Francisco Javier Urquiza Guerra

Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
436/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Urquiza Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra constancia de notificación del auto de cuatro de los actuales, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso, túrnense los presentes autos a la actuaría para que notifique de manera personal al quejoso el auto de cuatro de junio del año en curso.----------------------------------"........... Irapuato, Guanajuato a cuatro de junio de dos mil veintiuno.- Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Urquiza Guerra, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 436/2021-I. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado. Una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias anexas, se observa que el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de mayo pasado ante la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno Secretaría Particular del Gobernador de Guanajuato. En dicho ocurso, el promovente solicitó a la autoridad responsable diera cumplimiento al decreto emitido el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho y publicado en el gobierno oficial del Estado, mediante el cual, el Gobierno del Estado de Guanajuato expropió una superficie de treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta metros cuadrados, ubicados en lo que fue la antigua Hacienda de Beneficiar Metales, denominado "Santiago de Rocha" en Guanajuato, que aduce el quejoso es de su propiedad, para la construcción de campos deportivos y señaló que el valor de la indemnización tendría un incremento del diez por ciento por el transcurso del tiempo entre la fecha del decreto y la de indemnización. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del articulo 61, en relación con el diverso 5o, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]". De acuerdo con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de dicha ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 Constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 6o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. En el caso, el acto en estudio reclamado por el quejoso Francisco Javier Urquiza Guerra, se hace consistir en la omisión del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de mayo pasado. Sin embargo, de momento se considera que tal acto, por sí mismo, no vulnera algún derecho sustantivo del promovente que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no HA transcurrido el término legal que tiene la responsable para atender la petición formulada conforme con lo establecido en los artículos 33, fracción II, y 153 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, que disponen: "Artículo 33. El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas: (.) II. En los plazos fijados en días por las disposiciones legales o las autoridades, sólo se computarán los hábiles; (.)" "Artículo 153. Las autoridades administrativas del Estado y sus municipios están obligadas a contestar por escrito o por medios electrónicos cuando proceda, las peticiones formuladas por los particulares, dentro de los plazos que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. A falta de disposición legal expresa, las autoridades deberán producir sus respuestas dentro de los siguientes treinta días a partir de la recepción del pedimento, con independencia de la forma o medios utilizados para su formulación. Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolución correspondiente operará la afirmativa o la negativa fictas conforme al presente Código. Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos o cumpla con requisitos formales o proporcione los datos necesarios para su resolución, el plazo empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido." De la intelección de los numerales transcritos, se tiene que las autoridades administrativas del Estado de Guanajuato y sus Municipios, están obligadas a contestar por escrito o por medios electrónicos cuando esto proceda, las peticiones formuladas por particulares, dentro de los plazos que la ley señale para ello; sin embargo, a falta de disposición expresa, deberán producir sus respuestas dentro de los siguientes treinta días hábiles a partir de la recepción la respectiva solicitud. Ahora, de las constancias que fueron exhibidas por el promovente, se advierte que el veinte de mayo de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad responsable la solicitud cuya falta de respuesta reclama, por lo que el término de treinta días para dar contestación a su petición transcurrirá del veintiuno de mayo al uno de julio del año en curso. Ello, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 33, fracción II, del ordenamiento citado. Entonces, si la demanda se presentó el tres de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, resulta evidente que de momento no ha transcurrido el término legal que tiene la responsable para contestar escrito que presentó el veinte de mayo del año en curso, por lo que se considera que dicho acto, por sí mismo y por el momento, no vulnera algún derecho sustantivo del promovente, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. Por tanto, al quedar acreditada la causal de improcedencia respecto de lo acto en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda respecto del acto en estudio por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aún substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Domicilio y autorizados. En cuanto a la solicitud de que se le autorice el acceso al expediente electrónico en que se actúa, y que se realicen las notificaciones vía electrónica, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el usuario "guardado" pueda consultar el expediente electrónico como lo solicita y se practiquen las notificaciones en forma electrónica como lo solicita. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Alejandro Guardado Santoyo y Cristian David Hernández Pineda, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de este auto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información............"

