Francisco Javier Vera Nicoli
Expediente 1016/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Francisco Javier Vera Nicoli
Actuaciones
- Incidental
II-Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas, para que las autoridades responsables Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, ambas con sede en esta ciudad, rindan sus informes previos, como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada a los presentes autos incidentales. Al respecto, se dispone diferir la audiencia incidental programada para el día de hoy, y se fija para su desahogo las nueve horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés, para dar oportunidad a que las citadas autoridades rindan sus informes previos. Notifíquese por lista.
- Principal
SINTESIS DEL ACUERDO-Agréguese el escrito firmado por el quejoso Francisco Javier Vera Nicoli, mediante el cual, cumple con la prevención efectuada en autos; en consecuencia, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso. Por tanto, con la demanda de amparo recibida en el auto citado en el párrafo que antecede, el nombrado promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclama de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Admisión En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Intervención del agente del Ministerio Público de la adscripción y acceso al expediente electrónico Con fundamento en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en atención a lo solicitado por la agente del ministerio público de la federación adscrita a este juzgado, con el oficio 04/2023, de diez de noviembre de dos mil veintitrés, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a la referida representante social. En ese sentido, toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la fiscal de la Federación adscrita, se encuentra registrada en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario "REBECA.RAMOS"; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "REBECA.RAMOS", al presente juicio de amparo, a efecto de que la representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal y ser notificada por ese mismo conducto. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Apertura de cuaderno único del incidente de suspensión Con fundamento en el precepto 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión que solicita el quejoso; en consecuencia, con copia de la demanda de amparo y sus anexos, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo1 , se ordena la apertura del cuaderno único de la medida cautelar. Solicitud de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendirlo preferentemente por medios electrónicos, a la brevedad posible y máximo dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, se sirvan remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas a los mismos. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las 10:25 horas del 15 de diciembre de 2023, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
II-Formación de los autos incidentales Con una copia de la demanda y ocurso aclaratorio, como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 1016/2023-II-D, de donde deriva este incidente de suspensión, promovido por Francisco Javier Vera Nicoli, contra actos que atribuye de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Con fundamento en los artículos 125, 128, último párrafo, 130, 131, 136, párrafo primero, y 138 de la Ley de Amparo, y en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se forma y tramita por cuerda separada el cuaderno único de la medida cautelar solicitada. En el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, aquellos recepcionados de forma electrónica no se incorporarán al expediente físico. Al respecto, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Informe previo Con apoyo en el diverso numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase sus informes previos a las autoridades responsables, que deberán rendir preferentemente por medios electrónicos y dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a la notificación de este acuerdo; de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también le será aplicada en el caso de que no rindan sus informes correspondientes. Atendiendo al contenido del artículo 17, tercer párrafo constitucional, el cual privilegia la solución de conflictos frente a formalismos procedimentales; asimismo, al principio de adaptación tecnológica cuyo fin es impulsar el uso de medios electrónicos y servicios digitales para fortalecer la Estrategia de Transformación Digital del Consejo de la Judicatura Federal, contemplando en el artículo 251, inciso g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se insta a las autoridades responsables al uso de medios electrónicos, servicios digitales y la tramitación electrónica que garanticen que se provean los elementos requeridos por el marco jurídico aplicable. Audiencia incidental Con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 138 fracción II, de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia incidental se fijan las 9:30 horas del 28 de noviembre de 2023; la cual, conforme los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación en línea podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Precisión del acto reclamado Jurisprudencialmente se ha establecido que para fijar los actos en materia de amparo debe realizarse una interpretación integral de la demanda de amparo; también, que al analizar los alcances de la intención del promovente no deben atenderse los calificativos o enunciación que se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos controvertidos. La parte quejosa solicita la presente medida cautelar para los siguientes efectos: VIII. