Francisco Javier Torres Bravo

Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
208/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Torres Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de junio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio recibido por correo electrónico y firmado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, a través del cual, acusa recibo del comunicado con el que se le notifico el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés y se le remitieron los tomos de pruebas que acompañó a su informe justificado; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. Al resultar innecesaria su conversación, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, dos tomos de pruebas consistentes en el toca de apelación ******************** y el juicio especial oral familiar ********************, de su índice. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintitrés. EXHORTO DILIGENCIADO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, téngase al Actuario Judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, devolviendo diligenciado el exhorto 105/2023-IV (número de orden 390/2023-IV), del índice de este juzgado, enviado a efecto de que ordenara a quien correspondiera, notificara a la parte quejosa, el proveído de cuatro de abril del año en curso, en que se previno a la parte quejosa para que aclarara su escrito inicial en los términos ahí expuestos. Encomienda que tuvo verificativo el diecinueve de abril del año en curso, como se advierte de las constancias que anexa. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno el exhorto de mérito. Sin que se estime necesario acusar recibo, en virtud de que su remisión vía electrónica en línea lo genera automáticamente. ESTADO DE AUTOS. Por otra parte, del estado procesal de autos y del contenido del inciso b), de la cuenta secretarial, se advierte que en proveído de veinticinco de abril del año en curso, se reservó proveer lo conducente, en relación con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 6657, signado por ********************, apoderada jurídica del peticionario del amparo ********************, por medio del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de cuatro de abril del año en curso, hasta en tanto, se contará con las constancias relativas al citado exhorto 105/2023-IV (número de orden 390/2023-IV); lo que en el caso, ya aconteció. CUMPLE PREVENCIÓN. Por lo tanto, en atención al referido escrito, téngase a la parte quejosa, desahogando la prevención contenida en auto de cuatro de abril del presente año, toda vez que al efecto, manifiesta. ."a nombre de mi representado acudo ante esta instancia a aclarar que éste actúa en este juicio, tanto por propio derecho como también en representación de su menor hija de iniciales ********************". Carácter que acredita con la documental que existe glosada en autos del juicio especial oral familiar ********************, consistente en copia certificada del acta de nacimiento de dicha infante, expedida por la Directora General del Registro Civil del Estado de Aguascalientes. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo y las constancias que anexó la Superioridad, al remitir el presente asunto, consistente en el toca de apelación ******************** y el juicio especial oral familiar ********************, se advierte que el acto reclamado, consiste en: La resolución de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en autos del toca de apelación ********************, en que dejó insubsistente la audiencia de juicio desahogada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio especial oral familiar ******************** sobre reducción de pensión alimenticia, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso ********************, frente a ******************** en cuanto representante legítima del menor de edad de identidad reservada y de iniciales ********************, así como las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia definitiva pronunciada el once de octubre del mismo año, ordenando remitir testimonio autorizado de dicha resolución de Alzada, así como los autos originales del juicio de origen, al Juez de Primera Instancia que conozca de Materia Familiar de Aguascalientes, Aguascalientes, que por razón de turno le corresponda el mismo, quien deberá avocarse a su prosecución. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. Apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 107, fracciones V y VIII, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada la demanda de amparo, así como las constancias que anexó la Superioridad al remitir el presente asunto, consistente en el toca de apelación ******************** y el juicio especial oral familiar ******************** y los preceptos de la Ley de Amparo transcritos, se arriba a la conclusión que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en el presente asunto, si se tiene en cuenta que el origen de éste, se hace consistir en la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en autos del toca de apelación ********************, en que dejó insubsistente la audiencia de juicio desahogada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio especial oral familiar ******************** sobre reducción de pensión alimenticia, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, promovido por el aquí quejoso ********************, frente a ******************** en cuanto representante legítima del menor de edad de identidad reservada y de iniciales ********************, así como las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia definitiva pronunciada el once de octubre del mismo año, ordenando remitir testimonio autorizado de dicha resolución de Alzada, así como los autos originales del juicio de origen, al Juez de Primera Instancia que conozca de Materia Familiar de Aguascalientes, Aguascalientes, que por razón de turno le corresponda el mismo, quien deberá avocarse a su prosecución; esto es, probablemente se pronuncie en