Francisco Javier Vieyra Martínez
Expediente 1652/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1652/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Vieyra Martínez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, de manera incorrecta, se ordenó el archivo de este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para los efectos conducentes. Ahora, de la certificación de cuenta se obtiene que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa, a fin de que desahogara la prevención formulada en auto de treinta y uno de octubre del año en curso, por lo que, de conformidad con el artículo 114, de la ley citada, se hace efectivo el apercibimiento formulado y se tiene por no presentada la demanda amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo relativo al archivo del juicio en el momento procesal oportuno.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el citado proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en el archivo de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción III, y 20, fracción IV del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que la autoridad responsable, realizó en relación al fallo protector. Atento a lo anterior, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Treinta de septiembre de dos mil veintitrés. Seis de octubre de dos mil veintitrés. Diez de octubre de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión del pago de pensión por jubilación, decretada mediante el dictamen ******************** de cinco de agosto de dos mil veintidós. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que la Justicia de la Unión amparó y protegió a ********************, para el efecto de que la autoridad responsable: "De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, comprueben a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por jubilación, le correspondan a ********************, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número ******************** de cinco de agosto de mil veintidós, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten." El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable para que remitiera las constancias que demostraran su cumplimiento. Posteriormente, en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio remitido por el delegado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual remitió comprobante de pago a nombre del quejoso respecto del pago de la totalidad de pensión, constancias de las que se acredita el cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio, por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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