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. Solicito en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo solicito la suspensión, por ser jurídicamente posible, para el efecto de que se restituya provisionalmente al suscrito de la cantidad que hasta la presente fecha he sido privado (se adjunta esta estado de cuenta bancario con los datos respectivos para la restitución), y a fin de que no se me retenga por parte de la institución donde laboro ningún monto más por concepto del préstamo aludido, lo cual resulta procedente del análisis ponderando que este Juzgador efectúe de lo manifestado en el presente ocurso, así como de las documentales que se adjuntan. Al respecto, destaca el artículo 147, primer párrafo, de la Ley Amparo, donde se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Lo anterior, significa que el órgano constitucional está facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que, en su caso, se conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la materia de reclamo consiste en: De la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad [en su carácter de ordenadora]: La omisión de informar al centro laboral del quejoso que se abstenga de retenerle la cantidad de $2,005.10 (Dos mil cinco pesos 10/100 moneda nacional), por haberse extinguido la deuda contraída mediante un préstamo. El descuento parcial de su salario, a pesar de haberse extinguido la deuda contraída mediante un préstamo. La negativa de devolver al quejoso las cantidades descontadas por concepto de un préstamo finiquitado cuyo monto a la presentación de la demanda asciende a la cantidad de $8,020.04 (Ocho mil veinte pesos 04/100 moneda nacional), con los intereses respectivos. Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad [en su carácter de ejecutora]: La retención parcial de su salario, el cual es enviado a la autoridad responsable ordenadora. Pronunciamiento sobre la suspensión. Para efectuar un análisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, conforme a los artículos 107, fracción X, Constitucional, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, deben colmarse los requisitos siguientes: 1. Petición de parte. 2. Existencia del acto reclamado. 3. Naturaleza del acto reclamado. 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo. 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. 6. La posibilidad jurídica y material de otorgarla. Al respecto, dichas exigencias se recogen de las jurisprudencias XXVII.3o. J/2 (10a.) y 2a./J. 22/2023 (11a.), de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." En cuanto a la actualización de dichos requisitos, se precisa lo siguiente: El primero [1], relativo a la petición de parte, en el particular, el requisito previsto en la fracción I, del artículo 128, de la Ley de Amparo, se colma, pues la parte quejosa expresamente solicitó la suspensión de los actos que en esta vía controvierte. El segundo [2] existencia de los actos reclamados, deben tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, consistentes en las siguientes: - Que el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, acudió ante la autoridad responsable ordenadora a través del área de recuperación de adeudos, quien al informarle que era su deseo cubrir la totalidad de su préstamo especial número 20220215531, le expidieron un documento denominado "FORMATO DE PAGO DE INDIVIDUALES SIPE-SIT", por un importe de $13,769.17 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 17/100 moneda nacional). - Que en esa misma fecha a fin de que se diera de baja dicho adeudo y su centro laboral ya no le siguiera descontando de manera quincenal la cantidad de $2,005.10 (Dos mil cinco pesos 10/100 moneda nacional), realizó el pago por un importe de $13,769.17 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 17/100 moneda nacional). -Que el quince de septiembre último, le expidieron un documento denominado "INFORME DE SALDOS PARA ESPECIAL", en donde se refleja que no existe saldo pendiente. - Sin embargo, que a pesar de lo antes expuesto la autoridad responsable Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en informar a su centro laboral que el mencionado préstamo quedó finiquitado, lo que ha ocasionado que le sigan realizando un descuento parcial a su salario. Además, exhibió en su escrito inicial de demanda las siguientes documentales: Nº DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 1 Original del documento denominado formato de pago de individuales SIPE-SIT 2 Original del documento denominado informe de saldos para especial 3 Cuatro impresiones de recibos de nómina a nombre de Francisco Javier Vera Nicoli, con código QR. 4 Copia simple de una credencia a nombre de Francisco Javier Vera Nicoli, expedida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 5 Copia simple de una credencia para votar a nombre de Francisco Javier Vera Nicoli. 