relación a la competencia planteada. Lo anterior, toda vez que la circunstancia de que la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, haya dejado insubsistente la audiencia de juicio desahogada el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el citado juicio especial oral familiar ******************** sobre reducción de pensión alimenticia, así como las actuaciones posteriores, incluyendo la sentencia definitiva pronunciada el once de octubre del mismo año, ordenando remitir testimonio autorizado de dicha resolución de Alzada, así como los autos originales del juicio de origen, al Juez de Primera Instancia que conozca de Materia Familiar de Aguascalientes, Aguascalientes, que por razón de turno le corresponda el mismo, para que se avoque a su prosecución, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales del quejoso, ni constituye un acto que lesione sus derechos fundamentales en grado predominante o superior, puesto que la decisión de dicha autoridad de remitir los autos del juicio de origen al Juez de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, que por razón de turno le corresponda conocer, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, por lo que será hasta ese momento, y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se hayan producido todas las consecuencias del acto reclamado; esto es, que se acepte la competencia planteada. De ahí que, la afectación recae en derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, por lo menos hasta el momento. En ese orden de ideas, debe entenderse que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual no ocurre en la especie, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; máxime que de la narrativa de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, realizados por el promovente, bajo protesta de decir verdad, no se advierte dato alguno que indique de manera objetiva si la autoridad respecto de la cual se declinó la competencia, se haya pronunciado sobre la aceptación de la misma, así como de las constancias que integran el citado juicio especial oral familiar ******************** sobre reducción de pensión alimenticia, no se desprende dicha circunstancia; de ahí que, es improcedente la demanda de amparo origen del presente juicio. En consecuencia, es indudable que es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, el criterio emitido en relación a la contradicción de tesis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia número P./J. 17/2015 (10a.), localizable en la página 5, Libro 21, Tomo I, Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, sustenta la determinación a la que se arriba, por identidad jurídica, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 216/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 29/2015 (10a.), consultable en la Página 22, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de la siguiente literalidad: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." De igual manera, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se oponen a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Lo anterior, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder medio de impugnación ordinario alguno contra tales resoluciones o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en la presente demanda se vean involucrados los intereses de la menor de edad de identidad reservada y de iniciales ********************, toda vez que como se anotó, las consecuencias de la emisión del auto en reclamo, únicamente producen efectos de carácter formal, lo cual no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Como lo solicitó la parte quejosa, en el referido escrito de cumplimiento de prevención, registrado con el consecutivo 6657, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indicó; esto es, el despacho jurídico ubicado en********************PRECISIÓN. Finalmente, una vez que cause estado la presente determinación, devuélvanse a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, las constancias que remitió, consistentes en el toca de apelación ******************** y el juicio especial oral familiar ********************, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. ESCRITO PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ********************, apoderada jurídica del peticionario del amparo ********************, por medio del cual, en cumplimiento al proveído de cuatro de abril del año en curso, pretende cumplir con la prevención formulada en dicho acuerdo. PRECISIÓN. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el citado acuerdo de prevención, se ordenó girar el exhorto 105/2023-IV (con número de orden 390/2023-IV), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, mismo que fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a efecto de que ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio de la parte quejosa y le notifique el contenido del mencionado acuerdo de prevención, para que aclare su escrito inicial de demanda, en el punto ahí expuesto; sin que a la fecha se cuente con las constancias que acrediten el desahogo de la diligencia encomendada. SE RESERVA. Por tanto, resérvese proveer lo conducente, respecto del escrito de cuenta, hasta en tanto se reciban las constancias que acrediten la diligenciación del exhorto en cuestión y establecer si la promoción presentada se encuentra dentro del término concedido para cumplir lo requerido. SOLICITUD. En ese orden de ideas, solicítese al Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, de no tener inconveniente alguno, a la brevedad, tenga a bien informar el estado procesal que guarda el citado exhorto 105/2023-IV (número de orden 390/2023-IV), remitido vía interconexión y deducido del juicio de amparo******************** en que se actúa; de igual manera, en caso de haberse realizado la diligencia encomendada, remita las constancias que así lo acrediten. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD QUE SE INDICA.

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