nulidad de actuaciones, a que se refieren las disposiciones primeramente invocadas". Así como la tesis I.6o.C J/37, visible a página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, con registro número 187016, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por tanto, si el impetrante del amparo inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud de que no agotó los medios ordinarios de defensa legal, conforme a los cuales la autoridad jurisdiccional responsable, de resultar fundados, podría revocar o nulificar los actos impugnados, deviene incuestionable que en el caso, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Máxime, que no se actualiza alguna la excepción al principio de definitividad, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, habida cuenta que al inconforme no le reviste el carácter de tercero extraño al juicio de origen, incluso ni por equiparación, en cuyo caso, sí resultaría procedente el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Cuauhtémoc número 101, interior 3, Colonia Bienestar, de ésta Ciudad y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Ramón Alberto Velderrain Armenta y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Sergio Enrique Conde Camberos, Olga Fernanda Velderrain Félix, Teresita de Jesús Bisais Orozco y Eddy Leonardo García Cárdenas, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito.
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