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Urquiza Guerra, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 436/2021-I. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado. Una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias anexas, se observa que el quejoso reclama la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de mayo pasado ante la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno Secretaría Particular del Gobernador de Guanajuato. En dicho ocurso, el promovente solicitó a la autoridad responsable diera cumplimiento al decreto emitido el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y ocho y publicado en el gobierno oficial del Estado, mediante el cual, el Gobierno del Estado de Guanajuato expropió una superficie de treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta metros cuadrados, ubicados en lo que fue la antigua Hacienda de Beneficiar Metales, denominado "Santiago de Rocha" en Guanajuato, que aduce el quejoso es de su propiedad, para la construcción de campos deportivos y señaló que el valor de la indemnización tendría un incremento del diez por ciento por el transcurso del tiempo entre la fecha del decreto y la de indemnización. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente al actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del articulo 61, en relación con el diverso 5o, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]". De acuerdo con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de dicha ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de iniciativa o instancia de parte agraviada consagrada por el artículo 107 Constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 6o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. En el caso, el acto en estudio reclamado por el quejoso Francisco Javier Urquiza Guerra, se hace consistir en la omisión del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato de dar respuesta a su escrito presentado el veinte de mayo pasado. Sin embargo, de momento se considera que tal acto, por sí mismo, no vulnera algún derecho sustantivo del promovente que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no HA transcurrido el término legal que tiene la responsable para atender la petición formulada conforme con lo establecido en los artículos 33, fracción II, y 153 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, que disponen: "Artículo 33. El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas: (.) II. En los plazos fijados en días por las disposiciones legales o las autoridades, sólo se computarán los hábiles; (.)" "Artículo 153. Las autoridades administrativas del Estado y sus municipios están obligadas a contestar por escrito o por medios electrónicos cuando proceda, las peticiones formuladas por los particulares, dentro de los plazos que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. A falta de disposición legal expresa, las autoridades deberán producir sus respuestas dentro de los siguientes treinta días a partir de la recepción del pedimento, con independencia de la forma o medios utilizados para su formulación. Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolución correspondiente operará la afirmativa o la negativa fictas conforme al presente Código. Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos o cumpla con requisitos formales o proporcione los datos necesarios para su resolución, el plazo empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido." De la intelección de los numerales transcritos, se tiene que las autoridades administrativas del Estado de Guanajuato y sus Municipios, están obligadas a contestar por escrito o por medios electrónicos cuando esto proceda, las peticiones formuladas por particulares, dentro de los plazos que la ley señale para ello; sin embargo, a falta de disposición expresa, deberán producir sus respuestas dentro de los siguientes treinta días hábiles a partir de la recepción la respectiva solicitud. Ahora, de las constancias que fueron exhibidas por el promovente, se advierte que el veinte de mayo de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad responsable la solicitud cuya falta de respuesta reclama, por lo que el término de treinta días para dar contestación a su petición transcurrirá del veintiuno de mayo al uno de julio del año en curso. Ello, sin contar los sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 33, fracción II, del ordenamiento citado. Entonces, si la demanda se presentó el tres de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, resulta evidente que de momento no ha transcurrido el término legal que tiene la responsable para contestar escrito que presentó el veinte de mayo del año en curso, por lo que se considera que dicho acto, por sí mismo y por el momento, no vulnera algún derecho sustantivo del promovente, para el efecto de hacer procedente el presente juicio de amparo indirecto. Por tanto, al quedar acreditada la causal de improcedencia respecto de lo acto en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda respecto del acto en estudio por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aún substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa. Domicilio y autorizados. En cuanto a la solicitud de que se le autorice el acceso al expediente electrónico en que se actúa, y que se realicen las notificaciones vía electrónica, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el usuario "guardado" pueda consultar el expediente electrónico como lo solicita y se practiquen las notificaciones en forma electrónica como lo solicita. Asimismo, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Alejandro Guardado Santoyo y Cristian David Hernández Pineda, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de este auto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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