Francisco Javier Villapando Uribe
Expediente 1689/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1689/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/01/2019
Partes del expediente
- Francisco Javier Villapando Uribe
Actuaciones
- Principal
DE LA CERTIFICACIÓN SE ADVIERTE QUE EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA HA QUEDADO FIRME. EXPEDIENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. REMÍTASE EL PRESENTE ASUNTO AL ARCHIVO. NOTIFÍQUESE
- Principal
DE LA CERTIFICACIÓN SE ADVIERTE QUE EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA HA QUEDADO FIRME. EXPEDIENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. REMÍTASE EL PRESENTE ASUNTO AL ARCHIVO. Notifíquese; y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
En esta fecha se notifica por medio de lista al quejoso el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho que indica: Del estado procesal de estos autos se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa para que desahogara la vista formulada en autos, sin que lo haya hecho; en consecuencia, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente se analizará, de manera fundada y motivada, si con las constancias que obran en autos se ha dado cumplimiento total a la sentencia dictada en este juicio, o bien, si se incurrió en exceso o defecto en ese cumplimiento, inclusive, si hay imposibilidad para cumplir el fallo. Atento a lo anterior, es preciso señalar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que: "(.) En estas condiciones, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de inmediato integre y emita la resolución correspondiente, relativa a la solicitud de prórroga para el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales, presentada el siete de junio de dos mil dieciocho, registrada con el número 183300631B0092 y la notifique a la quejosa en el domicilio señalado para tal efecto. (.)" Es menester tener presente que la petición de la parte quejosa es del tenor siguiente: "(.) (.)" Atento a lo anterior, a través del oficio con registro de correspondencia 19532, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, remitió copia certificada del oficio 183300631B0092/2018, mediante el cual la Subdirectora Ejecutiva de Plaguicidas y Nutrientes Vegetales del referido organismo dio contestación a la solicitud de prórroga para el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales, en el que determinó en la parte que nos interesa lo siguiente: "(.) (.)" En esa tesitura, la responsable dio contestación al escrito de petición de la parte quejosa. Sin que pase inadvertido, que uno de los efectos del fallo protector consiste en que le fuera notificada la contestación a su solicitud, situación que se subsana con la notificación realizada por este órgano jurisdiccional mediante lista el veintiocho de noviembre del año en curso. De conformidad con las constancias de autos, en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se determina lo siguiente: En este asunto no hay imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo, dado que la autoridad responsable llevo a cabo actos necesarios para cumplir con la sentencia mencionada, sin que en ningún momento haya aducido o se advierta de autos tal imposibilidad. Por otra parte, con los actos examinados en este proveído emitido por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia, se tiene que no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de que se trata. En efecto, en primer lugar debe tenerse en cuenta que habrá exceso en el cumplimiento cuando la conducta de la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo, esto es, se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional y, en segundo lugar, existirá defecto cuando la autoridad realiza una conducta insuficiente, es decir, que los actos que emite en cumplimiento a la sentencia no satisfacen cabalmente los efectos de la concesión del amparo al ejecutar el fallo de manera parcial o incompleta. Entonces, la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo debido a que no se extralimitó en los efectos del fallo protector y tampoco fueron insuficientes para considerar que su conducta detrimentó la restitución en el goce de los derechos de la parte quejosa; por ende, se acató cabalmente la obligación impuesta en la ejecutoria dictada en autos, toda vez que dio respuesta a la solicitud de prórroga para el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales de siete de junio de dos mil dieciocho, y la misma le fue notificada por este órgano jurisdiccional mediante lista el veintiocho de noviembre del año en curso a la moral quejosa. Por último, de conformidad con todo lo destacado en párrafos precedentes, la autoridad responsable realizó en su totalidad los actos necesarios para cumplimentar el fallo protector. En esas condiciones, la autoridad responsable ha observado lo necesario para acreditar que se cumplieron los efectos del fallo protector, por tanto, con fundamento en los artículos 77, fracción I, y 192 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en este asunto HA QUEDADO CUMPLIDA. En atención a la determinación alcanzada, con fundamento en lo previsto en los numerales 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con este proveído para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con la demanda de amparo presentada por Guillermo Ramos Ramos, por propio derecho, contra actos del Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1577/2018 y dese de alta en el sistema correspondiente. De conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, así como con el 1°, fracción I, 37, 64, 107, 108, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se determina lo siguiente: Se admite la demanda de cuenta promovida en contra del acto reclamado y de las autoridades que ahí se precisan. Tramítese el incidente de suspensión relativo a este juicio solicitado por la parte quejosa. Se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe aclarar que la fecha de audiencia que se menciona se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con fecha anterior a la señalada. Apoya lo expuesto la tesis 92, consultable en la página 60, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de 1995, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y acompañando copias certificadas de todas las constancias relacionadas con el acto reclamado. Se apercibe a las autoridades que de no remitirlas se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Infórmese a las autoridades responsables que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se requiere a las partes para que en el supuesto de que hubiese alguna causa de sobreseimiento la hagan saber a este juzgado, apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, en términos del ordinal 251 de la ley de la materia en relación con el artículo segundo transitorio del Decreto invocado. Dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien deberá notificarse por medio de oficio, en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, ya que en este asunto se reclaman normas generales. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su demanda de amparo; las versiones públicas de las sentencias que refieren, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados en amplios términos a los profesionistas señalados en la certificación de cuenta y a los restantes, únicamente para oír y recibir notificaciones ya que expresamente les confiere dichas facultades, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
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