6 Impresión del estado de cuenta a nombre de Francisco Javier Vera Nicoli De modo que, para esta medida cautelar se tiene la presunción de existencia de los actos materia de reclamo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª./J 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, agosto de 1993, de rubro: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO". El tercero [3], concerniente a si la naturaleza de los actos combatidos posibilitan su suspensión; los cuales son los siguientes: a) La omisión de informar al centro laboral del quejoso que se abstenga de retenerle la cantidad de $2,005.10 (Dos mil cinco pesos 10/100 moneda nacional), por haberse extinguido la deuda contraída mediante un préstamo; b) el descuento parcial de su salario, a pesar de haberse extinguido la deuda contraída mediante un préstamo; y d) la retención parcial de su salario, el cual es enviado a la autoridad responsable ordenadora, tiene el carácter de omisivo, negativo y consumados respectivamente, por lo que no sería factible conceder la suspensión peticionada, pues proceder de manera distinta implicaría otorgarle efectos restitutorios plenos a la suspensión provisional, los cuales son propios de la sentencia de fondo que se emita en el cuaderno de amparo del que deriva este incidente. En ese contexto, este juzgado federal estima que respecto del acto marcado con el inciso c) consistente en la negativa de devolver al quejoso las cantidades descontadas por concepto de un préstamo finiquitado cuyo monto a la presentación de la demanda asciende a la cantidad de $8,020.04 (Ocho mil veinte pesos 04/100 moneda nacional), con los intereses respectivos, se trata de un acto de naturaleza negativa. Al respecto, debe destacarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, estableció que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. En efecto, determinó que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse definitivamente a la persona en el goce del derecho violado. Ante lo cual, precisó que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Consideraciones que se encuentran insertas en la tesis 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." En ese contexto, debe tenerse en cuenta que en el caso se trata de un acto cuya naturaleza es negativa, pues la autoridad responsable a la que se le atribuye dicha reclamación, se abstiene de devolver al quejoso las cantidades descontadas por concepto de un préstamo finiquitado cuyo monto a la presentación de la demanda asciende a la cantidad de $8,020.04 (Ocho mil veinte pesos 04/100 moneda nacional), con los intereses respectivos; por tanto, el acto de que se habla no es susceptible de suspenderse, puesto que se le otorgaría efectos restitutorios plenos, los cuales dejarían sin materia el juicio principal, precisamente porque de concederse, se otorgaría a la parte quejosa un beneficio transitorio, sino uno definitivo; además, el efecto coincidiría exactamente con una sentencia estimatoria. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada por Francisco Javier Vera Nicoli, en contra de la negativa reclamada precisada en el inciso c), pues se insiste, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto negativo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo. Son aplicables las jurisprudencias, con los rubros y textos siguientes: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS.- Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Sobre el tema, el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza de los actos lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Ahora, el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que, en materia de suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria. El referido artículo 147 dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." En ese orden, los artículos 107, fracción X, constitucional y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que los justiciables sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Si bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018, en ejecutoria de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se pronunció en cuanto a que la naturaleza de los actos reclamados no impide la procedencia de la suspensión, ello lo realizó con los siguientes argumentos esenciales: - La naturaleza de los actos reclamados, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. - Dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después. - Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensivos puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Como se observa, la naturaleza de los actos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar; sin embargo, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso pueden producir los actos reclamados. De ahí que, si lo que se reclama es la conducta de la autoridad responsable a la que se le atribuye dicha reclamación, pues como se adelantó, emite un pronunciamiento negativo, de ahí la improcedencia de la medida cautelar que nos ocupa. En ese contexto, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado en el inciso c). Ahora, por lo que respecta a los efectos y consecuencias de los actos reclamados marcados con los incisos a), b) y d), se advierte que sí son susceptibles de suspender, pues dichos actos conforme a su naturaleza, son de carácter positivo, que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implica una acción, una orden, una privación o una molestia, en el caso sujeto a estudio, los actos tendentes a que le sigan realizando un descuento parcial a su salario de un deuda derivada de un préstamo que ya se finiquitó en su totalidad. En esas condiciones, por su naturaleza, los efectos y consecuencias de los actos reclamados precisados con antelación, son susceptibles de suspenderse; pero para que se concede la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo. El cuarto [4], la quejosa aduce una afectación a su interés jurídico, pues expone bajo protesta de decir verdad que ya liquidó la deuda derivada de un préstamo; sin embargo, que la responsable ordenadora no