FRANCISCO JAVIER SOTO PÉREZ y Otros.
Expediente 605/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- FRANCISCO JAVIER SOTO PÉREZ y Otros.
- Francisco Javier Soto Pérez
- Tania Haideé Soto Macías y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cinco de octubre del año actual. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que es innecesario permanecer con el tomo de pruebas remitido por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cinco de octubre del año actual. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Toda vez que es innecesario permanecer con el tomo de pruebas remitido por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 05/10/2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: ". Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por ******************** en su carácter de representante común de la parte quejosa, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre pasado; en consecuencia, se provee: II. Precisión de acto reclamado. De la lectura integral y escritos aclaratorios de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a********************, Supervisora Delegacional de Auditoria a Patrones de la Delegación Estatal Guanajuato del ********************: violación reiterada a su garantía de petición y respuesta por no informar en el juicio de amparo ******************** del índice del juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, respecto a la existencia o inexistencia de daño patrimonial por ********************. b) Superiores jerárquicos ******************** en su calidad de Jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones del ********************; ******************** titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del ********************; ********************; Delegado Estatal en Guanajuato del ********************, superior jerárquico normativo Titular de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del ********************: Omitir informar en el juicio laboral ******************** la inexistencia de daños patrimoniales por ********************. II. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. En el caso se estima, que respecto del acto reclamado en el inciso a) la demanda es improcedente al actualizarse la causal contemplada en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". Lo anterior se afirma así, por lo siguiente. En principio, debe destacarse que la citada causa de improcedencia tiene como finalidad directa evitar la interposición de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza. En ese orden de ideas, respecto del acto precisado en el inciso a) consistente en la violación reiterada a su garantía de petición y respuesta por no informar en el juicio de amparo ******************** del índice del juzgado Décimo Primer de Distrito en el Estado de Guanajuato, respecto a la existencia o inexistencia de daño patrimonial por ********************; se actualiza la invocada causal de improcedencia, ya que dicho acto reclamado deriva de la obligación de la autoridad responsable de rendir su informe justificado en el referido juicio de amparo. Por lo que respecto el acto reclamado en estudio, no puede ser materia de análisis constitucional a través de un diverso juicio de la misma naturaleza, porque si bien de conformidad con el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, no menos cierto es que, dicha resolución no únicamente abarca la sentencia, sino también las de trámite, autos, decretos, proveídos u omisiones cometidos en un juicio constitucional, el cual no puede ser reclamado mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de la misma naturaleza, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables; por ende, debe decirse que la causa de improcedencia de que se trata, abarca también cualquier acto u omisión que surjan en el juicio de amparo. Ello es así, si se toma en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo, y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictados en otro juicio de la misma naturaleza, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; además de que en contra de las actuaciones realizadas en aquel juicio, la Ley de Amparo prevé diversos medios de defensa que puede hacer valer la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis IV.1o.7 K, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL." Por otra parte, respecto del acto reclamado en el inciso b) se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, también de la ley de la materia. Es así, considerando que los actos que se atribuyen a la citada autoridad, no pueden ser considerados como actos autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por ende, susceptibles de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra actos de autoridad y no cuando ésta actúa en un plano de coordinación, es decir, cuando se encuentra en un plano de igualdad con los particulares. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio de amparo, se considera pertinente transcribir, en lo conducente, los preceptos citados en el párrafo precedente. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la interpretación sintáctica, armonizada y sistemática de los numerales transcritos, se colige que la improcedencia del amparo, no sólo proviene de los supuestos normativos previstos en el artículo 61 de la ley de la materia, sino que habrá que analizarse en forma detenida, la circunstancia de que la Carta Magna, o la propia ley, establezcan un diverso motivo. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer, que es aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el gobernado, así como la que omite realizar los actos que conllevarían a esos supuestos. En la especie, la parte quejosa reclama de los superiores jerárquicos ******************** en su calidad de Jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones del ********************; ******************** titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del ********************; ********************; Delegado Estatal en Guanajuato del ********************, superior jerárquico normativo Titular de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del ********************: Omitir informar en el juicio laboral ******************** la inexistencia de daños patrimoniales por ********************; omisión que se considera no proviene de autoridades para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se puede considerar acto de particular que se conduce como autoridad o equivalente a los de autoridad, según se verá a continuación. En primer término, se considera conveniente transcribir el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a lo que se entiende como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo que dice: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del anterior precepto, así como de los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, transcritos con anterioridad, es dable inferir que la procedencia del juicio protector de derechos fundamentales, se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Bajo las anotadas consideraciones, se revela que, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con facultad de imperio), a fin de estar en aptitud de analizar la cuestión efectivamente planteada contra la conducta impugnada en la vía extraordinaria. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierte que la omisión reclamada por la quejosa, parte de la premisa equivocada de que a las autoridades que designa como responsables les recae tal carácter, pues de los antecedentes narrados se desprende lo siguiente: ******************** promovió juicio laboral contra el ********************, ante la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien formó el expediente laboral ********************, por lo que las autoridades señaladas como responsables (******************** en su calidad de Jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones del ********************; ******************** titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del ********************; ********************; Delegado Estatal en Guanajuato del ********************, superior jerárquico normativo Titular de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del ********************), intervienen en el juicio laboral de origen, en calidad de contraparte de la parte quejosa, de ahí que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones surgidas de la relación laboral que ostentaba ******************** y el ********************; en ese sentido, se considera que la omisión reclamada no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que si bien el ******************** y por ende, las dependencias del mismo, tienen un doble carácter, a saber: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Lo cierto es que en este último caso no está investido de facultades de imperio, que caracterizan a las autoridades, y por ende, la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas entre dicho Instituto y sus asegurados, se da conforme a la relación entre ambos, es decir, en un plano de coordinación o de igualdad; pues de ahí que la omisión que les atribuye la parte quejosa son dentro de la tramitación del juicio laboral ********************, en el que tanto la parte quejosa, como las autoridades aquí señaladas como responsables, figuran como parte actora y demandada, respectivamente; por lo que es inconcuso que las responsables, no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino derivada de la relación con el particular actor, aquí parte quejosa, esto es un grado de coordinación. En las anotadas condiciones, toda vez que la conducta reprochada a las autoridades responsables estriba en la omisión de informar en el juicio laboral ******************** la inexistencia de daños patrimoniales por ********************, y al tener estas el carácter de parte demandada dentro de éste es evidente no se trata de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I. 1º. A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En las relatadas condiciones, con sustento en el artículo 61, fracciones IX y XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, desechar por improcedente la demanda de amparo de que se trata."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 10/09/2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "????????? I. Se agrega escrito y se requiere. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, a través del cual los ocursantes pretenden desahogar la prevención formulada en autos, sin embargo previo a proveer lo conducente, resulta necesario precisar que en auto de tres de agosto pasado, al recibirse la demanda con motivo del desechamiento de ampliación de demanda en el juicio de amparo 218/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, se requirió al ocursante en los siguientes términos: "(.) a)Precise si promueve la demanda únicamente por propio derecho. b) Indicar el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, y si no lo conoce, lo manifieste bajo protesta de decir verdad. c) Señalar bajo protesta de decir verdad, de manera ordenada, clara, cronológica y sucinta, todos y cada uno los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, debiendo realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al mismo y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente; incluyendo, la fecha de conocimiento del acto reclamado; la autoridad en concreto a la que se lo atribuye; si el acto fue emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional, en su caso, el estado procesal que guarda y si en contra de éste promovió algún recurso. En el entendido de que dicha protesta deberá realizarla únicamente la directa quejosa, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquella, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. c) Los preceptos que conforme al artículo 1° de la Ley de Amparo, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame, así como la afectación en concreto que le produce a su esfera de derechos. Lo anterior en razón de que, del escrito de cuenta no se advierten tales requisitos. (.)" Requerimientos que a los que dio contestación mediante escrito recibido el veinte de agosto pasado, al cual le recayó el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que se le previno en los siguientes términos: "(.) a) Precise de manera clara, cuál es al acto que reclama en la presente instancia constitucional; esto es, si es el contenido del informe justificado rendido por la funcionaria Claudia López Hidalgo en el diverso juicio amparo 218/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el que estima afirmó hechos falsos y negó los verdaderos al manifestar que no cuenta con documentación o información adicional que soporte la determinación de daños patrimoniales por 2'952,774.56. b) Asimismo, toda vez que en el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, señaló como autoridades responsables a: "(.) Su superior jerárquico María Guadalupe Flores Viveros en su Calidad de Jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio público y conocido en esta Ciudad de León, Guanajuato. Su superior jerárquico Mario Alberto García Borrayo titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio público y conocido en esta Ciudad de León, Guanajuato. Su Superior Jerárquico Marco Antonio Hernández Carrillo; Delegado Estatal en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio público y conocido en esta Ciudad de León, Guanajuato. Su superior jerárquico normativo Titular de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica; del Instituto Mexicano del Seguro Social con domicilio público y conocido en la Ciudad de México (.)" Deberá indicar qué acto en concreto le atribuye a cada una de ellas. c) De igual forma, tomando en consideración lo prescrito en el artículo 5 de la Ley de Amparo, manifieste porqué le recae tal carácter al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al presidente de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. (.)" Luego, en el ocurso que nos ocupa, da contestación a estos últimos requerimientos, sin embargo, previo a pronunciarse sobre ello, resulta necesario traer de nueva cuenta la demanda inicial, así como el escrito recibido el veinte de agosto del año actual; por tanto se provee: Del escrito que se provee, se advierte que la parte promovente cumple con lo requerido en los incisos a) y b) del auto de veinticuatro de agosto del año que transcurre; por lo que una vez revisado en su conjunto con los diversos ocursos que obran en autos, se desprende que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: a) Claudia López Hidalgo, Supervisora Delegacional de Auditoria a Patrones de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social: violación reiterada a su garantía de petición y respuesta por no informar en el juicio de amparo 218/2021 del índice del juzgado Décimo Primer de Distrito en el Estado de Guanajuato, respecto a la existencia o inexistencia de daño patrimonial por 2'952,774.56. b) Superiores jerárquicos María Guadalupe Flores Viveros en su calidad de Jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social; Mario Alberto García Borrayo titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social; Marco Antonio Hernández Carrillo; Delegado Estatal en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, superior jerárquico 050422 142 706a211 JOSE E TIERREZ LA JUICIO DE AMPARO 605/2021-V ????????? normativo Titular de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social: Omitir informar en el juicio laboral 359/2018 la inexistencia de daños patrimoniales por 2'952,774.56. Ahora bien, en el ocurso de cuenta la parte quejosa también desahoga el requerimiento formulado en el inciso c), pues al efecto manifiesta los motivos por los que considera les recae el carácter de terceros interesados al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y al presidente de la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato; sin embargo, de la narración que realiza en este último punto, se advierten hechos novedosos en relación al juicio laboral 359/2018 del que emana la omisión que reclama, pues refiere la existencia del diverso amparo 705/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en el que indica les fue concedida la protección constitucional; asimismo, en el escrito de cuenta hace alusión al diverso número de juicio laboral 358/2018, que es diverso del que señalaron inicialmente (359/2018), por lo que ante tal panorama, se genere confusión con lo vertido en ambos escritos. Luego, acorde con el contenido del artículo 114 de la ley de la materia, el juzgador únicamente puede requerir al quejoso en un solo auto a fin de que satisfaga alguna irregularidad en la demanda, omisión o requisito de ella. Sin embargo, en el caso se actualiza una excepción a la regla citada, dado que del escrito de cuenta se desprenden nuevos hechos novedosos que no fueron señalados en la demanda de amparo. De ahí que, se impone formular nueva prevención. Al respecto, se estima aplicable la tesis XXVII.3K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1121, Tomo XVII, Abril 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SOLO ACUERDO. De acuerdo al contenido del artículo 146 de la Ley de Amparo, la facultad otorgada al Juez de Distrito para requerir al quejoso la satisfacción de alguna irregularidad en el escrito de demanda, omisión o requisito de la misma, deberá efectuarse en un solo auto y no de manera reiterada o en "cadena de requerimientos"; sin embargo, de dicha regla es factible apartarse cuando aparecen nuevos requisitos a satisfacer, con motivo de la aclaración o constancias exhibidas en el escrito mediante el cual se cumplió la primera prevención, puesto que evidentemente no pudieron tenerse presentes en 050422 142 706a211 JOSE E TIERREZ LA esa primera ocasión".1 En consecuencia, a fin de dilucidar lo conducente respecto de la demanda que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción I, así como el artículo 108, fracción V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, sin presentar nueva demanda, cumpla con lo siguiente: a) Precisen bajo protesta de decir verdad, de que juicio laboral emana la omisión que reclaman2 , esto es, 359/2018 y/o 358/2018, del índice de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Guanajuato capital; asimismo, deberán indicar el estado procesal que guarda, y si respecto de este se ha concedido algún juicio de amparo. b) Realicen bajo protesta de decir verdad, de manera ordenada, clara y cronológica una narración de todos los antecedentes de los actos reclamados; debiendo limitarse a referir únicamente los hechos acaecidos, sin realizar apreciaciones subjetivas sobre estos, a fin de tener un panorama claro. c) Asimismo, deberán precisar el carácter con el que las autoridades responsables (intervinieron en el juicio laboral de origen, esto es, si participan como parte actora o demandada al ser trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. c) Ahora bien, toda vez que en ambos escritos aclaratorios, refieren que han tramitado diversos juicios de amparo, deberán indicar si en ellos han reclamado la misma omisión que constituye uno de los actos aquí combatidos (Omitir informar en el juicio laboral 359/2018 la inexistencia de daños patrimoniales por 2'952,774.56), así como, si las autoridades aquí señaladas como responsables (María Guadalupe Flores Viveros en su calidad de Jefe del Departamento de Supervisión de Auditoría a Patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social; Mario Alberto García Borrayo titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social; Marco Antonio Hernández Carrillo; 1 Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. 2 Omitir informar en el juicio laboral 359/2018 la inexistencia de daños patrimoniales por 2'952,774.56. 050422 142 706a211 JOSE E TIERREZ LA Delegado Estatal en Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, superior jerárquico normativo Titular de la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social), han sido nombradas como ese mismo carácter en otros juicios de amparo, para los cuales deberán proporcionar los números, el órgano jurisdiccional al que corresponden y la estrecha relación que guardan con el juicio que nos ocupa. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercíbase a la parte quejosa para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda y en el escrito aclaratorio con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos señalados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo." ."
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