Francisco Javier Temiquel Toledo
Expediente 24/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Javier Temiquel Toledo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hayan interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Por recibido el oficio registrado con folio 1006, signado por la junta responsable, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Al respecto, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los INFORMES JUSTIFICADOS que rinden el Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", ambos del Estado de Morelos con residencia esta ciudad, y la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; con el contenido de los informes de cuenta, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados de las autoridades oficiantes a las personas que designan, sin que haya lugar a tener por designados como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que señalan la primera y segunda autoridad, en virtud de que las autoridades responsables únicamente pueden ser representadas por medio de delegados, tal y como lo señala el artículo 9 de la Ley de Amparo. Por cuanto hace a la solicitud de la primer autoridad del uso de medios electrónicos, conforme a la circular 12/2009 de los autos del presente juicio; en atención a su contenido, no ha lugar a autorizar lo solicitado, toda vez que obran en el expediente constancias que contienen datos que pudieran ser de información reservada; lo anterior, a efecto de no incurrir en responsabilidad, en términos de los artículo 110 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, promovida por **************************************************, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número que le corresponda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Dése la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a quien de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia, le asiste el carácter de parte, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda presentada y notifíquese mediante oficio según lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso c). Sin que haya lugar a tener con el carácter de autoridad responsable al Notario Público Número Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos, en virtud que su actuación no implica la aplicación o ejecución de la ley reclamada, como tampoco la modificación de una situación jurídica determinada o la afectación de la esfera legal del gobernado, ya que no trata de imponer disposiciones normativas ni actúa motu proprio, sino en acatamiento de la ley combatida, la cual en este caso, ejecutan las autoridades exactoras del Estado, aunado a que, para considerar que una autoridad reviste tal carácter, es decir de responsable, entre otras cosas, debe estar facultada para emitir actos unilaterales que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten al particular, ello es, que le asista una potestad de imperio, por tanto, el Notario mencionado es un ente investido por el Estado de fe pública para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos que lo requieran, ya sea por disposición de la ley o atendiendo a su naturaleza, luego, es inconcuso que al ser únicamente retenedor de un impuesto, carece de una característica primordial de la que participan las autoridades, consistentes en la mencionada potestad de imperio; pues en los actos materia de estudio del presente asunto el Notario no plasma algún tipo de decisión, sino exclusivamente es retenedor del impuesto y da fe de los hechos o actos sometidos a su conocimiento. Tiene aplicación por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Seminario Judicial de la Federación, septiembre de 2015, correspondiente a la Décima Época que a la letra dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo." Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 118, de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de tres días, acompañando copia certificada y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; apercibidas que de no hacerlo, se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la disposición legal invocada. No se forma incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Por otra parte, se hace saber a las partes, que en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Juzgado Federal si durante la tramitación de este juicio de garantías, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; en el entendido que de no cumplir con dicha obligación, se les impondrá una multa equivalente a cien días conforme al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. De igual manera, y a efecto de mejor proveer, requiérase a las autoridades responsables para que informen si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Por cuanto hace a las pruebas documentales que ofrece, una vez que las exhiba, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho corresponda. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, por autorizada para los mismos efectos a la persona que propone y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que señala. Por otro lado, se instruye a los actuarios adscritos, para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Razonamiento que se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, pues la notificación por oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes, quejosa y tercero interesada, ya que a través de ella, se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario, girar oficios a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576, que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Por último, hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.
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