ha informado a su centro de trabajo dicha circunstancia, con el fin de que la autoridad responsable ejecutoria [centro laboral] ya no le siga realizado un descuento parcial de su salario; por lo cual -arguye- resiente una afectación directa a su esfera jurídica, dado que contraviene los derechos humanos, enmarcados en los artículos 1, 4, 5, 8, 14 y 123, apartado B, fracción VI Constitucionales. Para justificar la afectación alegada la quejosa adjuntó en original del documento denominado formato de pago de individuales SIPE-SIT, de cuyo contenido se desprende que el catorce de septiembre del año en curso, realizó un pago por la cantidad de $13,769.17 (Trece mil setecientos sesenta y nueve pesos 17/100 moneda nacional), por concepto de préstamo especial; así como el diverso documento en original denominado informe de saldos para especial, donde se advierte que el préstamo número ******************** fue totalmente liquidado. Así, se advierte que, hasta este momento, al menos indiciariamente la quejosa sí justifica su interés jurídico para solicitar la presente providencia precautoria, pues las documentales descritas con antelación permite presumir hasta este momento que la quejosa liquidó el adeudo derivado del préstamo número ********************. El [5] relativo a ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público, respecto del primero de ellos [apariencia del buen derecho], se estima satisfecho ya que el acto reclamado pudiera causarle un perjuicio en sus derechos fundamentales, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en caso de que se determine la ilegalidad del acto reclamado, la sentencia de amparo sería en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del mismo. De igual forma se considera colmado el segundo de los indicados elementos [peligro en la demora], pues la circunstancia de que la parte quejosa no pueda disponer de la totalidad de su salario, traería como consecuencia un perjuicio de difícil reparación dado el tiempo que transcurre hasta el dictado de la resolución de fondo y que como un segundo condicionante se impone para la concesión de la medida cautelar. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 15/96, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Lo anterior, encuentra sustento en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que establecen que para conceder la suspensión deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, de la no afectación del interés social y del peligro en la demora, lo que lleva consigo realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho que estima la quejosa le asiste, con la finalidad de mantener viva la materia del asunto [sin que ello estime considerar que el entendimiento del enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio" implica que el órgano jurisdiccional evite, a toda costa, que exista identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses de la quejosa, pues por regla general es incorrecto sostener que se deberá negar la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal] y evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, si con ello no se lesiona el orden público, lo que puede establecerse, en la especie, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos anteriores. En tanto, sobre el tema de qué debe entenderse por disposiciones de orden público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son aquéllas, contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle alguna desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún beneficio; mientras que por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o le evite un trastorno. De ese modo, se considera que se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público cuando con el otorgamiento de la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En el caso, no se advierte hasta este momento indicio o prueba que demuestre que, en el particular, las autoridades responsables se encuentren impedidas legalmente para seguir reteniendo de manera parcial el salario del promovente, que pueda significar algún efecto indeseable para el interés social, en tanto que prive a la comunidad de algún beneficio, sino al contrario de no concederse la medida, se infringiría ese derecho. Respecto del [6] la posibilidad jurídica y material de otorgarla. Para analizar esta exigencia, debe precisarse que la finalidad de la suspensión del acto reclamado, es preservar la materia del juicio de amparo, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Así, la razón que subyace detrás de una concesión de amparo es una acción protectora de un derecho afectado por una autoridad; consecuentemente, el entendimiento del enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio" debe contextualizarse en que la concesión de la suspensión significa que su finalidad es que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de proteger el derecho que la quejosa considera afectado. Dicho lo anterior, la suspensión del acto reclamado, por definición, es un beneficio transitorio, dado que el artículo 147 de la Ley de Amparo, limita claramente su duración, la cual inicia desde que se dicta el auto o la resolución interlocutoria que concede la medida cautelar, hasta que se pronuncia ejecutoria, es decir, hasta que se emite la decisión que resuelve en definitiva el asunto. Así, en la actualidad la suspensión puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones y/o negativas, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de que el solicitante esté privado de recibir de forma completa su salario al que tiene derecho, lo cual, es de manera continuada. Para este ejercicio [la posibilidad jurídica y material de otorgarla], los parámetros que se deben tomar en cuenta para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal, son los consistentes en que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso resolver de forma adversa a la quejosa, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Explicado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama a) La omisión de informar al centro laboral del quejoso que se abstenga de retenerle la cantidad de $2,005.10 (Dos mil cinco pesos 10/100 moneda nacional), por haberse extinguido la deuda contraída mediante un préstamo; b) el descuento parcial de su salario, a pesar de haberse extinguido la deuda contraída mediante un préstamo; c) la negativa de devolver al quejoso las cantidades descontadas por concepto de un préstamo finiquitado cuyo monto a la presentación de la demanda asciende a la cantidad de $8,020.04 (Ocho mil veinte pesos 04/100 moneda nacional), con los intereses respectivos; y d) la retención parcial de su salario, el cual es enviado a la autoridad responsable ordenadora, lo que implica que negar la medida cautelar que nos ocupa, pondría en riesgo los derechos humanos a la vida digna y subsistencia del quejoso, de ahí que, es susceptible de conceder la suspensión provisional que nos ocupa [al tenor de los efectos que en adelante se precisarán]. Para este punto, cabe decir que dicha concesión, permite inferir la transitoriedad de la medida, pues para el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en este expediente fuera adversa a los intereses de la quejosa, es posible puedan retrotraerse; esto es, porque existe la probabilidad que los pagos que con motivo de la suspensión concedida fueran entregados a la quejosa, puedan ser devueltos a través del pago de lo indebido [contemplado en el artículo 67 del Código Civil del Estado de Quintana Roo], o legislación análoga. Además, se estima que la concesión de esta medida con tales efectos es un beneficio transitorio, porque precisamente la consecuencia de que le sigan descontando de su salario la cantidad $2,005.10 (Dos mil cinco pesos 10/100 moneda nacional), de ahí que, se preserva la materia del juicio de amparo, porque esa circunstancia precisamente será analizada en definitiva. De ahí que existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, pues es jurídica y materialmente posible otorgarla. En esas condiciones, procede concluir que las exigencias legales en análisis se encuentran satisfechas en el caso. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 125, 128, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional en los términos siguientes: -Para efecto de que las autoridades responsables provean los mecanismos necesarios para que de inmediato se abstengan de descontar al promovente de su salario la cantidad $2,005.10 (Dos mil cinco pesos 10/100 moneda nacional). Lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente medida cautelar. En la inteligencia que, esta medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, si se actualiza alguna de las hipótesis siguientes: - La retención del pago parcial de su salario derive de una orden emitida por autoridades diversas a las señaladas como responsables. - Se justifique que el quejoso en la actualidad tiene algún adeudo diverso al préstamo ********************, pues la medida cautelar no llega al extremo de reconocer actos que no fueron reclamados en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Garantía Sin que sea procedente solicitar garantía a la quejosa, toda vez que, hasta este momento, no se advierte que exista una afectación a intereses patrimoniales de parte contraria. Pruebas De conformidad con lo establecido en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que adjuntó el quejoso a su libelo de demanda, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia incidental del juicio. Copias Con fundamento en el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa copia certificada del presente auto, por conducto de la persona que autoriza para tal efecto, previa constancia de recibo que se deje en la constancia de notificación que al efecto se levante. En el entendido que, atendiendo al contenido de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Cabe precisar que, únicamente, en casos excepcionales que se requieran certificaciones de documentos electrónicos impresos, aplicará el proceso de certificación para documentos físicos, es decir, se deberá incorporar el texto de certificación y firma autógrafa correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para el actuario A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este incidente de suspensión. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto******************** para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Versión publica de sentencias y resoluciones. Respecto de los expedientes judiciales que se encuentren bajo su resguardo, en términos del artículo 30, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán vigilar que la realización de versiones públicas de sentencias y resoluciones respectivas, se elaboren en estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en el sistema electrónico de gestión. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese por lista al quejoso, personalmente al agente del ministerio público de la federación adscrito; y, por oficio a las autoridades correspondientes.
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