Francisco Javier Servín Rodríguez

Expediente 1166/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1166/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Servín Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***********. Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor y archívese este expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece: Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Servín Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Silao, Guanajuato; en atención a su contenido, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1166/2023-IV. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: ... Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. ... La lectura íntegra de la demanda de amparo permite advertir que el acto reclamado es la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés dictada por la Juez Primero Civil de Partido, con residencia en Silao, Guanajuato en el recurso de revocación deducido del juicio ordinario civil C624/2022, que confirmó el auto de veinte de septiembre de este año, donde se dijo al demandado -aquí quejoso- que debía estarse a lo acordado respecto a que MCF Jorge Gómez Delgado rindió su dictamen pericial encomendado en tiempo y forma. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: ... En efecto, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso. En consecuencia, el acto que aquí se reclama no es de imposible reparación, pues en todo caso sólo produce una afectación a derechos adjetivos porque si se dictara sentencia a favor del promovente, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y, la parte quejosa tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse el juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo. Por tanto, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata. Domicilio procesal y autorizados de la parte quejosa. El promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, por lo que no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones hágansele por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión. Por otro lado, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. ... Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-

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