Francisco Javier Torres Castro
Expediente 125/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Javier Torres Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del seis al diecisiete de marzo del año en curso, sin contar los días once y doce del propio mes y año por corresponder a sábados y domingos, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 125/2017-1; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el uno de marzo de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable, así como al tercero interesado y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 125/2017-6, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. En principio, el secretario da cuenta con el oficio registrado con el folio 2853, a lo que la juez acuerda: Agréguese a los autos el referido comunicado, signado por la Magistrada Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de febrero de este año, remite copia certificada de las notificaciones personales practicadas a Francisco Javier Torres Castro y al Municipio de Ojocaliente, Zacatecas, en su carácter de actor y demandado, respectivamente, dentro del expediente ordinario laboral 350/2014. A lo que la juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas, las que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Acto seguido, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias y, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad por conducto de la Magistrada Presidenta (foja 18) y legalmente emplazado al tercero interesado Municipio de Ojocaliente, Zacatecas (foja 17). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental exhibida por el quejoso con su demanda de amparo (foja 8), con las documentales allegadas por la Magistrada Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe con justificación, (fojas 20 a 32) y con las que adjuntó al oficio de cuenta. La juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario hace constar que no fueron formulados por ninguna de las partes, con lo que se tiene precluído el derecho de las partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 125/2017-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Francisco Javier Torres Castro demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: - La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 350/2014. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de siete de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: A) La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 350/2014. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada Presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad aceptó la existencia de la omisión reclamada (foja 18), sobre la base de que aún no ha emitido el laudo correspondiente al expediente laboral 350/2014 promovido por el ahora quejoso. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. Asimismo, acompañó a su informe con justificación copia certificada de las principales constancias que integran ese expediente; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las que se advierte que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo no se había emitido la resolución materia del acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio. En el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías individuales violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo en el juicio ordinario laboral 350/2014, no obstante de haberse turnado al magistrado correspondiente desde el doce de abril de dos mil dieciséis (foja 32), a fin de que formulara el proyecto de laudo. De las constancias que integran el juicio laboral de origen se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se presentó ante la responsable la demanda promovida por Francisco Javier Torres Castro, que se radicó bajo el número 350/2014 (fojas 20 a 22); el catorce de mayo de dos mil quince inició la audiencia de conciliación, demanda excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 26 a 28); el veinticuatro de septiembre de dos mil quince se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes (fojas 29 a 31) y el doce de abril de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la etapa de instrucción en el expediente en mención y se pusieron los autos a la vista a efecto de dictar laudo, sin que a la fecha de la presentación de la demanda que originó el presente juicio de amparo (tres de febrero de dos mil diecisiete), hubiera sido dictado el fallo que se reclama. Sin embargo, de las documentales que remitió en alcance a su informe con justificación la Magistrada Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, comunicado registrado con el número de folio 2660, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, el veintitrés de febrero del año en curso (fojas 35 a 48), se obtiene que el veintitrés de febrero del presente año, dentro del expediente laboral 350/2014 de su índice, los magistrados responsables dictaron el laudo correspondiente, aunado a que de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que éste fue notificado a las partes el veintisiete de este mes y año. De lo anterior destaca que el laudo, cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitido y notificado a las partes. Por tanto, al haberse emitido la resolución definitiva respecto de la cual la quejosa reclamó su omisión, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la dilación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones al laudo emitido, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, el dictado del laudo en comento implica la conclusión del procedimiento laboral de origen, por lo que no sería congruente que la protección constitucional se extendiera a etapas diversas del juicio natural. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en el dictado inmediato de la resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión del laudo que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a la parte hoy quejosa, pues no es factible que las omisiones reclamadas puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de derechos promovida por FRANCISCO JAVIER TORRES CASTRO contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio 350/2014; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen
- Principal
El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el folio 2660 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legamente corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintitrés de febrero del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 350/2014 de su índice; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, se tiene como prueba de la mencionada responsable la citada documental, la cual dada su propia y especial naturaleza se tiene desahogada. Por otro lado, la autoridad oficiante remite la documental de mérito a efecto de subsanar la omisión que le fue reclamada en esta instancia constitucional; sin embargo, de las constancias que remite no se advierte que la referida resolución haya sido notificada al aquí quejoso; en consecuencia y atendiendo a que la falta de notificación de ésta también integra el acto reclamado en el juicio que nos ocupa, se requiere a la responsable a efecto de que, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado si el laudo que dictó dentro del expediente laboral 350/2014 ya fue notificado a las partes y, de ser así, remita las constancias que así lo acrediten; lo anterior a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen
- Principal
El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el folio 2292, con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad por conducto de la Magistrada Presidenta; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva, con su contenido, y con las constancias que se adjuntan, dese vista a las partes para que hasta antes de celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés legal convenga;. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, ténganse como pruebas de la oficiante la que adjunta y que consisten en un legajo de copias certificadas de las constancias que integran el expediente 350/2014; las que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. *María del Carmen*
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