Francisco Javier Tadeo Sanchez Rivas

Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
696/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco Javier Tadeo Sanchez Rivas
  • Iliana Rivas Arrazola

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el escrito firmado por la quejosa Iliana Rivas Arrazola, por el cual proporciona como datos de contacto el correo electrónico lic.josua.0816mail.com, así como el número de teléfono 962-133-86-97.. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizan los correos electrónicos, así como el número de teléfono proporcionados, a fin de que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicaciones no procesales con la parte quejosa, en caso de ser necesario. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en razón al segundo período vacacional que comprende del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno al dos de enero de dos mil veintidós, aprobado mediante oficio CCJ/ST/5318/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la citada comisión a la titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha, asistido de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las catorce horas del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de notificar a la parte quejosa Iliana Rivas Arrazola, la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el Juicio de Amparo 696/2021, del índice de Juzgado de mi adscripción, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en casa diez, manzana 9, andador Del Jade, infonavit Bonanza, en esta ciudad, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto porque así lo advierto de la nomenclatura de la calle y del número con el que se encuentra marcado el inmueble, en donde procedo a tocar la puerta de acceso por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso el aviso correspondiente, para que comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el citado documento, a notificarse del contenido de dicha determinación, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista de Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el veintisiete de diciembre dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Víctor Gabriel Jiménez Chacón, Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la parte quejosa, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido de la resolución de veintiuno de diciembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo número 696/2021, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el veintidós de diciembre del presente año, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió al llamado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista el contenido de dicha determinación. Doy fe. Lic. Víctor Gabriel Jiménez Chacón Actuario Judicial.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida físicamente por Iliana Rivas Arrazola, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 696/2021. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Atento a la lectura de dicha demanda y principalmente, en lo concerniente al acto reclamado y sus efectos, a juicio de este juzgador debe desecharse de plano, bajo las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 El transcrito dispositivo legal autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda cuando exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la citada tesis señala que se debe entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal de orden público, de estudio preferente y oficioso, en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. Pues bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: - El auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, dentro del expediente 942/2021, que no admitió a trámite por improcedentes el incidente de pensión alimenticia retroactiva, presente y subsecuente y el incidente de denuncia de hechos delictivos de violencia familiar, mismos que promovió la quejosa en contra de Francisco Javier Sánchez Camacho. Así, respecto del acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, el cual establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 4 b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 5 El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, se trae a contexto los contenidos de los artículos 657 y 661, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, el cual dispone: "ART. 657.- LA SENTENCIA QUE DECRETE EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, ES APELABLE EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA QUE LO NIEGUE ES APELABLE EN AMBOS EFECTOS. ART. 661.- EL RECURSO DE REVOCACION SERA PROCEDENTE UNICAMENTE CONTRA DETERMINACIONES DE TRAMITE EN LOS JUICIOS EN QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE. EN CASO CONTRARIO, SERA PROCEDENTE LA REVOCACION CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES CON EXCEPCION DE LA DEFINITIVA. DICHO RECURSO DEBERA INTERPONERSE POR ESCRITO DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION. EL JUEZ PODRA RESOLVER DE PLANO O EN SU CASO, DAR VISTA A LA CONTRARIA POR UN TERMINO IGUAL Y LA RESOLUCION DEBERA PRONUNCIARSE DENTRO DEL TERCER DIA. ESTA RESOLUCION NO ADMITE MAS RECURSO QUE EL DE RESPONSABILIDAD." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que se otorga al gobernado un medio de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 6 impugnación ordinario para combatir la determinación que reclama de la autoridad que señala como responsable, el cual es el recurso de revocación, contra la determinación que negó admitir los incidentes que pretendía intentar contra Francisco Javier Sánchez Camacho. En ese sentido, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional doliéndose de la determinación de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, dentro del expediente 942/2021, que no admitió a trámite por improcedentes el incidente de pensión alimenticia retroactiva, presente y subsecuente y el incidente de denuncia de hechos delictivos de violencia familiar, es incuestionable que en términos de los artículos 657 y 661, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de revocación a que alude el citado numeral, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Máxime que la resolución de la queja puede tener por efecto, que se confirme, revoque o modifique la determinación recurrida, por lo que se insiste, a través de ese recurso, la parte quejosa pudo haber revocado o modificado el acto que tilda de inconstitucional. En ese contexto, resulta evidente que el promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 7 en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, porque el acto reclamado no es privativo de la libertad personal. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 116/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XVIII, Febrero de 2013, Tomo 1, Página 519, que a la letra establece: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LAS RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL JUICIO, CONCRETAMENTE ANTES DE LA DECLARACIÓN DE DIVORCIO, SON IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DE REVOCACIÓN Y APELACIÓN, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRETENDA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).De la interpretación de las normas que regulan la disolución del vínculo matrimonial, en relación con el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que fue especialmente creado para regular la procedencia de los recursos en el divorcio sin expresión de causa, se concluye que si bien es cierto que el citado numeral prevé que la resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial (dictada en la primera etapa del juicio) es inapelable, sin establecer si las determinaciones intermedias emitidas en el juicio son o no susceptibles de impugnación, también lo es que ello, por sí solo, no conlleva a considerar que sean inimpugnables, porque de la exposición de motivos correspondiente se advierte que aun cuando el legislador consideró que el recurso de apelación no era procedente contra la resolución que decreta el divorcio, ello obedece a que el fin de la reforma fue privilegiar la voluntad del cónyuge que lo solicita; sin embargo, de la indicada exposición no se colige que su intención haya sido hacer inimpugnables las diversas resoluciones que, por ser accesorias a la disolución del vínculo matrimonial, pueden emitirse antes de decretarse el divorcio, pues el artículo 685 Bis del Código de EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 8 Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no lo prohíbe; y si bien no pasa inadvertido que la reforma busca hacer más expedito, dinámico y laxo el procedimiento relativo, esa celeridad no debe interpretarse como una limitación al derecho de las partes de recurrir las determinaciones que estimen contrarias a sus intereses, pues éste sólo puede limitarse cuando la propia ley determine que son irrecurribles. Además, en la exposición de motivos expresamente se estableció que la reforma debía entenderse sin menoscabo de los derechos que consagra la ley, de manera que si acorde con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es "Ley Suprema de la Unión", y de él deriva que el Estado Mexicano se comprometió a desarrollar la oportunidad del recurso judicial a fin de garantizar que toda persona, que estime que sus derechos o libertades hayan sido violados, pueda tener acceso a un recurso efectivo, se sigue que al introducir esa reforma, la intención del legislador no fue dejar a las partes sin defensa contra las determinaciones intermedias emitidas en la primera etapa, pues esa interpretación es acorde con los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, ya que favorece el derecho de acceso completo a la justicia, otorgando al gobernado una oportuna y adecuada defensa. En ese tenor, aunque en el juicio de divorcio existe la posibilidad de que se dicte sentencia en la que se determine la disolución del vínculo matrimonial y al mismo tiempo se resuelvan las cuestiones inherentes a la disolución del mismo, lo que ocurre cuando las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del convenio a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal, y que es irrecurrible, no se puede desconocer que también está latente la posibilidad de que los contendientes no lleguen a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en ese convenio; hipótesis ésta en la que si bien el juzgador deberá dictar un auto definitivo en el que determine el divorcio, lo cierto es que el procedimiento, que es uno solo, deberá continuar conforme a las reglas de la vía incidental, a fin de resolver todo lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial en la sentencia respectiva, misma que en términos de lo dispuesto en el artículo 685 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es recurrible, y lo es a través del recurso de apelación previsto en el numeral 691 del propio ordenamiento, en razón de que los juicios de divorcio tienen una cuantía EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 9 indeterminada; en consecuencia, como tal situación depende de la postura que asuman las partes en el procedimiento, se concluye que como la sentencia dictada en el juicio de divorcio después de que éste ha sido decretado, sí admite en su contra el recurso de apelación, entonces la causa en este tipo de juicio sí es apelable y, en consecuencia, las resoluciones dictadas durante el desarrollo del juicio, concretamente antes de la declaración de divorcio, también son recurribles a través de los recursos de revocación o apelación, dependiendo de la naturaleza de la determinación que se pretenda impugnar. Así de conformidad con los artículos 684, 685 y 691 del código procesal mencionado, el recurso de revocación será procedente si la resolución que se pretende combatir sólo es de trámite (decreto); en cambio, si se trata de un auto o sentencia interlocutoria, el recurso procedente será el de apelación. También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta, Libro 1, Tomo I, diciembre de dos mil trece, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 10 se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, la jurisprudencia1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintinueve, Libro X, Tomo 1, julio de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 11 También apoya a lo anterior, la diversa tesis I.3o.C.44 K, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece a foja mil doscientos setenta y dos, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto establece: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 12 actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Consecuencia de lo así expuesto y fundado, es que el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de referencia. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, en relación con la fracción I, del diverso 27 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, como lo solicita la parte quejosa téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Enrique Alberto Rodriguez Velazco y Joaquín Suárez Sánchez. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 13 uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 14 General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 15 conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria, para que presenten, tramiten y/o reanuden sus asuntos a través de la modalidad "Juicio en Línea", para lo cual es indispensable el uso de la misma. 1 De esa manera, se encontraran en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones 1 Así como demás aplicables y concernientes al Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 16 las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en razón al segundo período vacacional que comprende del diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno al dos de enero de dos mil veintidós, aprobado mediante oficio CCJ/ST/5318/2021 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la citada comisión a la titular de este Juzgado, en sesión celebrada el día de la fecha, asistido de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano