Francisco Javier Silva Hernández
Expediente 750/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Javier Silva Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
El que suscribe Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintidós de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de agosto pasado. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a diez de septiembre de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el diecisiete de agosto del año en curso, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de aparo; y por otra, se negó a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en virtud de que obra agregado documento exhibido por el quejoso; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a disposición del quejoso dicho documento por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 750/2018. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Francisco Javier Silva Hernandez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: La Legislatura del Estado de Zacatecas. El Gobernador Constitucional del Estado De Zacatecas. Secretario General del Gobierno Del Estado De Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Autoridades Ejecutoras: Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas. Recaudador de Rentas 1 Zacatecas módulo X, de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, establecido en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas de esta ciudad. Acto reclamado: " El Decreto 273 publicado en el suplemento 3 al número 101 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado correspondiente al 20 de diciembre de 2017 por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, entre otras disposiciones de carácter fiscal de la entidad, denominado "Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Leu (sic) de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios" en particular, a lo atinente a la reforma al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. La ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, publicada mediante Decreto 272 en el suplemento 2 al 101 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondiente al 20 de diciembre del 2017, en lo relativo a su artículo 1, puntos 1, puntos 1.8.1, 1.8.2 y 4.3.4." A las autoridades señaladas como responsables ordenadoras con los números 1, 2, 3, 4 y 5 reclamo su publicación, refrendo y publicación de cada uno de los actos reclamados. A las autoridades señaladas como autoridades responsables ordenadoras identificadas con los números 1, 2 y 5 reclamo su discusión, aprobación y publicación, cada uno en sus ámbitos de competencia de cada uno de los actos reclamados. A las autoridades señaladas como autoridades responsables ejecutoras identificadas con los números 6, 7, 8 y 9 reclamo los actos de cumplimiento, aplicación, y ejecución de la ley antes señalada en su artículo 78 a 89 y 99, de cada uno de los actos reclamados. Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente la demanda en lo concerniente a la Secretaria General de Gobierno del Estado y Administrador del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por otra parte, se admitió a trámite por lo que hace al resto de autoridades, se solicitó los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional (fojas 10 a 13), la cual inició en términos de la presente acta; y, TERCERO. Cuaderno de antecedentes. Mediante proveído de ocho de agosto del presente año, se requirió a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que informara si en sus archivos obraba recibo o documento que tuviera por efecto acreditar la actualización de la causa de procedencia que las autoridades responsables hicieron valer en sus respectivos informes justificados, y para ello, mediante oficio PF/3291/18 dicha autoridad dio cumplimiento al anterior requerimiento, adjuntando diverso documento para tal efecto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - Del Congreso, Gobernador y Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, en el ámbito de sus atribuciones la aprobación, refrendo y publicación: I. El Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99, así como el artículo transitorio único de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establece el derecho de control vehicular. II. El Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.3.4 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018. - Del Secretario y Subsecretario de Ingresos, de Finanzas, Director de Ingresos y Recaudador de Rentas 1 Zacatecas Modulo X, todos del Estado de Zacatecas. I. La ejecución, que se traduce en el cobro de los derechos e impuestos que prevé el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado, así como de los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.3.4 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018. II. La aportación que se realiza a la Cruz Roja. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Finanzas (fojas 205 a 258) al emitir su informe justificado reconoció que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, dicha circunstancia se encuentra desvirtuada, respecto del refrendo del Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, pues de las citadas publicaciones se desprende que el referido Decreto fue refrendado por diversas autoridades, a saber, por el Gobernador y por la Secretaria General de Gobierno, ambos del Estado de Zacatecas; luego, debe tenerse como inexistente dicho acto reclamado. Tampoco es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas consistente en la publicación del decreto número 273. Lo anterior, toda vez que es un hecho notorio para el suscrito juzgador que en el proceso legislativo que le dio origen al decreto que se impugna, la citada autoridad no tuvo participación alguna en cuanto a su publicación, pues el Gobernador solo realizó la promulgación y la orden de publicación, siendo que fue el Director del Periódico Oficial del Estado el que efectuó la publicación del decreto controvertido, y este último no fue señalado como autoridad responsable en el libelo de garantías. Con base en lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del refrendo y publicación de los decretos número 272 y 273, atribuibles al Secretario de Hacienda y Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, respectivamente; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 fracción IV de Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes en el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; que en sus respectivos ámbitos de competencia se atribuyen al Congreso (fojas 163 a 204) y Gobernador (fojas 26 a 52), ambos del Estado de Zacatecas, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados. Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En el mismo sentido, es cierto el acto reclamado al Secretario de Finanzas, consistente en el refrendo del Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior se robustece con la publicación del Decreto 109, del que se advierte que fue refrendado por el Secretario de Finanzas. Asimismo, es cierto el acto reclamado, consistente en la ejecución, que se traduce en el cobro del derecho que prevé el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas el cual se atribuye a la Secretaría de Finanzas, Director de Ingresos, Subsecretario de Ingresos y Recaudador de Rentas, todas de dicha secretaría, con residencia en esta ciudad (fojas 205- 258, 54-107, 108-106, 260-313). Máxime que, por cuanto hace al cobro, se tiene que la parte quejosa adjuntó a su demanda de amparo el recibo fiscal expedido por la Secretaría de referencia; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, al estar involucrado el cobro de un derecho resulta indudable que la participación del secretario responsable en la exacción combatida se encuentra acreditada, al no tratarse de la autoliquidación de un tributo, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, ya que no existe la posibilidad de erogar una cantidad diversa y, mientras no se pague, no se presta el servicio. Sustenta lo anterior, por las razones que informa, la tesis IX.1o.2 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable a página 1701, Libro XX, mayo de 2013, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE DETERMINAR Y COBRAR LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE PLANEACIÓN QUE PRESTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, AL TENER EL CARÁCTER DE EJECUTORAS DE LA LEY RECLAMADA DEBEN SER LLAMADAS A JUICIO. El artículo 11 de la Ley de Amparo establece que son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, entre otras, aquellas que ejecutan la ley reclamada. En ese supuesto se encuentran las autoridades administrativas que determinan y cobran los derechos por los servicios de planeación previstos en el artículo 13, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal 2012, toda vez que son ellas quienes ejecutan dicha norma cuando fijan el monto a pagar por el servicio, pues a diferencia de lo que sucede con el pago de impuestos, cuya recepción no es un acto imputable a las autoridades receptoras del tributo, tratándose del cobro de derechos no existe autodeterminación o autoliquidación alguna por parte de la persona que solicita el servicio, pues es el Estado quien calcula, cuantifica y determina el importe a pagar, y mientras no se pague, no presta el servicio. Por ese motivo, es necesario llamarlas a juicio con el carácter de autoridades responsables ejecutoras, sin que sea obstáculo a lo anterior, que no se reclame el acto de aplicación por vicios propios, ya que la razón por la que debe emplazárseles obedece a que su participación en el procedimiento puede ser relevante, al estar en aptitud de hacer valer motivos que impliquen la actualización de alguna causa de improcedencia." Debe puntualizarse que aun y cuando las autoridades responsables no realizaron alguna manifestación en relación al acto reclamado que se hizo consistir en la aportación de la Cruz Roja, sin embargo, ese acto debe tenerse por cierto en tanto que la parte quejosa cubrió el pago por ese concepto, como se advierte del recibo de pago con número de folio V 241461 (1 T) exhibido por la parte quejosa (foja 9). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causal de improcedencia. [Hipótesis actualizada]. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. De oficio se advierte que respecto del Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.3.4 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018; de igual forma respecto de la aportación a la Cruz Roja; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII en relación con el 108 fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; ya que la quejosa no formuló conceptos de violación en relación a dichos artículos y aportación. Los artículos de la Ley de Amparo a que se hizo alusión establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación sistemática de los citados artículos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de cualquier otra disposición de la Ley de Amparo o de la Constitución Federal, y que dentro de los requisitos que debe contener la demanda de amparo se encuentra el relativo a la expresión de los conceptos de violación. Ahora bien, en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo no se desprende que la parte quejosa formule algún concepto de violación en contra del Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.3.4 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018, así como de la aportación a la Cruz Roja que realizó en el recibo con número de folio V 241461 (1 T) exhibido. En tal virtud, la ausencia de conceptos de violación, que únicamente es atribuible a la parte quejosa, impide que pueda hacerse algún pronunciamiento de inconstitucionalidad respecto de los citados artículos, pues no basta con que se hubieren señalado en la demanda, ya que para realizar el análisis correspondiente, es necesario que se precisen los motivos por los que se estima que se transgrede algún precepto de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia número 3a./J. 28/93, emitida por la otrora Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo". Las consideraciones que preceden conducen a sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.3.4 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018, así como por la aportación realizada a la Cruz Roja. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. SEXTO. Causal de improcedencia. [Hipótesis no actualizada]. Fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. El Gobernador del Estado de Zacatecas (fojas 37 y 38), al rendir su informe justificado estima actualizada la referida causal de improcedencia, en razón de que considera que del recibo de pago V 241461 (1 T), se advierte que la parte quejosa realizó el pago del derecho de control vehicular del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, coligiendo que no es la primera ocasión que efectúa el pago en comento, por lo que, dice esa responsable, la impugnación del mismo debió ser a partir del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, concretamente los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas que regulan el impuesto adicional para infraestructura. Por su parte la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas (fojas 166 a 169) considera actualizada la causal de improcedencia de referencia, en relación con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa efectuó pagos anteriores del impuesto adicional para la infraestructura, es decir, dice la responsable, consintió los actos que hoy reclama, en razón de que no impugnó el primer acto de aplicación por esta vía constitucional en el plazo previsto en la Ley de Amparo, esto es, de quince días. El Secretario de Finanzas, el Director de Ingresos, el Subsecretario de Ingresos y el Recaudador de Rentas, todas del Gobierno del Estado de Zacatecas (fojas 207-218, 56-67, 110-121 y 262-273), en sus informes justificados señalan que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, específicamente sobre el impuesto adicional para la infraestructura porque la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones reclamadas en ejercicios fiscales anteriores al dos mil dieciocho, lo que se desprende del ticket con folio X 8347751 de fecha veintiocho de enero de dos mil diecisiete, correspondiente al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento el solicitante del amparo; por tanto, consideran que previo al pago de las contribuciones para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la parte quejosa erogó los impuestos reclamados en la data antes señalada, cumpliendo la individualización de la norma, cuya inconstitucionalidad reclama, por ende, en esos instantes comenzó a transcurrir el plazo de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga a los gobernados para solicitar el amparo. A fin de acreditar su dicho, el Secretario responsable exhibió una copia certificada del comprobante de pago número X 8347751 de fecha veintiocho de enero de dos mil diecisiete (foja 259) y mediante oficio PF/3291/18 remitió el Comprobante Fiscal Digital con folio F000306061, del que se desprenden diversos conceptos de pago, entre ellos, el impuesto adicional para la infraestructura. Tales argumentos son inoperantes. Se estima de esa manera, toda vez que las autoridades responsables, pierden de vista que la parte quejosa en modo alguno combate los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, los cuales establecen el impuesto adicional para la infraestructura, sino que a través de sus conceptos de violación controvierte el derecho de control vehicular contemplado en el artículo 99 del ordenamiento legal en cita. De ahí que, si la solicitante del amparo no tilda de inconstitucionales los artículos 78 a 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es inconcuso que no puede analizar la causal de improcedencia que al efecto refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". OCTAVO. Estudio de la inconstitucionalidad del artículo 99. Principio de legalidad tributaria. Por otra parte, en su primer concepto de violación dice la parte quejosa que el precepto tildado de inconstitucional contraviene el principio de legalidad tributaria, pues considera que no contiene los elementos esenciales de la contribución (derecho de control vehicular), pues no se advierte que refiera de manera específica a lo que constituye al sujeto obligado al pago por la recepción de esa actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, en su calidad de usuario, pues ese aspecto no se desprende del numeral en cita. Son infundados dichos argumentos. En efecto, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 31- Son obligaciones de los mexicanos: . IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Conforme a dicho precepto constitucional todo gobernado debe aportar aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, mismas que deben atender a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público; toda vez que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México y del Estado o Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En ese sentido, en materia de contribuciones, los derechos constituyen una cuota a cargo del contribuyente en relación con la prestación de un servicio por parte del Estado. Al efecto, los artículos 1, 2 y 3 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, establecen: "Artículo 1. En el Estado de Zacatecas y sus municipios las personas físicas y las morales, así como las unidades económicas, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Se consideran unidades económicas, entre otras, a las sucesiones, los fideicomisos y las asociaciones en participación, de conformidad con la legislación vigente en el país, o cualquiera otra forma de asociación aun cuando no sean reconocidas como personas jurídicas conforme otras disposiciones legales aplicables. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Artículo 2. El Estado y sus Municipios, para cubrir los gastos de su administración y la prestación de servicios públicos a su cargo, percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, y aprovechamientos que establezcan las leyes fiscales, los empréstitos o financiamientos; así como, los ingresos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Artículo 3. Para efectos del artículo anterior, los ingresos del Estado y sus Municipios, se clasifican en contribuciones, aprovechamientos, productos y los ingresos coordinados o de colaboración administrativa, mismos que se definen según su naturaleza de la manera siguiente: I. Contribuciones: son las aportaciones económicas que impone el Estado, independientemente del nombre que se les designe, como impuestos, derechos o contribuciones de mejoras, mismas que se definen de la siguiente forma: a) Son impuestos, las contribuciones establecidas en la ley, obligatorias en el territorio del Estado para las personas físicas, las personas morales así como las unidades económicas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, generadora de la obligación tributaria, distintas de los Derechos y de las Contribuciones de Mejoras; b) Son derechos, las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado y sus Municipios en sus funciones de derecho público; y.". De los citados preceptos se obtiene que el Estado de Zacatecas y sus municipios, para cubrir el gasto público percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes, entre otros, de los derechos, los cuales se definen como las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado y sus Municipios en sus funciones de derecho público. Ahora bien, el artículo 99 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, cuya constitucionalidad se controvierte, dispone: "Artículo 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda.................. $2,350.00". La disposición reclamada establece que el derecho de control vehicular con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda, y asciende a la cantidad de dos mil trescientos cincuenta pesos; esto es, regula la cantidad que, como cuota única, se pagará en el Estado de Zacatecas, por el derecho de control vehicular. Ahora bien, el control vehicular es un derecho que los contribuyentes pagan por el servicio que el Estado otorga para tener información vigente y actualizada del padrón de vehículos en dicho territorio, de manera que ese servicio tiene como finalidad conocer la situación de los vehículos registrados, por ejemplo, algún gravamen o reporte de robo. En ese sentido, de la naturaleza y la finalidad del servicio que presta el Estado válidamente pueden colegirse los elementos de la contribución, como son: el sujeto obligado y el objeto, dado que se encuentra dirigido a todos aquellos gobernados que soliciten ese servicio, y su objeto, es el control de la flota vehicular, esto es, vehículos del servicio público y privado, incluyendo remolques y motocicletas, para lo cual, la norma establece una tarifa única para quien solicite ese servicio, como se desprende de la exposición de motivos del Decreto que reformó ese precepto legal, el cual en lo que interesa, dispone: ".En este sentido, tratándose de derechos fiscales, debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio y no así a la capacidad contributiva del gobernado, en específico al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas -Derecho de Control Vehicular- para los vehículos de servicios particular y público varía desde $ 1,350.00 pesos hasta $2,350.00 pesos.". Por tanto, el derecho de control vehicular previsto en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cumple con el principio de legalidad dado que los sujetos obligados son todos aquellos gobernados que se ubican en el supuesto del aludido numeral, a quienes se les aplica la misma tarifa por el servicio prestado; y el objeto de esa contribución, son los vehículos del servicio público y privado, cuya pretensión es que se incluyan en el padrón vehicular del Estado de Zacatecas. En otro aspecto, el Ejecutivo delimitó el ámbito de aplicación del servicio de control vehicular, a fin de que la autoridad exactora no aplique a su arbitrio esa contribución, pues el artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018, prevé que la obligación consignada en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas se encuentra dirigida a las personas físicas, morales o unidades económicas, propietarios, poseedores o usuarios de unidades motrices; y precisa que los vehículos sujetos a control vehicular son aquéllos de modelo reciente y anteriores, las motocicletas y los remolques. Las consideraciones que preceden conducen a negar el amparo solicitado contra lo previsto por el Decreto número 109, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en específico el artículo transitorio primero de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, del Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Principios de proporcionalidad y equidad tributaria. En otra parte del aludido segundo concepto de violación refiere la parte quejosa que el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, contraviene el principio de proporcionalidad y equidad tributaria al fijar $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos) sin que guarde una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el estado. En ese sentido, estima que de manera intransigente se fijó para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho la tasa en la cantidad superior contemplada en el dispositivo legal antes de ser reformado, por lo que no se está atendiendo al costo que tiene para el Estado la prestación del servicio de control vehicular, sino que se fijó de manera caprichosa sin atender a la posibilidad de contribuir del gobernado. Además, estima la quejosa que bajo el principio de equidad tributaria dicha determinación, al dar un trato igual a cierto hecho, su aplicación produce una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre personas que se encuentran en situaciones dispares, provocando desigualdad jurídica. En ese sentido, dice que el parámetro de medición seleccionado para estimar el monto del pago del derecho de que se trata, en realidad no guarda relación directa con el tipo de servicio prestado de su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éste, como son las ejecutorias de amparo que declararon la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017. En ese orden de ideas, considera violatorio de sus derechos humanos el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, toda vez que con base al referido artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, el gobierno del estado pretende recaudar la cantidad de $733,772.168 por concepto de derechos sobre servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, conforma al punto 4.3.4 de dicho numeral, en el cual se engloba el derecho de control vehicular. Es infundado su concepto de violación. Al respecto, debe puntualizarse que para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho, se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, ya que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado sin que exista una justificación razonable, por lo que debe existir congruencia con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo. En ese sentido, el costo por el servicio público tiene que ser individualizado al usuario atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Así, atendiendo a que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación por los factores inmanentes en su ejecución, las bases conforme a las cuales se debe analizar la constitucionalidad de los derechos por servicios deben ser conforme a parámetros de razonabilidad y no de cuantía. Es decir, para individualizar el costo del servicio es necesario que exista una razonabilidad entre el costo del servicio y la cuota que se cobra, ya que sería imposible que algún elemento normativo estableciera parámetros para verificar si es acorde cuantitativamente el costo del servicio con la cuota del derecho que individualiza en cada sujeto, debido a que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación, dada la complejidad de su ejecución. Por tanto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo es mediante parámetros de razonabilidad relacionados con el tipo de servicio y las actividades que desarrolla el Estado para prestarlo, de ahí que tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, por lo que no es posible exigir un registro que proporcione información respecto del costo exacto del servicio expresado en cantidades numéricas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente tesis: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso." Además de lo anterior, la contraprestación dada por un servicio prestado por el Estado no debe entenderse como en el derecho privado y su costo debe corresponder exactamente al valor de dicho servicio, ya que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, dado que tienden a garantizar derechos públicos como la seguridad, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, la urbanización, etcétera. Lo anterior es así, porque el Estado no es una empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues el Estado y los servicios se organizan en función del interés general y secundariamente, en el de los particulares. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos". Ahora bien, la elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de la normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplía capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias." En suma, un derecho será proporcional y equitativo mientras los parámetros elegidos por el legislador para su cálculo sean razonables y objetivos, lo que implica la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate en función de la intensidad de su uso por parte del contribuyente, sin que puedan establecerse criterios cuantitativos. En ese sentido, cuando se cuestiona la constitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, con el argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo del servicio, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." Por tanto, no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado. De acuerdo con lo anterior, si el legislador en el artículo 99 combatido, consideró el costo de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos), como contraprestación que debe pagar el gobernado por el servicio de control vehicular y, dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello, en sí mismo, no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque debe entenderse que corresponde al costo fijado por la prestación del servicio involucrado, el cual, como se expuso, no necesariamente debe corresponder de manera exacta (cuantitativa) con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio, dada la especial naturaleza jurídica de los derechos. En este orden de ideas, tal y como se anticipó, son infundados los argumentos en estudio, porque no puede exigirse una correspondencia exacta o cuantitativa de las cuotas que se fijen respecto de los derechos, sino que únicamente debe atenderse a que los elementos establecidos para el cálculo del derecho sean razonables y objetivos; y que la libertad de configuración del legislador en el ámbito tributario es amplia, por lo que si no es patente la inconstitucionalidad de las cuotas establecidas, deben estimarse acordes con los derechos tributarios; además, la norma reclamada no genera un trato discriminatorio, pues la cuota fijada es igual para todos los usuarios que requieran de ese servicio. Debe puntualizarse que si bien en el Decreto legislativo que reformó el artículo 99, se advierte que el costo aproximado que representa para el Estado de Zacatecas la prestación del servicio de control vehicular oscila entre $1,350 a $2,350, y el legislador tomó como tarifa única el monto máximo, esa circunstancia no trasgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, y la urbanización, de ahí que la cuota establecida tiene una finalidad objetiva y razonable, por tanto, el hecho de que el costo del derecho por control vehicular sea la tarifa máxima no se traduce en que no sea proporcional ese derecho, teniendo en cuenta, además, que ésta no debe tener una correspondencia cuantitativa, sino cualitativa y atento a criterios de razonabilidad. Cuotas únicas. Corolario a lo antes señalado, también resulta infundado el argumento hecho valer por la parte quejosa, en el sentido de que el legislador tomó en cuenta las ejecutorias de amparo que declararon la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, para el ejercicio 2017 para modificar las tasas establecidas en ese precepto legal por cuotas únicas. Lo anterior es así, toda vez que en relación a la tarifa, el legislador tomó en cuenta aspectos relacionados con el servicio prestado, pues al efecto, en la exposición de motivos que sustenta la reforma al citado precepto legal, se estableció lo siguiente: "De las adecuaciones en Derechos derivadas de las Resoluciones Judiciales. En este rubro de reformas, se propone el cambio de diversificación de tasas a cuotas únicas, como resultado de los amparos interpuestos por los contribuyentes en materia de Derechos de Control Vehicular y de Derechos por Inscripciones Registrales, de los que se desprenden diversos argumentos sobre la proporcionalidad de esta contribución al estar segregada por diversos componentes del servicio, y toda vez que en criterio de las autoridades judiciales de la federación, debe ser el pago de derechos a través de cuotas únicas. Bajo este contexto, si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes en tasas únicas no segmentadas pues lo mismo se invierte por el Estado en la prestación de un servicio u otro de la misma naturaleza, pues no debe atender a causas o condiciones ajenas a dicho servicio. . 4. Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas . c) Adecuaciones por sentencias jurisdiccionales (Control Vehicular y Derechos de Registro Público y Catastro). En este rubro de reformas, se propone el cambio de diversificación de tasas a cuotas únicas, como resultado de los amparos interpuestos por los contribuyentes en materia de Derechos de Control Vehicular y de Derechos por Inscripciones Registrales, de los que se desprenden diversos argumentos sobre la proporcionalidad de esta contribución al estar segregada por diversos componentes del servicio, y toda vez que en criterio de las autoridades judiciales de la federación, debe ser el pago de derechos a través de cuotas únicas. En este sentido, tratándose de derechos fiscales, debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio y no así a la capacidad contributiva del gobernado, en específico al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas -Derecho de Control Vehicular- para los vehículos de servicios particular y público varía desde $ 1,350.00 pesos hasta $2,350.00 pesos. De igual forma, para cumplir con el principio constitucional de equidad tributaria, el cobro por el Derecho de Control Vehicular debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentren en ese supuesto reciben del Estado el mismo servicio.". Del contexto anterior, se desprende lo siguiente: A. Que tratándose de derechos fiscales, debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio y no a la capacidad contributiva del gobernado. B. Que el derecho de control vehicular para los vehículos de servicios particular y público varía desde $1,350 pesos hasta $2,350 pesos. C. Que para cumplir con el principio de equidad tributaria, el cobro por el derecho de control vehicular debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio. D. Que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos, quienes a su vez, tienen la obligación de contribuir al gasto público; y, E. Que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, y la urbanización. En esa línea, no asiste razón al solicitante del amparo, en primer lugar, porque parten de la premisa de que la cantidad de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.), como pago del derecho de control vehicular transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que dicha cantidad no guarda relación con el costo del alta y baja de un vehículo, así como el costo de la entrega de placas; sin embargo, dicha premisa resulta incorrecta, y en consecuencia la conclusión a la que arribó la parte quejosa como enseguida se verá. En efecto, lo incorrecto de la premisa de la que parten los inconformes es que compara el costo del servicio de expedición de placas, alta y baja de un vehículo con el de control vehicular; sin embargo, el costo de estos servicios no guarda relación directa con la cantidad que se cobra por concepto de control vehicular, pues se trata de servicios distintos que presta el estado. Esto es así, ya que el control vehicular es un derecho que los contribuyentes pagan por el servicio que el Estado otorga para tener información vigente y actualizada del padrón de vehículos en dicho territorio. De manera que, como refieren los amparistas, puede considerarse que el alta y baja en ese registro inciden en la finalidad destacada, al ser presupuestos de la necesidad de realizar el control vehicular. No obstante, los costos de los servicios referidos (alta y baja) no constituyen un parámetro válido para determinar el costo del servicio de control en comento, porque: 1. Se trata de servicios que, aunque relacionados, gravan una actuación estatal distinta, pues un supuesto es el ingreso al padrón, otro la baja y uno diverso el control o revalidación del padrón respectivo, por lo que resulta congruente que se establezcan costos distintos. Esto es, si bien tales servicios pueden englobarse en la misma función estatal, se trata de distintos aspectos de ésta y, por ende, la intervención del Estado es diversa. 1.1. En relación con el emplacamiento, es evidente que se trata de un servicio específico relacionado con la dotación de dichos elementos de identificación, por lo que el costo del servicio se relaciona únicamente con la expedición de las placas respectivas, lo cual revela que no tiene una relación directa con el servicio de control vehicular. 2. Con todo, del hecho de que se cobren distintas cuotas por los servicios en comparación, no se sigue que la cuota fijada por el servicio de control vehicular no corresponda con el costo que tiene dicha actividad para el Estado, pues, en abstracto, es posible considerar que los distintos servicios involucrados generan costos diversos para el Estado; es decir, que el alta, baja y refrendo vehiculares generan un costo distinto, al involucrar distintas actividades estatales, aunque relacionadas. Lo expuesto teniendo como directriz que no puede exigirse una correspondencia exacta o cuantitativa respecto de las cuotas que se fijen respecto de los derechos, sino que únicamente debe atenderse a que los elementos establecidos para el cálculo del derecho sean razonables y objetivos, lo que no se controvierte en la especie; y que la libertad de configuración del legislador en el ámbito tributario es amplia, por lo que si no es patente la inconstitucionalidad de las elecciones realizadas, deben estimarse acordes con los derechos tributarios. Además, la parte quejosa no aportó algún elemento objetivo del que se advierta que la cuota resulta excesiva en relación con el costo del servicio público involucrado. En conclusión, el hecho de que el costo del derecho por control vehicular sea más alto que el costo del alta, baja y entrega de placas de un vehículo, no se traduce en que no sea proporcional dicho derecho, pues al tratarse de diferentes servicios que presta el Estado, su costo puede ser diferente y no implica, por sí solo, que la cuota no corresponda al servicio público prestado, teniendo en cuenta, además, que ésta no tiene que tener correspondencia cuantitativa, sino cualitativa (aproximada). En tal virtud, contrario a lo expuesto por los impetrantes, el legislador de Zacatecas sí expuso los motivos con los que sustenta la tarifa establecida en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, monto respecto del cual ponderó tanto el servicio prestado, como aspectos de razonabilidad y objetividad en beneficio de la colectividad, por tanto, los planteamientos en análisis se desestiman por infundados. Las consideraciones que preceden conducen a negar el amparo solicitado en contra de lo previsto por el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. Negativa de amparo que se hace extensiva a la ejecución, que se traduce en el cobro del derecho de control vehicular que se atribuye al Secretario de Finanzas del Gobierno Estado de Zacatecas, Director de Ingresos, Subsecretario de Ingresos y Recaudador de Rentas, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier Silva Hernández respecto de los actos precisados en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Silva Hernández, contra el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establece el derecho de control vehicular, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta resolución. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe. arte.
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Zacatecas, Zacatecas, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el juicio de amparo 750/2018 se encuentra pendiente de dictar resolución, fórmese cuaderno de antecedentes por separado. Ahora bien, toda vez que del estado que guardan los presentes autos, y dadas las manifestaciones de las autoridades responsables en sus respectivos informes justificados, respecto de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en correlación con el diverso numeral 17 de la referida ley; con el fin de recabar los elementos de prueba necesarios para determinar fehacientemente si se actualiza o no el referido motivo de improcedencia, se reitera el requerimiento de constancias formulado en el auto admisorio de la demanda que dio origen al presente juicio. Por tanto, se REQUIERE al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si en sus archivos obra recibo en que conste de manera fidedigna el pago realizado por la parte quejosa de los impuestos Adicional para la Infraestructura y Adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, relativos al ejercicio fiscal dos mil diecisiete y, en su caso, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2006, Tomo XXIII, Novena Época de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL.". Se previene a la autoridad responsable que en caso de no remitir las aludidas constancias o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, este juzgador no estará en condiciones de suplir la falta de interés para acreditar la causal de improcedencia en comento. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia I.15º.A. J/1, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1322 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2005, Tomo XXII, Novena Época, de rubro: "PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS DE OFICIO, PERO NO PUEDE LLEGAR AL EXTREMO DE SUPLIR LA FALTA DE INTERÉS DE LA PARTE A QUIEN BENEFICIE LA DETERMINACIÓN RELATIVA.". No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que haya iniciado la audiencia constitucional correspondiente, toda vez que las causales de improcedencia son de estudio oficioso y de interés púbico; por tanto, las pruebas que las justifiquen se pueden tener en consideración en cualquier momento del juicio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2012, Libro VIII, Tomo 2, Décima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.". Notifíquese; y por oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, Secretario del juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio del dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Armando Agustín Solís Monroy, secretario que autoriza y da fe. L´SDelgado
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El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos y con tres promociones registradas con los folios 8799, anexo que se adjunta, 8777 y 8641. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios de cuenta para que obren como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de las autoridades responsables LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (a través del director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) y secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas y recaudador de rentas de esa Secretaría, los tres con sede en esta ciudad; con dichos ocursos dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo previsto por el ordinal 9 de la ley de la materia invocada, ténganse como delegados de las citadas autoridades a los profesionistas que mencionan en su comunicado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la primera autoridad el CD que adjunta, y de la segunda de ellas, la que adjunta a su comunicado, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarla nuevamente y valorarla en la etapa procesal que corresponda. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con veinte minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las citadas responsables, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". Notifíquese.
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